El año 2020 lo cerramos con una noticia de gran trascendencia: el acuerdo para crear el primer convenio de intervención social de Navarra. Desde el punto de vista del sector, el avance conseguido respecto al convenio estatal es más que significativo: la jornada se reducirá en 130 horas anuales (lo que equivaldría a unos 135 nuevos puestos de trabajo nuevos), el sueldo base aumentará significativamente desde julio de 2021 y se incrementará un 13% hasta 2024, se reconocerán complementos salariales hasta ahora inexistentes (nocturnidad, turnicidad, antigüedad, festividad, etc.), las vacaciones aumentarán hasta los 32 días laborales, las bajas laborales se cubrirán al 100% y se garantizará la subrogación de toda la plantilla. Además, el convenio cuenta con blindaje frente a la reforma laboral del 2012. En definitiva, se trata de una gran victoria frente a la precariedad laboral, con al menos tres implicaciones positivas para el conjunto de la clase trabajadora navarra.

En primer lugar, constata la efectividad de la organización y la lucha colectiva, también en ámbitos con una menor tradición sindical como el de intervención social, un trabajo feminizado, invisibilizado y apenas regulado. La apuesta por la regularización y dignificación que hizo LAB hace varios años ha dado sus frutos: con el de Navarra, las cuatro provincias de Hego Euskal Herria cuentan con un convenio sectorial propio. La lucha de intervención social, al igual que la realizada hace dos años en Huerta de Peralta, o la inclusión (previa advertencia de huelga) en la Ley de Contratación pública de las cláusulas sociales para las subcontratas de la administración, son muestra del poder sindical que tiene un conjunto de trabajadores y trabajadoras organizadas y movilizadas en sindicatos de clase como LAB, que cuenta con un 70% de representatividad en el sector. Si Gobierno, Parlamento y, finalmente, la Patronal del sector se han movido, lo ha sido gracias a una decidida acción sindical sostenida durante cinco años. La conclusión de los procesos de lucha mencionados es clara: no debemos esperar que la acción institucional per seproduzca cambios sustanciales, los cambios hay que ganarlos en la calle y en los centros de trabajo, y plasmarlos institucionalmente.

En segundo lugar, se trata de un doble avance, puesto que además de mejorar las condiciones laborales de más de 1.600 trabajadores y trabajadoras navarras, conquista un nuevo ámbito de negociación colectiva para Navarra, lo que supone un logro histórico: se trata del tercer convenio sectorial que se logra traer a nuestro territorio en las últimas dos décadas. A partir de ahora, las condiciones laborales concretas del ámbito de intervención social no se decidirán en Madrid, por parte de actores desconectados de la plantilla concernida, sino en Navarra, con el protagonismo de los y las trabajadoras implicadas. Ambos avances van de la mano: la estatalización o centralización de la negociación colectiva supone una precarización de las condiciones laborales, mientras que los marcos propios de negociación colectiva posibilita la mejora sustancial de las condiciones laborales de aquellos y aquellas trabajadoras que se organizan. Tras la consecución del nuevo convenio de intervención social y la renovación con notables avances del convenio de atención a las personas con discapacidad, es prioritario iniciar sin más dilación la lucha por un convenio navarro para las residencias de la tercera edad. Tal y como se representó en la mani-jaia del 8 de enero, el relevo de lucha pasa ahora de intervención social a las trabajadoras y trabajadores de las residencias. Éste es un sector estratégico que sin embargo está privatizado, precarizado y al albur de un convenio estatal. No es casualidad que la mayoría de la plantilla esté conformado por mujeres: su trabajo, fundamental para el sostenimiento de la vida, es menospreciado y malpagado (de ahí la brecha salarial) por las instituciones.

En tercer lugar, la mejora de las condiciones de los y las trabajadoras de intervención social va a incidir en una mejora del servicio que recibe la ciudadanía navarra. La subcontratación y precarización de las condiciones laborales son un elemento indisoluble del modelo de servicios sociales instaurado por el Régimen en Navarra. El infradesarrollo y privatización del ámbito de los cuidados responde a una lógica neoliberal y patriarcal que urge superar. En este sentido, poniendo en valor las aportaciones del movimiento feminista, sería deseable alcanzar un acuerdo social entre todos los agentes implicados (trabajadores y trabajadoras, personas usuarias, familiares, movimiento feminista…) para la creación en Navarra de un sistema público comunitario de cuidados, basado en la gestión pública, en la participación comunitaria y en unas condiciones laborales dignas.

Así pues, celebremos este logro sindical y, sobre todo, tomemos impulso para abordar nuevos retos: convenio navarro para residencias de personas mayores y sistema público comunitario de cuidados. Luchando, ¡sí se puede!