2026-02-06
Blog Página 409

Hemos convocado a las asociaciones empresariales del sector de residencias de mayores de Araba a una reunión en el PRECO el 21 de septiembre

Tras 17 jornadas de huelga y concentraciones semanales durante más de 2 años y medio, los sindicatos LAB, ELA, UGT y CCOO seguimos reivindicando las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las residencias privadas y viviendas comunitarias en Araba. Así las cosas, hemos comparecido en Gasteiz para informar sobre la situación del conflicto.

Durante estos 30 meses hemos mantenido reuniones tanto con Diputación Foral de Araba, como con diversos representantes del sector de residencias y con el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco, pero seguimos esperando las medidas que dignifiquen las condiciones laborales y asistenciales.

Tal y como hemos señalado en la comparecencia, «los integrantes de los diferentes partidos políticos dicen que somos un servicio esencial para la sociedad y que nuestros puestos de trabajo son imprescindibles, en línea con los famosos aplausos de la época del confinamiento. Pura demagogia y misma precariedad. Antes de la pandemia éramos invisibles, ahora sólo somos instrumentos de su propaganda política». Por ello, los sindicatos hemos anunciado que convocamos a las asociaciones empresariales del sector a una reunión en el PRECO el próximo martes 21 de septiembre, a las 12.00. 

Los sindicatos hemos dado un dato contundente que refleja la situación de las y los trabajadores del sector: en Araba, trabajan de media unas 200 horas más al año que las compañeras de Bizkaia por unos 400 euros mensuales menos, además de que realizan tareas que no les corresponden según sus respectivas categorías profesionales. Por todo ello, y por más razones, nos hemos reafirmado en la reivindicación de un convenio de residencias provincial para el sector.

Nos hemos movilizado en Bilbo en favor de los derechos de las y los presos

Los sindicatos LAB, ELA, UGT, ESK, STEILAS, CGT/LKN, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde nos hemos concentrado en Bilbo en defensa de los derechos de las y los presos. De esta forma, tras el parón de verano, hemos retomado la dinámica mensual de movilización. En concreto, la concentración se ha llevado a cabo, como en las anteriores ocasiones, en el marco de la iniciativa Izan Bidea de Sare, en la Plaza Elíptica, ante la Delegación del Gobierno español.

Consideramos que la situación de las y los presos es un tema a abordar y que precisa de una solución urgente. Exigimos al Gobierno español terminar con la política penitenciaria de excepción. Precisamente, comenzamos estas movilizaciones en diciembre de 2018, con el objetivo de dejar atrás la política penitencia de excepción.

Reclamamos la adopción urgente de las siguientes medidas: acercamiento de todas y todos los presos vascos a prisiones de Euskal Herria; excarcelación inmediata de los y las presas enfermas y de edad avanzada; progresión de grados y acceso a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación ordinaria sin ninguna discriminación; y superación de toda legislación de excepción. 

Dichas medidas son urgentes y no se pueden demorar más, puesto que la excepcionalidad penitenciaria, además de conculcar derechos básicos, dificulta los avances por la convivencia democrática y genera más sufrimiento.

Es hora de establecer el Salario Mínimo Interprofesional de Hego Euskal Herria

Ayer se decidió subir 15 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estatal con el acuerdo entre el Gobierno de Madrid y CCOO y UGT. Pese a que las subidas salariales siempre son una buena noticia, la cuantía es muy modesta, incluso ante la situación en el Estado español. Desde LAB tenemos que decir claramente que no responde a las necesidades de las y los trabajadores de Hego Euskal Herria.

El incrementos que planteado a nivel estatal están muy lejos de las necesidades que existen en Hego Euskal Herria. Al coste de la vida local no puede responder el SMI que se ha implantado a nivel estatal. Debería establecerse un SMI adaptado a la situación de Hego Euskal Herria y que responda a esa situación.

Tras la Huelga General de 2020 y aprovechando su fuerza, la mayoría sindical propuso a Confebask, a través de un Acuerdo Interprofesional, la implantación de un SMI propio. Llegó la pandemia y esa propuesta no tuvo desarrollo. Ahora, es el momento de retomar ese debate. Toda la población de Hego Euskal Herria lo necesita.

Desde LAB queremos interpelar al Gobierno Vasco y al Gobierno de Nafarroa para que trabajen sobre este tema. Iñigo Urkullu e Idoia Mendia, María Chivite y Ma Carmen Maeztu deberían mostrarse en disposición a implantar su propio SMI, así como a dar los pasos necesarios para conseguir esto; conseguir el SMI de aquí mejoraría la calidad de trabajo y de vida de la población de este país, y ese debe ser el objetivo de ambos Gobiernos.

Junto a ello queremos interpelar también a Confebask. Hace año y medio les hicimos una propuesta: implantar un SMI propio en la CAPV. Ha llegado el momento de abordar este debate y dar pasos al respecto.

También queremos interpelar a la patronal CEN para que aborde el debate para la implantación de un SMI propio también en Nafarroa.

En el debate a nivel estatal, el Gobierno del Estado, a la hora de implantar el SMI, ha adoptado el criterio establecido por la Carta Europea de Derechos Sociales de que el SMI sea el 60% de la media del salario.

LAB defiende el mismo criterio para Hego Euskal Herria. De ahí se estableció el salario mínimo de 1.200 euros que se ha reivindicado en los últimos años.

Pero ha llegado el momento de actualizar esa cifra. Siguiendo el criterio establecido por la Carta Europea de Derechos Sociales, en 2021 el salario mínimo de Hego Euskal Herria debería ser de 1.400 euros brutos en 14 pagas.

Ya es hora de que se implante un SMI con la mirada de Hego Euskal Herria y de aquí. Lo necesitamos los trabajadores y trabajadoras y la población.

Gobierno, patronal y sindicatos debemos abordar este tema. LAB impulsará este debate hasta conseguir el SMI de aquí.

Hemos convocado paros y una jornada de huelga en USOA ante un convenio colectivo que excluye y discrimina a parte de la plantilla

LAB marca un hito histórico y plantea la primera huelga en USOA, centro especial de empleo del Ayuntamiento de Barakaldo con más de 300 trabajadores y trabajadoras. El objetivo de la misma es denunciar la actuación por parte de Gerencia y el Ayuntamiento de Barakaldo y sus prisas para firmar un Convenio Colectivo, que excluye y discrimina a parte de la plantilla.

Gerencia y equipo de gobierno del Ayuntamiento, mediante un ultimátum que rompe las negociaciones, imponen la firma del convenio colectivo para el día 24 de septiembre. Frente a esta sinrazón, la decisión de LAB es no retroceder y seguir defendiendo los derechos de los y las trabajadoras de USOA.

Actualmente, se contempla para la totalidad de la plantilla de USOA la subida salarial que se aplica anualmente al resto de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Barakaldo.

En la negociación del nuevo convenio, LAB propuso una subida lineal para la totalidad de la plantilla de USOA, y la empresa pretende, como contrapartida, suprimir la subida salarial del ayuntamiento a una parte de la plantilla de USOA, generando así diferencias entre las y los trabajadores.

LAB considera que aceptar este chantaje supondrá que, en el futuro, le quiten otros derechos a la plantilla del centro especial de empleo, por ello, se mantiene firme en su postura. LAB reclama la subida salarial del Ayuntamiento de Barakaldo para la totalidad de la plantilla de USOA.

Ante ello, LAB ha convocado las siguientes jornadas de movilización: el 23 de septiembre, paros de 3 horas de 12:00 a 15:00 y el 24 de septiembre, una jornada de huelga y una rueda de prensa a las 10:30 en la Herriko plaza de Barakaldo.

Hemos reafirmado en Bilbo que defender los derechos de las y los trabajadores no es delito

Han sido juzgados tres trabajadores que decidieron secundar la huelga por el convenio del metal de Bizkaia y luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas. Por ello, nos hemos movilizado en los juzgados de Bilbo bajo el lema «defender los derechos de los y las trabajadoras nunca será delito».

En el metal de Bizkaia se hicieron 10 jornadas de huelga, así como diversas movilizaciones. Como consecuencia de esta lucha, en la actualidad hay 7 trabajadores imputados.

Este es el comunicado emitido por los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK, CGT, CNT y USO con motivo del juicio de hoy:

Hoy serán juzgados tres trabajadores que decidieron secundar la huelga y luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas. Como todos y todas recordaréis, en el metal de Bizkaia se hicieron 10 huelgas, así como diversas movilizaciones. Como consecuencia de esta lucha, en la actualidad hay 7 trabajadores imputados, han llegado a estar hasta 15 trabajadores imputados pero 8 de ellos han sido absueltos de las acusaciones, se han impuesto varias multas y sanciones económicas, en algunos casos porque se ha aplicado la Ley mordaza. El de hoy, no será el último juicio, el 4 de octubre otros dos trabajadores se enfrentan a un juicio con una petición de carcel de 23 meses por parte de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco. 

Queremos denunciar lo que está detrás de todas estas acusaciones: se trata de criminalizar el derecho a la huelga, hay un deseo de criminalizar todas las luchas que se llevan a cabo para proteger unas condiciones de trabajo y de vida dignas. Quieren quitar a los y las trabajadoras el derecho a luchar. Muchos trabajadores y trabajadoras han llevado y están llevando a cabo una lucha ejemplar, una lucha de todo un colectivo, de un sector.

Queremos decir alto y claro que este intento de criminalización es consecuencia de una decisión política. Esta decisión ha venido de la mano de las instituciones, especialmente, del Gobierno Vasco presidido por el lehendakari Urkullu. De hecho, durante el conflicto se puso inequívocamente del lado de la patronal, por ejemplo, cuando envió a la Ertzaintza a amedrentar a los huelguistas. Finalmente, varios trabajadores fueron golpeados, detenidos y denunciados. Tras una manifestación celebrada en Bilbo en una de las jornadas de huelga, los sindicatos convocantes de la huelga denunciamos en una nota de prensa este uso desproporcionado de la violencia. Entonces advertimos al Gobierno Vasco y a FVEM que la vía policial y la vía judicial en ningún caso era el camino. Sin embargo, hoy, 16 de septiembre, tenemos todavía 7 trabajadores imputados.

En todo este tiempo no hemos visto al lehendakari y al Gobierno Vasco proteger a los trabajadores y trabajadoras del metal que han sido despedidas por hacer huelga, tampoco les hemos visto defender a los trabajadores y trabajadoras que han sido amenazadas para que no secunden la huelga, tampoco les hemos visto ni les vemos junto a trabajadores y trabajadoras que a diario ven vulnerados sus derechos laborales o viven inmersos en la precariedad, que a veces pierden la salud y demasiadas veces la vida. Además, tampoco hemos visto a los empresarios hacer frente a los juicios, a las peticiones de prisión, aunque hayan llevado a cabo vulneraciones de derechos como la que acabamos de mencionar. Actúan con total impunidad porque alguien lo permite, porque todo el sistema lo permite.

Sin embargo, el metal vizcaíno no es una excepción. La denunciable actuación policial de los últimos meses contra trabajadores y trabajadoras que defienden sus puestos de trabajo debe ser revisada por el Gobierno Vasco, entre ellas la agresiónes sufridas por trabajadores y trabajadoras    de ITP-PCB, TUBACEX…. De estos dos últimos conflictos hay, de momento, 8 personas que han tenido que declarar en los juzgados y es previsible que lleguen más imputaciones. Nadie olvida las imágenes de trabajadores y trabajadoras apaleadas por la ertzaintza a las puertas de ITP-PCB, de TUBACEX e incluso a las puertas del parlamento vasco.

Defender los derechos de los y las trabajadoras, nuestros derechos, nunca será delito. Por ello decimos alto y claro que las denuncias, las multas y la represión no pararán a los y las trabajadoras que decidan luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas.

Consideramos necesarios la propiedad y el control público del sector energético

El precio de la luz no para de subir y el oligopolio energético se enriquece a costa de empobrecer a las y los trabajadores. Ante esto, LAB considera que la propiedad y el control público del sector energético son necesarios.

La privatización y liberalización de la generación y la comercialización de la energía han convertido un bien básico en objeto de especulación. La pobreza energética aumenta y la capacidad de intervención de los gobiernos de ha sido vaciada.

Medidas como la suspensión o reducción de impuestos son una parte mínima de la factura, no sirven para parar la subida de precios y en vez de cuestionar los beneficios de las empresas lo hacen a costa del dinero público. Son necesarias medidas que cuestionen este sistema injusto y en ese sentido la limitación temporal del precio del gas, la ley que reduce los “beneficios caídos del cielo” (aquellos que tienen las empresas eléctricas porque pagamos energías más baratas al precio del gas) y el Fondo de Sostenibilidad para sacar la primas a las renovables de las facturas pueden ser medidas más interesantes. Aún así, sin cambios estructurales es imposible afrontar esta cuestión.

En un marco de un sistema en que las eléctricas se lucran y que es ecológicamente insostenible, la transición no puede estar en manos de esas empresas. Por ello, desde LAB apostamos por:

  • Limitar el alza de precios y garantizar el suministro a las personas en situación de vulnerabilidad. Para que la subida no la paguemos las trabajadoras, llamamos a participar en las movilizaciones.
  • Desarrollar estrategias para afrontar la crisis ecológica, propiedad y control público del sector energético. Crear una empresa pública puede ser una opción, como si se ha visto posible en países de la UE. Trabajar los objetivos de:
  • Limitar los sectores con un consumo excesivo, y garantizar la energía suficiente para la vida.
  • Impulsar la generación renovable, fomentando descentralización frente a los macro-proyectos.
  • Avanzar hacia la soberanía energética de Euskal Herria. Apoyar las propuestas y proyectos que trabajen en esa dirección.

LAB se suma a la movilización que se realizará mañana en Bilbo y hace un llamamiento a las y los trabajadores a participar en la misma. Convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos/as de Bilbao y Ekologistak Martxan, la movilización se llevará a cabo a las 19:00 en la Plaza Euskadi, con el lema «No al tarifazo de luz. ¡Iberdrola culpable!».

Hemos denunciado la precarización y discriminación del personal de la UPV en el acto de apertura del curso

La UPV ha celebrado el acto de apertura del curso 2021-2022. Ante el mismo, nos hemos movilizado para reclamar financiación suficiente para la UPV y denunciar la precarización y discriminación de las y los trabajadores de la universidad pública: «El profesorado a tiempo parcial de la UPV que no tiene otro trabajo tiene que sobrevivir con entre 400 y 700 euros mensuales».

Este es el comunicado emitido por LAB al hilo de la movilización:

Una vez más, en el acto de apertura del curso de la UPV escucharemos retos y palabras como resiliencia, excelencia y otras bonitas palabras en boca de algunos representantes institucionales. Sin embargo, y además de las nuevas dificultades generadas por la pandemia, hay problemas que son anteriores a ésta, que se han mantenido durante la misma y que continuarán tras ella si no se toman medidas para atajarlos.

Algunas de estas graves situaciones no son nuevas en la UPV/EHU, ni son noticia en periódicos e informativos. En los medios de comunicación no se informa a la sociedad vasca de la precariedad y discriminación que existe en la UPV/EHU.

El profesorado a tiempo parcial de la UPV/EHU que no tiene otro trabajo fuera de ella tiene que sobrevivir con entre 400 y700 euros mensuales. Este profesorado tiene una remuneración que no se corresponde con su carga de trabajo real. Se les paga únicamente las horas de clase y de tutoría y no otras tareas imprescindibles que realizan: preparación de clases, evaluación del alumnado, gestión, formación, investigación… Además de corregir algunas prácticas incorrectas, es necesario modificar el Decreto 41/2008, que establece estos salarios tan bajos, y en el que el Gobierno Vasco tiene la principal responsabilidad.

Todavía hay muchos casos de personal investigador predoctoral al que aún no se les han pagado los atrasos que les adeuda la UPV/EHU debido a las nuevas condiciones impuestas por el nuevo Estatuto del Personal Investigador. En general los salarios de este personal son reducidos. Nos hablan una y otra vez de la excelencia de la universidad, basándose en gran medida en la investigación, pero las condiciones laborales son precarias para quienes se inician en la misma.

Salvo algunas excepciones (profesorado temporal que ocupa un puesto de trabajo vacante de carácter permanente), al personal docente e investigador no permanente se le deniega su derecho a solicitar sexenios de investigación, aunque tengan méritos suficientes para percibirlos. En muchos casos los mismos méritos sirven al personal permanente para conseguir los sexenios mientras que a sus colaboradores y colaboradoras temporales se les niega la posibilidad de presentarlos. Se trata de una discriminación clara entre el personal que se puede solucionar, como se ha hecho en otras universidades, pero que la Dirección de la UPV/EHU no tiene problema en mantener.

En el caso del Personal de Administración y Servicios (PAS), siguen sin consolidarse un centenar de puestos de trabajo ocupados durante largos años. Y, si bien la razón principal es la insuficiencia presupuestaria, la Dirección de la UPV/EHU no presiona suficientemente al Gobierno Vasco para conseguir la financiación necesaria.

Por otro lado, en más de un servicio de la UPV/EHU se está trabajando con un número insuficiente de personal, además de renovar sus contratos anualmente, condicionando a su antojo la relación laboral con la universidad y la vida personal de estas y estos trabajadores públicos.

Sin embargo, durante muchos años, la mayoría de las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo no se han ofertado en las OPEs, siendo ocupadas por personal temporal, en fraude de ley. Y en las ofertas de empleo que ahora anuncia y negocia la Dirección no ha mostrado ninguna intención de ofrecer acuerdo de estabilidad alguno a quienes ocupan los puestos que se sacarán en dichas OPEs, nimucho menos, de poner encima de la mesa y negociar propuestas de consolidación. Esta es la actitud irresponsable que está mostrando la Dirección de la UPV/EHU respecto a la plantilla del PAS. Actitud que la mayoría de los sindicatos de la UPV/EHU parece dispuesta a aceptar.

Por si lo anterior no fuera poco, la Dirección de la UPV/EHU está dispuesta a «equilibrar» los 3 millones de déficit del presupuesto de 2020 en el de 2021 mediante recortes pendientes de concretar. Todo ello en el mismo momento en que el Gobierno Vasco presidido por Urkullu, además de abrir la puerta a la elitista universidad privada Euneiz, está dispuesto a concederle una subvención directa de 12,5 millones de euros. ¡¡No tienen vergüenza EAJ/PNV y PSE!!

Por eso es necesario, en este inicio de curso, denunciar y exigir el fin de estas y otras situaciones de precariedad y discriminación que se mantienen dentro de la UPV/EHU, requisito indispensable para conseguir una universidad pública excelente. LAB se mantendrá firme en estas reivindicaciones, tal y como ha hecho hasta ahora.

Denunciamos la inestabilidad de los y las trabajadoras de Educación Especial

A pesar de que alumnos y alumnas llenan ya las aulas de la CAV, la tónica dominante en este inicio de curso es la falta de estabilidad del personal dedicado a atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Además de la temporalidad, superior al 60%, mal endémico en este colectivo laboral, la pésima gestión de las adjudicaciones de las plazas de sustitución ha incidido aún más en la falta de estabilidad del personal de Educación Especial. Las quejas que nos han llegado al sindicato LAB por parte de trabajadoras y trabajadores de diversas escuelas, así como de quienes están a la espera de que les llamen para a cubrir sustituciones, ponen de manifiesto la mala gestión del Departamento de Educación que dirige Jokin Bildarratz.

Asimismo, mientras que en el resto de colectivos de Educación está prevista la contratación de más personal para hacer frente a las necesidades creadas por la pandemia del covid-19, en Educación Especial, al igual que el pasado año, tampoco habrá refuerzos este curso.

Aunque son trabajadores y trabajadoras del mismo departamento, en cada territorio de la CAV las diferentes delegaciones de Educación aplican normativas distintas, lo que ha generado desinformación, enfado y nerviosismo entre las trabajadoras y los trabajadores.

Por un lado, ha habido errores en el orden de lista de sustituciones y algunas personas no han sido llamadas y, aunque ha habido cambios en la herramienta telemática de consulta, Irakasgunea, la Administración no nos ha informado de ello.

Por otro lado, en las plazas adjudicadas telefónicamente no se ha respetado la posibilidad de renunciar a puestos de trabajo de media jornada ofrecidos a más de 50 kilómetros, sin que ello suponga la exclusión de las listas.

En LAB creemos que las plazas de sutitución asignadas al personal de Educación Especial deben gestionarse con mayor transparencia; para ello, además de actualizar los listados a través de Ordezkagune, la administración debe contratar y formar más personal de gestión para que el curso comience correctamente. Para que la educación que necesitamos llegue a todo el alumnado, sin exclusiones, hay que ofrecer a la escuela pública los recursos humanos que necesita.

Por otro lado, el Departamento de Educación no puede tratar de esta manera a sus trabajadoras y trabajadores, ni jugar con los puestos de trabajo de las personas que están a la espera de ser llamadas para cubrir las sustituciones generadas en Educación Especial.

La Mesa de Diálogo Social no tiene más objetivo que facilitar el camino a la agenda de la patronal y justificar al Gobierno Vasco

El acuerdo de hoy es puro marketing y ratifica lo dicho por LAB en varias ocasiones, la Mesa del Diálogo Social no tiene otro objetivo que dar paso a la agenda de la patronal y justificar al Gobierno Vasco. LAB ha sido muy crítico desde el principio con el modelo de diálogo social que se ha venido implantando. Y decimos con el modelo y no con la vía del diálogo y el acuerdo, porque muchas veces reivindicamos la necesidad de acuerdos. En el contexto de la huelga general de 2019 convocamos un Acuerdo Interprofesional sobre temas concretos y que no supone ningún ejercicio de desobediencia, por ejemplo, para decidir el salario mínimo según los parámetros de aquí.

En cuanto a la Industria 4.0, LAB ha precisado que las empresas están despidiendo trabajadores y trabajadoras y destruyendo empleo. Mientras las y los trabajadores luchan en defensa de los puestos de trabajo, el Gobierno está apoyando a la patronal, abandonando a los y las trabajadoras. Con el acuerdo de hoy, una vez más, quieren que la transición industrial también la paguen los y las trabajadoras, dejando las manos libres a la patronal para hacer despidos.

Por otro lado, la patronal no tiene voluntad real de dar los pasos necesarios en igualdad, tal y como se está demostrando en la negociación colectiva. La patronal no quiere acabar con la brecha y tal y como estamos viendo, el Gobierno tampoco, si no, mejoraría las condiciones laborales de las mujeres que están trabajando subcontratadas para ella.

En cuanto a la especialización, han acordado una cualificación y especialización profesional a medida de la patronal para seguir multiplicando sus beneficios. La cualificación y especialización debería servir para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras mayoritarios de este país y garantizar el empleo.

Por tanto, podemos concluir que lo acordado en la Mesa de Diálogo Social responde exclusivamente a los intereses de la patronal, excluyendo a las y los trabajadores. Por otra parte, lo acordado permite al Gobierno Vasco continuar con su campaña de márketing mientras apoya las políticas de Confebask de precarización y pérdida de empleo. En cuanto a CCOO y UGT, se han vendido a cambio de salir en la foto. Para terminar, la Mesa de Diálogo Social no responde a las necesidades de las y los trabajadores de la CAV.