Han sido juzgados tres trabajadores que decidieron secundar la huelga por el convenio del metal de Bizkaia y luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas. Por ello, nos hemos movilizado en los juzgados de Bilbo bajo el lema «defender los derechos de los y las trabajadoras nunca será delito».

En el metal de Bizkaia se hicieron 10 jornadas de huelga, así como diversas movilizaciones. Como consecuencia de esta lucha, en la actualidad hay 7 trabajadores imputados.

Este es el comunicado emitido por los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK, CGT, CNT y USO con motivo del juicio de hoy:

Hoy serán juzgados tres trabajadores que decidieron secundar la huelga y luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas. Como todos y todas recordaréis, en el metal de Bizkaia se hicieron 10 huelgas, así como diversas movilizaciones. Como consecuencia de esta lucha, en la actualidad hay 7 trabajadores imputados, han llegado a estar hasta 15 trabajadores imputados pero 8 de ellos han sido absueltos de las acusaciones, se han impuesto varias multas y sanciones económicas, en algunos casos porque se ha aplicado la Ley mordaza. El de hoy, no será el último juicio, el 4 de octubre otros dos trabajadores se enfrentan a un juicio con una petición de carcel de 23 meses por parte de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco. 

Queremos denunciar lo que está detrás de todas estas acusaciones: se trata de criminalizar el derecho a la huelga, hay un deseo de criminalizar todas las luchas que se llevan a cabo para proteger unas condiciones de trabajo y de vida dignas. Quieren quitar a los y las trabajadoras el derecho a luchar. Muchos trabajadores y trabajadoras han llevado y están llevando a cabo una lucha ejemplar, una lucha de todo un colectivo, de un sector.

Queremos decir alto y claro que este intento de criminalización es consecuencia de una decisión política. Esta decisión ha venido de la mano de las instituciones, especialmente, del Gobierno Vasco presidido por el lehendakari Urkullu. De hecho, durante el conflicto se puso inequívocamente del lado de la patronal, por ejemplo, cuando envió a la Ertzaintza a amedrentar a los huelguistas. Finalmente, varios trabajadores fueron golpeados, detenidos y denunciados. Tras una manifestación celebrada en Bilbo en una de las jornadas de huelga, los sindicatos convocantes de la huelga denunciamos en una nota de prensa este uso desproporcionado de la violencia. Entonces advertimos al Gobierno Vasco y a FVEM que la vía policial y la vía judicial en ningún caso era el camino. Sin embargo, hoy, 16 de septiembre, tenemos todavía 7 trabajadores imputados.

En todo este tiempo no hemos visto al lehendakari y al Gobierno Vasco proteger a los trabajadores y trabajadoras del metal que han sido despedidas por hacer huelga, tampoco les hemos visto defender a los trabajadores y trabajadoras que han sido amenazadas para que no secunden la huelga, tampoco les hemos visto ni les vemos junto a trabajadores y trabajadoras que a diario ven vulnerados sus derechos laborales o viven inmersos en la precariedad, que a veces pierden la salud y demasiadas veces la vida. Además, tampoco hemos visto a los empresarios hacer frente a los juicios, a las peticiones de prisión, aunque hayan llevado a cabo vulneraciones de derechos como la que acabamos de mencionar. Actúan con total impunidad porque alguien lo permite, porque todo el sistema lo permite.

Sin embargo, el metal vizcaíno no es una excepción. La denunciable actuación policial de los últimos meses contra trabajadores y trabajadoras que defienden sus puestos de trabajo debe ser revisada por el Gobierno Vasco, entre ellas la agresiónes sufridas por trabajadores y trabajadoras    de ITP-PCB, TUBACEX…. De estos dos últimos conflictos hay, de momento, 8 personas que han tenido que declarar en los juzgados y es previsible que lleguen más imputaciones. Nadie olvida las imágenes de trabajadores y trabajadoras apaleadas por la ertzaintza a las puertas de ITP-PCB, de TUBACEX e incluso a las puertas del parlamento vasco.

Defender los derechos de los y las trabajadoras, nuestros derechos, nunca será delito. Por ello decimos alto y claro que las denuncias, las multas y la represión no pararán a los y las trabajadoras que decidan luchar por unas condiciones laborales y de vida dignas.