El pasado 8 de febrero 2020, la asociación Etxerat convocó a los partidos políticos y sindicatos, entre ellos a LAB, a una reunión en Donostia para plantear la «urgencia de terminar con el alejamiento que sufren las personas presas vascas y, de manera general, la necesidad de superar la todavía aún vigente excepcionalidad que se les viene aplicando en política penitenciaria». Los presentes nos comprometimos con Etxerat a estudiar la posibilidad de, tras el periodo electoral, realizar una declaración pública de manera conjunta. Fieles a nuestra palabra, hemos dado a conocer en Bilbo la citada declaración, en cuya presentación ha tomado parte Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB.
DECLARACION DE EAJ-PNV, EH Bildu, Elkarrekin-Podemos, ELA, LAB, UGT, CCOO, STEE, ESK, Hiru, Etxalde, EHNE, CGT y CNT
Los partidos políticos y sindicatos que hoy comparecemos ante los medios de comunicación queremos trasladar al Gobierno Español y a la opinión pública vasca y navarra nuestro análisis y valoración en relación a las políticas aplicadas por el Gobierno Español a las personas presas vascas.
Son numerosas las ocasiones en que los partidos firmantes a través de acuerdos en la mayoría de las instituciones vascas y los sindicatos a través de declaraciones, hemos apelado al “cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiestan su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento y en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el fin de la lucha armada de ETA en 2011, entienden necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de su derecho a estar con sus progenitores”.
El Covid 19 y el confinamiento han abierto un debate sobre las consecuencias que esta pandemia esta teniendo en la población carcelaria. Han sido numerosas las iniciativas institucionales, políticas y sociales que, durante estos meses, y siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, han solicitado desde Europa, Madrid, Vitoria y Pamplona sean adoptadas por las autoridades competentes medidas específicas para las personas presas en favor de la mejora de sus condiciones de salud y seguridad y derechos establecidos en el ordenamiento jurídico especialmente afectadas por el impacto de la crisis sanitaria.
En este mismo sentido, consideramos especialmente relevante la propuesta del Gobierno Vasco del 27 de abril 2020 que afirma “de acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el contexto de las consecuencias de la Pandemia del Covid 19 y con el objetivo de la prevención y protección de la salud pública, articular con carácter general para toda la población reclusa un plan de acercamiento a las cárceles más cercanas al entorno familiar de cada persona presa”.
La sociedad de la Comunidad Autonoma Vasca, ha hecho una apuesta decidida por la paz y la convivencia, y se ha expresado de múltiples maneras y de forma constante, demandando que se supere definitivamente una política penitenciaria que responde a lógicas del pasado.
En consecuencia, queremos expresar lo siguiente:
- Atendiendo a la realidad abierta desde 2011, transmitir al Gobierno Español todo el apoyo de la sociedad de la Comunidad Autonoma Vasca y de los firmantes de esta declaración si se decide a dar los necesarios pasos para la aplicación exclusiva de una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada a las personas presas vascas, superando definitivamente la situación actual todavía anclada en una legislación que responde a lógicas de un pasado en fase de superación.
2.- Reiteramos nuestra posición de, apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de penas privativas de libertad, entendemos necesaria una política penitenciaria que evite un cumplimiento de las penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo familiar y social.
3.- En este sentido, entendemos urgente finalizar con la actual política de alejamiento y, en el contexto actual del Covid19, expresamos nuestro apoyo a todas aquellas propuestas dirigidas a articular, con carácter general y para toda la población reclusa, un plan de acercamiento a las cárceles más cercanas al entorno familiar de cada persona presa que, en el caso de la Comunidad Autonoma Vasca, implica la reubicación en los centros penitenciarios de Martutene, Basauri y Zaballa.
4.- La cumplimentación de este objetivo contribuiría decididamente a cerrar en la sociedad y en la política vasca una etapa relacionada con el pasado y permitiría, recordando a todas las víctimas, contribuir de una manera fundada en un nuevo tiempo de presente y de futuro centrado en la convivencia democrática.
Con objeto de socializar y dar a conocer este compromiso, presentaremos este acuerdo a:
– Al presidente español, Pedro Sánchez; al lehendakari e Iñigo Urkullu
– Al Friendship.
– A aquellas Direcciones de Centros Penitenciarios españoles donde se encuentren las personas vascas presas.
Asimismo, este acuerdo también se remitirátanto al Parlamento Vasco y a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autonoma Vasca, para su aprobación y redoblar así este compromiso.
Para finalizar, queremos transmitir a los familiares y allegados de las personas presas que sufren esta situación, nuestro compromiso para dar los pasos necesarios para coadyuvar a este objetivo.
