Los comités de APDEMA, de INDESA y trabajadoras de los sectores de residencias, viviendas comunitarias e intervención social de Araba se han movilizado en Gasteiz, ante la sede de la Diputación Foral del territorio. Así, han denunciado que los presupuestos del ente foral son totalmente insuficientes y no se traducen en mejoras para las personas trabajadoras de los servicios sociales subcontratados, feminizados y precarizados.
Se trata de unos presupuestos mediante los que la Diputación obstaculiza la posibilidad de negociación colectiva real, condicionando las mejoras económicas y sociales a las decisiones que el propio Gobierno Foral toma fuera de las mesas de negociación. Mesas de negociación en las cuales no participa pero que bloquea con la falta de financiación.
“Llega un nuevo tiempo. Son los presupuestos más inversores, los que más destinan a las personas, por tanto, abren una nueva etapa en Álava, una etapa de ilusión”, aseguró el diputado general de Álava, Ramiro González en la presentación de presupuestos, donde ha añadido que, gracias al crecimiento de la recaudación, a la financiación europea y al déficit, “vamos a disponer de unas cuentas ambiciosas e ilusionantes”. Ésta es la realidad que se le presenta a la ciudadanía en los medios de comunicación, pero la realidad de las personas a las que se supone que se destinan los presupuestos es bien distinta.
Hablamos de recursos públicos gestionados por empresas privadas a través de contratos o convenios de colaboración con la Diputación Foral, con el Gobierno Vasco y con el Ayuntamiento de Gasteiz. Son los recursos que más han sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria, recursos que no han paralizado su actividad, a los que se les ha reconocido públicamente su labor, incluso con aplausos. Durante la pandemia han sido esenciales, imprescindibles, ahora son invisibles. Los trabajadores y trabajadoras del sector están hartas de esta situación y de este maltrato institucional.
