El proyecto de ley aprobado en las Cortes españolas no recoge las medidas necesarias para llevar a cabo los procesos de consolidación de empleo y no responde en absoluto a la temporalidad existente en las administraciones vascas.

Ayer el Senado aprobó el último trámite del procedimiento legal del Decreto 14/2021 que  pretende acabar con la inadmisible temporalidad en el sector público. Siendo esto así, queda claro que se mantendrán los contenidos de la ley, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados. A pesar de que se hayan regulado procedimientos especiales para la realización de procesos de consolidación para el personal interino que  durante años ha estado trabajando en los servicios públicos en fraude, desde LAB consideramos insuficiente el contenido que se recogerá en la ley. Por si todo esto fuera poco, consideramos que la capacidad de organizar los servicios públicos en el País Vasco será cada vez más reducida, ya que la ley profundiza notablemente en la estrategia de centralización. Esto es lo que podemos decir de los contenidos de la ley:

  • Propone nuevas medidas para evitar que se repitan las actuales tasas de temporalidad en el sector público. Por el contrario, se mantendrá la Tasa de Reposición, el principal fcator de la temporalidad que se ha generado en los últimos años
  • Si bien se regulan procesos selectivos sin fase de oposición, éstos serán limitados, ya que se destinarán exclusivamente a la consolidación de plazas que reúnan determinadas características. Siendo esto así, las posibilidades de muchos trabajadores y trabajadoras en fraude serán reducidas.
  • La temporalidad en las administraciones vascas tiene características muy diversas, por lo que la situación de algunos colectivos no se va a ver favorecida en ningún caso por el contenido de esta Ley. De hecho, deben aprobarse otras normas de consolidación del personal docente o sanitario que, según la información que tenemos, se van a utilizar para profundizar aún más en la centralización.
  • Una vez más el Estado se limita a ejercer la imposición. En la misma línea que Navarra, en la CAV también necesitaríamos toda la capacidad de gestión de las administraciones públicas para organizar los servicios públicos según nuestras necesidades.

Las carencias que presenta esta ley que modifica el Estatuto del Empleado Público son evidentes. También es evidente que tendremos que poner énfasis en la negociación colectiva para la consolidación de los trabajadores y trabajadoras en el sector público. El objetivo de LAB será consolidar todas las plazas necesarias en los próximos años a través de procesos selectivos, priorizando siempre los procesos de consolidación.