2026-01-26
Blog Página 398

Hemos llevado a cabo asambleas de delegadas y delegados en los eskualdes, con la Huelga General como eje

El sindicato LAB ha realizado asambleas de delegadas y delegados en los eskualdes para informar sobre los retos que tenemos para el nuevo curso, entre ellos, la Huelga General. En estas asambleas, hemos reflexionado sobre nuestras líneas de lucha.

Gasteiz-Lautada-Errioxa, Durangaldea, Eskumaldea, Iruñerria, Busturialdea-Lea Artibai, Oarso Bidasoa, Bilbo, Ezkerraldea, Debaldea… son algunos de los eskualdes donde se han realizado asambleas. La Huelga General ha ocupado el mayor espacio de reflexión, centrándonos en las razones y reivindicaciones que nos llevan a ella.

Hemos abordado con la Intersindical de Catalunya el papel que debe jugar el sindicalismo soberanista de las naciones sin estado

El sindicato LAB se ha reunido en Bilbo con una delegación de la Intersindical de Catalunya. El sindicato catalán ha estado representado por su secretario general Sergi Perelló y su secretaria de Coordinación Interna Núria Ferràndis, mientras que el sindicato LAB ha estado representado por su secretaria general Garbiñe Aranburu, la secretaria de Organización Izaskun Garcia, el secretario de Acción Sindical Xabier Ugartemendia y el secretario de Relaciones Internacionales Koldo Saenz. 

El encuentro ha servido para profundizar en el trabajo conjunto entre ambos sindicatos y para reflexionar sobre el papel que debe jugar el sindicalismo soberanista de las naciones sin estado en esta nueva fase capitalista. Al mismo tiempo hemos reflexionado sobre el modelo sindical que proponemos para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora en un contexto donde la precariedad se expande cada vez mas. 

Hemos ganado tres sentencias de trabajadoras temporales públicas por las que la Administración de Nafarroa deberá pagar miles de euros #LortuDugu

35.000 euros; 115.000 euros; y 50.000 euros. Esas son las indemnizaciones que han marcado tres sentencias recientes de los juzgados de lo social y que la administración foral deberá pagar a tres trabajadoras temporales públicas por despido improcedente. Representantes del sindicato LAB han ofrecido hoy una rueda de prensa en Pamplona en la que han explicado que esas tres sentencias son las primeras de Navarra que recogen la última doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos momentos LAB está tramitando más de 50 expedientes de trabajadores temporales públicos que de ser sentenciados como estos tres supondrían millones de euros en indemnizaciones.

“Hay muchos trabajadores y trabajadoras en situaciones similares a estas tres”, ha señalado Ainara Elarre en nombre del sindicato LAB. En opinión de Elarre se ha llegado a esta situación por “dejación, inacción y mala gestión” de las administraciones públicas que no han hecho una apuesta firme por los servicios públicos. “Están abusando de la utilización del contrato temporal, llevan años reduciéndoles los derechos a los trabajadores temporales públicos, y hasta que no lo dictaminan los tribunales, no les pagan el grado, la antigüedad, la ayuda familiar y/o las indemnizaciones correspondientes por despido”.

Elarre considera que el real decreto aprobado en junio, y que se va a anegociar como proposición de ley, no da solución a la estabilización de las plantillas, sino que es un parche para dar salida a las exigencias de los tribunales. “Es un sinsentido que los gestores de lo público permitan que más de la mitad de la plantilla sea temporal. En LAB calculamos que haría falta llevar a OPE unas 10.000 plazas de la administración foral, con el objetivo de que la temporalidad sea excepcional ―como mucho de un 8%―. Exigimos a las administraciones públicas que estabilicen de una vez las plantillas y que aseguren unas condiciones dignas de trabajo”.

Una administrativa, una médica y una limpiadora

Tal y como ha explicado Juantxo Barkos, asesor jurídico de LAB, estas tres sentenciashan salido recientemente dictadas por los los juzgados de lo social de Pamplona, en relación al fraude de ley en la ejecución de contratos temporales en la administración de la comunidad foral de Navarra. Las sentencias recogen la última doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que contempló la sentencia de 3 de junio de 2021 y que fue recogida posteriormente por el Tribunal Supremo español en sentencia de 28 de junio. En esta doctrina se recoge cuál debe ser la consecuencia de mantener en plazas vacantes en la administración pública a personas durante un tiempo injustificadamente largo.

“En los tres casos son mujeres que llevan en la administración muchísimos años”, ha añadido Barkos. “Y es llamativo también el hecho de que nos encontramos tanto en puestos de trabajo más alto de la administración―el nivel A, como es el caso de médicos―, como el puesto más bajo ―el antiguo E de las limpiadoras de centros educativos―.

La primera de las sentencias dictada por el juzgado de lo social número 3 es del 9 de julio de 2021 y es la primera que LAB tiene constancia de que se haya dictado aplicando ya la doctrina del Tribunal Supremo. En este caso lo que se considera fraudulento es la permanencia en una plaza vacante desde 2008 de una mujer que estaba trabajando como auxiliar administrativa en Osasunbidea. La sentencia es firme y ha establecido una indemnización de 35.800 euros;  Osasunbidea ya ha pagado.

El segundo de los casos es una médica del servicio de urgencias que ha concatenado 153 contratos desde 1990 y que desde el año 2000 estaba contratada mediante el contrato especial de Osasunbidea ―que se dice “por otras necesidades de personal”―; es decir, un contrato específico para cuando no hay un personal adecuado fijo para un puesto de trabajo concreto. Además, desde 2016, esa plaza se había convertido en una vacante, pero seguía trabajando ahí sin que hubieran sacado dicha plaza a una convocatoria pública de cobertura. La sentencia ha dictado una indemnización de 115.000 euros. La administración ha anunciado que recurrirá.

Y la tercera de las sentencias, que es del 28 de septiembre, es de una trabajadora que estaba ocupando el puesto de trabajo de limpieza en centros educativos desde 1997. Y desde 1999 estaba ocupando la misma plaza vacante. Es decir, llevaba más de 20 años en la misma plaza, sin que se hubiese incluido en una oferta pública de empleo, y por supuesto sin que se hubiese cubierto. La sentencia ha dictado una indemnización de 50.000 euros. La administración ha anunciado que recurrirá.

Tal y como ha aclarado el abogado Juantxo Barkos los tribunales han sentenciado que la administración ha incurrido en un fraude de ley en estos tres casos porque ha estado utilizando contratos administrativos que no cumplían los requisitos establecidos. Por ejemplo, en lo que a los plazos se refiere el Tribunal Supremo ha establecido un plazo de tres años para considerar que se da una situación de utilización del contrato temporal injustificadamente larga; es decir, que no hay razón alguna para que la administración no incluya esa vacante en la siguiente oferta pública de empleo y que tres años ya es suficiente para considerar que esa necesidad es habitual y que no es excepcional. Por lo tanto considera que hay una situación de fraude de ley.

“La consecuencia de no cumplir los requisitos y, por lo tanto, incurrir en un fraude de ley, es que esa relación laboral debe considerarse como indefinida no fija”, ha añadido Barkos. “En los tres casos citados estamos hablando de despidos porque una vez que se ha considerado que son una contratación laboral indefinida no fija, su cese ―que se ha producido porque han cubierto las plazas a través de procedimientos reglados―se ha producido sin que fuese un despido objetivo. Los tribunales han considerado que estamos ante despidos improcedentes. La consecuencia es que o se les readmite en su puesto de trabajo en las mismas condiciones, abonando los salarios que hayan dejado de percibir desde que se les cesó o se les abona la indemnización que les corresponda en función de su salario regulado y el tiempo que lleven trabajando”.

En los tres casos las cantidades son altas, debido al prolongado tiempo que llevaban trabajando. “Estamos hablando de un coste importante para la administración, al tener que hacer frente a unas indemnizaciones altas precisamente por su mala gestión”, ha concluido Barkos. El sindicato LAB está trabajando en estos momentos en más de 50 espedientes de este tipo.

Hemos convocado asambleas por herrialdes para profundizar en la creación y redimensionamiento de la comunidad de acción social

A finales del curso pasado arrancamos el proceso de registro para formar parte de la Comunidad de Acción Social. Lo hicimos bajo el lema «Del centro de trabajo al pueblo! Herramienta para la transformación». Dentro de este nuevo recorrido que queremos emprender, la primera parada fueron los encuentros celebrados en junio por herrialdes. Organizamos estas asambleas como primer punto de encuentro, para definir cómo será la comunidad y a qué se dedicará. Pues bien, con la llegada del nuevo curso, hemos convocado nuevas asambleas para profundizar en la creación y redimensionamiento de la comunidad.

Todas las citas serán en las sedes de LAB, a las 18:00 horas:

En Gasteiz, el 20 de octubre; en Iruñea, el 21 de octubre; y en Donostia y Bilbo, el 27 de octubre.

Finaliza el ERE de Urban Sons sin acuerdo: las trabajadoras serán despedidas y enviadas al Fogasa para poder cobrar salarios e indemnizaciones

El pasado 1 de octubre Urban Sons inició un ERE de extinción de contratos de sus tres tiendas de la Comarca de Pamplona que, tras las tres reuniones obligatorias que marca la ley, ha finalizado sin acuerdo ya que la emrpesa no ha movido su postura ni un milímetro.

Tal y como se denunció la semana pasada, Urban Sons ha cerrado sus tiendas en Carlos III, Morea e Itaroa, y el mismo día que iniciaban las reuniones de negociación de los despidos, estas tiendas abrieron con otro nombre, pero a pesar de mantener exactamente la misma estética, las trabajadoras de Urban Sons están en la calle.

Desde la primera reunión, la denuncia de las trabajadoras ha sido la extrañeza de que Urban Sons se vaya de las tiendas dejando todo exactamente tal y como estaba, y sigan manteniendo que no tienen ninguna relación contractual con la nueva marca de ropa Denim and Friends. Y es que cuanto menos es extraño que no recojan nada del material que había dentro de las tiendas (maniquíes, perchas, cremalleras…)

Pero lo que más ha indignado a la plantilla de Urban Sons es que además de verse en la calle, no han cobrado la última nómina y que las indemnizaciones las vaya a tener que asumir Fogasa (fondo público que asumimos todas y todos). El dueño de Urban Sons es dueño de otras dos empresas del sector de la construcción, Banur y Polandrius, que tal y como reflejan sus datos económicos están en muy buena salud económica.

De hecho, en 2020, BANUR concedió un crédito a URBAN SONS por importede 301.077€. Si calculamos el importe total de las indemnizaciones de todas las trabajadoras es de unos 45.000€;  ya le podía haber prestado un poco de dinero más y así tener para pagar las indemnizaciones.

Para el sindicato LAB es una vergüenza que la ley ampare este tipo de situaciones, en las que las trabajadoras son (mal) tratadas como números, van a la calle al antojo del empresario, y además, los salarios y deudas no abonadas por alguien a quien dinero no le falta, las tenemos que pagar entre todas. Un abuso empresarial más, que será denunciado tanto en las calles como en los tribunales.

[OPINIÓN] «Acuerdo educativo: aprovechemos la oportunidad»

Garbiñe Aranburu e Irati Tobar, secretaria general y secretaria de Enseñanza del sindicato, remarcan que, partiendo de que el sistema educativo actual está agotado, es el momento de acuerdos con los agentes que conformamos la comunidad educativa. Ese es el artículo de opinión íntegro:

El modelo educativo juega un papel fundamental en la definición del modelo social, y el sistema educativo actual tiene mucho que mejorar. En esta dirección, en la CAV, valoramos positivamente que se haya incluido en la agenda política la necesidad de un nuevo pacto educativo y se haya abierto el debate.

Damos mucha importancia al papel que debe jugar la comunidad educativa. No olvidemos que el Departamento de Educación de la CAV en 2017-2018 optó por otro tipo de acuerdo, que satisfizo a las patronales y desoyó la voz de las trabajadoras y los trabajadores. Desearíamos que no se repitieran los errores de entonces. Tenemos claro que el nuevo pacto educativo debe ser resultado de consensos entre los diferentes agentes educativos.

Hace tres años hicimos pública nuestra reflexión, bajo el nombre de Iruten. En la construcción de un sistema educativo propio y soberano para Euskal Herria, hay que superar tanto el actual sistema dual como los modelos lingüísticos impuestos. Apostamos por acabar con la concertación universal, es la base del modelo dual, y por una nueva forma de entender lo público, con una única red de escuelas comunitarias en pueblos y barrios, y la denominamos Escuela Vasca Pública Comunitaria. Financiada íntegramente con dinero público, para todas las familias, y que garantice en su totalidad el proceso educativo desde el nacimiento.

Definíamos una serie de requisitos para que los centros formen parte de esta red única: modelo de inmersión lingüística en euskera, laicismo, inclusividad (frente a las segregaciones), currículo vasco, pedagogía feminista, gratuidad real y total, contrataciones basadas en la igualdad, el mérito y la capacidad y un modelo de gestión transparente y participativo, entre otros. En cuanto a su organización, defendemos una estructura descentralizada, reivindicada por la izquierda desde los años 80. El Ayuntamiento o la Mancomunidad ostentarían la gestión de la educación de 0 a 18, así como la titularidad de los centros; y la comunidad educativa, por su parte, sería el sujeto del proyecto educativo.

En el camino hacia el sistema educativo propio, decíamos, se pueden y deben tomar medidas para acabar prioritariamente con toda segregación, por origen, clase, raza, lengua, género, religión o capacidades. 

Entonces parecía que eso no era posible. Y hoy escuchamos a los partidos políticos, con matices significativos, hablar tanto de conceptos similares como de un nuevo pacto educativo. En este debate, las principales exigencias de LAB en cuanto a la organización del sistema educativo se resumen en dos ideas:

1. Acabar con la concertación universal. Para garantizar la gratuidad real y evitar toda segregación, son necesarias planificaciones a nivel municipal con la comunidad educativa de cada municipio. Asimismo, deben definirse y garantizarse los objetivos a cumplir en todos los centros con financiación pública. Con una red única en el horizonte, dar pasos hacia una titularidad compartida en el caso de las escuelas con personalidad jurídica propia.

2. Aumentar la inversión en educación (al menos el 6% del PIB). Dotar a la escuela pública de recursos suficientes (personales, materiales, de formación e infraestructuras), estabilizar y consolidar al personal y descentralizar la organización y participación en las escuelas. La escuela pública debe dejar de ser de segunda.

No hay educación de calidad sin condiciones laborales de calidad, por lo que en cuanto al personal, para LAB será imprescindible:

-El reconocimiento de todos los trabajos educativos, especialmente los feminizados y precarizados. Hay que acabar con las privatizaciones y subcontrataciones.

-La estabilidad y consolidación de las plantillas, la formación continua (prioritariamente, estrategias de euskaldunización; programas de inmersión escolar del alumnado inmigrante; coeducación e innovaciones pedagógicas), la reducción de las ratios y cargas de trabajo y medidas de conciliación.

-Adecuar las RPTs en los diferentes colectivos, garantizar su perfil lingüístico y hacer aflorar los puestos de trabajo ocultos, y renovar por consenso los convenios colectivos, hoy obsoletos.

-Siendo el fin último la igualdad de acceso y de condiciones laborales para todo el personal, además de lo anterior: es urgente poner fin a la temporalidad en los centros públicos, llevar a cabo procesos de consolidación, modificar totalmente los modelos de OPE, impulsar planes de rejuvenecimiento, la equiparación salarial (igual trabajo, igual salario) y realizar evaluaciones de riesgos laborales y adaptaciones. Por otro lado, en las escuelas concertadas, aplicar medidas para la homologación y equiparación de las condiciones laborales del personal. Asimismo, reivindicamos la transparencia en las contrataciones, la formación, la adquisición de competencias en euskera y el rechazo de actitudes religiosas dogmáticas.

Para terminar, subrayar que es importante no tener prisa. Estamos ante un proceso que debe generar muchas complicidades y consensos; desgraciadamente, Euskal Herria ya vivió un proceso traumático. Decimos al PNV que no convierta la ley en un objetivo. El pacto educativo de hace unos años sólo ha profundizado en los desequilibrios y las discriminaciones; sabemos qué supone un acuerdo sólo con la patronal. 

Partiendo de que el sistema educativo actual está agotado, para que no se repita lo ocurrido en el 93, busquen acuerdos con los agentes que conformamos la comunidad educativa. Las trabajadoras y trabajadores, por nuestra parte, aprovechemos la ocasión para avanzar en el modelo educativo que necesita este país.

Comienza el proceso de reforzar la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y tejer redes

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha celebrado en Gasteiz la primera asamblea dentro del proceso para reforzar y tejer esta iniciativa popular creada en 2014. La pandemia ha condicionado totalmente el contexto; ahora los déficit estructurales existentes anteriormente son más patentes. Por eso, las organizaciones que han participado en la asamblea han destacado la necesidad de actualizar el análisis del contexto actual.

La asamblea ha tenido dos objetivo principales. El primero renovar los acuerdos entre los sujetos partidarios de la soberanía; construir una agenda social compartida y soberana; el segundo, abordar nuevos ejes de trabajo.

Este curso será especial. Condicionados por la pandemia, pero habiendo empezado a gestionar sus consecuencias, son evidentes los nuevos recortes de derechos y ataques contra las condiciones de vida de la ciudadanía. Por ello, además del proceso interno para revitalizar nuestros ámbitos de alianzas, será importante responder al contexto. Las organizaciones que han participado en la asamblea han dejado claro que son necesarios nuevo modos de tejer redes y organizarse para hacer más eficaces los acuerdos de quienes participan en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Haremos una defensa decidida del empleo y de las condiciones laborales en los centros de trabajo ante posibles ataques de multinacionales como Arcelor Mittal

Ayer pudimos saber por la prensa que Arcelor Mittal estudia la posibilidad de hacer paradas ante el encarecimiento del precio de la luz.

En primer lugar, queremos denunciar que hasta el momento no tenemos ninguna comunicación por parte de la empresa. Si tiene que tomar semejante medida, es vergonzoso que antes de adelantar nada a los y las trabajadoras acuda a los medios de comunicación. Si quiere hacer un parón patronal, que lo pague la empresa.

En el caso de Arcelor Mittal, la decisión no tiene ninguna justificación económica. Es la estrategia de chantaje que han emprendido las grandes multinacionales: quieren utilizar la amenaza de las paradas para que el gobierno baje el coste de la luz y los costes laborales. Cuando muchas familias han estado en situación de emergencia muchos partidos políticos no se han pronunciado y nos parece vergonzoso que haya una actitud agresiva ante la amenaza de algunas multinacionales, como ha hecho el PNV. Es un claro exponente del nivel de poder de las grandes multinacionales, que se muestra de forma nítida en el caso de las puertas giratorias. En los seis primeros meses de 2021, Arcelor Mittal ha obtenido un beneficio neto de 5.322 millones de euros. La empresa ha obtenido el mejor resultado de los últimos 13 años.

Fue Sidenor quien abrió el camino comunicando que pararía la producción. En los últimos 4 años Sidenor ha repartido 103.650.000 euros entre sus accionistas desde 2016. Ahora que la subida de la luz va a suponer que miles de familias pasen el invierno sin poder poner la calefacción, ¿de verdad nos quieren vender que nos tenemos que preocupar por la situación de los dueños de Sidenor? Se han embolsado sobradamente estos años para no hacer pagar a los trabajadores. Es inaceptable para LAB. ¿Las y los trabajadores tiene que pagar en casa y en el trabajo el encarecimiento de la luz? Lo prioritario es garantizar las condiciones mínimas de vida de toda persona, incluido el consumo energético.

La necesidad de soberanía de Euskal Herria se ha vuelto a poner de manifiesto: el poder total que la reforma laboral otorga a las empresas hace que recaiga automáticamente en las y los trabajadores cualquier problema (el de los microchips, la gestión de los problemas de suministro, la subida de la electricidad). El negocio de la luz privatizada en este caso.

LAB hará una defensa decidida del empleo y de las condiciones laborales en los centros de trabajo ante posibles ataques de la multinacional.

El empobrecimiento tiene múltiples responsables

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La pobreza no es algo natural, existen dinámicas y lógicas estructurales que la generan y son responsables de su existencia. Cada vez son más las dimensiones de la vida que se ven amenazadas. Pauperización, exclusión, violencias, vulneración de derechos fundamentales, mercantilización, saqueo, expolio y precariedad son sólo algunas de las causas de un empobrecimiento que es cada vez más grande y más profundo para las mayoría de los sectores populares y de la clase trabajadora vasca.

Algunos datos confirman esto:

-El 23,3% de los hogares de Hego Euskal Herria se encuentra en situación de pobreza energética.

-En Nafarroa el 65% de las mujeres* frente a el 35% de los hombres ofrecen cuidados a menores y/opersonas en situación de dependencia en sus hogares. Este reparto de cuidados genera desigualdad yempobrecimiento para las mujeres*.

-En Euskal Herria la tasa general de desempleo se ha elevado al 10,4%. Concretamente, en Hego EuskalHerria, en 2020, se han destruido 22.500 puestos de trabajo.

-Un total de 54.197 personas no accede al sistema de prestaciones sociales en la CAPV.

-La brecha de desigualdad salarial en la CAPV es una de las más elevadas desde 1996. El 20% de lapoblación más favorecida tiene una renta 4,4 veces más alta que el 20% más desfavorecido.

Las agenda neoliberal liderada por los gobiernos de Gasteiz e Iruñea y las patronales son responsables directos de este proceso de empobrecimiento. La reforma en ciernes de la RGI en la CAPV, la falta de inversión en servicios públicos y las constantes políticas austericidas profundizan en estos procesos de empobrecimiento y precarización de la vida.

Ya sean las medidas de quienes gobiernan en Euskal Herria como las decisiones en Madrid referidas a la reforma de pensiones, que no se derogue la reforma laboral, la incapacidad de frenar la subida del precio de la luz, la gasolina y en general, de los bienes básicos para la vida, son consecuencia de situar los beneficios económicos de unos pocos por encima de la mayoría trabajadora.

Desde el sindicato LAB apostamos por un cambio de modelo socioeconómico, por una trancisión ecosocialista y feminista que a través de un triple reparto de la riqueza, del trabajo y de los cuidados combata de raíz los pilares de este sistema que lleva en su médula el empobrecimiento como clave para la acumulación. En ese sentido hemos presentado una propuesta de Código Laboral Vasco y de Seguridad Social Vasca.

Es el momento de defender una agenda propia que situé los intereses de la clase trabajadora vasca y de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad en el centro de las decisiones políticas. Es indispensable incidir en las decisiones políticas que determinan nuestras vidas y por ello, desde LAB entendemos que es más necesario que nunca articular una movilización social contundente que tome la forma de Huelga General para generar unas condiciones que posibiliten en Euskal Herria medidas concretas que en Madrid no lo son.

Frente al empobrecimiento, triple reparto de la riqueza, del trabajo y de los cuidados. Cambiar el modelo y transformar el sistema.