Las trabajadores de la empresa Artiach, ubicada en Orozko, han cumplido cien días de huelga y, para reafirmar su lucha en defensa unas condiciones laborales dignas, han llevado a cabo una jornada de movilización y reivindicación. Han llevado a cabo una marcha en bicicleta, un acto y una manifestación, entre otras cosas. En cuanto a la manifestación, han marchado desde la ribera de Deustu hasta la sede del Gobierno Vasco en Bilbo.
En Artiach están luchando por un convenio digno. La empresa plantea una rebaja salarial, un aumento de la jornada laboral y recortes en complementos. LAB es la primera fuerza en el comité de empresa y desde el sindicato queremos reiterar que, vista la actitud de la dirección, se ha vuelto a poner de manifiesto que la organización, la lucha y la movilización son el camino para defender las condiciones laborales de las y los trabajadores.
Miembros de LAB hemos realizado sendas acciones ante la delegación del Gobierno Vasco en Bilbo y el ayuntamiento de Gasteiz para denunciar la actual política de vivienda que protege el negocio y reivindicar la necesidad de una vivienda digna y accesible para todas las personas trabajadoras. El lunes, también nos movilizamos en Arrasate, bajo el lema «Vivienda digna para todas y todos los trabajadores».
La acción se enmarca dentro de la primera campaña de Abiatu, nueva comunidad de Acción Social de LAB, en favor una vivienda digna y accesible para todas las personas trabajadoras. Concretamente, Abiatu es un espacio de reciente creación para luchar en favor de unas condiciones de vida dignas para todas las personas trabajadoras. Sufrimos la precarización dentro y fuera de los centros de trabajo, y es por ello que nos organizaremos para luchar en todos estos ámbitos de nuestra vida. No aceptamos que lo que luchamos todos los días en los centros de trabajo nos lo roben en otros ámbitos de nuestras vidas.
Un garantía real del derecho a la vivienda es fundamental para unas condiciones de vida dignas, pero el modelo actual, basado en la propiedad privada, la mercantilización y la especulación, tiene efectos sociales nocivos. La negación estructural del acceso a una vivienda digna es un elemento clave de la precarización de las personas trabajadoras. Por mencionar algunos datos: con el salario medio de 2019 (23.183 euros), son necesarios 19 años para pagar una VPO y casi 42 para obtener en régimen de propiedad una vivienda en el mercado libre.
En la CAPV, el precio medio del alquiler de una vivienda de 80m2 es de 986 euros, según datos de 2021, y las personas trabajadoras debemos destinar casi la mitad del salario a pagar ese alquiler, sin tener en cuenta otros gastos. La demanda de vivienda protegida casi se ha duplicado entre 2011 y 2019, mientras que la capacidad de la oferta para afrontar esa demanda a disminuido porcentualmente.
En cuanto a los desahucios, el dato es demoledor: en 2020, se llevaron a cabo 889 en Hego Euskal Herria.
Mensaje a las instituciones
Es por ello que con las acciones realizadas en Bilbo y Gasteiz hemos querido interpelar a las instituciones para que, además de reconocer el derecho a la vivienda como derecho subjetivo, se tomen medidas y se destinen recursos para que éste sea efectivo. Además, en las acciones hemos buscado, mediante una encuesta callejera y repartiendo nuestras propuestas a pie de calle, generar la oportunidad de compartir nuestras vivencias y reflexionar junto con las personas que se acercaban.
Para LAB, es prioritario y urgente que se tomen medidas concretas para que el de la vivienda sea un derecho subjetivo real. Para ello se deben cerrar las puertas a la especulación y apostar por el alquiler social regulado, y se debe limitar el precio de la vivienda para que los gastos asociados a la vivienda no superen el 30% de los ingresos (el 15% en caso de personas en situación de vulnerabilidad o en el caso de vivienda pública).
Además, se deben desarrollar estrategias para ampliar el parque público, poniendo freno prioritariamente a las grandes propietarios y los fondos buitre. Por último, y como medida de gran urgencia, se debe prohibir todos los desahucios sin alternativa habitacional digna, y esto se debe hacer de manera efectiva.
En la empresa Aludium de Zornotza, como en muchas otras, la subida salarial está condicionada al IPC para que la plantilla no pierda poder adquisitivo. En los últimos años esta condición no ha sido problema, puesto que la subida que arrojaba no era algo sustancial y las empresas ya han aceptado que el IPC tiene que marcar la subida.
Desde el año 2018 hay un convenio de empresa donde el incremento establecía que la subida para el año 2022 sería del IPC mas 0,5%. Como el IPC ha sido del 6,5%, esto obligaba a la empresa ha subir los salarios un 7%.
Cuando ha llegado el momento de hacer la subida, la empresa se ha negado y tras varias reuniones que no han llevado a nada, ha subido unilateralmente los salarios un 3,5%, cuando tenía que subir un 7%, ademñas de pagara atrasos. El problema es que se niega a consolidar la subida salarial, por lo que los próximos años el salario sigue intacto. Solo se realiza un pago de una cantidad de dinero, pero en la nóminas de los siguientes años no figura.
Para LAB, lo firmado se tiene que cumplir. Cuando se llega a un acuerdo entre las partes hay que ser consecuente. Y por ello, tras consultar en asamblea a la plantilla se han realizado dos días de huelga el 24 y 28 de febrero.
La huelga ha tenido un seguimiento del 60% los dos días. Lo cual es un éxito, al realizar el llamamiento de huelga solo este sindicato y siendo una plantilla de más de 500 personas. CCOO y UGT, teniendo mayoría en el Comité de empresa no han realizado el llamamiento ni han secundado la huelga planteada, pero es también cierto que afiliados y afiliadas de estos sindicatos han realizado los paros propuestos.
Además, no hay que dejar de mencionar que el convenio de aplicación en la empresa finalizó su vigencia en 2021 y ahora toca negociarlo. Para LAB es imprescindible que se aplique la subida del 7% firmada, puesto que si no sería un incumplimiento de lo firmado y afecta directamente a la negociación colectiva que se tiene que dar. ¿Cómo fiarse de la empresa que incumple lo firmado? Además, la dirección chantajea al unir la no subida salarial con la negociación del convenio, condicionando la aplicación de la subida a la firma de un mal convenio de empresa
LAB luchará por la subida salarial, y también por el convenio de empresa de Aludium. Llama a todos y todas las trabajadoras de Aludium de secundar la totalidad de las movilizaciones que se efectúen al respecto. Mientras que no se consiga, este sindicato seguirá luchando. También, como siempre hasta ahora, hacemos un llamamiento a CCOO y UGT a que luchen por el 7% firmado, puesto que es lo acordado.Amplio seguimiento de las dos jornadas de huelga realizadas en Aludium por la subida salarial vinculada al IPC
Hicimos huelga el viernes en la Atención Primaria y realizamos manifestaciones en las capitales el pasado sábado. Con la llegada del lunes, esta vez hemos llevado a cabo una huelga en toda Osakidetza, a convocatoria de LAB, SATSE, ELA, CCOO y UGT, para responder a las políticas de desmantelamiento de la sanidad pública. Los sindicatos hemos insistido en que es momento de movilizarse y obligar a Osakidetza a mover sus posiciones ante la grave situación de la Sanidad pública y la falta de soluciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. «Si el Departamento de Salud no da pasos para revertir la grave situación actual en Osakidetza, continuaremos con las movilizaciones», hemos advertido los sindicatos.
Concretamente, mientras la situación que se vive en los centros de trabajo es cada vez más precaria, la respuesta de Osakidetza no va más allá de volcar sus esfuerzos en campañas propagandísticas y enarbolar excusas sin proponer ni una sola medida y sin atender ni una sola reivindicación. Es más, la pandemia se ha convertido en la excusa perfecta para seguir adelante con sus políticas de recorte, precarización, falta de inversión, privatización y desmantelamiento de la sanidad pública. El colapso y las dificultades para acceder a la atención sanitaria requerida son ya un clamor entre la ciudadanía y el hartazgo de la plantilla queda reflejado con claridad, tanto en el masivo seguimiento de las movilizaciones convocadas en las últimas semanas, como en los diferentes conflictos abiertos.
Para los sindicatos, estas son las reivindicaciones que Osakidetza debe poner en marcha:
-Aumentar el presupuesto de Osakidetza para el ejercicio 2023, hasta llegar a la media de la UE (7% del PIB), destinando un 25% del mismo a la atención primaria
-Adecuado dimensionamiento de las plantillas con la creación de miles de puestos de trabajo, que permitan racionalizar las cargas de trabajo y dar una atención de calidad a la ciudadanía.
-Acabar con la temporalidad que sufren más de 24.600 trabajadores y trabajadoras hasta rebajarla al 8%, consolidando a las plantillas.
-Recuperación del poder adquisitivo perdido y reversión de todos los recortes, incluido el aplicado en el Desarrollo Profesional.
-Reversión de todos los recortes aplicados en los PAC: reapertura y/o restauración de los horarios de atención.
-Cobertura inmediata, total y desde el primer día, en todas las categorías, de todas las jubilaciones, vacantes, bajas y otras ausencias.
-Evaluación de riesgos psicosociales y aplicación de medidas correctoras, con especial énfasis en las cargas de trabajo y en los efectos de la pandemia.
-Medidas efectivas y reales de flexibilidad y/o conciliación de la vida laboral y familiar.
-Resolver los conflictos pendientes sobre turnicidad, complemento de hospitalización (%4), complemento específico y cierre de urgencias de Santiago
-Medidas que faciliten la jubilación anticipada de la plantilla.
Los sindicatos ELA, LAB y ESK, conformando la mayoría de le mesa en negociación del convenio de limpieza de edificios y locales de Bizkaia hemos decidido convocar una huelga en el sector de la limpieza de Bizkaia. Llevamos meses negociando el convenio provincial y desde entonces la patronal no nos ha ofrecido mas que migajas. La situación lo requiere y esta huelga es histórica, por que hacía casi 30 años que una mayoría sindical no convocaba huelga en el sector de la limpieza de Bizkaia.
Nuestros salarios no llegan a los 16.000 euros a jornada completa y además las mayoría de trabajadoras de limpieza de interiores tenemos jornadas a tiempo parcial. Hasta ahora, la única oferta de la patronal ha consistido en lo siguiente:
– 2021 0,5%
– 2022 2%
– 2023 2%
En un contexto económico en el que el IPC ha alcanzado un máximo histórico, con un encarecimiento de la vida de un 6,5%; nos ofrecen subidas de 18 céntimos. Tras dos años de pandemia en el que hemos tenido que doblarnos el lomo para desinfectar e higienizar concienzudamente los centros, nuestros salarios siguen congelados. Tras denunciar y exigir que las limpiadoras de edificios ganan un 45% menos que los trabajadores de la limpieza viaria, siguen sin reconocer la existencia de la brecha salarial de género. Por todo ello, hemos decidido parar. Parar para hacernos visibles y salir a luchar por salarios dignos. ¡Salarios mínimos de 1.200 euros en 15 pagas ahora!
El pasado 18 de noviembre iniciamos unas movilizaciones por todo Bizkaia, realizando manifestaciones y concentraciones. Nuestras principales reivindicaciones eran y son acabar con la brecha salarial y un salario mínimo de 1.200 X 15 pagas. Pero en vista de que la mesa de negociación está bloqueada y que la patronal no hace sino vender humo, hemos decidido ir a la huelga.
Tal y como dijimos el año pasado, ha quedado patente la capacidad organizativa del sector así como la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo. Por ello, las movilizaciones que iniciamos no eran mas que el punto de partida y este año continuaremos con esta HUELGA.
Los días de huelga serán los siguientes: 31 de marzo, 26 y 27 de abril y 10, 11 y 12 de mayo, y estarán afectados por la misma todos los centros de trabajo donde resulte de aplicación el referido convenio de limpieza.A lo largo de estas jornadas de huelga, le tiene que quedar claro a la patronal que su oferta ni siquiera llega a acercarse a nuestras reivindicaciones y que estamos preparadas para pelear hasta donde haga falta.
En 2013 debido a la mala situación económica de Sunsundegui el 51% de las acciones pasaron a manos de la dirección actual y el 49% se le impuso al resto de la plantilla. De esta manera salieron Sodena y el Gobierno de Navarra de la empresa. Desde LAB se realizó una lectura crítica de aquello ya que esa medida no solucionaba el problema de fondo de la empresa en busca de una rentabilidad que no llegaba. Hasta hoy en día se ha estado buscando un socio inversor que nunca ha llegado. El Gobierno de Navarra se vio obligado a volver a intervenir en Sunsundegui rescatándola hasta en tres ocasiones:
5/12/2016
Acuerdo para la mejora de las obtención de licencias, mejora de las instalaciones y productividad de la empresa.Sodena prestó 1.700.000€ a fondo perdido condicionado al cumplimiento de unas condiciones, el 29 de diciembre de 2019 se confirmó que Sunsundegui no tenía que devolver dicho préstamo de 1,7M€.
28/12/2020
Con el objetivo de búsqueda de un socio con un plan industrial se hizo una Aportación de un préstamo bancario por importe de 1,1 millones de euros.
28/01/2021
Dado que la situación económica de Sunsundegui se encontraba seriamente
comprometida por el impacto del Covid-19, Sunsundegui solicitó a Sodena un préstamo por 3,4 millones de euros para asegurar la continuidad de la empresa.
Gracias a esta financiación de “Rescates”, las cuentas anuales de 2020 mejoraron, pero la empresa desde 2016 hasta 2020 obtuvo beneficios a duras penas a pesar de que tuvieron un récord en ventas.
El peso de esta situación en todo momento ha corrido a cago de la plantilla. Por poner un ejemplo: en 2020 la empresa ahorro un 16% de gasto de personal gracias a los diferentes ERTEs que todavía hoy siguen aplicándose en la empresa.
La plantilla tiene el salario congelado a pesar de la inflación (en Navarra el IPC subió en 2021 un 6,6%). Podemos hablar de que la plantilla además del perjuicio generado por los ERTEs ha perdido un 10% de salario en este proceso.
Mientras tanto, el salario recibido por los 9 miembros de la alta dirección se sitúa en torno a los 700.000€. Una dirección que a pesar de contar con la financiación de Sodena y el esfuerzo económico de la plantilla (10% de perdida salarial) se ha mostrado incapaz de darle una solución a esta situación.
A día de hoy Sunsundegui no tiene plan ni tiene inversor, y su futuro pasa por un plan de inversiones real que no suponga ahogar aun más a la plantilla. El Gobierno de Navarra y la dirección de Sunsundegui con José Ignacio Murillo deben devolver el esfuerzo realizado por trabajadores y trabajadoras en forma de inversiones reales y un plan de viabilidad que traiga la empresa al siglo XXI.
Ante la grave situación de la sanidad pública y ante el inmovilismo y la falta de soluciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, las y los trabajadores de Osakidetza y los sindicatos vamos a despedir febrero con una nueva ola de movilizaciones. Así, para dar continuidad a la dinámica movilizadora llevada a cabo en las últimas semanas, el viernes, 25 de febrero, hemos llevado a cabo una huelga en la Atención Primaria, en la víspera de las manifestaciones convocadas en Bilbo, Gasteiz y Donostia para el sábado. El lunes, 28 de febrero, haremos huelga en todos los ámbitos de Osakidetza.
En cuanto a la huelga en Atención Primaria, ésta ha tenido un seguimiento más amplio que nunca, a pesar de los servicios mínimos abusivos. El seguimiento ha sido el más amplio de la última década. En algunos casos ha sido del 100%.
Tras las multitudinarias manifestaciones realizadas el pasado 23 de enero, los sindicatos LAB, SATSE, ELA, CCOO y UGT podemos decir alto y claro que Osakidetza y el Departamento de Salud no han dado ni un solo paso, ni han propuesto una sola medida para solucionar los graves problemas que asolan Osakidetza.
Mientras la situación que se vive en los centros de trabajo es cada vez más precaria, la respuesta de Osakidetza no va más allá de volcar sus esfuerzos en campañas propagandísticas y enarbolar excusas sin proponer ni una sola medida y sin atender ni una sola reivindicación. Es más, la pandemia se ha convertido en la excusa perfecta para seguir adelante con sus políticas de recorte, desmantelamiento, precarización, falta de inversión, privatización y desmantelamiento de la sanidad pública. El colapso y las dificultades para acceder a la atención sanitaria requerida son ya un clamor entre la ciudadanía y el hartazgo de la plantilla queda reflejado con claridad, tanto en el masivo seguimiento de las movilizaciones convocadas en las últimas semanas, como en los diferentes conflictos abiertos.
Lo que está sufriendo nuestro sistema sanitario publico es un ataque continuado en el tiempo, que ha provocado una alianza ciudadana entre quienes prestan sus servicios en los centros sanitarios y la población, como hemos visto en las ultimas semanas. Esa alianza es la que pone en cuestión las políticas sanitarias del gobierno del PNV.
Por si esto fuera poco, y paralelamente al desmantelamiento de Osakidetza, el Departamento de Salud ha ido vaciando de contenido la Mesa de Sectorial de Sanidad. Hace mucho que ese es un foro de carácter meramente informativo, en el que no se negocia absolutamente nada y en el que Osakidetza impone, tanto los temas a tratar, como el contenido de estos. La situación ha llegado a tal punto que Osakidetza incluso incumple, de manera unilateral, los acuerdos alcanzados y desprecia el dialogo con los agente sociales, profundizando en el carácter antidemocrático cada vez mas asfixiante de los gestores de la sanidad publica vasca.
Los sindicatos que componemos la Mesa Sectorial de Sanidad instamos a Osakidetza de manera inmediata a cambiar de actitud y a atender las reivindicaciones del personal para solucionar todas estas carencias.
Reivindicaciones
Estas son las reivindicaciones que Osakidetza debe poner en marcha:
-Aumentar el presupuesto de Osakidetza para el ejercicio 2023, hasta llegar a la media de la UE (7% del PIB), destinando un 25% del mismo a la atención primaria
-Adecuado dimensionamiento de las plantillas con la creación de miles de puestos de trabajo, que permitan racionalizar las cargas de trabajo y dar una atención de calidad a la ciudadanía.
-Acabar con la temporalidad que sufren más de 24.600 trabajadores y trabajadoras hasta rebajarla al 8%, consolidando a las plantillas.
-Recuperación del poder adquisitivo perdido y reversión de todos los recortes, incluido el aplicado en el Desarrollo Profesional.
-Reversión de todos los recortes aplicados en los PAC: reapertura y/o restauración de los horarios de atención.
-Cobertura inmediata, total y desde el primer día, en todas las categorías, de todas las jubilaciones, vacantes, bajas y otras ausencias.
-Evaluación de riesgos psicosociales y aplicación de medidas correctoras, con especial énfasis en las cargas de trabajo y en los efectos de la pandemia.
-Medidas efectivas y reales de flexibilidad y/o conciliación de la vida laboral y familiar.
-Resolver los conflictos pendientes sobre turnicidad, complemento de hospitalización (%4), complemento específico y cierre de urgencias de Santiago
-Medidas que faciliten la jubilación anticipada de la plantilla.
El 23 de septiembre del pasado año, el sindicato LAB se concentró ante la sede de la Inspección de Trabajo para denunciar la muerte de un trabajador migrante de 62 años que tuvo lugar en Carcastillo. A su vez, al día siguiente, interpuso denuncia solicitando la investigación del carácter laboral del accidente. Finalmente, la Inspección ha confirmado el mismo como accidente de trabajo “in itinere”, levantando acta de infracción a la empresa por no notificar el accidente en tiempo y forma.
No fue un mero accidente de tráfico, fue un accidente de trabajo “in itinere”. Tampoco fue fruto de la mala suerte, detrás de la muerte del trabajador Arturo Rojas Castaños esta la situación de explotación y precariedad extrema que sufría.
En primer lugar, resulta absolutamente repugnante el actuar de la empresa y la Mutua. Así, tal y como lo constata la propia Inspección de Trabajo, “dicho accidente no había sido calificado como de trabajo ni notificado a la autoridad laboral”. Finalmente, el parte de accidente tuvo entrada en las oficinas de la Inspección el 4 de febrero de 2022, tras la comparecencia del socio y administrador de la empresa tres días antes. Es decir, cometieron una infracción porque actuaron como si nada hubiera ocurrido, como si la vida de los trabajadores y trabajadores no importase nada. Y nada hubieran dicho si LAB no hubiera interpuesto denuncia alguna.
En segundo lugar, la Inspección confirma también las circunstancias de precariedad. “El trabajador residía en Figarol, localidad que se encuentra a unos nueve kilómetros de Carcastillo y desde dicha localidad se desplazaba en bicicleta a Carcastillo para desde allí desplazarse en coche con sus compañeros a la localidad de Olite, que es dónde se ubica la finca en la que recogía tomate”.
Esta es la verdadera realidad que esconde el trabajo en el campo navarro. Condiciones de vida y de trabajo precarias que en muchos casos acaban en explotación o en muerte. Esto último le ocurrió a Arturo Rojas.
La Inspección de Trabajo ha confirmado la parte más obvia, sin embargo, deja sin aclarar las circunstancias que rodean el accidente y el cumplimiento o no de la evaluación de riesgos laborales y las responsabilidades empresariales derivadas de la misma. Junto con el Gobierno de Navarra siguen sin adoptar las medidas oportunas para poner fin a estas situaciones.
LAB continuará ejerciendo su acción sindical convencido de que es la mejor manera de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
En la reunión han participado, por parte de LAB, los miembros de la secretaría de Acción Social Josefina Roco «Txefi» y Endika Pérez, junto a tres representantes de la promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Básica Incondicional (RBI): Mikel Isasi, Angel Abalde e Ignacio Funes.
Durante la misma se han contrastado opiniones y la Comisión Promotora ha transmitido que consideran un éxito el trabajo realizado durante estos últimos cuatro meses donde se han recogido 22.075 firmas, lo que ha permitido cumplir, con creces, el requisito legal de reunir 10.000 firmas, y lograr que la ILP por una RBI en la CAV, sea tramitada, como proposición de ley.
En ese sentido, la promotora ha manifestado su esperanza de que no sea ahora el Parlamento quien rechace dicha Iniciativa Legislativa Popular, y por el contrario se apoye, de forma mayoritaria o unánime, su tramitación como Ley, y que se convierta en una herramienta de política social y económica, que nos permita avanzar hacia una sociedad mejor: capaz de acabar definitivamente con la pobreza, y de poner la vida en el centro. Por parte del sindicato LAB, se han expuesto los ejes recogidos en su prográma socioeconómico renovado y la propuesta del triple reparto.
Tanto la Promotora por la RBI como LAB han coincidido en que es el momento de debatir a fondo las diferencias que se puedan tener sobre esta propuesta y se considera que el Parlamento Vasco es uno de los lugares idóneo para hacerlo. Por ello se pide a los Grupos Parlamentarios voten a favor de que la ILP se tramite como proyecto de ley.
Así mismo, se ha dado un importante nivel de coincidencia en el diagnostico de la situación que atraviesa nuestra sociedad. Compartimos la idea que el actual sistema de protección social, como la RGI actual, son incapaces de resolver aquello para lo que supuestamente fueron implementadas.
Por último, ambas partes nos hemos comprometido a seguir debatiendo, en el corto plazo, sobre las herramientas que son necesarias implementar para hacer posible una sociedad sin pobreza, más igualitaria, en definitiva, una sociedad mejor.
