El ejecutivo de Gasteiz acaba de anunciar el proyecto de ley que unirá la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). LAB analizará en profundidad esta propuesta y realizará sus aportaciones, pero hoy nos gustaría centrarnos en algunas claves que nos parecen fundamentales.
En primer lugar, consideramos que el punto de partida de este anteproyecto es erróneo. Idoia Mendia nos habla del “éxito” del sistema actual y LAB considera que el diagnóstico es justo el contrario. El actual Sistema de Protección Social de la CAPV no hace frente a las actuales situaciones de pobreza y precariedad social. Es un modelo fracasado, es un sistema que cronifica la situación actual.
En base a un modelo asistencialista, la RGI ha sido una prestación que ha ido recortando su cuantía y limitándose como derecho endureciendo las condiciones de acceso año tras año. Por si esto fuera poco, hemos visto cómo se intensificaban las medidas de control de las y los receptores mientras aumentaban las campañas de criminalización y persecución de la pobreza.
En 2021, son 54.145 las personas que perciben la RGI, el 57,8% de las cuales son mujeres y el 42,2% hombres. Del total, el 47,4% recibe complemento a la vivienda, el 23,7% es pensionista y un 16,2% es unidad convivencial monomarental. Asimismo, el 31% de la población en situación de pobreza no recibe ninguna prestacion, y el 52,6% de quienes las reciben no sale de situación de pobreza según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2020. He aquí el modelo de éxito para Mendia.
Es evidente que debemos hablar largo y tendido sobre el empobrecimiento y la exclusión social, sus orígenes y de las medidas para combatirla. Más aún en un contexto de dos años de emergencia sanitaria y de guerra abierta en el corazón de Europa, que han agudizado las crisis económica y social que ya vivimos los y las trabajadoras.
Es urgente reforzar y desarrollar el sistema de protección. Y para ello es necesario garantizar los ingresos de las personas empobrecidos y en situación precaria. Entre otras medidas, estas prestaciones deben equipararse al Salario Mínimo Interprofesional. Aun compartiendo la vivienda, cada persona solicitante debe percibir el importe total de la prestación y la exigencia de empadronamiento debe ampliarse como máximo a un año.
En 2018 la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria presentó más de 50.000 firmas parlamentarias en una ILP sobre la RGI que el tripartito PNV-PSE-PP impidió tramitar. El año pasado, el sindicato LAB registró en el parlamento de Gasteiz el Código Laboral y el proyecto de Ley Seguridad Social de Euskal Herria. En los mismos se recogían propuestas de modificación radical con las competencias actuales, proponiendo, entre otras, medidas a favor de un sistema de protección propio. Los mismos PNV, PSE y PP, esta vez con el voto fascista de Vox, han negado el debate sobre la ILP en torno a la Renta Básica Universal hace unos pocos días.
Por ello, para finalizar, exigimos un debate social amplio y democrático al gobierno de Gasteiz, para que se haga una propuesta que lleve a cabo cambios estructurales que respondan a la realidad de la CAPV y se adopten medidas políticas reales para acabar con la situación de empobrecimiento y precariedad que se están extendiendo en Euskal Herria.
