- Solicitamos a los partidos políticos con representación en Madrid que, de cara a la aprobación de los próximos presupuestos, condicionen sus votos a la aprobación de este derecho. Asimismo, exigimos a los Gobiernos y diferentes Administraciones de Galiza, Hego Euskal Herria y Catalunya, que articulen mecanismos para facilitar la jubilación anticipada de este personal y recuperen aquellos que han sido recortados en los últimos años. Los cuatros sindicatos hemos realizado hoy una comparecencia conjunta.
CIG, ELA, LAB y la Intersindical Catalana reclamamos el reconocimiento, este año 2022, del derecho a la jubilación a los 63 años sin penalización, y a los 60 esta legislatura, del personal de la sanidad y de los sectores sociosanitarios.
Solicitamos del Gobierno que respete, de manera inmediata, el derecho de las y los profesionales de la sanidad y de los sectores sociosanitarios, del ámbito público y privado, a jubilarse a los 63 años, siempre que tengan cotizado el tiempo exigido, y que negocie los cambios legales necesarios para conseguir la jubilación ordinaria a los 60 años durante esta legislatura.
En este sentido, solicitamos a los partidos políticos con representación en Madrid que, prioricen este asunto y que, mostrando su claro compromiso con este personal esencial para la sociedad, de cara a la aprobación de los próximos presupuestos, condicionen sus votos a la aprobación de este derecho.
Asimismo, exigimos a los Gobiernos y diferentes Administraciones de Galiza, Hego Euskal Herria y Catalunya, que articulen mecanismos para facilitar la jubilación anticipada de este personal y recuperen aquellos que han sido recortados en los últimos años como son las primas de jubilación anticipada.
La actual legislación, en materia de Seguridad Social, reconoce el derecho a la jubilación anticipada a las personas trabajadoras incluidas en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social a los 63 años, siempre que tengan cotizados entre 38 y 44 años y 6 meses y que la edad sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso.
Pero la articulación de ese derecho, implica la aplicación de porcentajes de reducción a la cuantía de la pensión que pueden alcanzar hasta el 21% y que no es recuperable al cumplir los 65 años.
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, prevé que la edad mínima de 65 años se pueda rebajar por Real Decreto para grupos o actividades profesionales, categorías y especialidades cuyo trabajo sea de naturaleza penosa, tóxica o peligrosa. También se tendrán en cuenta los efectos del trabajo a turnos (penosidad por trabajar en turnos de noche) y el esfuerzo físico para el desarrollo del trabajo que se realiza.
Reclamamos la aplicación de la Ley 40/2007 para el derecho a la jubilación a los 63 años, sin penalización, este año, para el personal de la sanidad y de los sectores sociosanitarios, incluidas en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
Lo que demandamos es que el personal de la sanidad y de los sectores sociosanitarios que tenga los períodos de cotización recogidos en la norma, y cumpla el requisito de cotización, se pueda jubilar sin las penalizaciones que marca la actual legislación. Y que además perciba el complemento de género.
Esta medida solo precisa la aprobación de un Real Decreto en base a la Ley 40/2007 por lo que las Organizaciones sindicales CIG, ELA, LAB y la Intersindical Catalana solicitaremos reunirnos con las organizaciones políticas presentes en el parlamento español para recabar los apoyos necesarios para su aprobación. A la vista de la actual aritmética parlamentaria, sus votos son decisivos y es por ello que, de cada a la aprobación de los próximos presupuestos, exigimos que prioricen este tema.
También instamos al gobierno a reconocer, durante esta legislatura, el derecho a la jubilación a los 60 años del personal de la sanidad y de los sectores sociosanitarios, del ámbito público y privado, y a que no se vincule este derecho a la planificación de las plantillas actuales o futuras, que depende de decisiones políticas que no pueden, en ningún caso, vulnerar los derechos del personal.
Estamos ante plantillas con una media de edad muy alta (más de 50 años) y con unas condiciones penosas en el desempeño, condiciones que, como consecuencia de las políticas de recortes, privatización y desmantelamiento de los servicios públicos aplicadas los últimos años, hacen imprescindible la articulación de este derecho.
La situación actual de falta de profesionales en la sanidad y en los sectores sociosanitarios es consecuencia de la planificación sanitaria realizada durante los últimos 10 años. Una planificación basada en recortar personal, suprimir puestos de trabajo y adelgazar y privatizar los servicios públicos, poniendo en cuestión el derecho de la sociedad a una prestación de calidad.
Las organizaciones sindicales CIG, ELA, LAB y la Intersindical catalana instamos a que durante esta Legislatura se abra un proceso negociador para la modificación de la Ley 40/2007, para que el personal comprendido en este ámbito de aplicación pueda acceder a la jubilación cuando cumpla los 60 años, y tenga 35 años cotizados.
Para ello, solicitaremos de las organizaciones políticas presentes en el parlamento español el apoyo a este proceso negociador encaminado al reconocimiento de este derecho a la jubilación ordinaria a los 60 años de los profesionales de la sanidad y de los sectores sociosanitarios, del ámbito público y privado.
