LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Hoy, Pedro Sánchez ha presidido el acto de firma del nuevo acuerdo social en materia de pensiones pactado entre los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. Un acuerdo que se ha realizado a nivel estatal y cuyo objetivo es mantener el aumento de la edad legal y los años de cotización necesarios, fomentando la demora en el acceso a la jubilación. En LAB consideramos que este es un acuerdo que no responde a las demandas más urgentes presentadas por la mayoría sindical vasca y el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Por lo contrario, el Gobierno español avanza en políticas neoliberales desarrolladas desde Bruselas, siempre con el aval de los sindicatos que apoyan a la patronal.

El nuevo acuerdo da continuidad a la última reforma de pensiones, a la que LAB viene oponiéndose sistemáticamente, y que busca alargar la edad efectiva de jubilación para lograr un «equilibrio financiero» del sistema de pensiones, mediante la reducción del gasto y, en menor medida, aumentando los ingresos. No nos podemos olvidar que el retraso de la edad de jubilación para reducir el gasto público en pensiones en Hego Euskal Herria supone para muchos colectivos, especialmente los más vulnerables, igualar la edad legal de jubilación con la esperanza de vida.

En este sentido, el documento presenta cambios respecto a la jubilación parcial, la compatibilidad entre pensión y trabajo, el establecimiento de los coeficientes reductores en actividades penosas para la jubilación anticipada o la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social en las bajas derivadas de lesiones traumatológicas. Sobre este último punto, el 2 de agosto denunciamos que este acuerdo profundizará la privatización de la Salud Laboral, en lugar de priorizar la sanidad pública, medida que obedece a una demanda tradicionalmente reivindicada por patronal y mutuas.

Sobre la jubilación parcial, el acuerdo no recupera la situación anterior a la reforma de 2013 en la que era posible acceder a la jubilación parcial 5 años antes de la edad legal, que en esos momentos era de 65 años en lugar de los 66 y 6 meses en 2024 y que llegará a los 67 años en el 2027. Además, quien se acoja a esta medida tendrá su jornada laboral muy poco reducida (entre un 20% y un 33% durante el primer año) y se mantiene igual al modelo anterior en los dos años posteriores, entre el 25% y el 75%. Tampoco mejora el aumento del tiempo cotizado para acceder a la jubilación parcial, que pasó a ser de 33 años.

Sobre la mejora de los incentivos en la jubilación demorada, estas medidas no ayudan al fomento del empleo, menos al empleo digno y de calidad. Al contrario, retrasa el acceso al empleo por parte de las trabajadoras más jóvenes. Por otro lado, sobre la jubilación activa, la compatibilidad entre trabajo y pensión permite compensar la caída de las pensiones nuevas, que en los últimos años están aumentado en cuantía inferior a la inflación, pero al precio de seguir trabajando a edades muy elevadas.

Las políticas de retraso de la edad legal de jubilación aplicadas por el Gobierno español ignoran, por tanto, que en la práctica la mayoría de las trabajadoras opta por jubilarse antes de la edad legal, aunque tengan que ver reducida su pensión. De manera que aquellas que alargarán su jubilación o lo harán por privilegio de clase o, justamente lo contrario, por no poder mantener una vejez digna con una pensión de por sí insuficiente. Este es un acuerdo, por tanto, que contribuye al aumento de la brecha social y de género entre pensionistas, ahondando en la privatización del sistema de seguridad social. Por lo tanto, desde LAB lo rechazamos de forma rotunda.