El acuerdo alcanzado por ELA en la construcción de Gipuzkoa no garantiza la salud de las personas trabajadoras y las condiciones laborales adecuadas para el futuro. ELA ha renunciado a la lucha y ha dejado a un lado las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del sector por llegar a un acuerdo.
En cuanto a los contenidos del acuerdo, teniendo en cuenta que la situación de las empresas de la construcción en Gipuzkoa es buena y que además, hay previsión de mejora en el futuro, la renuncia de ELA a la lucha les ha regalado la paz social por 4 años. Los supuestos avances que contiene el acuerdo no serán reales para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector. Y es que el acuerdo no responde a los mayores problemas existentes en el sector de la construcción: el convenio no se cumple en gran parte del sector y la siniestralidad y el número de muertes laborales es brutal. LAB considera que el convenio debería responder a esta realidad. Por tanto, es evidente que los contenidos no responden a la realidad del sector ni a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.
Las demandas que LAB ha puesto sobre la mesa desde el principio no han sido atendidas en ningún momento, y los problemas que tiene el sector seguirán siendo los mismos. Los retos de LAB han sido claros, subidas salariales por encima del IPC, reducción de jornada que pondría las condiciones de trabajo y vida en el centro, garantías para la aplicación del convenio, límites a la subcontratación y medidas para garantizar la salud laboral.
Este sector, que presenta tasas de mortalidad escalofriantes, demuestra una y otra vez que las caídas en las alturas se producen por no tomar medidas y LAB reclamaba una implementación tasada de las mismas. Sólo en 2024, 11 trabajadores murieron por caídas de altura. Las empresas incumplen la normativa debido a la falta de control y tras la firma de este acuerdo la siniestralidad seguirá aumentando.
LAB va a seguir al lado de los trabajadores y trabajadoras porque este acuerdo no garantiza la salud de las personas trabajadoras ni unas condiciones laborales dignas- LAB seguirá luchando.
Trabajadores y trabajadoras de la empresa pública Nilsa, que se dedica a la construcción y tratamiento de infraestructuras de agua y residuos, se han concentrado hoy en Iruñea para protestar por la grave situación de discriminación salarial y laboral que existe en la empresa desde hace años. Estas y estos profesionales, con diferentes perfiles técnicos y amplia experiencia, han visto bloqueada su progresión salarial desde su incorporación a Nilsa, ya sea por medio de contratos temporales, en prácticas o incluso tras su conversión en indefinidos.
El Comité de Empresa de Nilsa, compuesto por tres delegadas de LAB y dos de UGT, y un nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras de Nilsa, han denunciado junto a la sede de la empresa que esta práctica se traduce en una clara y sostenida discriminación retributiva respecto al resto de la plantilla, a pesar de desempeñar funciones de igual valor. De no corregirse esta situación con carácter urgente, los trabajadores y trabajadoras han advertido que seguirán ejerciendo las acciones colectivas necesarias para defender los derechos de todas las personas que componen la plantilla de Nilsa.
Desde mayo de 2021, la empresa impone unilateralmente un sistema de escalas salariales que penaliza el tipo de contrato de acceso y la antigüedad, vulnerando con ello el principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 5 del Convenio de Oficinas y Despachos de Nafarroa aplicable. Estas escalas se establecieron sin negociación ni acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores y sin aprobación por parte del Consejo de Administración, generando una doble o triple escala salarial injustificable desde cualquier punto de vista legal, ético o social.
Además, la empresa ha incumplido sus propias tablas salariales: a pesar de haber comunicado internamente subidas progresivas asociadas a la antigüedad, en la práctica no las ha aplicado ni a quienes ya habían alcanzado los años requeridos. El Comité de Empresa y las personas afectadas han solicitado en múltiples ocasiones explicaciones y la regularización de su situación, obteniendo únicamente evasivas y promesas que no se han cumplido. Esta política de personal crea en la práctica dos clases de trabajadores y trabajadoras dentro de una misma empresa pública, generando una brecha salarial que no solo es ilegal, sino profundamente inmoral.
Esta política retributiva y carente de transparencia obedece a una estrategia de precarización de las condiciones laborales del sector público y su privatización. Esta estrategia encabezada por el Gobierno de Nafarroa y articulada por la Corporación Pública de Empresas de Navarra (CPEN) con la cooperación necesaria de NILSA atenta contra todos los valores básicos que se deben exigir a las instituciones públicas: integridad, objetividad, honestidad, igualdad y transparencia.
No se trata de un caso aislado sino de una estrategia coordinada que el Gobierno de Nafarroa pretende implantar tanto en las empresas públicas como en el sector público en general. Prueba de ello son las diferentes movilizaciones que se están dando tanto en el sector público como en otras empresas públicas. En ese sentido, la plantilla de NILSA ha querido trasladar su solidaridad a todas ellas, y en especial a las trabajadoras de Intia, y han animado al resto de empresas públicas a que den el paso de denunciar públicamente su situación.
Por tanto, desde el Comité de Empresa de Nilsa quieren denunciar con firmeza esta discriminación y exigen:
La equiparación salarial inmediata para todo el personal afectado, reconociendo su antigüedad real desde el inicio de la relación laboral y eliminando toda distinción en función del tipo de contrato de acceso.
La revisión urgente de las políticas retributivas de Nilsa, garantizando el cumplimiento del principio de igualdad y transparencia en el seno de esta sociedad pública.
El compromiso real del Gobierno de Navarra y de CPEN para erradicar de forma efectiva estas desigualdades dentro de sus empresas públicas, tal como exige la legalidad vigente y los valores básicos del sector público.
El acuerdo firmado por ELA, CCOO y UGT con AENKOMER para regular los años 2025 y 2026 supone una renuncia a mejorar las condiciones de las personas trabajadoras del sector.
Tras meses de negociación sin realizar movilizaciones implicando al sector, el acuerdo conseguido no supone avances reales, manteniendo así la precariedad. Este resultado confirma lo que desde LAB advertíamos cuando el resto de sindicatos firmaron el convenio en 2023 y dejaron los años 2025 y 2026 pendientes de negociar.
En materia salarial, contempla un incremento del IPC para 2025 y 2026 más un 0,6% y 0,5% respectivamente. LAB considera alarmante la falta de movilización del sector durante los meses del proceso de negociación. La falta de concentraciones y otro tipo de movilizaciones debilita la capacidad de presión. Con una mayor implicación y movilización, LAB está convencida de que se podrían haber alcanzado mejoras más significativas.
Tampoco hay mejora en la jornada laboral. Se mantiene la jornada de 40 horas semanales, es decir 1.744 horas anuales, las misma jornada desde 2021. En los últimos 8 años solo se han reducido 4 horas en la jornada anual. Se vuelve a ignorar la necesidad de descanso y de la conciliación imprescindibles para este sector. Las vacaciones siguen intactas, 30 días naturales, las mismas que en 2018. Esta mejora sigue estancada.
Este acuerdo firmado para los años 2025 y 2026 confirma que se ha desperdiciado una oportunidad para movilizar e implicar al sector en la lucha para mejorar sus condiciones laborales y así dignificar las vidas de las personas trabajadoras. Además se ha optado por una postura de comodidad llevada por la inercia.
Desde LAB queremos remarcar que estos acuerdos debían de haberse cerrado en la negociación inicial de 2023. Al no hacerlo, se vuelve a consolidar la precariedad en el sector. Las trabajadoras merecen subidas salariales que mejoren notablemente sus condiciones y jornadas laborales que hagan posible una conciliación digna y efectiva.
LAB siempre estará en la lucha para mejorar las condiciones de vida y trabajo, porque es la única manera en la que entiende el sindicalismo.
l de los supermercados es un sector feminizado es el de los supermercados, la mayoría de las trabajadoras son mujeres* y están condenadas a jornadas parciales. Tienen grandes cargas de trabajo, las bajas no son sustituidas y las trabajadores que quedan tienen que cubrir toda esa carga de trabajo. Esto implica adaptar los horarios y calendarios de las trabajadores, por lo que no tienen ninguna posibilidad de conciliación.
El año pasado, Mercadona obtuvo unos beneficios de 1.384 millones de euros, lo que no se refleja en ningún caso en los salarios de sus plantillas, a pesar de que esos beneficios se obtienen con su sudor.
Además, y en lo que respecta a la salud laboral, Mercadona prefiere gastar el dinero en mutuas en lugar de hacerlo en prevención. Con frecuencia, las y los trabajadores se han reincorporado al trabajo de forma incompleta y en mal estado de salud debido a la presión recibida. Y eso es inaceptable.
Por si todo esto fuera poco, actualmente Mercadona tiene un convenio de empresa que se negocia en Madrid. LAB tiene claro que todas las trabajadoras y trabajadores que trabajan aquí tienen que decidir aquí, negociando aquí sus convenios. Porque sólo así conseguirán tener un acuerdo basado en la realidad que tenemos aquí.
Ante esta actitud, LAB señala que tendrá a Mercadona enfrente. «Queremos decirle a las trabajadores que esta situación se puede cambiar. Para ello las llamamos a organizarse y a luchar. En este camino, las trabajadoras tendrán a LAB como compañera de viaje”, han señalado las representantes del sindicato en la movilización de hoy.
Abre la puerta al riesgo de dar pasos atrás en la euskaldunización de la administración.
El PNV ha registrado en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley de modificación de la Ley de Empleo Público para, según sus palabras, «adecuar los perfiles lingüísticos a la realidad de cada institución, con criterios de proporcionalidad» y eliminando todo índice de obligado cumplimiento. En plena ofensiva judicial contra la euskaldunización de la Administración, esta iniciativa pretende, al parecer, proteger y garantizar la seguridad jurídica del euskera en los procesos selectivos públicos.
En cambio, LAB considera que las medidas contenidas en la Proposición de Ley “abren de par en par las puertas al riesgo de que ocurra exactamente lo contrario”. La propuesta no incluye ningún criterio concreto y verificable a cumplir por las administraciones, situando la cuantía de las medidas en un ámbito difuso de «criterios de proporcionalidad» indeterminados y arbitrarios. Es decir, si se elimina el límite objetivo del Índice de Preceptividad, quedará en manos de la voluntad de la o el responsable institucional en cada momento el establecimiento del porcentaje de plazas con perfil lingüístico. Sin límites por arriba, pero tampoco sin mínimos que cumplir. Y es que cuando el establecimiento de medidas políticas se deja sin ninguna limitación en manos de agentes que no tienen ninguna voluntad de normalizar el euskera, su resultado va en detrimento del euskera y de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes. LAB defiende que las administraciones tengan autonomía para adaptar la política lingüística a favor de la euskaldunización; pero esta autonomía no se puede aprovechar en ningún caso para hacer una política lingüística contraria al euskera y a las personas euskaldunes.
En la actualidad, El Índice de Preceptividad a cumplir por cada Administración se obtiene sumando el porcentaje de euskaldunes dentro de dicha Administración y la mitad del porcentaje de casi-euskaldunes. Estta cifra es la que establece el porcentaje de puestos de trabajo entre el total de puestos de trabajo de dicha Administración que deben tener perfil lingüístico de euskera (sin olvidar que el 100% de los puestos de trabajo tienen la obligación de conocer el castellano).
La supresión del Índice de Preceptividad, como propone la iniciativa del PNV, no solucionará nada, ni limitar los golpes judiciales de los juzgados. Al contrario, el Índice de Preceptividad ha sido uno de los pocos límites que las resoluciones judiciales no podían superar.
Si se suprime, será la mera voluntad de las y los jueces la que establezca la cuantía de la exigencia; tal y como han demostrado reiteradamente con su voluntad euskarófoba. Porque si, según el Índice, el porcentaje a establecer en este momento debe ser la suma de euskaldunes y la mitad de casi-euskaldunes, si esto se suprime, qué le impedirá a un juez ordenar que el porcentaje de puestos de trabajo que deben tener perfil de euskera debe ser únicamente el porcentaje de euskaldunes (sin contar los casi-euskaldunes), con el argumento de que esto es más «proporcional». O que bajando un peldaño, prometer que el porcentaje debe depender del porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que soliciten relacionarse con esa administración en euskera. O bajando un poco más, prometer que el porcentaje debe depender del uso del euskara en la calle. Con esta reforma legal la voluntad euskarófoba de las y los jueces no tendrá ningún límite; ya cualquier exigencia de euskera les podrá parecer «desproporcionada». Y también se abren las puertas al riesgo de que algunos agentes planteen una batalla político-judicial con cada OPE.
En definitiva, en contra de lo manifestado por los proponentes, esta Proposición de Ley deja en una situación de inseguridad jurídica el proceso de normalización del euskera en la administración y los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.
LAB considera imprescindible reformar la Ley de Empleo Público para hacer frente a la ofensiva judicial y dar el salto en la euskaldunización de la administración pública. Pero esa reforma debe ser en la dirección correcta, no vale cualquier reforma. La dirección correcta es la que recoge la propuesta de reforma que ha presentado EH Bildu por su parte: establecer los perfiles lingüísticos del euskera para todos los puestos de trabajo públicos, al igual que se hace con el castellano, es decir, equiparar las exigencias de euskera y castellano; establecer una gestión flexible en función del contexto sociolingüístico y, aumentar los recursos y las liberaciones para posibilitar la euskaldunización de todas y todos los empleados públicos.
LAB hace un llamamiento tanto a partidos y sindicatos euskaltzales como al movimiento social a favor del euskera a construir consensos y colaborar para poner en vigor un nuevo paradigma para la euskaldunización integral de la administración.
Para fomentar el trabajo conjunto, contra cualquier retroceso en los derechos lingüísticos de las los euskaldunes y para reivindicar nuevos saltos cualitativos en la euskaldunización de la administración, LAB promoverá el próximo curso movilizaciones contundentes.
La grave situación que atraviesan los servicios de urgencias de Usansolo y Gernika es consecuencia directa de la falta de previsión, organización y voluntad de respuesta por parte de la Dirección de Osakidetza.
Durante años, el sistema sanitario público se ha ido debilitando por los recortes y un modelo de gestión basado en la privatización. La falta de una adecuada planificación de los recursos humanos y de medidas estructurales eficaces han llevado paulatinamente al colapso de los servicios, especialmente en los de urgencia.
Frente al aumento de la presión asistencial, la única respuesta que ofrece la Dirección es la sobrecarga del personal mediante horas extra, sin aportar soluciones reales ni reforzar adecuadamente las plantillas. Esta estrategia de parcheo, lejos de resolver los problemas, ha generado un profundo malestar entre las y los profesionales, que sufren desde hace tiempo situaciones de estrés, desgaste emocional y desafección.
En el servicio de urgencias, esta realidad ha sido trasladada a Salud Laboral, que tras realizar los reconocimientos de salud laboral ha remitido un informe a la dirección de personal. Siendo los resultados los que son, la Dirección no ha adoptado medidas contundentes ni compromiso con el bienestar y la calidad de la atención a las y los trabajadores.
Especialmente preocupante es la situación en Gernika, donde la apertura del servicio de urgencias está en entredicho. Pese a que la Dirección niega públicamente esta posibilidad, la falta de soluciones concretas y la improvisación constante reflejan una grave irresponsabilidad. Se buscan profesionales de forma desesperada, incluso fuera del ámbito habitual, en lugar de establecer una estrategia sólida y sostenible.
La llegada del verano agrava aún más un escenario ya crítico, y la Dirección sigue sin mostrar un conocimiento real de las necesidades del sistema ni voluntad de atajar el problema de raíz. Lejos de priorizar el refuerzo del personal y la planificación a medio plazo, continúa actuando de forma reactiva y descoordinada.
La plantilla lleva tiempo advirtiendo de esta deriva y exigiendo cambios. La situación actual no es una sorpresa, sino el resultado directo de una gestión ineficaz y desconectada de la realidad asistencial.
LAB denuncia que la situación actual es consecuencia directa de años de recortes, externalizaciones y una gestión centrada únicamente en criterios económicos. La Dirección de Osakidetza ha ignorado las advertencias de la plantilla y de los sindicatos, y en lugar de tomar medidas estructurales, ha optado por soluciones temporales que solo agravan la sobrecarga y el desgaste profesional.
LAB exige una respuesta inmediata y real: refuerzo de personal, planificación a largo plazo y un compromiso firme con la sanidad pública y con quienes la sostienen cada día.
LAB ha presentado una propuesta para desarrollar una política industrial de transición ecosocial que responda a las necesidades sociales del territorio y que sea ecológicamente sostenible. El sindicato ha denunciado que el plan del Gobierno Vasco está dirigido a dotar de más dinero público a las empresas privadas pero a establecer menos obligaciones.
LAB ha presentado en Bilbo una propuesta que recoge sobre qué bases se debería construir una política industrial que responda a la transición ecosocial. Igor Arroyo, coordinador general de LAB, ha explicado que las políticas actuales se pueden resumir en “más dinero público y menos obligaciones para las empresas”, pero que eso no garantiza ni la transición ecosocial ni el empleo: “Las empresas piden más ayudas mientras priorizan los beneficios, ralentizan la transición y precarizan el empleo”.
Ante ello, Arroyo ha destacado la necesidad de un cambio de 180 grados y desarrollar una política industrial ecológicamente sostenible que responda a las necesidades sociales de nuestro territorio y, al mismo tiempo, garantice el derecho al empleo de las y los trabajadores. “Para ello habría que transformar varios sectores, reduciendo las emisiones, la energía y los materiales”, ha señalado
LAB considera que el cambio que necesita la política industrial se debe sustentar en cuatro pilares:
1. No a la expansión de la industria armamentística, sí a la industria socialmente necesaria y ecológicamente sostenible. LAB se opone firmemente a la expansión de la industria armamentística, puesto que sustrae recursos socialmente necesarios para alimentar la escalada belicista. Por ello, critica la hipocresía del Gobierno Vasco porque mientras habla de paz y valores impulsa la maquinaria de guerra. El rearme no aumenta la seguridad, sino más bien lo contrario.
2. Intervención pública para planificar la transición industrial: propiedad pública, condicionalidad y legislación antideslocalización. La lógica perversa que socializa las inversiones y privatiza los beneficios debe acabar. Las grandes corporaciones se benefician de la política fiscal, las ayudas, las infraestructuras y los ERTE, y su actividad no revierte en el territorio. LAB pide una planificación industrial real, con una participación real y vinculante de los sindicatos. Los gobiernos de la CAV y Nafarroa deben impulsar proyectos industriales de propiedad pública y las empresas que reciben ayudas deben tener prhobido repartir dividendos y deben mantener el empleo. Asimismo, se debe reforzar la legislación contra las deslocalizaciones y evitar que las empresas que reciben ayudas públicas destruyan o empeoren el empleo. Si es así, deben ser sancionados.
3. Llevar la negociación colectiva a la descarbonización y apostar por la inversión privada. Las empresas toman decisiones sobre el empleo en base a planes de descarbonización sobre los que no hay ninguna garantía de cumplimiento. Se debe reconocer la participación sindical en la descarbonización de la industria. Además, las empresas con beneficios millonarios deben destinar las ganancias a la inversión productiva que exige la transición energética.
4. Reducción de jornada y empleo digno: repartir, reconvertir y recualificar. Debemos avanzar hacia una semana de trabajo de 30 horas que redistribuya la carga de trabajo y amortigüe las transformaciones. Además, LAB apuesta por eliminar toda discriminación en la contratación y promoción de mujeres* en la industria. Junto a ello, las empresas deben impulsar mejoras laborales que dignifiquen el empleo; como la limitación de la subcontratación, la subrogación y la prevención de riesgos laborales. Se debe asegurar la formación y la recualificación hacia nuevos segmentos productivos y las mesas de reindustrialización deben ser obligatorias para aquellas empresas que tengan previsto el cierre o reducción de la actividad.
El Gobierno Vasco, en su línea
Además de presentar los pilares principales de la propuesta de LAB, el sindicato también ha valorado el Plan de Industria que ha presentado recientemente el Gobierno Vasco; no para bien, ya que no responde a la transformación que LAB reclama en su propuesta, según Kris Gete, responsable de la Federación de Industria de LAB. De hecho, Gete ha señalado que lo presentado por el Gobierno Vasco es una continuación de la política industrial de las últimas décadas: “La receta es la misma que hasta ahora: dotar de más dinero público a las empresas privadas y establecer menos obligaciones”. Ha explicado que se trata de un plan dirigido a las industrias a las que hoy les va bien y que, además, no incrementará el control público y la planificación industrial, ni garantizará el mantenimiento del empleo en los procesos de transformación.
Precisamente, el plan del Gobierno no es suficiente para una planificación industrial no es suficiente, según Gete, por varias razones: porque los proyectos transformadores que incluye responden principalmente a proyectos de grandes empresas ya en marcha; porque está lejos de ser una planificación con una ruta creíble para la descarbonización industrial; porque somete a beneficios privados la transición energética y el desarrollo de infraestructuras; porque no hay planificación sobre las transformaciones industriales más urgentes; y porque no se hace referencia explícita a la industria militar, aunque el Gobierno ha mostrado su voluntad de aprovechar el impulso que se le quiere dar a la industria militar a nivel europeo.
Gete ha denunciado la «absoluta» falta de medidas para garantizar un empleo de calidad y la participación de las y los trabajadores. En las condiciones de las ayudas públicas a las empresas privadas para impulsar su transformación industrial no se hace referencia al mantenimiento de los puestos de trabajo ni a las medidas que se adoptarán para impedir su deslocalización. Gete ha denunciado, además, que en el desarrollo del plan no ha habido participación de las y los trabajadores de la industria: “Es un plan que no ha contado con su representación”.
Para finalizar, Gete ha destacado la importancia de la acción sindical para “garantizar el derecho al empleo y lograr una verdadera transición energética en Euskal Herria”.
El Departamento de Salud está sometido a las directrices del lobby a favor de la privatización, modificando a su antojo la metodología establecida por el propio departamento en la mesa.
El martes y el miércoles se reunieron los grupos de trabajo de colaboración público-privada y de cartera de servicios. A pesar de que estos grupos de trabajo cumplieron con su labor y presentaron sus propuestas en la Mesa de Salud el día 11 de junio, el consenso alcanzado por las mayorías no gustó al Departamento de Salud y a los partidos que componen el Gobierno Vasco. Sin ningún escrúpulo para cambiar lo que no les gusta, el Departamento de Salud nos quiere imponer una visión para continuar con la privatización, haciendo caso al lobby privatizador.
El Gobierno, que quiere representar el consenso y el acuerdo, impone por tanto el veto a propuestas que no le gustan y ha decidido establecer la decisión de mantener la privatización en los grupos de trabajo. Ha sepultado el objetivo que acordamos por mayoría en el grupo de la colaboración público-privada; ofrecer el Sistema Público de Salud con recursos públicos y propios y reducir su dependencia del sector privado, recurriendo a él solo en situaciones excepcionales. Y en el grupo de trabajo de cartera de servicios, ha modificado el documento aprobado con total consenso por parte de sus integrantes, rechazando por completo los objetivos y acciones para poner en marcha un plan de publificación de la cartera de servicios.
El Departamento de Salud ha montado bien el teatro de su imposición. Por un lado, ha inventado que el documento del grupo de trabajo de la colaboración público-privada ha sido un documento sin consenso. Al parecer, solo le vale un amplio consenso cuando hay decisiones que le gustan. Y, en segundo lugar, ha impuesto someter sus propuestas a votación para continuar con esa farsa, convocando a todos los agentes que no han participado en los grupos de trabajo e impulsando nuevas votaciones. Esta dinámica de sumisión al lobby a favor de la privatización no tiene límites.
Los agentes que participamos en la Mesa de Salud defendemos dos modelos antagónicos que están frente a frente. El modelo de los que queremos fortalecer el Sistema Público de Salud y transformar y recortar las políticas privatizadoras que se han venido haciendo hasta ahora, y el modelo de los que quieren mantener la privatización y seguir haciendo negocio con ello.
Tanto para apostar por el sistema público como para acabar con las políticas de privatización y concertación son necesarias voluntades y compromisos concretos.. El nudo principal es lo que han bautizado como colaboración público-privada, y lamentablemente esta semana, más que desatarlo ese nudo se ha apretado aún más. Tal y como anunciamos, para LAB esto es determinante para fijar su posición respecto o estar o no en el pacto sanitario. El sindicato anunciará su decisión en los próximos días.
Los sindicatos LAB, ELA, ESK, STEILAS, CGT/LKN, HIRU, EHNE y Etxalde, junto con Sare Herritarra, hemos realizado hoy movilizaciones en Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea para reivindicar la vuelta a casa de las y los presos vascos y una resolución integral.
El responsable de Acción Social de LAB, Endika Pérez, ha señalado en la movilización de Bilbo que “es hora de cerrar una etapa, de que toda y todos los presos políticos vascos estén en libertad”. Ha destacado que el cierre de esta etapa es “de justicia”: “Ha habido muchas personas que han causado y han sufrido daños en 50 años de conflicto armado. Las víctimas de ETA han recibido el reconocimiento y los autores de los actos de violencia han cumplido largas condenas bajo la injusta política penitenciaria de excepción. Sin embargo, el Estado español no ha reconocido a las victimas que ha causado y apenas ha habido procedimientos judiciales contra esta violencia. Ha destacado que este «desequilibrio» no se soluciona con más cárceles, “sino con el reconocimiento de todas las víctimas y con la asunción de responsabilidades propias”.
Pérez ha subrayado que la vuelta a casa de todas y todos los presos políticos vascos contribuirá a cerrar la etapa del conflicto y a estabilizar la de la convivencia, y ha subrayado que LAB reivindica la convivencia, en el sentido más profundo de la palabra: «Al igual que en el mundo, en Euskal Herria queremos que todas y todoss los ciudadanos sean dueños de sus derechos. Queremos que tengan una vida digna. Queremos dejar atrás todo tipo de violencia, exclusión y expropiación».
Aquí, la declaración leída en las movilizaciones de hoy:
Sare y la mayoría sindical vasca, nos reunimos hoy para llevar a cabo la segunda y última movilización convocada este curso 2024-2025. Una vez más, la mayoría sindical vasca se une a Sare Herritarra, a la reivindicación de la superación de las consecuencias creadas por años de conflicto y, por supuesto, a la reivindicación de paz, resolución y convivencia.
El año que viene se cumplirán 15 años desde que ETA abandonara su actividad armada y todavía la sociedad vasca sigue padeciendo las consecuencias de tanto sufrimiento. Los sindicatos reunidos hoy, nos reafirmamos en nuestro compromiso de trabajar para aportar en aras de dar el salto a escenarios de convivencia que tanto ansía nuestra sociedad. Porque es necesario, si queremos mirar hacia el futuro, dar por solucionadas las consecuencias que nos amarran al pasado.
Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de las victimas que ha dejado el sufrimiento al que hacemos referencia. Y nos referimos a la necesidad que tienen todas esas victimas de conocer la verdad y ser reparadas y reconocidas por las instituciones. Y hablamos tambien de esos 56 presos vascos que, como consecuencia de esas leyes y políticas de excepción, están cumpliendo sus condenas en régimen cerrado, así como de los exiliados y deportados.
Es responsabilidad de partidos, agentes sociales y políticos, sindicatos y, de la sociedad de Euskal Herria en general, aportar para llegar a escenarios de convivencia. Es responsabilidad de todos nosotros seguir trabajando por la resolución, aportando cada cual desde nuestra posición.
Los sindicatos que representamos a la mayoría de la clase trabajadora vasca nos reafirmamos hoy con ese compromiso. Nos reafirmamos con el compromiso de aportar en la resolución de las consecuencias del conflicto. No dejemos alargar más el sufrimiento.
Los y las presas, refugiadas y deportadas vascas a los centros de trabajo!
