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Jaime Iribarren Iriarte, responsable de Acción Social de LAB en Nafarroa, escribe un artículo de opinión sobre pensiones dignas. El texto puede leerse a continuación:

Dicen que somos un pueblo solidario. A mí me gusta más cuando nos describen como un pueblo luchador porque la mejor forma de construir una sociedad solidaria es movilizarse contra todo tipo de injusticias.

Tras una larga vida en la “población activa”, la Seguridad Social contempla el derecho a cobrar una pensión de vejez. El problema es que a la hora de que te hagan el finiquito de por vida, no se contabiliza el trabajo realizado sino el montante cotizado durante los años legalmente trabajados. En principio parece lógico, pero no lo es tanto.

Trabajo y empleo no son lo mismo. Mientras el trabajo es el resultado de una actividad que no tiene por qué ser remunerada, el empleo es un trabajo que se practica a cambio de un salario. Por eso, hay que reconocer los trabajos no remunerados, mayoritariamente de cuidados y realizados por mujeres. Muchas mujeres, después de toda una vida trabajando se encuentran con la heladora realidad de no haber contizado nada, o no lo suficiente, y son condenadas a una mísera pensión no contributiva o a seguir dependiendo de la pensión de su pareja.

Por otro lado, tenemos esa segunda brecha que parte del trabajo remunerado precarizado y condicionado por el sesgo de género. La persona que ha trabajado en un puesto salarialmente precarizado ha aportado a la sociedad como la que más. No es justo que porque ciertos empleos, principalmente feminizados, se infravaloren económicamente, las futuras pensionistas tengan que ser penalizadas también en la recta final de sus vidas. En la actualidad, si trabajas limpiando la Plaza del Castillo de Iruñea, generalmente hombre, tu sueldo será superior a la de quien trabaja limpiando un centro educativo, generalmente mujer. Encima de que te pagan menos también te cotizan menos. Tenemos que combatir la brecha salarial para corregir la brecha pensionista en los trabajos asalariados.

Para tener derecho a una pensión contributiva, la ley exige que hayas cotizado un mínimo de quince años y para realizar el cálculo de la cuantía que te pertenece se tiene en consideración las bases de cotización de los últimos 25 ó 29 años, descontando, en este último caso, los dos que menos te interesen. El problema es que muchas mujeres no han podido trabajar tantos años bajo la cobertura de un contrato y esto les condena a cobrar pensiones que no llegan ni al mínimo estipulado, por lo que deben ser complementadas a mínimos. El patriarcado tiene que ser sancionado con el reconocimiento de pensiones dignas para todas las mujeres que han sido injustamente discriminadas.

Hoy en día la pensión mínima contributiva asciende a 743 €. Este tipo de pensiones son cuestión de Estado. La Constitución del 78 reconoce la posibilidad de transferir a Navarra las competencias completas de la Seguridad Social, cuestión necesaria desde una perspectiva organizativa y operativa. Pero lo cierto es que sigue siendo una competencia secuestrada por Madrid. La asunción de esta competencia es urgente y necesaria, pero no nos puede llevar a engaños. Llegará, pero mientras Madrid ostente la potestad de imponer su criterio ejerciendo la competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica, la falta de soberanía seguirá impidendo que diseñemos un sistema público propio de pensiones que responda a nuestra realidad socioeconómica como pueblo.

Los defensores de la caja única que alegan un principio de solidaridad financiera, en realidad están imponiendo un marco tramposo que provoca claramente una situación de desigualdad y desamparo competencial que nos impide hacer frente a nuestras propias necesidades. A nadie se le escapa que el costo de la vida aquí y allí no es el mismo, por lo que imponer una pensión única e igual para todo el territorio estatal provoca desigualdad, justo lo contrario de lo que alegan los defensores de la Constitución.

La realidad es que siendo nuestro pueblo un lugar donde la carestía de la vida es mayor que en otros puntos del Estado, no menos cierto es que tenemos capacidad económica para responder al reto pensionista. Faltan las herramientas.

Mientras tanto debemos solucionar el problema parcheando. Sí, lo que proponemos desde la Iniciativa Social “Ahora 1.080€ Orain” es un parche para que al menos desde la hacienda navarra complementemos la pensión mínima que impone Madrid hasta los 1.080 €. Dicho de otra manera, para que toda persona que tenga una pensión contributiva pueda encender la calefacción este invierno.

Esta reivindicación es urgente para la mejora de las condiciones de vida de los pensionistas de ahora; es palanca para gantizar una vida digna a las pensionistas del futuro y abre el debate pertinente de avanzar más allá de soluciones parciales abordando la necesidad de ampliar la capacidad competencial y de soberanía de nuestra tierra.

En este caso igualdad no es sinónimo de equidad. La discriminación se corrige discriminando positivamente. Ha llegado la hora de demostrar que somos un pueblo que lucha y reivindica derechos, tal y como lo hemos hecho el 11 de noviembre en Iruñea para pedir al Parlamento de Nafarroa que complemente las pensiones mínimas y no dé la espalda a esta reivindicación básicamente feminista. Casi 7 de cada 10 personas que no llegan a cobrar 1.080 € son mujeres. Y el 30 de noviembre, no queda otra, todas y todos a la Huelga Feminista General.