Queremos hacer pública denuncia de la situación que están sufriendo las trabajadoras de las viviendas con apoyo de salud mental gestionadas por la empresa Avanvida SL en Iruñerria a través de su fundación Mejorando cada Día. A juicio de este sindicato, la situación es insostenible.
Actualmente hay siete trabajadoras en plantilla, de las que únicamente dos son fijas. Funcionar con personal eventual es la norma para esta empresa, siempre con más de un 80% de eventualidad. Las trabajadoras concatenan contratos eventuales y cuando tienen que hacerlas fijas no les renuevan el contrato, y las dejan en la calle, para contratar a otra persona para ese puesto. Las necesidades del servicio no cambian, por lo que no está justificada esta forma de proceder. ¿Por qué habiendo puestos de trabajo estructuales no hacen fijo al personal? LAB está convencido que este proceder es fraudulento, ya que son despidos encubiertos.
En cuanto al convenio, hay muchas cosas que la empresa no cumple. Las trabajadoras llevan meses pidiendo el calendario laboral y hasta hoy, no se lo han dado. Las trabajadoras no tienen un calendario estable de trabajo, no saben cuándo tienen que ir a trabajar, va todo sobre la marcha y hacen modificaciones constantes para tapar las necesidades de la empresa.
Por otra parte, los excesos de jornada son constantes y cuando las trabajadoras tienen que hacer turnos de guardia, no se cumplen los descansos ni se compensan como es debido. Las trabajadoras no piden nada extraordinario, simplemente que se cumplan las bases que debe cumplir cualquier tipo de puesto de trabajo.
La situación es grave. Agravada, además, porque la empresa no cumple con los requerimientos de la representación legal de las trabajadoras: no hay información, no hay respuesta, no interlocución, no hay evaluación de puestos de trabajo, tampoco seguimiento de la salud laboral psicosocial, tan importante en los servicios que trabajan con personas.
Para terminar, LAB quiere transmitir el descontento de las trabajadoras sobre el trato que reciben, ya que en reiteradas ocasiones se ha dudado de su profesionalidad utilizando fórmulas de acoso emocional y psicológico hacia ellas. Existen bajas laborales por este motivo.
LAB quiere pedir a la entidad que acabe con esta situación, que asuma sus responsabilidades y que trate a su plantilla con respeto, dignidad y buen trato. De no ser así, este sindicato seguirá denunciando la situación públicamente.
Trabajadores y trabajadoras de la Diputación se han movilizado en Bilbo, ante el Palacio Foral, para denunciar la supresión de puestos de psicóloga que trabajan en el ámbito de la violencia machista. “Contra la violencia machista no sobra nadie”, han señalado.
El Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia creado en el año 1987, es el Servicio Especializado que atiende a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas de Bizkaia. Desde su creación y a lo largo de los años ha sido un servicio que se ha caracterizado por ser innovador y pionero en la creación de nuevos programas y servicios en la atención de las víctimas de violencia, con el objetivo claro de llegar a todas ellas, a todas las mujeres* y a sus hijas e hijos.
El Servicio de Mujer e Intervención Familiar se ha ido adaptando a lo largo de estos años, a las necesidades de las víctimas de violencia machista, incorporando la perspectiva de género y los cambios sociales en la atención de esta problemática.
El actual equipo de este Servicio está conformado por: 4 Trabajadoras Sociales, 4 Psicólogas, 6 administrativas, y un Técnico de Administración General. Este equipo interdisciplinar permite atender desde un marco global e integral las necesidades de las mujeres* y sus hijos e hijas. Desde su creación, siempre se ha tenido en cuenta la necesidad de trabajar de forma interdisciplinar.
La violencia machista tiene un fuerte impacto tanto social como psicológico en las personas que la sufren. Por ello es tan necesario una visión integral y global durante todo el proceso de atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia machista.
Desde el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, se ha propuesto la amortización de 3 puestos de Psicóloga con más de 15 años de experiencia y con formación especializada en violencia machista, lo que supone una mirada reduccionista y una gran pérdida en la calidad de la atención de las víctimas.
Siendo competencia de este servicio trabajar en la erradicación de la violencia machista en Bizkaia, esta supresión de profesionales del ámbito de la psicología resulta incomprensible, máxime cuando la violencia machista tiene un impacto directo sobre la salud psicológica, afectiva y emocional de cada una de las personas que lo soportan: cualquier mujer* y sus hijos e hijas.
Hemos impugnado los pliegos que rigen la privatización de los servicios de almacenes por suponer la pérdida de puestos de trabajo en la actual plantilla.
Osakidetza, en esta ocasión, pretende desmantelar la red de almacenes de Osakidetza usando como coartada la figura del diálogo competitivo, y vinculando de manera tendenciosa la construcción de la plataforma logística con la gestión de la misma. Para explicarlo claramente es como si se vinculase desde un inicio la construcción de un hospital a que tenga que ser dotado con personal privado.
El pliego es, para este sindicato, un despropósito, en el que se incurre en inexactitudes, ambigüedades calculadas y abiertas falsedades. Asimismo, hemos identificado diferentes cuestiones que colisionan con la Ley de Contratos del Sector Público y que deberían llevar a la suspensión del mismo.
Debemos recordar también, que Osakidetza está rompiendo el compromiso de no externalizar realizado en el año 2008 por medio del decreto-106/2008 de 3 de junio, por Juan José Ibarretxe.
Osakidetza utiliza, entre toda esa mezcla de inexactitudes y falsedades, 2 mantras:
Desprecio a la capacidad de la plantilla: a pesar de que los 24 almacenes, suministran a día de hoy a los hospitales, centros de salud, consultorios, redes de salud mental y residencias, Osakidetza, insiste, como en otras ocasiones, en devaluar la capacidad del personal que trabaja en los almacenes, al considerar que no son capaces de gestionar el nuevo almacén y por ello justifica su privatización. Día tras día desde hace décadas, nuestros y nuestras compañeras vienen realizando esa actividad con normalidad.
Asimismo, LAB quiere aclarar que, si hiciese falta alguna preparación complementaria en caso de construirse una nueva plataforma logística, es responsabilidad de Osakidetza formar al personal de los almacenes como se hace continuamente con otras categorías. Pero la plantilla debe conocer que cuando promueven privatizaciones como esta, una de las justificaciones es la falta de capacidad de los empleados y empleadas actuales. Es hiriente leer afirmaciones como esa en los pliegos, pero es coherente con la actitud que mantiene la dirección día tras día, de desprecio hacia los y las trabajadoras del ente.
Es de reseñar que las mismas personas que vienen realizando expedientes de externalización y que valoran que el personal de almacenes no está capacitado, contraten los servicios de un asesor en gestión de expedientes de externalización (exp. 2023/00177) para hacer frente a la estrategia de este sindicato de estudiar todas las licitaciones e impugnar aquellas que destruyen empleo público. Es decir, quienes promueven privatizaciones como esta, desde dentro de la administración, cuando tienen necesidades formativas para hacer frente a la estrategia de un sindicato, contratan esa formación complementaria, pero cuando se trata de celadores y celadoras, operarios y operarias de servicios, conductores y conductoras de servicios generales… optan por privatizar directamente dando por hecho que son incapaces de hacer su trabajo.
El mantra de la falta de medios: La dirección vuelve a utilizar la falta de medios como supuesta justificación para proceder a esta privatización. La existencia de listas de contratación, con una disciplina en la que se recoge incluso un régimen sancionador a quienes voluntariamente se inscriben en las mismas y no cumplen ciertas obligaciones, es la prueba más contundente de la existencia de medios. De hecho, hay miles de personas en esas listas esperando una llamada de Osakidetza para trabajar, pero Osakidetza es capaz de seguir defendiendo la falta de medios propios para acometer esta tarea en los almacenes.
La vía de la impugnación de los pliegos está abierta por LAB, es una actuación que complementa las movilizaciones que, paralelamente, se han venido realizando por los y las compañeras de almacenes. Esas movilizaciones deben continuar para lograr replantear el diseño de la plataforma logística. Animamos al resto de la plantilla y ciudadanía a que, utilizando un caso tan flagrante como este, se cuestione la política de privatizaciones que lleva materializando la dirección actual de Osakidetza, que responde a un modelo, además, en muchas ocasiones fraudulento, como denunciamos hace unas semanas en la gestión de los contratos menores, con 8 millones de euros en fraccionamientos.
En varios países de la Unión Europea se han intensificado las protestas de los y las trabajadoras del sector primario para denunciar que se les niega un futuro digno debido a las políticas noliberales. Los Tratados de Libre Comercio y el modelo industrial para hacer negocio con el derecho a la alimentación no han dejado de precarizar las condiciones laborales de baserritarras y trabajadores y trabajadoras rurales, así como de vulnerar el derecho a una alimentación de cercanía, saludable y de calidad al conjunto de la población.
El sindicato LAB cree que hay que transformar profundamente la política agraria y dar paso a un modelo basado en la regulación del mercado para profundizar en la agroecología, dignificar las condiociones laborales de los y las trabajadoras del sector y dar pasos hacia la soberanía alimentaria. El contexto ecológico y social en el que nos encontramos exige por tanto una profunda transformación, y el sindicato LAB va a ser compañero de viaje en esta lucha.
El sindicato LAB apoya la concentración de tractores convocada el 9 de febrero por ENHE Bizkaia y ENBA Bizkaia y llama a participar en la feria transparente, así como a otras movilizaciones que se organicen con estas reivindicaciones.
Se van a destinar un total de 129 millones de euros de dinero público a financiar la actividad de empresas privadas y se van a destruir puestos de trabajo en Osakidetza. Así, coincidiendo con la convocatoria de reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT y ESK hemos realizado en el día de hoy una concentración frente a las oficinas centrales de Osakidetza para denunciar el proyecto de privatización de los almacenes.
La Consejera Sagardui anunciaba a bombo y platillo en abril del año pasado la construcción de una plataforma logística en la antigua sede de EITB, en Iurreta, que va a absorber gran parte de la actividad que a día de hoy se desarrolla en los almacenes de Osakidetza; almacenes de titularidad pública gestionados por empleadas y empleados públicos.
A pesar de los eufemismos utilizados por el Departamento de Salud, estamos ante una nueva privatización de un servicio público en beneficio de intereses privados que, además de suponer la derivación de millones de euros de dinero público a manos privadas, va a suponer también la destrucción de puestos de trabajo en Osakidetza. Así, el pasado día 23 de enero, el Departamento de Salud oficializaba su proyecto mediante la publicación de la licitación, que asciende a un total de 129 millones de euros de dinero público.
En este sentido, cabe recordar que, en el año 2023, el Departamento de Salud destinó un total de 269 millones de euros a sufragar los diferentes servicios que tiene privatizados, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. La privatización planteada ahora supone dar un paso más en esa apuesta de privatizar lo público y de enriquecer al sector privado a costa del dinero de todos y todas. A nadie se le escapa que, a la vista de la precaria situación que atraviesa Osakidetza, la inversión directa de esas cantidades supondría una mejora sustancial tanto en las condiciones de trabajo de la plantilla, como en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
En los almacenes de Osakidetza trabajan un total de 180 personas. Hoy por hoy, el futuro de estas 180 personas queda en el aire, especialmente el del personal temporal. Hace unos meses la Consejera Sagardui afirmaba que no se iba a destruir ningún puesto de trabajo. Tras esa afirmación pretendía ocultar la verdadera realidad: se decretará la finalización de muchos nombramientos temporales y se recolocará al personal fijo en otros servicios, ya que tienen derecho a ello. En un ámbito en el que más de la mitad de la plantilla es temporal, el riesgo de pérdida de empleo es evidente.
Los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT y ESK exigimos a Osakidetza la paralización del proyecto así como que el servicio siga siendo de gestión pública y con plantilla pública.
Todas las denuncias presentadas por el sindicato LAB ‒11 en total‒, en torno a las malas prácticas de la exclusividad en Osasunbidea, han sido confirmadas y reconocidas por varias resoluciones de Función Publica del Gobierno de Nafarroa y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Nafarroa. El sindicato LAB, que realizó estas denuncias hace un año, quiere remarcar la ausencia de control y dejadez que evidencian estos casos, y exige al Gobierno que asuma sus responsabilidades y ponga fin al “escándalo de Osasunbidea” del que es responsable directo, tomando todas las medidas necesarias para ello y sin someterse a los intereses corporativos y políticos de algunos que no hacen más que perjudicar la dignidad de la profesión médica.
Ausencia de control y dejadez en Osasunbidea. Así lo determinan las siete resoluciones de la directora general de Función Pública del Gobierno de Nafarroa en las que resuelve sobre los casos denunciados. Para los cuatro casos restantes, si bien no se han iniciado actuaciones por no encontrarse los facultativos en situación de servicio activo en la Administración (Osasunbidea y Anticorrupción deberán encargarse de estos casos), se ha comprobado que no se autorizó a ninguna de las personas señaladas la compatibilidad de sus funciones públicas con actividad privada alguna. Conducta tipificada como falta muy grave que comparten con el resto de casos y que según el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Nafarroa podría conllevar la separación del servicio a estas personas.
Por su parte, la Oficina de Buenas prácticas y Anticorrupción de Nafarroa, vistos los expedientes tramitados, confirma la situación denunciada por LAB. De tal forma que, ampliando el plazo en seis meses, se centrará en investigar en profundidad el alcance y consecuencias que se derivan de los hechos denunciados y que afectan directamente a Osasunbidea. Asimismo, analizará los expedientes de reintegro del complemento de exclusividad indebidamente percibido por quienes, a la vez, han ejercido una actividad privada.
El sindicato LAB cree que la manera de actuar y las exigencias del Sindicato Médico de Navarra (SMN), VOX, UPN y también el Colegio de Médicos (que ha desatendido reunirse con este sindicato) responden exclusivamente a evidentes intereses corporativos y políticos, y perjudican a la dignidad de la profesión médica. De hecho, cuando se cumple exactamente un año de la denuncia y confirmación del primer caso de mala praxis, estos agentes reaccionarios y de extrema derecha vuelven a exigir públicamente la eliminación de la exclusividad aprovechando interesadamente para ello los últimos acontecimientos. Este es y no otro, el proceder inaceptable que LAB pretende corregir. Por eso LAB nunca ha facilitado la identidad de los profesionales implicados y tampoco lo hará en el futuro.
Esos intereses estrictamente corporativos y políticoshan arrastrado al Gobierno de Nafarroa, a muchos profesionales médicos y especialmente a la sanidad pública a un callejón sin salida. Así las cosas, LAB no va a aceptar ninguna situación de privilegio para con el SMN, ni mucho menos que ejerza cierto derecho a veto. Se acabó aquello de tener mesas exclusivas para que algunos se dediquen a satisfacer sus intereses económicos propios y favorecer los negocios sanitarios privados por encima de la necesidad de mejorar la sanidad pública, las condiciones de toda la plantilla, y de los derechos de toda la ciudadanía.
Por tanto, LAB exige al Gobierno de Nafarroa que asuma sus responsabilidades y ponga fin al “escándalo de Osasunbidea” del que es responsable directo, tomando todas las medidas necesarias para ello. Asimismo, que acate las resoluciones de la Dirección de Función Pública, que inspeccione, controle y actúe en consecuencia, siempre en defensa de la profesión médica y de toda la sanidad pública.
También que cumpla con lo firmado con los trabajadores y trabajadoras de Osasunbidea y ponga en marcha un único mecanismo para monitorizar y controlar el cumplimiento de las normas de compatibilidad y exclusividad en relación a la actividad privada. No hay excusas y LAB no va dar por buena, de ninguna de las maneras, una mesa al margen con el SMN, que sería algo así como poner al lobo a cuidar de las ovejas.
Finalmente, que realice las funciones efectivas correspondientes al régimen de incompatibilidades a través de un sistema legal que garantice que toda persona que solicite trabajar en el ámbito privado efectivamente esté posibilitado para ello. Adquiriendo en base a ello y, con posterioridad, el complemento o no de exclusividad.
Hemos comparecido en Sestao para presentar la movilización que llevaremos a cabo el próximo 17 de marzo. El lema de la manifestación será “Langileon Ezkerraldea eta Meatzaldea bizirik! Empleos dignos, vidas dignas” y empezará a las 12:00, desde la plaza de Sestao.
Han tratado sobre la situación de Ezkerraldea y Meatzaldea. La consecuencia directa de la política de desindustrialización es la destrucción de la industria. En contrapartida, traen centros comerciales, logísticos y almacenes del sector servicios. En la comparecencia, han mostrado algunos ejemplos de destrucción del tejido industrial y terciarización de la economía, de la mano de trabajadoras y trabajadores de las empresas afectadas.
En el caso de Tubos Reunidos, de Trapagaran, el día 23 enero se comunicó al comité de empresa la intención de iniciar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas. Este ERTE afectaría a un total de 319 trabajadoras y trabajadores de la planta de Trapagaran y tendría una duración del 26 de febrero al 31 de julio. El porcentaje de aplicación sería del 50 % para un total de 100 días de trabajo.
A toda esta incertidumbre hay que sumarle el traslado en diciembre de 80 de sus compañeros y compañeras de la acería de Trapagaran a la planta de Amurrio que, a pesar de no haber sido despedidos y despedidas, ha supuesto que la plantilla de su fábrica disminuya en gran medida.
También han descrito el caso de la empresa de automoción MFS de Trapagaran, un buen ejemplo de cómo se va desindustrializando la comarca. Han entrado en concurso de acreedores y por ahora lo único que conocen es que un fondo de inversión puede estar interesado en la compra del inmueble. Sobre la continuidad de la actividad industrial, hay muchas incertidumbres. De continuar con la actividad, lo que parece que está claro es que están abocados y abocadas a la pérdida de empleo neto. Están en un lugar estratégico, la recta de Amazon, que en un futuro no muy lejano se puede convertir en espacio para empresas dedicadas a la logística, al comercio o al ocio, con trabajos y salarios más precarios que los de la industria.
El de Amazon ha sido el tercer caso que han presentado, un claro ejemplo de las nuevas relaciones laborales que quieren establecer las grandes multinacionales que se dedican al reparto. Amazon busca implantar un modelo de centros logísticos, “un modelo que si dejamos de presionar querrán copiar el resto de empresas del sector”, han señalado. No es casualidad que no se dignen a negociar un convenio propio que recoja las condiciones reales que tienen las personas que trabajan en el centro logístico, ni tampoco asuma las tareas de reparto, un servicio totalmente subcontratado con empresas que casi exclusivamente trabajan para Amazon.
Han mencionado que a cambio de vender un servicio de y a 24 horas, les obligan a trabajar bajo mucha presión, en turnos de noches, con alta cantidad de contratos parciales, horarios flexibles… “pero no vamos a dar el brazo a torcer. Seguiremos firmes hasta que se sienten a negociar nuestras condiciones laborales”, han señalado las y los trabajadores de la planta.
En Vicinay de Sestao, hace apenas un mes, les anunciaron que les querían aplicar un ERTE por causas productivas. Es la tercera vez en cuatro años que la empresa quiere implantar una medida de este tipo, que los y las trabajadoras consideran una tomadura de pelo: “Ante esta medida no veíamos más opción que organizarnos y hacerle frente de manera colectiva”.
Compañeras y compañeros se unieron y gracias a la activación de la plantilla, consiguieron ejercer tal presión que la empresa no tuvo más remedio que rectificar y echar atrás el ERTE. “Solo la acción sindical, la movilización de la clase trabajadora consigue ponerle fin a los caprichos de las empresas que solo buscan mantener y aumentar sus beneficios económicos a costa de nuestro pan”, han añadido.
“La situación en la que se encuentran estas empresas nos deja a los y las trabajadoras de Ezkerraldea y Meatzaldea un futuro cercano muy incierto”, han señalado, mencionando también de dónde viene la situación, “Son claros ejemplos de la política de desindustrialización del PNV y PSOE. No son conflictos puntuales, sino fruto de una estrategia política concreta”.
Han añadido que en aras de una voluntad política quieren condenarlos y condenarlas a una cruda precariedad: “En comarcas como las nuestras, donde el peso de la industria ha sido considerable, pretenden reducir la oferta de empleo. Les salen baratos los despidos. Cada vez que se pierde un empleo, desaparece un puesto de trabajo futuro”.
Además, han denunciado que la incertidumbre es su pan de cada día; más si les imponen empresas del sector servicios; añadiendo que quiere convertir Ezkerralde y Meatzaldea en tierra de centros comerciales, logísticos y almacenes, política que las y los condena totalmente a la precariedad.
Del mismo modo, han indicado que la reordenación del empleo debe necesariamente situar en el centro a la clase trabajadora y han reivindicado el tripe reparto para trabajar en condiciones laborales dignas, esto es, el reparto del empleo, las tareas del cuidado, y la riqueza. “Vamos a luchar para que las vidas estén en el centro”, han añadido.
Han señalado que es hora de dar una respuesta global a esta intencionalidad política generalizada: “Nos toca actuar con ambición, tenemos la necesidad de estructurar un movimiento sociosindical fuerte. Queremos articular las múltiples iniciativas necesarias a favor de unas condiciones de trabajo y vida dignas, y lanzar un llamamiento a un proceso compartido”.
Por ello, han realizado un llamamiento a la movilización: “apostamos por sacar a las calles lo que pasa en las empresas”, señalando también de dónde tendría que venir la solución: “para generar empleo estable y de calidad necesitamos medidas ordenadas, consensuadas e integrales para las personas de Ezkerraldea y Meatzaldea, al tiempo que pedimos que asuman responsabilidades dentro de las competencias que tienen las instituciones”.
Han finalizado la rueda de prensa con un llamamiento a tomar las calles el 17 de marzo: “diremos alto y claro que necesitamos y queremos un futuro digno. Basta ya de que los empresarios sigan llenándose los bolsillos con nuestro sudor. Hacemos un llamamiento a la comunidad de LAB y a la sociedad en general para que responda y se movilice ante esta situación”.
Hemos realizado una rueda de prensa ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, para denunciar la privatización de los diferentes ámbitos de los cuidados y el papel de la Diputación al respecto. También hemos reivindicado el carácter público de las trabajadoras de cuidados, la ampliación de ratios y garantizar subidas salariales en función del IPC. El 16 de febrero nos movilizaremos por estas reivindicaciones en Donostia: a las 8:00, realizaremos una caravana de coches desde Garbera y las 11:30, una concentración ante la sede de la Diputación, en la Plaza Gipuzkoa.
La ciudadanía de Gipuzkoa conoce bien la situación del personal que trabaja en las residencias, en la intervención social, en el servicio de ayuda a domicilio y en los servicios para personas con diversidad funcional. Desde LAB queremos denunciar, una vez más, la actitud de las autoridades de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que son las responsables directas de la situación que viven las trabajadoras. Hace años que nuestros gobernantes, de la mano de la patronal, emprendieron la privatización de los puestos de trabajo relacionados con las tareas de cuidado. Así, convirtiendo las residencias de mayores, la ayuda a domicilio, los servicios relacionados con la diversidad funcional o los que se engloban en el ámbito de la intervención social en negocios, se priorizan los beneficios de las empresas privadas por encima del derecho a unas condiciones de trabajo dignas y unos servicios públicos de calidad.
La tendencia capitalista está profundizando el proceso de mercantilización de los cuidados y la precarización de las mujeres trabajadoras desde que apostaron por sacar provecho económico de estos servicios verdaderamente esenciales.
Todos los sectores dependientes del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa se encuentran en una situación similar como consecuencia de la privatización:
– No hay garantía del IPC para las trabajadoras de cuidados y servicios sociales. A pesar de que los incrementos salariales deben ser acordados por convenio entre la Representación Legal de las Personas Trabajadoras y la Patronal, la Negociación Colectiva está totalmente condicionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), porque siendo la principal titular y financiadora de la mayoría de los servicios, es la que limita la capacidad económica de negociación de la mayoría de las asociaciones empresariales. Por ello, a día de hoy, en los sectores citados no existe ninguna garantía de mantener el poder adquisitivo de las trabajadoras.
– La DFG también es la que establece cargas de trabajo excesivas e insostenibles en todos estos servicios, ratios que en muchos casos ni siquiera se cumplen. La mejora de los ratios es una cuestión de urgencia porque el exceso de carga de trabajo está causando graves daños en la salud fiísica y psicosocial de las trabajadoras. Y cómo no, porque también está teniendo un impacto innegable en la calidad del servicio.
Desde el sindicato LAB tenemos claro que la necesidad de un cambio de modelo es evidente y que debemos seguir avanzando hacia un sistema de cuidados público-comunitario. Aunque en estos momentos estos servicios están privatizados, son trabajadoras que están haciendo un trabajo público y por ello, señalan que son empleadas públicas. Es imprescindible acabar con la privatización y dar pasos en el reconocimiento social, político y económico que se debe a las tareas de cuidado, además de dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras que realizan estas tareas.
LAB adoptará nuevas iniciativas para lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de aquí. Nuestra propuesta es alcanzar un Acuerdo Marco que requiera del acuerdo de sindicatos y patronales para establecer un salario mínimo de 1.400 euros para todas las relaciones laborales. El parlamento de la CAV interpeló al Gobierno Vasco para que diera pasos en favor de este objetivo. En este sentido, solicitaremos al resto de sindicatos, a Confebask y al Gobierno Vasco reuniones para explorar los posibles consensos existentes y dar nuevos pasos.
Acaba de materializarse la subida del 5% del Salario Mínimo Interprofesional a nivel estatal que se anunció en Madrid. Aunque la subida es positiva, este salario mínimo no garantiza una vida digna en la realidad actual, ya que es absolutamente insuficiente. Qué decir si atendemos a la realidad socioeconómica de Hego Euskal Herria, ya que el salario mínimo que hoy nos quieren imponer desde Madrid queda lejos de nuestro día a día, lejos del salario mínimo que reivindica LAB y que según la Carta Social Europea sería de 1.400 euros.
La clase trabajadora de Hego Euskal Herria necesita un SMI propio, es una urgencia. Son miles las y los trabajadores que no llegan a los 1.400 euros mensuales de sueldo, miles quienes no tienen garantizadas sus necesidades básicas. Uno de cada dos trabajadores y trabajadoras de Hego Euskal Herria no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades: porque está en paro, no tiene empleo o tiene salarios inferiores a 1.400 euros.
LAB va a tomar iniciativas que respondan a esta necesidad. El Parlamento de la CAV interpeló en marzo de 2023 al Gobierno Vasco a impulsar un acuerdo sobre salario mínimo a nivel de la CAV. Desde entonces no se han dado pasos para desarrollar este camino ni por parte del Gobierno Vasco ni de la mano de la patronal. Ante esta carencia, será LAB quien tome la iniciativa en la CAV: pediremos reuniones al resto de sindicatos para tratar este tema, así como al Gobierno Vasco y a Confebask. También en Nafarroa seguiremos trabajando para conseguir un salario mínimo mensual de 1.400 euros.
Nuestra propuesta es elaborar un Acuerdo Marco que regule todas las relaciones laborales. Se trataría de un asunto que habría que acordar entre los principales sindicatos y patronales de aquí con el fin de conseguir un salario mínimo propio directamente aplicable a toda relación laboral.
Desde LAB seguiremos trabajando en ese camino, teniendo como objetivo un marco vasco propio de relaciones laborales y protección social, para que demos pasos en la consecución del salario mínimo propio.
