Se ha abierto el debate en torno al Pacto Educativo en la CAV y se han puesto en marcha iniciativas para extender la reflexión a toda Euskal Herria. Ante esto, en una comparecencia en Bilbo, hemos hecho pública la lectura que hacemos desde LAB, de la mano de la secretaria general Garbiñe Aranburu y la responsable de LAB Irakaskuntza, Irati Tobar. Así, hemos presentado un decálogo de LAB al respecto. Superar la segregación, implantar un modelo de inmersión generalizada, acabar con la concertación universal y condicionar la financiación pública, incidir en la titularidad y mejorar las condiciones del personal educativo son nuestras principales exigencias.
En palabras de Garbiñe Aranburu, «nuestro objetivo es construir un sistema educativo propio e independiente para Euskal Herria, tenemos en el horizonte la creación de una Escuela Pública Comunitaria Vasca. Apostamos por una red única de escuelas de pueblo y barrio. Basada en la autonomía y la participación, de titularidad pública. Financiado íntegramente con dinero público, para todas las familias, que garantice todo el proceso educativo. Que garantice a toda la ciudadanía una educación feminista, laica, inclusiva, euskaldun, antiracista e igualitaria. Que estará basado en el Currículum Vasco».
Garbiñe Aranburu e Irati Tobar han afirmado que, como consecuencia de los pactos del 78, hay que superar el sistema educativo dual y el modelo lingüístico que se implantó en el Estado español. Desde LAB consideramos que el camino desde el modelo dual vigente hasta la red única debe surgir de la confluencia. Hay que hacer un camino. Los pasos imprescindibles para la transición hacia una red única son los siguientes:
La concertación universal que sustenta el sistema educativo dual debe finalizar
El centro que recibe financiación pública debe cumplir una serie de requisitos: no puede cobrar cuotas, debería garantizar la gratuidad y cumplir otras obligaciones. Superar toda segregación y ser inclusivos, garantizar el modelo de inmersión lingüística en euskera, ser laico, tener una coeducación estructural, o fomentar la participación.
En los centros que reciban financiación de la Administración Pública, esto debe tener su reflejo en la titularidad de estos centros. Con la red única como objetivo, en el caso de las escuelas con carácter jurídico propio, habrá que dar pasos hacia la titularidad compartida.
Se crearía así, como transición, un nuevo sistema de centros con las mismas condiciones y obligaciones. Unas tendrían titularidad pública y las otras una titularidad mixta, pero todas estarían integradas en la planificación pública conjunta a nivel municipal y comarcal. Para acabar con la competencia existente con las matriculaciones y con cualquier tendencia de segregación, poniendo en marcha un procedimiento de planificación y escolarización unificado a nivel municipal. Garantizando la gratuidad real, eliminando cuotas.
Hay que apostar por un nuevo modelo público centrado en la escuela pública
En la situación actual, la administración tiene que decantarse hacia la escuela pública. Es hora de dotarla de recursos y ponerla en el centro.
Actualmente la administración no está realizando una inversión suficiente en la escuela pública. Para profundizar en la descentralización y que cada escuela pueda desarrollar proyectos educativos sostenibles, autónomos, participativos y eficaces, la estabilización de las plantillas es una medida prioritaria.
Hay que implantar un modelo generalizado que euskaldunice
El Acuerdo Educativo debería marcar un hito en lo que se refiere a la euskaldunización. Necesitamos un modelo generalizado de inmersión y mantenimiento del euskera. El proceso de euskaldunización está en un aprieto debido a las carencias de las políticas públicas y a la influencia de las nuevas tecnologías que hablan en castellano. Hay que superar los modelos lingüísticos porque no euskaldunizan y también porque son variables de segregación. Necesitamos políticas de euskaldunización valientes, integrales y radicales.
Reconocimiento de todas y todos los trabajadores de educación y mejora de sus condiciones de trabajo
Desde el profesorado al personal de limpieza, cocina y monitoras de comedor. El Departamento de Educación y las patronales de educación tienen una deuda con estos colectivos feminizados, precarizados y con peores condiciones laborales. Y ya es hora de que la paguen.
Asimismo, reivindicamos un descenso generalizado de las ratios del profesorado y personal educador para mejorar la calidad educativa y de atención al alumnado y mantener el empleo ante la caída de las tasas de natalidad. Insistimos en que hay que acabar con la privatización y la subcontratación. Junto con la estabilidad del personal y las medidas de conciliación, LAB pide centrarse en la formación, especialmente en los ámbitos que considera estructurales, como las estrategias de euskaldunización efectiva, la coeducación, la inclusión y tratamiento de la diversidad y las innovaciones metodológicas basadas en pedagogías críticas.
En cuanto a las condiciones laborales, LAB ha pedido que se renueven por consenso los convenios colectivos obsoletos en el ámbito público y que se inicien procesos de homologación en el ámbito concertado, en la dirección de que todo el personal educativo tenga las mismas condiciones laborales. Asimismo, pide dar pasos hacia un sistema de acceso único, con control público y sindical, con procesos transparentes basados en la igualdad de oportunidades, capacidades y méritos de los y las candidatas.
