Miembros del Comité de Empresa de Gureak Navarra se han encadenado hoy en Donostia junto a las oficinas centrales del Grupo Gureak para exigir la negociación del convenio y denunciar ante los máximos órganos de gestión y responsabilidad del grupo la situación insostenible que está atravesando la plantilla navarra.
Anteriormente, los y las trabajadoras de la delegación que Gureak tiene en Navarra, con salarios que rondan los mil euros, se han concentrado en estas mismas oficinas, también han realizado diferentes días de huelga en mayo y septiembre y se han concentrado prácticamente cada miércoles en la puerta de la empresa, en defensa de un convenio digno.
Mientras tanto este centro especial de empleo de Gureak Navarra obtiene beneficios y subvenciones millonarias año tras año.
Esta situación ha llevado a miembros del comité compuesto por LAB, UGT y ELA a realizar esta acción para visibilizar y denunciar que la negociación del convenio lleva abierta desde enero de 2022 y la empresa no muestra voluntad ninguna para llegar a acuerdo.
Por todo esto la platilla de Gureak Navarra seguirá reclamando lo que le pertenece: un convenio digno que no empeore sus condiciones de trabajo y que contemple un salario que garantice la subida del IPC, que no suponga día a día la pérdida del poder adquisitivo.
Nuestras compañeras y compañeros pertenecientes a los ciclos de primaria y FP (cuerpos 597 y 591 respectivamente) de Nafarroa cobran menos que quienes imparten clase en secundaria. Esta injusticia jurídica y pedagógica nunca ha tenido ninguna lógica, pero ahora, menos que nunca. El Plan Bolonia lleva en vigor más de una década y en LAB tenemos claro que esa injusticia jurídica es ya insostenible.
El Plan Bolonia entró completamente en vigor en las universidades en el curso 2010/2011, y desde entonces las licenciaturas y diplomaturas pasaron a ser grados. Hace una década que las y los docentes, tanto de primaria como secundaria, accedemos al mundo laboral con una titulación de grado. ¿Por qué, entonces, sigue habiendo una diferencia y discriminación en los sueldos? Por otro lado, en la Formación Profesional se ha creado un nuevo cuerpo, el 598, que engloba a las y los especialistas en sectores singulares (pertenecientes al antiguo cuerpo 591). A consecuencia de ello, actualmente tenemos un desfase doble por superar: por un lado está el profesorado del nuevo cuerpo docente y, por otro, el profesorado que realizando el mismo trabajo tienen un menor salario. Es por ello que desde LAB solicitamos también la equiparación salarial mediante diferentes complementos, tal y como se realiza en la Comunidad Autónoma Vasca.
Para llevar a cabo esta equiparación salarial es necesario actualizar el Decreto Foral Legislativo 251/1993, ya que es el Estatuto que clasifica a los y las trabajadoras públicas por niveles. Esto es algo que llevamos años pidiendo al Gobierno Foral. Se trata de un Decreto que tiene 30 años y que actualmente queda totalmente obsoleto, más aún teniendo en cuenta que en Europa ya se han actualizado este tipo de Estatutos.
Además, en la Comunidad Foral de Navarra ya tenemos antecedentes (que han ido ligados a un ascenso de nivel), como son los casos del personal auxiliar administrativo, especialista de apoyo educativo, bombero y forestal, que pasaron del nivel D al C.
A esta reivindicación se une la crisis económica que atravesamos y que afecta a todas llas personas trabajadoras. Nuestros salarios no valen lo que valían antes. La inflación ya está provocando pérdidas importantes en el poder adquisitivo de muchas familias, lo que unido al alza de los precios de productos básicos y de la energía nos presenta un panorama poco halagüeño. El personal público seguimos perdiendo poder adquisitivo, y la pérdida acumulada desde 2010 llega ya al 15%.
Hoy más que nunca la lucha es necesaria. Debemos defender con uñas y dientes los servicios públicos, ya que son estos los que garantizan un sistema igualitario y más justo. La lucha por la equiparación salarial entre el personal docente se encuadra de lleno en ese objetivo. ¡Pongámonos a ello!
La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha comparecido esta mañana para explicar la lectura que realizamos con respecto a las reformas de las pensiones que se están llevando a cabo tanto en el estado español como en el francés. También ha presentado un análisis sobre las consecuencias derivadas de las últimas cinco reformas en el estado español, junto con diversas medidas para mantener la viabilidad de las pensiones. Finalmente, hemos anunciado una movilización que llevará a cabo en la muga entre Lapurdi y Gipuzkoa el próximo 8 de febrero, bajo el lema Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki. Pentsioen erreformei ez (Trabajar aquí, cotizar aquí, decidir aquí. No a las reformas de las pensiones).
Garbiñe Aranburu ha subrayado que el contexto de la guerra de Ucrania ha acelerado la necesidad de una transición ecosocialista y feminista, la cual debe apostar por políticas públicas redistributivas. “No hacerlo supone seguir aumentando las desigualdades sociales”, afirma. Sostiene que dicha transición debe comenzar por revertir los recortes llevados a cabo durante los últimos años a través de reformas laborales y de pensiones, así como aquellos derivados de la falta de inversión en servicios públicos.
“Los argumentos utilizados en ambos estados para justificar la reforma de las pensiones son similares. Nos hablan del reto demográfico y se nos dice que los sistemas actuales de pensiones no son sostenibles”, ha explicado Aranburu, y ha destacado que dichas medidas “recortan derechos y endurecen las condiciones para cobrar la jubilación”. Todo ello responde, según LAB, “a la lógica de las políticas económicas neoliberales que benefician al negocio privado”.
En cambio, el sindicato asegura que es posible garantizar la sostenibilidad de las pensiones sin recurrir a recortes, y para ello destaca las siguientes medidas:
• Mejora de los salarios y eliminación de los topes de cotización. De esta manera, los y las trabajadores en activo aportan más dinero vía cotizaciones, y además, en el futuro tendrán mejores pensiones.
• Y si fuera necesario, vía presupuestos, con otra política fiscal. Recaudando más dinero y de manera más progresiva. Garantizando unas pensiones públicas y unos servicios públicos dignos. Porque las pensiones son un derecho básico que tiene que garantizar el Estado.
Con respecto a la reforma anunciada por el gobierno de Macron, Aranburu destaca que “es un ataque directo al sistema público”, ya que amplia la edad legal de jubilación y endurece las condiciones para acceder a las pensiones.
Del mismo modo, afirma que las cinco últimas reformas realizadas en el estado español van en la misma dirección. Subraya, además, la “gravedad añadida” de que algunas de ellas hayan contado con el aval sindical de CCOO y UGT. Aranburu ha destacado las siguientes consecuencias de dichas reformas:
• Retraso de la edad de jubilación
• Ampliación de los años mínimos necesarios para percibir la pensión
• Periodo mínimo de cotización para cobrar la pensión
• Aumento de los años de cotización para el cálculo de la pensión
• Método de actualización de la cuantía de la pensión que ha supuesto una rebaja de las pensiones que no se ha recuperado con la revisión del método
• Impulso a fondos privados de pensiones
“Por medio de estas reformas se han endurecido las condiciones para acceder a la prestación de jubilación. Además, no se garantiza la pensión mínima de 1.260 euros”, ha explicado Aranburu. También ha destacado que el 66,7% de las mujeres percibe un sueldo por debajo de los 1.000 euros, y que el 34,5% del total de personas pensionistas tampoco alcanzan a cobrar dicha cantidad. Añade que tampoco hay ningún reconocimiento ni compensación económica para el trabajo de cuidados realizado gratuitamente por las mujeres, ni se adopta ninguna medida para reducir la brecha de género.
“Y ahora, el Ministro Escriva pretende dar otra estacada, aumentando el período para el cálculo de la pensión a 30 años. Queremos mostrar nuestro frontal rechazo a esta medida. Esta demostrado que por cada año que se aumenta el período de cómputo, las pensiones tienen un recorte claro y disminuye la tasa de cobertura. Así, cada vez hay una mayor brecha entre el último salario percibido y la pensión de jubilación”, critica.
La representante de LAB ha señalado que el sindicato va a poner todo su empeño en parar esta reforma de pensiones: “Vamos a enviar cartas a Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, para exigirles que no avalen los recrotes al sistema público de pensiones, así como para que defiendan la necesidad de un sistema propio de pensiones”.
Aranburu ha explicado que la mayoría sindical y social de Euskal Herria se ha mostrado en contra de todas esas reformas impuestas desde Madrid y París. “Es aquí donde queremos decidir nuestras pensiones y para ello necesitamos soberanía, una Ley Vasca de Seguridad Social”.
“Toca salir a la calle a defender las pensiones”, ha añadido Aranburu. En ese sentido, considera necesaria una Ley Vasca de Seguridad Social, para lo cual seguiremos movilizándonos. Por ello, hemos concretado una cita para el próximo 8 de febrero en la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi, que comenzará a las 11:00 de la mañana en la estación de tren de Hendaia y que se desarrollará hasta Irun bajo el lema Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki. Pentsioen erreformei ez (Trabajar aquí, cotizar aquí, decidir aquí. No a las reformas de las pensiones), para “dejar claro que queremos dedicir nuestro sistema propio de pensiones”.
Lo mismo que en Ipar Euskal Herria, si en Hego Euskal Herria se confirman los recortes y un nuevo ataque contra las pensiones, ha concluido que “también vamos a valorar la posibilidad de movilizarnos con el resto de sindicatos, los agentes sociales y el movimiento de pensionistas”.
Reunida hoy la comisión paritaria del convenio de comedores de Gestión directa con el objetivo de firmar las nuevas tablas salariales con la subida de 2022 (1,5%) y la correspondiente a la equiparación al 100% de las tablas salariales del personal laboral del Dpto de Educación, la parte empresarial por unanimidad (Tamar, Gasca, Auzo Lagun, CC. Goñi, CC. Magui y Eurest) ha decidido no firmarlas argumentando que no tiene solvencia económica para afrontar los pagos y que tienen una reunión con el Gobierno Vasco el próximo 8 de febrero con el fin de que este asuma parte de esas cantidades. Hay que recordar que estas subidas salariales estaban pactadas desde el año 2019, año de la firma del convenio vigente, por lo tanto ya eran conocedoras de las mismas.
Los tres sindicatos con representación en la comisión paritaria (LAB, CCOO, UGT) denunciamos de forma contundente que nos quieran utilizar de rehenes ante el Gobierno Vasco para sus propios intereses. Con esta decisión, están incumpliendo de manera flagrante el convenio colectivo de comedores escolares de gestión directa.
Dicho esto, hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras de este sector a que estéis atentas a las diferentes acciones que plantearemos para llevar a cabo en los próximos días.
La hostelería de Gipuzkoa es un sector muy precarizado: un alto porcentaje de las y los trabajadores que trabajan en ella está inmersa en la economía sumergida, sin convenio. El último que se firmó perdió su vigencia en 2010 y, a pesar de los intentos realizados, no se ha renovado desde entonces. Esto precariza aún más al sector, siendo el principal responsable la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa.
En este contexto, el martes, tuvimos conocimiento de una noticia que debíamos denunciar: 21 personas trabajaban en el Senra y otros bares de Donostia en condiciones tan irregulares como infrahumanas.
Aprovechando su situación de indefensión, el empresario les obligaba a trabajar sin contrato de trabajo, sin descanso y cumpliendo jornadas de 12 y 15 horas diarias a cambio de un salario miserable.
Detrás de esta Donostia de postal encumbrada por la gastronomía y la hostelería, se encuentran las condiciones de trabajo lacerantes de las personas trabajadoras que sostienen con sus cuerpos este modelo de explotación. Racismo, clasismo, explotación y excesos están al otro lado de esa moneda cada vez más violenta y excluyente. ¡Basta ya de una patronal especuladora que se enriquece con excesos y todo tipo de chantajes y falsas promesas!
En Hondarribia, también hay otro bar Senra gestionado por el mismo propietario, en el que la situación se repite. Es más, en esta localidad, el bar es conocido por contratar a personas que se encuentran en esta situación (inmigrantes, personas en situación administrativa irregular,…).
Consideramos que todas estas situaciones deben ser denunciadas y combatidas para garantizar que el derecho a trabajar en condiciones dignas sea para todas y todos los trabajadores.
Para denunciar lo ocurrido y hacer llegar a las personas afectadas nuestro apoyo y toda nuestra fuerza, ¡llamamos al boicot!
Del mismo modo que hoy, 27 de enero, nos hemos concentrado frente al bar Senra de Donostia, el martes, 31 de enero, nos encontraremos ante el bar Senra de Hondarribia.
El comité de empresa de la residencia de personas mayores que tiene la empresa Zaintzen en Pasaia ha llegado a un acuerdo con la empresa consiguiendo las siguientes mejoras para todo el personal que trabaja en la misma: la plantilla tendrá un incremento salarial del 12,76%, percibirá atrasos de 2022 por importe de 2660,42 euros y se incrementa la antigüedad en 4 €. Desde LAB queremos felicitar al comité y a todas las trabajadoras por haber conseguido los merecidos incrementos salariales. En esta residencia de Zaintzen en Pasaia trabajan alrededor de 40 personas.
Nos gustaría destacar que estos incrementos se hayan conseguido para todos los trabajadores de la residencia, incluidos los que están trabajando en limpieza y cocina. Desde LAB apostamos por fomentar y fortalecer la igualdad, la solidaridad y la unidad entre los y las trabajadoras.
Somos conscientes de que tenemos por delante una larga lucha por el reconocimiento que merecen los cuidados, pero esta victoria merece nuestra alegría y reconocimiento.
Por lo tanto, enhorabuena a todos y a todas, porque poner en el centro los trabajajos de cuidados y luchar con las trabajadoras es una prioridad de LAB y nos tendréis siempre a vuestro lado.
Tras la constitución de la mesa el pasado 12 de enero, hoy, 26 de enero, se ha reunido por primera vez la mesa negociadora del convenio del metal de Gipuzkoa. En ella hemos presentado nuestra plataforma de reivindicaciones, que en un proceso de dos meses se ha conformado en colaboración con 200 trabajadores y trabajadoras del sector, pertenecientes a más de 80 empresas y que en las últimas semanas, ha repartido en todas las empresas del sector.
ADEGI, sin embargo, no ha aportado ninguna propuesta y además, ha intentado desacreditar las reivindicaciones de los y las trabajadoras, comprometiéndose solo a estudiar las plataformas presentadas por LAB y otros sindicatos. Exigimos a ADEGI que traiga una propuesta donde se recojan las necesidades de los y las trabajadoras del sector.
Está claro que no va a ser fácil, pero estamos dispuestos y dispuestas a luchar hasta conseguir un acuerdo digo para el metal de Gipuzkoa.
Los sindicatos de la administración local nos hemos reunido hoy con la dirección de EUDEL, para tratar sobre los incentivos a la jubilación anticipada en los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Tras analizar las primas a la jubilación anticipada previstas en los artículos 95 y 96 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal de las entidades locales (UDALHITZ) y la nueva jurisprudencia al respecto, EUDEL nos ha trasladado su decisión de suprimir unilateralmente ambos artículos, sin concretar alternativa alguna. Se trata de una decisión muy grave, sin precedentes, contra la negociación colectiva.
En primer lugar, queremos destacar que LAB defiende como objetivo prioritario el rejuvenecimiento de las plantillas de personal de las entidades locales y, como vía para fomentar la sustitución de personal municipal, desde 2008 hemos venido negociando planes de empleo y racionalización en los ayuntamientos.
Desde LAB queremos reafirmar nuestra posición pública a este respecto. Estos incentivos a la jubilación anticipada no son salarios. No deben serlo. Se trata de primas que pretenden compensar la merma económica producida en las pensiones de aquellos trabajadores y trabajadoras que optan por jubilarse antes de la edad legal correspondiente. Y así deben seguir siendo.
Exigimos a EUDEL una actitud valiente, es decir, con auténtica voluntad política, en aras a diseñar un nuevo marco legal que haga factible la jubilación anticipada, estudiando y negociando fórmulas que garanticen la seguridad jurídica.
Porque el rejuvenecimiento de las plantillas de la administración local es más necesario que nunca, ¡la movilización es el camino!
El nuevo Decreto de admisión y escolarización del alumnado de la CAV y la Orden que del mismo se deriva incorporan novedades relativas a la admisión y escolarización para el curso 2023/24. En concreto, en lo que respecta a las plazas ofertadas y distribución del alumnado vulnerable. Desde LAB denunciamos que, al inicio de este proceso, el Departamento de Educación ha actuado de forma unilateral y no ha hecho caso a las demandas de sindicatos y comunidad educativa. Por un lado, ha rechazado las alegaciones presentadas en la definición de las áreas de influencia, y, por otro, por la falta de transparencia y de unificación de criterios en la documentación que se ha distribuido en las comisiones de garantías de cada territorio histórico.
Consideramos que el decreto de admisión y las órdenes que de él se derivan deberían servir para organizar el sistema educativo en una nueva dirección. Por ello, reivindica:
• Que el eje del sistema educativo sea la escuela pública. En los ámbitos de influencia debe existir y priorizarse la oferta de la escuela pública, para lo que se dotarán los recursos e inversiones necesarias. Pedimos que se tomen medidas para garantizar el derecho de todo el alumnado a una plaza en la escuela pública. Delimitar la oferta del resto de plazas en función de la oferta de aulas de la escuela pública del barrio o de la localidad y comenzar a reducir la sobreoferta existente.
• Desarrollar procesos de escolarización por municipios para hacer frente a la segregación en el ámbito educativo, adaptándolos a la realidad local, a través de una oficina de matriculación única y vinculante y estableciendo las medidas de control adecuadas, para, entre otras actuaciones, evitar posibles irregularidades en la matriculación. En este sentido, exigimos que, en las comisiones de garantías locales que se constituirían a partir del próximo curso, no se actúe de forma unilateral por parte de las administraciones (Departamento de Educación y Ayuntamientos).
• En cuanto a la reserva de plazas para el alumnado más vulnerable, tomar otros tipo de medidas:
o La reserva de plazas se realizará únicamente en el aula de 2 años. LAB considera que esta decisión no es suficiente para hacer frente a la segregación, ya que tendrán que pasar 16 años para que se aplique a todas las etapas y niveles. Creemos que la reserva de plazas debería hacerse también al inicio de las diferentes etapas docentes, porque no es seguro que el alumnado que se matricula en el aula de 2 años realice todo el recorrido en el mismo centro educativo, máxime cuando la escolarización obligatoria no es hasta los 6 años, por lo que no se proponen medidas para hacer frente a los desequilibrios que se produzcan en los cursos siguientes.
o De cara a equiparar el porcentaje de plazas reservadas para el alumnado más vulnerable en todos los centros del área de influencia, se han reordenado estas áreas. Aunque compartimos el objetivo, no estamos de acuerdo en ampliar las áreas de influencia, ya que podría suponer el desplazamiento de una alumna o alumno vulnerable a un pueblo/barrio que no es el suyo. Esto incide negativamente en su arraigo social en el lugar de residencia y, por otra parte, debería garantizarse que se le ofrecen recursos para poder desplazarse, de forma que no suponga una carga adicional para la familia.
• Aumentar la puntuación respecto al centro más cercano al domicilio. Nos sumamos a esto siempre que no se pierda el derecho de todo el alumnado a estudiar en el modelo D. Si ocurriera que en ese centro más cercano no hay oferta de modelo D, este centro no tendría que puntuar, de lo contrario es imposible avanzar en la euskaldunización de barrios y alumnos. Precisamente para avanzar en este objetivo, apostamos por un sistema educativo basado en un modelo de inmersión y mantenimiento del euskera generalizado e inclusivo, por lo que entendemos ésta como una medida provisional adaptada a la realidad actual.
• No convertir el euskera en un elemento de segregación. Manteniendo el actual sistema de modelos lingüísticos se quiere dividir al alumnado vulnerable. Con el sistema de modelos lingüísticos se niega a gran parte del alumnado la posibilidad de aprender y vivir en euskera, por lo que consideramos que en el área de influencia debería haber una oferta suficiente de modelo D, hasta conseguir un modelo de inmersión y mantenimiento del euskera generalizado e inclusivo.
• En la misma dirección, debería garantizarse una oferta laica en todos los ámbitos de influencia para que el carácter religioso no se convierta en fuente de segregación. Por ello, LAB considera que en el sistema educativo la laicidad real es una obligación ineludible para recibir fondos públicos.
• Establecer medidas adicionales en cuanto a la baremación para la matriculación. Consideramos que el punto adicional que se da para reforzar lo cercano es insuficiente y habría que quitar los puntos que se dan a los socios de una cooperativa educativa. Por otro lado, solicitamos que tanto las escuelas infantiles del Consorcio Haurreskolak como las escuelas infantiles municipales se integren en el mapa escolar.
Por último, LAB denuncia que el Departamento de Educación ha presentado este proceso como un mecanismo de adaptación a las necesidades reales de escolarización y de control sobre el exceso y la falta de oferta educativa. Consideramos que difícilmente se puede adaptar el sistema educativo a las necesidades reales de escolarización, cuando en un contexto de descenso de la natalidad, la orden de concertación que se promulgó el pasado mes de junio ha permitido mantener la matriculación de los dos cursos anteriores.
