En una reunión convocada por la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Nafarroa, Izaskun Goñi, a efectos de organizar la gestión de los fondos asignados a Navarra para este año 2023 a cargo de la Fundación estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, cuya partida asciende a 400.814,41 euros, queda al descubierto que UGT y CCOO han sido parte en la elaboración de los pliegos que les garantiza cobrar y repartirse la citada cantidad de dinero. Frente a este funcionamiento clientelar LAB exige defender la salud de la clase trabajadora.
En los últimos años estos repartos han estado «bloqueados» a raíz de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas y la anulación de las convocatorias de 2008 a 2013 vía judicial. La propia Fundación estatal modificó el sistema excluyendo al Consejo de Osalan y al Consejo Navarro de Salud Laboral de participar. Posteriormente, el mismo Tribunal de Cuentas concluye que es un sistema de financiación en el que existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO, que dichas organizaciones han sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, y que en muchos casos es cuestionable la dedicación de los fondos recibidos a la ejecución de las acciones.
Tras un largo camino lleno de sentencias desfavorables para las fuerzas sindicales y patronal estatales, en septiembre de 2022 la disposición adicional V de la LPRL fue modificada dejando atada la gestión de los fondos, esta vez sí, sobre el Ministerio de Trabajo español. Así, han privado a las CCAA de la capacidad para definir las líneas de actuación de cada campaña. La recién modificada disposición centraliza en Madrid la potestad de diseñar y publicar las bases de cada ejercicio, dejando una vez más la capacidad de gestión de las administraciones de Hego Euskal Herria (CAV y Nafarroa) en un mero trámite. Dicho de otra forma, han realizado una modificación legal dirigida a seguir haciendo lo que hacían antes de manera irregular, otorgándole ahora mayor seguridad jurídica.
Llama la atención y también extraña que desde el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Nafarroa se convoque a los sindicatos a una reunión y desconozca las «bases» para el reparto de fondos que aún no han sido publicadas en el BOE, mientras en cambio, los representantes de UGT y CCOO traían escritos unos criterios claros en los que con total descaro le decían al Gobierno de Navarra cómo debía interpretar esos pliegos que «aún no han visto la luz». Una vez más, una manera de proceder abiertamente improcedente e indecente: estas organizaciones siguen queriendo ser juez y parte en la gestión de los fondos de la Fundación para que nadie pueda entrometerse en el reparto de más dinero que satisfaga sus necesidades e intereses.
LAB no va a formar parte de ese reparto. No va a aceptar que estos fondos sean repartidos con intereses corporativos entre los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEN. El Gobierno de Nafarroa ya tiene una línea de apoyo económico a proyectos de salud laboral. De hecho, en ella participan UGT, CCOO, ELA y LAB. De esta forma, ese nuevo reparto de fondos conllevaría inevitablemente una duplicidad en cantidad de dinero y concepto absolutamente vergonzosa e inaceptable. Más allá de la denuncia firme de ello,LAB va a intervenir en este asunto, y su acción irá destinada a presionar y forzar con iniciativas, nuevas decisiones y políticas. Va a seguir de cerca y fiscalizar las irregularidades que se puedan dar sin descartar la vía judicial en la que ya se encuentra trabajando la Asesoría Jurídica. Ante la estrategia de UGT y CCOO de aprovechar cualquier vacío para intentar volver a avanzar en sus privilegios, LAB no va a ceder ningún espacio.
El Gobierno de Nafarroa, tiene dos opciones: aceptar el funcionamiento clientelar de UGT, CCOO y los empresarios navarros de la CEN que perjudica a la mayoría social en favor de intereses corporativos; o defender la alternatiba en favor de la clase trabajadora que defiende LAB, en favor de la mejora de las condiciones de trabajo, los derechos de las trabajadoras y trabajadores, reivindicando la publificación de la salud laboral, tanto de la prevención como de la asistencia sanitaria y la integración de la prevención en la gestión de las empresas frente a su actual externalización, reclamando esos fondos para su gestión pública, destinando otras líneas económicas y presupuestarias a reforzar el propio Instituto de salud pública y laboral de Nafarroa (Ispln-NOPLOI) junto a la exigencia de una inspección de trabajo propia.
