Igor Arroyo: “Mientras las pensiones y prestaciones de las trabajadoras y trabajadores vascos dependan de las decisiones de Madrid y París, estarán expuestas al riesgo”.
A ambos lados del Bidasoa se están llevando a cabo nuevas reformas del sistema de pensiones. Por un lado, el Gobierno español ha presentado, una vez más, una reforma que no revierte los recortes de las últimas décadas ni garantiza unas pensiones dignas.
Por otro lado, el Gobierno francés ha impuesto por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años. A diferencia de lo ocurrido en el Estado español, donde UGT y CCOO dieron por buena la jubilación de 67 años, en el estado francés LAB y el resto de sindicatos luchamos por desactivar esta medida; hoy mismo llevamos a cabo una jornada de huelga y movilizaciones en Iparralde y en todo el estado.
En este contexto, LAB ha llevado a cabo una iniciativa simbólica en la sede de la Seguridad Social en Gasteiz, sustituyendo la placa oficial por una nueva placa de la Seguridad Social Vasca.
Según el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, es positivo que la última reforma del Estado español haga más hincapié en aumentar los ingresos de la Seguridad Social que en reducir los gastos, pero le ha lanzado dos críticas: por un lado, que los cambios en los ingresos no son suficientes para garantizar una pensión mínima digna a toda la ciudadanía vasca, tal y como propugna el movimiento de pensionistas vascos; por otro, que en lo referente a los gastos, existe un nuevo recorte que entraría en vigor en el futuro: ampliar el margen de cálculo de la pensión de 25 a 29 años (-2). Hay que tener en cuenta que hasta 1985 se tenían en cuenta los dos últimos años, y desde entonces se ha ido ampliando ese margen reforma a reforma: de 2 a 8, de 8 a 15 y de 15 a 25.
Arroyo también ha lamentado la propuesta de la Seguridad Social española de delegar la gestión de las enfermedades comunes en las mutuas patronales, ya que supondría un grave salto hacia la privatización del sistema sanitario. La semana pasada, LAB sacó a la luz el documento remitido por la Seguridad Social a las comunidades autónomas y se reafirma en su petición de entonces: «Pedimos a Urkullu y a Chivite que digan claramente que no llevarán a cabo un convenio de este tipo».
Según el coordinador general, “las pensiones y prestaciones de las trabajadoras y los trabajadores vascos están en peligro si siguen en manos de quien se encuentre al mando en cada momento en el Gobierno español y en el francés. En las últimas décadas se han producido sucesivos recortes bajo la tutela de la Comisión Europea”. En este sentido, ha reivindicado que en Madrid y París se haga posible lo que no se puede en Euskal Herria: una pensión digna para todos los vascos y vascas, tanto para los que han tenido empleo como para los que se han dedicado a labores de cuidado sin obtener el debido reconocimiento.
Proponemos dos pasos concretos dirigidos a la consecución de la Seguridad Social vasca. Por un lado, cree necesario adquirir la gestión de la Seguridad Social prevista en el Estatuto vasco, dejando claro que el objetivo último no es sólo la gestión, sino también la adquisición de la potestad de regulación. Por otro lado, los gobiernos de la CAV y de Nafarroa deben complementar las pensiones de toda la ciudadanía vasca hasta los 1.080 euros, tal y como reivindica el movimiento de pensionistas vascos a través del ayuno y de un sinfín de iniciativas.
