Recientemente organizaciones y plataformas sociales de la CAV han denunciado el abuso policial y hostigamiento a las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos. Abusos de poder que van desde policías que se dirigen a los barrios donde viven las personas para sondear entre los vecinos con quién residen, qué horarios tienen, dónde trabajan o a qué escuelas van sus hijas e hijos, hasta entrar en las casas de las personas para obtener estas informaciones.
Desde el Sindicato LAB rechazamos cualquier tipo de abuso de poder cometido por la Administración Pública y sus representantes. Es inaceptable que, ante el empobrecimiento estructural que genera este sistema capitalista, heteropatriarcal y racista, la Administración Pública priorice perseguir a las personas empobrecidas y perceptoras de la RGI, en lugar de afrontar las causas y abordar las consecuencias de estas realidades. De hecho, cuantías insuficientes, obstáculos en el acceso a esta prestación y endurecimiento de las medidas de control y criminalización de las personas perceptoras son las bases de la recién aprobada reforma de la RGI.
Consideramos especialmente grave el abuso y la vulneración de derechos que supone la invasión de los domicilios para el control de las personas perceptoras de la RGI, y la gravedad añadida que supone que sean los cuerpos policiales quienes realizan estas “inspecciones”, ya que la visita domiciliaria no es un mero acto administrativo y tiene lugar donde las personas desarrollan su intimidad y vida cotidiana. Ya durante el debate parlamentario cuestionábamos la capacitación que pueda tener el personal de Lanbide para realizar este tipo de inspección.
Hoy vemos cómo las inspecciones domiciliarias se están convirtiendo fácilmente en un mecanismo de control, estigma y persecución de la mano de las fuerzas policiales; en un mecanismo de coacción del libre consentimiento, ya que la “obstrucción” o la “resistencia a colaborar” se considerará una infracción grave que puede conllevar la suspensión de la prestación.
En definitiva, los abusos de poder que se están denunciando son el reflejo de un Gobierno Vasco que no busca combatir la pobreza, sino mantener un sistema insuficiente en el que un tercio de las personas en situación de exclusión no acceden al sistema de protección social y alimentar un falso imaginario de “personas pobres” como amenaza, coste y gasto deficitario (el fraude no llega ni al 0,5% de la prestaciones).
Por ello, desde LAB reclamamos el cese inmediato de estos abusos policiales y que frente a estos se establezcan garantías y protección para las personas perceptoras de la RGI. También reivindicamos que se tomen desde ya medidas para garantizar unos ingresos suficientes para una vida digna como son aumentar las cuantías de la RGI o el complemento de las pensiones hasta 1.080 euros.
Además, remarcamos que es necesario un debate integral, interseccional y participado sobre las políticas públicas y sociales que queremos en Euskal Herria. En LAB apostamos por el reparto justo del empleo, los cuidados y la riqueza para transformar el modelo socioeconómico actual, injusto y desigual, que es el que reforma el actual modelo de RGI.
Informe completo sobre la nueva ley que regula la RGI