2026-06-15
Blog Página 9

Tras una denuncia de LAB, la OANA concluye que el C.I. AGROFORESTAL dependiente del Departamento de Educación utilizó indebidamente fondos públicos

La Oficina de buenas prácticas y anticorrupción de Navarra (OANA) concluye que el CI AGROFORESTAL utilizó indebidamente fondos públicos en gastos no permitidos durante una década, por lo que insta a Educación a abrir un expediente disciplinario y a Hacienda a recuperar el dinero. Ante la gravedad de este caso y la falta de control e incapacidad del Departamento de Educación, LAB exige la dimisión o cese del consejero Gimeno que se muestra prepotente para con los sindicatos y las legítimas reivindicaciones de las trabajadoras. Así, llama a la ciudadanía navarra a participar en la manifestación del sábado 16 de mayo a las 12:00 desde el Bosquecillo de Iruñea bajo el lema Gimeno Kanpora!

Mediante Resolución 21/2026, de 1 de abril, de la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, la OANA ha puesto fin al procedimiento de investigación de la denuncia interpuesta por el sindicato LAB por presuntas malas prácticas en la gestión económica y de contratación de personal del Centro Integrado Agroforestal de Pamplona durante el período 2014-2024, dando traslado al Departamento de Educación y al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra a fin de que adopten las medidas oportunas.

La citada resolución da por constatado que el CI AGROFORESTAL realizó gastos no financiables con fondos públicos destinados al funcionamiento del centro que superan los 40.000 euros.

En opinión del sindicato LAB, la gravedad de este caso demuestra la falta de control e incapacidad en el Departamento de Educación, otro ejemplo más de la nefasta gestión del consejero Gimeno, el responsable directo del empeoramiento de la educación en Navarra. Un consejero en cuyo departamento ocurren estos hechos mientras presume de la absoluta falta de organización de la FP dual, manteniendo una actitud prepotente para con los sindicatos, haciendo oídos sordos a las justas, necesarias y legítimas reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores, debe ser cesado. Es un despropósito desde el punto de vista de la gestión y la transparencia que la Presidenta Chivite lo mantenga en su cargo.

La resolución de la OANA, resultado de la denuncia interpuesta por el sindicato LAB, acredita que la Dirección del CI AGROFORESTAL utilizó el centro a modo de cortijo, destinando fondos del presupuesto del centro a financiar actividades que no iban dirigidas a su buen funcionamiento, mantenimiento y conservación, sino a la satisfacción de intereses particulares. Una práctica grave e inaceptable a costa del dinero público y fuera del control del Departamento de Educación, a pesar de tratarse de gente de la confianza del consejero Gimeno.

El sindicato LAB considera que las justificaciones del Director del CI Agroforestal y del señor consejero Gimeno en el marco de la investigación son pobres e insuficientes. LAB solicita que el Departamento de Educación cumpla con la resolución de la OANA, adoptando las medidas oportunas y depurando posibles responsabilidades políticas y jurídicas si las hubiera, de las personas que participaron de estas malas prácticas, así como de los cargos del Departamento de Educación que asistieron a la cena en Madrid en el marco de Congreso Internacional de la FP y que pagaron a cuenta del CI Agroforestal. De esta forma, exige que proceda a la destitución de toda la Dirección del centro, garantizando los medios externos necesarios hasta un nuevo nombramiento.

Como hechos constatados tenemos:

• Comidas injustificadas : 39.138,67 €.

• Multas de tráfico: 195,63€.

• Gastos funerarios : 1.681,02 €.

• Gasto duplicado por dietas (mismas facturas pagadas dos veces): 191,80 €.

Como hemos mencionado, tenemos un pago indebido de una cena, que nos llamó especialmente la atención. Se celebró en Madrid durante el Congreso de FP internacional realizado el 31 de marzo de 2023, en la cual el Director del CI Agroforestal paga, por un importe de 470.25 euros al Director General de FP, al Director del Servicio Navarro de Empleo, al Director del Centro Navarro de Aprendizaje Integral y a otras siete personas. Tras las investigaciones realizadas por la OANA y según el testimonio del Director del CI Agroforestal: “La comitiva que viajó desde Navarra, fue invitada por el Departamento de Educación. Dicho departamento asumió la responsabilidad total de los gastos, gestionando el autobús, el alojamiento y la manutención. En relación con la cena de esa noche, a la que asistieron aproximadamente 22 personas, fue el Director General de Formación Profesional de Navarra, quien propuso abonar la mitad de la factura en el momento, con el compromiso de que los gastos serían posteriormente ajustados. Dicho ajuste o liquidación, sin embargo, nunca se efectuó”. Queremos subrayar que el director de CI Agroforestal en su testimonio menciona expresamente que el consejero de Educación no acudió a dicha cena a pesar de aparecer en la foto aportada en el testimonio. No entendemos esa necesidad de exculparlo cuando nadie le ha preguntado sobre ello.

El Consejero de Educación comunicó que iban a proceder a abonar al Centro un gasto por importe de 470,20 euros, ya que según él se trataba de un gasto que correspondía abonar al propio Departamento de Educación y no al CI AGROFORESTAL.

Desde LAB consideramos que la justificación del Señor Consejero es insuficiente. Solicitamos se realice una investigación, para su aclaración y posteriores responsabilidades judiciales, si las hubiera, de los cargos del Departamento de Educación que asistieron a dicha cena. Deberíamos saber si realmente el Director General de FP le realizó dicha propuesta al Director del CI Agroforestal. ¿Esta es la manera de actuar del Departamento de Educación? ¿ El Departamento de Educación debe pagar al Director del Servicio Navarro de Empleo, al Director del Centro Navarro de Aprendizaje Integral y otras siete personas más?

Por otro lado también, el sindicato LAB consideró irregulares dos contrataciones realizadas a una misma persona. La OANA consideró en un principio irregular la primera contratación, pero no así la segunda. La primera contratación de sustitución fue de una profesora en 2022, y la OANA consideró que estaba vulnerando el principio de igualdad. Sin embargo, no fue hasta las alegaciones de 21 de enero de 2026, cuando el Consejero de Educación argumentó que la persona que inicialmente debía ser contratada, no podía ser contratada al tener un contrato en el CIP Donapea. El sindicato LAB está intentando esclarecer las dos contrataciones, una que acabamos de nombrar y la segunda que corresponde a otra contratación a jornada completa de 18 horas lectivas, siendo 6 horas de docencia directa y 12 horas de cómputo lectivo de acreditación de competencias y Formación ocupacional. Sin embargo este horario no tiene nada que ver con el horario que se le otorgó a la profesora contratada y que estaba en el EDUCA del CI Agroforestal y que el sindicato LAB posee, lo que consideramos sospechoso e irregular. El sindicato LAB continuará con esta y otras investigaciones hasta aclarar lo sucedido.

Del mismo modo otros muchos gastos que entran dentro de la “legalidad” y que se han producido en el CI Agroforestal, no pueden asumirse ni moral ni éticamente.

La huelga convocada en los ayuntamientos de la CAV cierra muchos consistorios y servicios

Las tres manifestaciones celebradas en Gasteiz, Bilbao y Donostia han contado con la participación de miles de personas trabajadoras. Si no hay avances en la mesa negociadora del próximo 29 de mayo, el sector volverá a hacer huelga el 4 de junio.

En los ayuntamientos de la CAV llevamos muchos años sin un acuerdo que mejore las condiciones laborales y, en consecuencia, las condiciones laborales de las y los trabajadores de los ayuntamientos van empeorando constantemente. Además, los partidos políticos PNV, EH BILDU, PSE-EE e Independientes han aprobado medidas precarizadoras relacionadas con el empleo y el salario procedentes de Madrid. Así las cosas, Udalhitz lleva 16 años sin renovarse y en la mesa que se abrió para negociar el acuerdo faltan muchos contenidos. Después de más de un año de negociaciones, no se recogen los avances suficientes en las propuestas de Eudel y los partidos políticos.

Ante esta situación, LAB y ELA pusimos en marcha en abril una dinámica de huelga y movilización para el sector municipal de la CAV. Ya hicimos paros de 2 horas el 23 de abril y como siguiente paso, hoy, 14 de mayo, hemos hecho huelga toda la jornada. Hacemos una valoración muy positiva del seguimiento de la huelga de hoy. En Bizkaia, se han cerrado varios servicios de muchos ayuntamientos, entre ellos los de Basauri, Sestao, Gernika, Bermeo, Durango y Arrigorriaga, donde no ha habido muchos de los servicios habituales debido a la huelga; y Elorrio está cerrado. También ha tenido importancia el cierre del servicio de atención de Bilbao, al igual que los centros municipales y Bilbao Eszena. En Gipuzkoa el seguimiento ha sido muy importante, y en los ayuntamientos de Hernani, Usurbil, Oñati, Arrasate, Bergara, Ordizia, Beasain, Idiazabal, Anoeta y Urretxu la huelga ha sido total cerrando dichos ayuntamientos. En Donosti también se ha notado la huelga con los cierres de Cultura, la Escuela de Música y la Casa de Cultura. En Álava, los sindicatos hacemos un análisis similar. Además de los bomberos de Gasteiz, la huelga ha afectado a toda la zona de Gorbeialdea, Alegría-Dulantzi, Asparrena y Urkabustaiz.

Por lo tanto, está claro que las personas trabajadoras municipales apoyan la lucha para mejorar sus condiciones laborales. Esto se ha visto claramente en las movilizaciones que hemos llevado a cabo hoy en Gasteiz, Bilbao y Donostia. Miles de trabajadores y trabajadoras han salido a la calle para decidir aquí sus condiciones laborales y para que haya contenidos en las mesas negociadoras.

Por último, desde LAB y ELA queremos interpelar directamente a los PNV, EH BILDU, PSE-EE y Partidos Independientes que conforman EUDEL. Ya es hora de mostrar voluntad de negociación y de poner las condiciones laborales de las y los trabajadores municipales en el centro de sus políticas. El próximo 29 de mayo tienen una oportunidad para hacerlo. Si no lo hacen, el próximo 4 de junio el sector volverá a la huelga.

Celebramos haber logrado el primer convenio de AVIFES #LortuDugu

Los y las trabajadoras de esta asociación que ofrece apoyo a las personas con enfermedad mental y sus familias en Bizkaia han estado hasta ahora bajo un convenio estatal y con este logro hemos conseguido que sus condiciones laborales se equiparen a las de otras empresas del sector.

Han pasado doce años desde que se constituyó el primer comité de AVIFES y durante todos estos años los trabajadores y las trabajadoras han estado ligadas al convenio estatal. Pues bien, cuando nos presentamos a las elecciones de 2025, en LAB teníamos un objetivo: equiparar las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras de AVIFES con las de otras empresas del sector, todo ello mientras luchábamos por el convenio sectorial de Diversidad Funcional de Bizkaia. Por ello, celebramos haber logrado este objetivo que ha sido fruto de la lucha y el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras.

Los y las trabajadoras se han estado organizando durante meses, celebrando asambleas, movilizando y debatiendo constantemente, y todo ello ha merecido la pena. Desde LAB subrayamos que ello no sería posible sin mantener la unidad sindical y sin haber luchado todos y todas juntos.

Este convenio, cuya vigencia se extiende desde 2026 hasta 2028, incluye mejoras como una reducción de 60 horas en la jornada laboral, incrementos salariales con el IPC garantizado hasta el 3%, complemento de bajas al 100%, establecimiento del concepto de antigüedad, mejora de licencias, jubilaciones parciales y proceso de euskaldunización.

Además, otorgamos doble importancia a lo conseguido, ya que supone un paso adelante hacia el primer convenio de Diversidad Funcional de Bizkaia. Desde LAB nos reafirmamos en el compromiso de seguir luchando para lograr ese convenio que dignifique las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de este sector que, recordemos, son trabajadores y trabajadoras públicas privatizadas.

La sección sindical de LAB de inquilinas e inquilinos de Vitalquiler Adania inicia movilizaciones

Aprovechando que las viviendas están perdiendo la calificación de protección oficial, la promotora Adania quiere introducir subidas de renta desproporcionadas y cláusulas abusivas en los nuevos contratos. Ante ello, las y los inquilinos se movilizarán este viernes para reivindicar unas condiciones dignas.

La semana pasada, la sección sindical de LAB de inquilinas e inquilinos de Vitalquiler Adania realizó una asamblea en la que participaron los inquilinos e inquilinas de los bloques de Vitalquiler del barrio de Salburua. Allí se acordó iniciar movilizaciones con el objetivo de forzar a Adania a abrir una mesa de negociación que garantice condiciones dignas y justas en todas las renovaciones de contratos de arrendamiento de estos bloques.

La sección sindical denuncia que Adania prioriza el beneficio económico sobre la función social de estas viviendas. Cabe recordar que estos inmuebles fueron construidos con fondos públicos y destinados originalmente al alquiler subvencionado.

Sin embargo, Adania, aprovechando que las viviendas están perdiendo su calificación de protección oficial (VPO), pretende incrementar sus márgenes de beneficio mediante la imposición subidas de renta desproporcionadas y cláusulas abusivas en los nuevos contratos.

Construir con dinero público y hacer negocio mediante el alquiler subvencionado durante años no parece suficiente para Adania. Ahora buscan exprimir aún más a las familias aprovechando el fin de la calificación de VPO.

Ante esta situación, la sección sindical de LAB de inquilinas e inquilinos de Vitalquiler Adania ha convocado una movilización para este viernes, 15 de mayo, a las 18:30 frente a Adania.

Esta será la primera de una serie de movilizaciones que continuará hasta lograr un acuerdo que garantice unas condiciones dignas y estables en todos los contratos de alquiler del parque de viviendas de Vitalquiler.

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria convoca movilizaciones en contra de la guerra y para reclamar vidas dignas para todas y todos

Hoy han comparecido en Bilbo agentes sociales y sindicales que se reúnen en la Carta de Derechos Sociales de Euska Herria para anunciar movilizaciones contra las guerras, el militarismo y el aumento del gasto militar y en defensa de unas vidas dignas para todas las personas.

Así, el 17 de mayo, a las 21:00, en Donostia, en el último partido que disputará la Real Sociedad en Anoeta, denunciarán la apuesta por la industria militar y el lavado de imagen que realiza el máximo accionista de SAPA con el club donostiarra. El 27 de mayo, a las 19:00, desde la Plaza de la Convivencia de Bilbo realizarán una manifestación con el lema “De puente a puente en contra de las guerras”. El 29 de mayo, a las 18.30, llevarán a cabo una manifestación en Gasteiz desde el Gobierno Militar hasta el Parlamento Vasco reivindicando “insumisión a las guerras”. Finalmente, el 1 de junio, a las 11:00, en Iruñea, realizarán una concentración y una performance frente al Gobierno Militar.

Estas son las primeras acciones y movilizaciones que convocan, y han señalado que “inician una dinámica que creemos que es muy necesaria en Euskal Herria ante la situación geopolítica que nos atraviesa en estos momentos”.

Tras el encuentro que realizaron el pasado 8 de noviembre en Gasteiz para seguir construyendo un “Mar de fueguitos” que ponga en común las reflexiones y propuestas de multitud de organizaciones, acordaron un manifiesto, que tiene vocación de seguir sumando movimientos sociales en defensa de las reivindicaciones compartidas que han recogido en el mismo.

Manifiesto

No a la guerra, a la militarización y al gasto militar. ¡Vidas dignas para todas la personas!

La dinámica belicista, la economía de guerra y la militarización son tendencias estructurales contrarias a un modelo que garantice vidas dignas. Va en contra de una transición ecosocial justa, priorizan el gasto militar frente al gasto social, vienen de la mano del autoritarismo y el auge reaccionario.

En un contexto de crisis, el capitalismo busca seguir acumulando beneficios y las principales potencias ven en el militarismo la forma de velar por sus intereses. Que la OTAN imponga subir el gasto militar al 5% del PIB, la agresión imperialista de EEUU a Venezuela, el bloqueo total de Cuba, el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza, o el ataque imperialista a Irán y la guerra en oriente próximo son parte de lo mismo.

Jainaga imputada por exportaciones ilegales a Israel, las denuncias a CAF por colaborar con el genocidio y el colonialismo. Las declaraciones de Josu Jon Imaz diciendo que Repsol triplicará su inversión en Venezuela tras la injerencia de EEUU. En los últimos 20 años se ha triplicado la industria militar en Euskal Herria; la patronal vasca ve claro el negocio a través la guerra y no es ajena.

La Unión Europea, los Gobiernos español y francés, el Gobierno Vasco y el Navarro, son agentes indispensables de esta estrategia, mediante leyes, planes, inversiones y cobertura política e institucional. La guerra empieza aquí.

Las consecuencias de esto son sobre todo dramáticas para quienes sufren directamente estas guerras: muerte, migraciones forzadas, destrucción de territorios, comunidades e infraestructuras para la vida, violencia machista. Sin embargo, también perjudica a la clase trabajadora en su conjunto, a través de la los recortes de derechos sociales, civiles y políticos, vinculados a la subida del gasto militar. Las mujeres*, las personas racializadas y las más vulnerabilizadas son las más golpeadas.

Euskal Herria se ha manifestado claramente en contra de la guerra una y otra vez. Dijimos NO a la OTAN y tuvimos un amplio movimiento de insumisos. Somos muchas las personas que apostamos por otro modelo, y, por ello, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de la CAV y Navarra, así como a los partidos políticos vascos con representación en las distintas instituciones de Hego Euskal Herria, en Madrid y Europa, que asuman compromisos y tomen decisiones en los diferentes ámbitos para que:

1. Que Euskal Herria sea un territorio pacífico y desmilitarizado. No a las infraestructuras de guerra y al envío de armas. Reducción del gasto militar y pasos para la disolución de la OTAN, aprobándose para ello estatutos de neutralidad en los parlamentos de la CAV y Nafarroa.

2. No al negocio de la guerra. Pedimos a patronales y empresas que no apuesten por la industria militar, y a los Gobiernos Vasco y Navarro que no realicen inversiones que fortalezcan la industria militar directa o indirectamente. Destinar esos recursos para una transición ecosocial y una reconversión de la industria que sitúe a la clase trabajadora en el centro.

3. Recursos públicos para garantizar vidas dignas: no al gasto militar. No a los recortes en derechos sociales, pensiones o servicios públicos; educación, sanidad, cuidados y vivienda. Derecho a una alimentación saludable y medidas reales para hacer frente a la crisis climática. Recursos para garantizar una acogida digna y eliminar todo tipo de muros y políticas migratorias racistas.

4. No al autoritarismo y al auge reaccionario. Frente a la expansión de valores militaristas, machistas, racistas, individualistas y clasistas, así como el aumento el control social, exigimos transparencia, debate democrático, garantía de derechos civiles y políticos, y la capacidad de decisión de la ciudadanía.

Bomberos y bomberas de Bizkaia luchan por la mejora de sus condiciones laborales

Las y los bomberos del SPEIS de la Diputación Foral de Bizkaia están llevando a cabo movilizaciones reivindicando mejoras en el ámbito de la salud y la seguridad en el desempeño de su trabajo, así como por el reconocimiento profesional de su categoría, tal y como recoge la Ley de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento del Gobierno Vasco de 2023.

A día de hoy seguimos sin tener claro en qué condiciones se va a dar el cambio de grupo C2 a C1 en la Relación de Puestos de Trabajo, y Función Pública se ha mostrado hasta la fecha reacia a una nueva valoración del puesto.

Estas movilizaciones han puesto encima de la mesa otros temas que afectan a todo el personal de la DFB, como son la pérdida salarial que arrastramos en los últimos años, consecuencia de la falta de negociación seria del Acuerdo-Convenio, así como la necesidad de regulación de la carrera profesional horizontal.

Por otro lado, se están solicitando medidas serias relativas a la seguridad y salud en el trabajo, en ámbitos relacionados con la descontaminación de EPIs y con el correcto mantenimiento de los vehículos.

El plan VI del Gobierno Vasco en justicia juvenil ignora el deterioro laboral en Ibaiondo

Trabajadoras del Centro de menores de Ibaiondo se concentran frente al parlamento de Gasteiz durante la celebración de la Comisión parlamentaria en la que se presenta ante el pleno el VI Plan de Justicia Juvenil.

Mientras el Ejecutivo vasco presenta un nuevo plan de justicia juvenil con inversiones millonarias, las trabajadoras del centro de Zumarraga llevan años denunciando unas condiciones laborales que califican de insostenibles. La plantilla envejece, la negociación está rota y la promesa de «formación especializada» que recoge el nuevo plan choca con una realidad que el propio personal conoce bien: nunca han tenido un plan de formación específico

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el VI Plan de Justicia Juvenil 2025-2029, presentado como un hito en la política de reinserción de menores infractores. El plan contempla casi 43 millones de euros para el centro de menores de Ibaiondo (Zumárraga), el único de nivel I de Euskadi, donde se cumplen las medidas judiciales más restrictivas. Sin embargo, quienes trabajan cada día en ese centro llevan meses intentando ser escuchados, sin éxito.

El comité de empresa de Ibaiondo, integrado por representantes de ELA, LAB y CCOO, acumula años de negociación infructuosa con el Departamento de Justicia. Desde 2023, el comité trasladó al Parlamento Vasco su preocupación por el envejecimiento de la plantilla y el progresivo deterioro de las condiciones laborales. Tres años después, lejos de mejorar, la situación ha empeorado.

La bajada de reincidencia tiene nombre: las trabajadoras de Ibaiondo

El Gobierno Vasco exhibe con orgullo uno de los datos centrales del nuevo plan: la tasa de reincidencia de menores ha bajado del 13% al 11%, y el objetivo es situarla por debajo del 10%. Lo presenta como un éxito del modelo educativo y restaurativo. Tienen razón en algo: es un éxito del trabajo educativo. Pero ese trabajo lo realizan, día a día, las profesionales de Ibaiondo.

Son los y las educadoras, psicólogos, trabajadoras sociales y coordinadores y coordinadoras del centro quienes construyen, con cada menor, los itinerarios de responsabilización y reinserción que el plan describe en abstracto. La reducción de la reincidencia no es un logro de un documento: es el resultado directo de años de intervención educativa sostenida, personalizada e intensa, realizada por equipos que trabajan en condiciones cada vez más precarias y sin el respaldo institucional que merecen.

«La tasa de reincidencia baja porque hay personas comprometidas con su trabajo que acompañan a los menores en su proceso educativo. Ese mérito no puede desvincularse de quienes lo hacen posible mientras la administración les da la espalda.»

Una plantilla que envejece sin relevo ni soluciones

Uno de los problemas estructurales más urgentes de Ibaiondo es el envejecimiento de su plantilla. Las profesionales que sostienen el centro llevan años acumulando desgaste físico y emocional en un entorno de alta exigencia, sin que la administración haya articulado ninguna respuesta real para gestionar este proceso con dignidad y previsión.

Ante esta realidad, el comité de empresa ha dado un paso concreto: ha elaborado y presentado al Departamento de Justicia una propuesta para la negociación del Acuerdo de Horario Especial, un instrumento pensado precisamente para dar respuesta a las necesidades de una plantilla envejecida que trabaja en turnos exigentes, con presencia continuada y en contacto permanente con situaciones de alta tensión. La propuesta lleva meses sobre la mesa. La respuesta del Departamento de Justicia hasta la fecha: el silencio.

Esta inacción resulta especialmente llamativa en un momento en que el Gobierno Vasco acaba de aprobar un plan que habla de «dotación suficiente de profesionales especializados» y de atención personalizada a los menores. Mantener esa promesa exige, como punto de partida, cuidar a quienes hacen posible esa atención.

Prometen formación especializada. Nunca hemos tenido un plan de formación

Otro de los pilares del nuevo plan es la «formación especializada de los y las profesionales». Suena razonable. El problema es que choca frontalmente con la experiencia de quienes llevan años trabajando en Ibaiondo: el centro nunca ha contado con un plan de formación específico adaptado a las necesidades reales de su labor.

Trabajar con menores en conflicto con la ley, en el recurso más restrictivo de toda la comunidad autónoma, requiere una formación continua, sistemática y ajustada a perfiles de alta complejidad: conductas disruptivas graves, consumo de sustancias, problemas de salud mental, situaciones de violencia. El propio plan reconoce que estos son los principales desafíos actuales. Sin embargo, durante todos estos años, los profesionales de Ibaiondo han tenido que formarse como han podido, sin un itinerario formativo propio, sin recursos específicos, sin un compromiso real de la administración en este sentido.

Que el nuevo plan recoja ahora la formación especializada como línea estratégica es bienvenido, siempre que venga acompañado de hechos. Hasta la fecha, ha sido una promesa vacía.

Riesgos psicosociales sin respuesta

El informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 ya advertía de factores con riesgo elevado o muy elevado en el centro: estrés crónico, cargas de trabajo excesivas, desgaste psicológico-emocional, jornadas de 47 horas semanales… Desde entonces, la administración desaconsejando el criterio del servicio de prevención, no ha adoptado ninguna medida correctora. Como consecuencia directa, el número de bajas laborales de origen psicológico no ha parado de crecer, haciendo cada vez más difícil el funcionamiento cotidiano del centro.

Desde hace más de 4 años ,tanto con el equipo de gobierno actual como con el anterior, las trabajadoras de Ibaiondo han realizado numerosas acciones sindicales de protesta; acudir al Parlamento, concentraciones ante la sede de Gobierno Vasco, interrupción en mesas sectoriales, coche- caravana, protestas todos los viernes en las puertas del centro…. En respuesta a ello, el Departamento de Justicia no solo ha ignorado las demandas sindicales, sino que plantea una merma sustancial de derechos laborales que, según el comité, pone en riesgo la salud del personal.

«Seguiremos luchando por hacernos ver y por tener unas condiciones laborales acordes a nuestra labor profesional, una labor esencial para toda la sociedad.»

43 millones sobre una base agrietada

El nuevo plan anuncia casi 43 millones de euros para Ibaiondo en los próximos cuatro años. Las cifras son significativas sobre el papel. Pero para el comité de empresa, anunciar inversiones sin resolver el conflicto laboral que lastra el centro resulta contradictorio. No se puede construir un modelo de justicia juvenil de calidad sobre equipos agotados, sin formación específica, con una plantilla envejecida sin relevo planificado y con propuestas sindicales que se quedan sin respuesta durante años, pasándose la pelota de un gobierno a otro y nadie resuelve.

El Gobierno Vasco tiene ahora la oportunidad de que el VI Plan sea algo más que un documento de intenciones. El primer paso es reconocer que los resultados que celebra —la bajada de la reincidencia, la reinserción de los menores, la eficacia del modelo educativo— se sostienen sobre el compromiso y el esfuerzo de unas trabajadoras que llevan demasiado tiempo esperando que la administración cumpla con ellas.

La pelota sigue en el tejado del Departamento de Justicia. Los sindicatos mantienen su disposición a negociar, pero no aceptarán una propuesta que empeore lo que ya existe. Mientras tanto, en Ibaiondo, los equipos siguen trabajando.

El Comité de empresa de Ibaiondo · ELA · LAB · CCOO

Alcanzamos un acuerdo sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo de Lanbide #LortuDugu

LAB ha alcanzado un acuerdo en la Comisión de Relaciones Laborales celebrada el 13 de mayo sobre la nueva RPT de Lanbide, tras meses de negociación, debate y presión sindical. El acuerdo recoge puntos clave de los ejes estratégicos que hemos defendido a lo largo de toda la negociación, así como una subida de nivel para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores.

En primer lugar, el acuerdo contempla la realización de un estudio de dimensionamiento de la plantilla de Lanbide. En LAB consideramos que este es un primer paso fundamental para hacer frente a las carencias estructurales que actualmente tiene Lanbide. El estudio deberá tener en cuenta las cargas de trabajo de la plantilla, los ratios de atención, las necesidades reales de los servicios y el número de puestos necesarios.

Queremos subrayar que un dimensionamiento adecuado es imprescindible para garantizar un servicio público de calidad, ya que la función de Lanbide es clave para la cohesión social. Por ello, consideramos que deben reconocerse y garantizarse los recursos, el personal y la estructura que dicha labor requiere.

El objetivo es acercar Lanbide a los parámetros de un servicio público de calidad que le permitan situarse en los marcos europeos de referencia.

Además, de LAB ha conseguido incorporar a la negociación el análisis de los servicios actualmente externalizados. En el sindicato consideramos que debe explorarse la vía de una integración progresiva en la estructura pública de aquellos servicios estructurales y permanentes. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las compañeras y compañeros de Lanbitel, aquellas que atienden por vía telefónica.

En segundo lugar, hemos evitado que el proceso de laboralización se convierta en una imposición unilateral. Desde nuestro sindicato hemos denunciado que el proceso se estaba planteando desde una lógica de chantaje y que podía provocar retrocesos en los derechos y garantías de las y los trabajadores. Con el acuerdo alcanzado, se recoge que el proceso de integración será más abierto y contará con mayores garantías, salvaguardando los derechos y las opciones profesionales de la plantilla.

En tercer lugar, consideramos especialmente importante lo conseguido en relación con el euskera. En los últimos meses ha sido cada vez más visible el debate abierto en torno a la política lingüística en Lanbide, y desde LAB hemos denunciado el intento de determinados cargos públicos de situarse en la dirección contraria.

Mediante este acuerdo hemos conseguido poner límites a esa tendencia y recoger expresamente que en Lanbide no se dará ningún paso atrás en materia de derechos lingüísticos, perfiles lingüísticos y garantías actuales. En el sindicato consideramos que hacer frente a los discursos y presiones contra el euskera es imprescindible para construir un Lanbide que respete los derechos de la ciudadanía y garantice unos servicios públicos euskaldunes. Asimismo, nos reafirmamos en el camino hacia la plena euskaldunización de Lanbide y nos comprometemos a llevar a cabo un seguimiento riguroso para garantizar el cumplimiento y desarrollo íntegro del acuerdo.

Desde LAB queremos agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores su movilización, participación y apoyo a lo largo de esta negociación. Consideramos que sin la presión y la implicación de la plantilla no habría sido posible alcanzar el acuerdo que hoy presentamos.

Por último, recordamos que seguiremos trabajando para verificar el cumplimiento efectivo del acuerdo y continuar siendo altavoz de las trabajadoras y trabajadores de Lanbide.

LAB denuncia que el 80% de las empresas navarras no son saludables y que el incumplimiento empresarial mata a trabajadores y trabajadoras

El cumplimiento de la ley de 1996 es testimonial en Nafarroa, sin embargo, las empresas continúan impunes. La nula voluntad política del Gobierno de Nafarroa para hacer cumplir la ley a las empresas hace que estas sigan incumpliendo de manera generalizada la normativa, 30 años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención.

Hoy se ha celebrado en Baluarte el III Congreso Estatal de Empresas Saludables, organizado por el ejecutivo navarro. Conjugar los términos “empresa” y “saludable” en nuestra sociedad sonaría a oxímoron o a chiste de mal gusto si no fuese porque Nafarroa lidera las tasas de siniestralidad laboral.

El propio Gobierno de Nafarroa concluyó en su memoria del Proyecto Piloto del Área de Tafalla 2024-2026 que los datos reflejan una situación preocupante en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas. El 45% no ha evaluado los riesgos asociados a las tareas específicas de los puestos de trabajo, mientras que únicamente el 10% analiza los riesgos psicosociales. Además, solo el 5% evalúa los riesgos ergonómicos, pese a que estos representan un tercio de los accidentes y la mayoría de las enfermedades profesionales reconocidas. En relación con los riesgos químicos, apenas el 10% de las empresas realiza evaluaciones cuantitativas o cualitativas.

También destaca que en la mitad de las empresas con riesgo de atmósferas explosivas este peligro no aparece reflejado en las evaluaciones de riesgos. A ello se suma que el 30% de las empresas mantiene mecanismos de seguridad anulados y que el 80% de las cubiertas no son seguras para transitar. Finalmente, la integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura jerárquica sigue siendo escasa, ya que solo el 19% de las empresas la tiene incorporada y únicamente un 22% realiza un seguimiento de las actividades preventivas planificadas.

Un escándalo por el que nadie ha asumido responsabilidad alguna, ni responsables políticos ni empresarios. Siendo este el dramático diagnóstico oficial, el Gobierno de Nafarroa, lejos de pisar el acelerador y ponerse manos a la obra de una manera seria y decidida contra esta política empresarial criminal, vuelve a convocar un congreso, y el sindicato LAB se pregunta: ¿para qué? ¿qué resultados han tenido los dos anteriores? Basta de márketing y de buenas palabras.

Las empresas no van a cumplir la Ley de Prevención si no se les obliga a ello, la falta de voluntad empresarial y el incumplimiento estructural de la ley son manifiestos. Ni siquiera una nueva reforma de la actual ley va a garantizar su cumplimiento. Treinta años son más que suficientes para que termine la sangría de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Mientras todo esto sucede, mientras las empresas operan con total impunidad y la clase trabajadora vive el desamparo frente a la obligación legal de proteger la seguridad y la salud laboral, se acusa a los y las trabajadoras un día sí y otro también de absentismo, de fraude y de poner en jaque poco menos que la viabilidad de las empresas y del sistema sanitario. Los datos, sin embargo, dan la razón a LAB: el bulo del absentismo es eso mismo, una mentira creada por la patronal para tapar su proceder negligente, ocultar sus miserias y, de paso, seguir recortando los derechos de los y las trabajadoras navarras.

Es urgente que Nafarroa asuma cuanto antes la competencia de la Inspección de Trabajo y que la dote de recursos suficientes para que pueda operar de manera efectiva. Es igualmente urgente que el Gobierno de Nafarroa tome el timón y se plante frente a esta barbarie patronal. Por ello, LAB reclama que el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral adquiera competencias ejecutivas vinculantes en el seguimiento de la normativa por parte de las empresas.