Trabajadoras del Centro de menores de Ibaiondo se concentran frente al parlamento de Gasteiz durante la celebración de la Comisión parlamentaria en la que se presenta ante el pleno el VI Plan de Justicia Juvenil.
Mientras el Ejecutivo vasco presenta un nuevo plan de justicia juvenil con inversiones millonarias, las trabajadoras del centro de Zumarraga llevan años denunciando unas condiciones laborales que califican de insostenibles. La plantilla envejece, la negociación está rota y la promesa de «formación especializada» que recoge el nuevo plan choca con una realidad que el propio personal conoce bien: nunca han tenido un plan de formación específico
El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el VI Plan de Justicia Juvenil 2025-2029, presentado como un hito en la política de reinserción de menores infractores. El plan contempla casi 43 millones de euros para el centro de menores de Ibaiondo (Zumárraga), el único de nivel I de Euskadi, donde se cumplen las medidas judiciales más restrictivas. Sin embargo, quienes trabajan cada día en ese centro llevan meses intentando ser escuchados, sin éxito.
El comité de empresa de Ibaiondo, integrado por representantes de ELA, LAB y CCOO, acumula años de negociación infructuosa con el Departamento de Justicia. Desde 2023, el comité trasladó al Parlamento Vasco su preocupación por el envejecimiento de la plantilla y el progresivo deterioro de las condiciones laborales. Tres años después, lejos de mejorar, la situación ha empeorado.
La bajada de reincidencia tiene nombre: las trabajadoras de Ibaiondo
El Gobierno Vasco exhibe con orgullo uno de los datos centrales del nuevo plan: la tasa de reincidencia de menores ha bajado del 13% al 11%, y el objetivo es situarla por debajo del 10%. Lo presenta como un éxito del modelo educativo y restaurativo. Tienen razón en algo: es un éxito del trabajo educativo. Pero ese trabajo lo realizan, día a día, las profesionales de Ibaiondo.
Son los y las educadoras, psicólogos, trabajadoras sociales y coordinadores y coordinadoras del centro quienes construyen, con cada menor, los itinerarios de responsabilización y reinserción que el plan describe en abstracto. La reducción de la reincidencia no es un logro de un documento: es el resultado directo de años de intervención educativa sostenida, personalizada e intensa, realizada por equipos que trabajan en condiciones cada vez más precarias y sin el respaldo institucional que merecen.
«La tasa de reincidencia baja porque hay personas comprometidas con su trabajo que acompañan a los menores en su proceso educativo. Ese mérito no puede desvincularse de quienes lo hacen posible mientras la administración les da la espalda.»
Una plantilla que envejece sin relevo ni soluciones
Uno de los problemas estructurales más urgentes de Ibaiondo es el envejecimiento de su plantilla. Las profesionales que sostienen el centro llevan años acumulando desgaste físico y emocional en un entorno de alta exigencia, sin que la administración haya articulado ninguna respuesta real para gestionar este proceso con dignidad y previsión.
Ante esta realidad, el comité de empresa ha dado un paso concreto: ha elaborado y presentado al Departamento de Justicia una propuesta para la negociación del Acuerdo de Horario Especial, un instrumento pensado precisamente para dar respuesta a las necesidades de una plantilla envejecida que trabaja en turnos exigentes, con presencia continuada y en contacto permanente con situaciones de alta tensión. La propuesta lleva meses sobre la mesa. La respuesta del Departamento de Justicia hasta la fecha: el silencio.
Esta inacción resulta especialmente llamativa en un momento en que el Gobierno Vasco acaba de aprobar un plan que habla de «dotación suficiente de profesionales especializados» y de atención personalizada a los menores. Mantener esa promesa exige, como punto de partida, cuidar a quienes hacen posible esa atención.
Prometen formación especializada. Nunca hemos tenido un plan de formación
Otro de los pilares del nuevo plan es la «formación especializada de los y las profesionales». Suena razonable. El problema es que choca frontalmente con la experiencia de quienes llevan años trabajando en Ibaiondo: el centro nunca ha contado con un plan de formación específico adaptado a las necesidades reales de su labor.
Trabajar con menores en conflicto con la ley, en el recurso más restrictivo de toda la comunidad autónoma, requiere una formación continua, sistemática y ajustada a perfiles de alta complejidad: conductas disruptivas graves, consumo de sustancias, problemas de salud mental, situaciones de violencia. El propio plan reconoce que estos son los principales desafíos actuales. Sin embargo, durante todos estos años, los profesionales de Ibaiondo han tenido que formarse como han podido, sin un itinerario formativo propio, sin recursos específicos, sin un compromiso real de la administración en este sentido.
Que el nuevo plan recoja ahora la formación especializada como línea estratégica es bienvenido, siempre que venga acompañado de hechos. Hasta la fecha, ha sido una promesa vacía.
Riesgos psicosociales sin respuesta
El informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 ya advertía de factores con riesgo elevado o muy elevado en el centro: estrés crónico, cargas de trabajo excesivas, desgaste psicológico-emocional, jornadas de 47 horas semanales… Desde entonces, la administración desaconsejando el criterio del servicio de prevención, no ha adoptado ninguna medida correctora. Como consecuencia directa, el número de bajas laborales de origen psicológico no ha parado de crecer, haciendo cada vez más difícil el funcionamiento cotidiano del centro.
Desde hace más de 4 años ,tanto con el equipo de gobierno actual como con el anterior, las trabajadoras de Ibaiondo han realizado numerosas acciones sindicales de protesta; acudir al Parlamento, concentraciones ante la sede de Gobierno Vasco, interrupción en mesas sectoriales, coche- caravana, protestas todos los viernes en las puertas del centro…. En respuesta a ello, el Departamento de Justicia no solo ha ignorado las demandas sindicales, sino que plantea una merma sustancial de derechos laborales que, según el comité, pone en riesgo la salud del personal.
«Seguiremos luchando por hacernos ver y por tener unas condiciones laborales acordes a nuestra labor profesional, una labor esencial para toda la sociedad.»
43 millones sobre una base agrietada
El nuevo plan anuncia casi 43 millones de euros para Ibaiondo en los próximos cuatro años. Las cifras son significativas sobre el papel. Pero para el comité de empresa, anunciar inversiones sin resolver el conflicto laboral que lastra el centro resulta contradictorio. No se puede construir un modelo de justicia juvenil de calidad sobre equipos agotados, sin formación específica, con una plantilla envejecida sin relevo planificado y con propuestas sindicales que se quedan sin respuesta durante años, pasándose la pelota de un gobierno a otro y nadie resuelve.
El Gobierno Vasco tiene ahora la oportunidad de que el VI Plan sea algo más que un documento de intenciones. El primer paso es reconocer que los resultados que celebra —la bajada de la reincidencia, la reinserción de los menores, la eficacia del modelo educativo— se sostienen sobre el compromiso y el esfuerzo de unas trabajadoras que llevan demasiado tiempo esperando que la administración cumpla con ellas.
La pelota sigue en el tejado del Departamento de Justicia. Los sindicatos mantienen su disposición a negociar, pero no aceptarán una propuesta que empeore lo que ya existe. Mientras tanto, en Ibaiondo, los equipos siguen trabajando.
El Comité de empresa de Ibaiondo · ELA · LAB · CCOO