2026-02-13
Blog Página 518

Nos congratulamos de que el caso de las filtraciones en la OPE de Osakidetza adquiera velocidad y acumule las actuaciones que solicitamos

La magistrada Ana Jesús Zulueta ha dictado un auto en el que respalda las peticiones del sindicato LAB de imputar a la presidenta del tribunal de neurocirugía, iniciar toma de declaración a 24 personas en calidad de testigos e iniciar diferentes oficios solicitados el día 9 de junio de 2020. Asimismo, deja abierta la puerta a la posible imputación de la antigua dirección de Osakidetza por asociación ilícita, fraude en la contratación y revelación de secretos, tras practicar las diligencias acordadas en el presente auto.

Los testimonios en calidad de testigo que LAB solicitó y a las que la magistrada ha decidido tomar declaración, son un total de 24:

-D. José Muñiz Fernandez como realizador del estudio psicométrico encargado por Osakidetza a la facultad de Oviedo. Esta diligencia se considera pertinente al objeto de aclarar los informes redactados bajo su coordinación.

-Persona responsable del estudio estadístico realizado por el sindicato LAB y que permitió ver las filtraciones más allá de la categoría de anestesia, elevando a 19 las categorías con resultados anómalos.

-6 opositoras y opositores de las pruebas de anestesia, angiología y traumatología.

-1 denunciante de irregularidades en Aparato Digestivo.

-1 denunciante de irregularidades en Cirugía Plástica.

-1 denunciante de irregularidades en Microbiología.

-7 miembros del tribunal de Angiología, todos salvo María Reyes Vega, que se encuentra imputada y a la que ya se le tomó declaración.

-3 miembros del tribunal de traumatología.

-2 miembros del tribunal de cirugía plástica.

-1 miembro del tribunal de Urología.

Asimismo, el auto dictado por Ana Jesús Zulueta respalda la imputación solicitada por LAB a Covadonga Fernández Maiztegi, presidenta del tribunal de neurocirugía, ya que en la prueba de neurocirugía se quebrantó el anonimato de las y los opositores.

El auto considera pertinentes, a petición de LAB, los siguientes oficios:

-Remisión al Juzgado todas las actas del tribunal de Urología, que no constan en el expediente de Osakidetza y las diferentes consultas y respuestas, especialmente respecto a la posibilidad de lectura pública de los ejercicios pudiendo vulnerar el derecho de corrección anónima y en su caso qué persona respondió a las cuestiones planteadas.

-Solicitud de certificación de la reunión entre la dirección RRHH (Juan Carlos Soto) con el doctor Ángel Loma-Osorio a que se hace referencia en el expediente de Osakidetza y que se celebró tras la denuncia de filtración hecha pública por este último y que derivó en la renuncia de Ángel Loma-Osorio e Izaskun Obieta a seguir siendo miembros del tribunal.

-Aclaración sobre la apertura o no de expedientes a miembros del tribunal de traumatología por la reunión celebrada en el Hotel Astoria días antes de la celebración de los exámenes (27 de mayo de 2018) por los vocales del tribunal a espaldas de presidenta y secretaria del mismo. En caso afirmativo solicitar la remisión de dicho expediente integro.

-Expediente íntegro de exclusión de la oposición a una opositora de cirugía plástica, así como la remisión al juzgado de los exámenes que realizó dicha opositora, especificando la nota obtenida y todas las comunicaciones entre el tribunal de Cirugía Plástica y Osakidetza.

-Expediente íntegro de la categoría de neurocirugía y las comunicaciones entre miembros del tribunal para aclarar si se rompió el anonimato de los opositores en esta categoría también.

LAB sigue defendiendo como acusación popular que las filtraciones en Osakidetza vienen de lejos, y que no solo no se han intentado evitar, sino que la dirección de Osakidetza utilizó todos los recursos a su alcance para perfeccionar este sistema de reparto discrecional de plazas antes de la realización de los exámenes y que una vez descubiertas las filtraciones intentó ocultarlas y obstaculizar su esclarecimiento.

Hemos denunciado la situación de las y los trabajadores de Lurgoien y la intención de la empresa de despedirlos

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LAB denuncia la situación que las y los trabajadores de Lurgoien S.A., empresa dedicada a la construcción, están sufriendo y se opone rotundamente a la intención de la empresa de querer despedir a sus 35 trabajadores. Nos hemos concentrado hoy ante su sede, en Donostia, para denunciar esta situación.

Las y los trabajadores de Lurgoien están viviendo una situación absolutamente de indefensión. La empresa lleva varios meses sin darles trabajo. Les adeuda las nóminas de mayo, junio y la paga extra de verano. Y, finalmente, el 15 de junio les comunica su intención de proceder a realizar un ERE, despido colectivo, sin tener más noticias desde esa fecha.

Como consecuencia de esta situación, se han rescindido diferentes contratos y obras que estaban realizando o tenían adjudicadas. Lurgoien pertenece al grupo Balzola, empresa que hace unos meses ha presentado también un ERE de extinción para sus trabajadoras y trabajadores en Bizkaia.

A nuestro juicio, la empresa está provocando una situación que justifique esa situación de cierre con la pérdida deliberada de esos contratos. Tenemos claro que la empresa Lurgoien tenía trabajo y era viable, pero la situación financiera del grupo Balzola le está arrastrando a una situación de cierre.

LAB exige al grupo el pago de las nóminas adeudadas, que informe inmediatamente de los planes de la empresa y un plan de viabilidad que evite el cierre de la misma.

Hemos recordado al Gobierno Vasco en Lakua que la situación de su plantilla no es para mostrarse orgulloso

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Nos hemos concentrado en Lakua con motivo del final de legislatura del Gobierno 2016-2020. Lo hemos hecho remarcando que la pandemia no ha hecho más que acentuar la nefasta actitud del Gobierno Vasco hacia su plantilla.

La crisis del COVID 19 no ha hecho más que acentuar las características de la actitud del Gobierno durante la legislatura: falta de respeto a la representación sindical de la plantilla y continua negación de la negociación. De hecho, hemos recibido por prensa tanto las convocatorias a reuniones que debían ser mesa de negociación, así como los contenidos de los acuerdos adoptados unilateralmente. 

En fin, este gobierno ha convertido el ámbito sindical en una mesa meramente informativa con su correspondiente perfomatividad, cara a teatralizar una supuesta negociación que evidentemente no es tal. Probablemente esto es así porque la situación de la plantilla en el Gobierno Vasco no es para mucho alarde: más de la mitad del personal es eventual; se nos ha arrebatado un 15% del poder adquisitivo; llevamos más de 10 años sin negociar el convenio; y siendo la edad media de edad del personal de 60 años, el Gobierno no ha desarrollado una planificación ni ha establecido bonificaciones ni incentivos para estimular la jubilación.

Llamamos a parar los planes de cierre de Siemens Gamesa de su planta de Agoitz y a la participación de la sociedad navarra en la manifestación del sábado

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Asteazkenean egin zen Siemens Gamesa multinazionalak Agoitzeko lantegia ixteko EEEaren lehen bilera. Itxierak 239 familia utziko ditu kalean. Bilerarekin batera, 24 ordutako lanuztea egin zuten langileek multinazionalari argi eta garbi esateko ez dutela lantegiaren itxiera onartuko.

La planta de Siemens Gamesa Agoitz es rentable y viable, tal y como se le manifestó a la multinacional en la reunión. Hemos denunciado que se trata de una deslocalización con el objetivo de ahorrarse costes, cerrando esta fábrica y mandando la producción a otras plantas en Portugal y Tánger donde la mano de obra es más barata. El sindicato LAB va a utilizar todas las herramientas, huelga, movilización y acciones judiciales, para parar esta injusticia. El cierre de la planta de Agoitz supondría un perjuicio enorme, no sólo para las y los trabajadores, sino también para toda la comarca, ya duramente catigada.  

Es hora de la responsabilidad política de quienes en su día aplaudieron la venta de Gamesa a Siemens, perdiendo el control de la empresa. Desde el Sindicato LAB hacemos un llamamiento a toda nuestra militancia así como a toda la sociedad navarra a participar en la manifestación convocada por el Comité de Empresa el próximo sábado 11 de julio en Iruñea a las 18:00 horas que partirá desde la vieja estación de autobuses. Este cierre se puede parar. Entre todas y todos lo conseguiremos. 

Inspección de Trabajo nos da definitivamente la razón y obliga a Osakidetza a conceder tiempo para el aseo personal dentro de la jornada laboral

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El pasado mes de abril, nuestras compañeras de LAB en Garbialdi denunciaron ante Inspección de Trabajo a su empresa (contrata) y a la OSI Bilbao-Basurto (contratante) por no aplicar el Real Decreto 664/1997 de Riesgos Biológicos, denuncia que LAB ya había llevado en 2018 a Inspección de Trabajo para que a las trabajadoras de residencias se les reconociese su exposición a estos riesgos.

Ya en mayo, Inspección nos dio la razón y, por extensión, obligaba también a Osakidetza a tomar una serie de medidas en todas sus organizaciones y para todas las categorías. Presentadas alegaciones por Osakidetza, Inspección de Trabajo las ha desetimado y de forma definitva, obliga a Osakidetza a tomar medidas inmediatas en todas sus OSIs y para todas las categorías para cumplir el Real Decreto de Riesgos Biológicos y que aplique a todo el personal los 10 minutos para que se puedan asear antes de la comida y al salir del trabajo; a pesar de las alegaciones y obstáculos de Osakidetza argumentando «que solo se aplique al personal de laboratorio y que con un lavado de manos es suficiente» dejando fuera miles de personas trabajadoras expuestas al covid-19 en esta pandemia.

Otra de las medidas que Inspección exige de forma inmediata a Osakidetza es que el personal disponga de taquillas, en las cuales se pueda separar la ropa personal de la ropa contaminada.

Con este requerimiento hemos vuelto a demostrar la indefensión de la plantilla que trabaja en Osakidetza y el no reconocimiento por parte del ente público ni de las empresas privadas contratadas de la magnitud de la exposición a la que se encuentran las personas que trabajan en sanidad, tanto las de empresas como Garbialdi como el personal propio de Osakidetza.

Una vez más, hemos tenido que exigir el más mínimo cumplimiento de la propia ley mediante denuncias en instancias de inspección o tribunales, dejando claro el abandono por parte de la dirección de Osakidetza de sus trabajadores y trabajadoras durante los duros y difíciles momentos de la pandemia. Mientras las autoridades nos aplaudían falsamente y se deshacían en elogios frente a las cámaras, en los hospitales y centros de salud nos abandonaban a nuestra suerte.

Hacemos un llamamiento a los partidos políticos a cumplir los compromisos adquiridos en el Parlamento en torno a los ratios

Nos hemos movilizado ante la Diputación Foral de Bizkaia con el lema “Con los cuidados esenciales no se juega. Servicios públicos, públicos de verdad”. Tal y como hemos denunciado reiteradamente, el deterioro del conjunto de servicios sociales es alarmante, tanto en el plano asistencial como el plano laboral.

La pandemia ha dejado de manifiesto la vital importancia de los mismos y ha acentuado la grave situación en la que se encuentran, dejando en evidencia el actual modelo de servicios sociales de gestión privada, en el cual, priman los beneficios económicos ante la calidad del servicio y las condiciones en que se presta. En el mismo, están enquistados los enormes beneficios e intereses de una importante red clientelar vinculada a ex cargos del PNV, tal y como refleja la importante red de empresas gestoras de los centros residenciales de la tercera edad.

Para el sindicato LAB, la necesidad de reformular el sistema de cuidados es total, tanto desde la dimensión del cuidado, de las condiciones laborales, del acceso al sistema de cuidados y de la gestión del mismo y edificar un sistema integral de cuidados de carácter público, universal, de calidad y gratuito y reconociendo la fundamental función que realizan las trabajadoras.

Como parte de esa necesaria dinámica de reformulación de los servicios sociales, recogimos más de 14.000 firmas que avalaban la necesidad de una regulación adecuada para el conjunto de los servicios sociales en la que se incluyeran unos ratios de atención suficientes en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una organización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias y a los derechos laborales de las personas trabajadoras, garantizando la promoción de la salud laboral.

En ese sentido, el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco en 2016 a actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales, donde se regulan los ratios y otras cuestiones inherentes al personal. E instó a que en dicha elaboración se contase con la participación técnica de las y los representantes de las personas usuarias y del personal laboral así como a garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones de trabajo dignas para las personas trabajadoras.

Sin embargo, el Gobierno Vasco aprobó un decreto para centros residenciales de la tercera edad en agosto del 2019, sin la participación de las personas trabajadoras ni de las personas usuarias. Tampoco tuvo en cuenta las alegaciones que se presentaron. Las ratios de atención fijadas en el decreto no suponen ningún aumento de personal y no establece una ratio de carácter presencial, por categorías y que tenga en cuenta los verdaderos perfiles de las personas usuarias. El propio informe jurídico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales advertía de la falta de justificación y objetivación para el establecimiento de las ratios fijadas.

A finales del 2019, el propio parlamento vasco instaba al Gobierno Vasco a la revisión del Decreto en aquellas cuestiones fundamentales para garantizar una atención de calidad, lo que debería incluir unas adecuadas ratios de atención.

Estas ratios de atención impuestos impiden el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras y condenan a estas a estar expuestas a graves riesgos laborales por los altos ritmos y cargas de trabajo.

Desde el Sindicato LAB, instamos al parlamento que saldrá de las elecciones del 12 de julio y al conjunto de fuerzas políticas al cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto en el propio parlamento. Es hora de pasar de los aplausos y las palmaditas en la espalda. Exigimos al Gobierno Vasco que garantice los derechos de las personas usuarias a recibir una intervención centrada en las personas los derechos de las personas trabajadoras en unas óptimas condiciones laborales, exentas de cualquier riesgo laboral y factor de precariedad. Ello como base para garantizar un sistema de cuidados público, universal, gratuito y de calidad.

Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa no cumplen el convenio de la construcción de Gipuzkoa

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Tras la visita realizada a diferentes obras para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral, LAB ha denunciado en Inspección de Trabajo cuatro obras de Gipuzkoa por no cumplir el convenio del territorio.

Dos de las cuatro obras denunciadas son obras públicas, una es la obra de construción del Tren de Alta Velocidad en su tramo Arrasate-Elorrio-Bergara promovida por el Gobierno Vasco. En esta obra hemos tenido conocimiento de que las y los trabajadores están fichando 8 horas pero están realizando 11 horas diarias de lunes a viernes. Además, en este caso, podemos estar ante un delito de falsificación de documentos, lo que nos parece muy grave.

La segunda obra pública denunciada es la obra de rehabilitación de la fachada de la Hacienda de Gipuzkoa sita en Errotaburu, donde la Diputación de Gipuzkoa ha contratado para ello a una empresa alavesa, Indenort S.L, la cual, ha subcontratado esos trabajos a una empresa vizcaina, Euskogres S.L. quien aplica el convenio de la construcción de Bizkaia a las y los trabajadores que trabajan en la obra de Errotaburu.

Las otras dos obras denunciadas son la construcción de una residencia de mayores en Igara (Donostia) y unas viviendas en Astigarraga, donde las empresas denunciadas son empresas subcontratadas que están aplicando sus convenios de origen a las y los trabajadores de esas obras, concretamente los convenios de Burgos y Madrid respectivamente.

En las cuatro obras denunciadas existe un denominador común, el uso de la subcontratación para abaratar costes, lo que conlleva que no se respeten los salarios mínimos a esas y esos trabajadores. Son las propias administraciones públicas, Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa, quienes no cumplen el convenio sectorial del territorio. Nos parece muy grave y, por ello, hemos presentado una copia de las denuncias a ambas entidades para que respondan por lo que están haciendo.

Estas denuncias muestran que, en la construcción, los incumplimientos del convenio están a la orden del día y que no existe voluntad política de terminar con la precariedad laboral del sector. No podemos permitir que las propias instituciones incumplan las normas y proyecten una imagen de Gipuzkoa de territorio “low cost”.

Ante la próxima celebración de elecciones autonómicas, exigimos a todos los partidos políticos un compromiso claro y activo por respetar los derechos de las y los trabajadores, también en el sector de la construcción, a través de medidas reales que prevengan todo tipo de incumplimientos.

Debemos llevar la reivindicación de fortalecer el sector público a las instituciones el 12 de julio

Más que reconstruir lo anterior, queremos un cambio de modelo a la medida de las y los trabajadores, y así lo estamos reivindicando en el marco de la campaña «Badugu aukera. Vamos hacia el cambio». Así, Garbiñe Aranburu y Gorka Berasategi, secretaria general y secretario de la Federación de Servicios Públicos de LAB, respectivamente, han comparecido para destacar que en la actual coyuntura entre los principales retos del sindicato se encuentran reforzar los servicios públicos y crear un sistema público de cuidados. En concreto, hemos presentado propuestas concretas para conseguir estos objetivos y, en vísperas de las elecciones del 12 de julio, hemos hecho un llamamiento a los partidos para que las tengan.

«La pandemia ha hecho aún más evidente la necesidad de poner fin a la política de privatización, mercantilización y de concertación de los servicios públicos. Es hora de replantearse el modelo de los servicios públicos. Lo que tiene que primar es dar un servicio de calidad». Así ha comenzado su intervención Garbiñe Aranburu en la comparecencia ante los medios.

Así, ha señalado que para dar un servicio de calidad a las y los ciudadanos primero hay que mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores porque en el sector público predomina la precariedad. Lo tenemos claro en el sindicato: hay que reducir la temporalidad de las y los trabajadores públicos al 8%; hacen falta nuevas leyes para mejorar los ratios en el cuidado, en la atención sanitaria y en la educación; urge dar una solución a la situación de las y los rabajadores interinos; hay que poner en marcha procesos de estabilización del empleo; hacen falta leyes que garanticen los derechos lingüísticos.

Asimismo, los servicios públicos, para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, se tienen que ofrecer desde lo público, empezando por lo más urgente:

-Reforzar el sistema público de sanidad: hay que apostar por un servicio de atención primaria de calidad, destinando más recursos; se necesita un plan para poner fin a la política de concertación de la sanidad pública, recuperando los servicios que han sido concertados; hay que ampliar el catálogo de servicios. Por ejemplo, las y los dentistas.

-Hay que publificar el cuidado de las personas mayores: las empresas y las fundaciones privadas tienen que desaparecer y hay que abordar un proceso de publificación de las y los trabajadores.

Para hacer todo esto posible, para dar un servicio de calidad, hay que hacerlo desde aquí. Hay que frenar la política de centralización. No tiene sentido que el modelo de sector público y las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores públicos se decidan en Madrid. En Nafarroa se tiene que renovar el Estatuto de la Función Pública y en la CAV hay que aprobar una ley soberana de Función Pública para no depender del Estado y esas leyes se deben respetar sin ninguna injerencia estatal.

Por otro lado, las competencias existentes se deben aprovechar para no privatizar más y para publificar creando un sector público no dependiente de las empresas privadas. Las competencias existentes se deben aprovechar para una mayor inversión en el sector público, como puede ser en Sanidad o en Educación, pero durante los últimos años no ha sido así. En los presupuestos de la CAV y también en Nafarroa, ha habido recortes.

Para reforzar el sector público hay que invertir más dinero. Y no hay inversión si no se toca la política fiscal. Hay que recaudar más dinero y se tiene que hacer de manera más progresiva. El lehendakari Urkullu dice que no subir impuestos no equivale a recortes, Eso es mentira. Hay que hablar claro: si se mantiene el actual Gobierno, se va a debilitar el sector público. Se están haciendo y van a seguir con las políticas neoliberales y la política de recortes.

Cambio social necesario
Faltan pocos días para las elecciones del 12 de julio. En Euskal Herria somos una mayoría sindical y social quien ha salido a la calle a reivindicar el cambio social. Somos una mayoría quienes defendemos otro sector público. Tenemos mucho que decir el 12 de julio, llevando esa lucha por el cambio social a las instituciones e impulsando el cambio político.

Gasteizen gaur eta Muxikan bihar; lan heriotzen odolustea salatzen jarraitzen dugu

SEA patronalaren aurrean mobilizatu gara, gehiengo sindikalak deituta, “Lan istripu gehiagorik ez, prekarietate hiltzailea” leloarekin. Hain zuzen ere, ekainaren 29an Gasteizen lan istripua izan zuen langilearen heriotza salatu dugu. Kamioi baten atoitik erori zen, eta zauri larriekin ospitaleratu zuten. Handik egun batzuetara zendu zen. 40 dira, gutxienez, aurten hildako langileak Euskal Herrian. Muxikan bihar elkarretaratzea egingo dugu berriro, joan den astean baso lanetan ari zen langilea gogoan.