Nos hemos movilizado ante la Diputación Foral de Bizkaia con el lema “Con los cuidados esenciales no se juega. Servicios públicos, públicos de verdad”. Tal y como hemos denunciado reiteradamente, el deterioro del conjunto de servicios sociales es alarmante, tanto en el plano asistencial como el plano laboral.

La pandemia ha dejado de manifiesto la vital importancia de los mismos y ha acentuado la grave situación en la que se encuentran, dejando en evidencia el actual modelo de servicios sociales de gestión privada, en el cual, priman los beneficios económicos ante la calidad del servicio y las condiciones en que se presta. En el mismo, están enquistados los enormes beneficios e intereses de una importante red clientelar vinculada a ex cargos del PNV, tal y como refleja la importante red de empresas gestoras de los centros residenciales de la tercera edad.

Para el sindicato LAB, la necesidad de reformular el sistema de cuidados es total, tanto desde la dimensión del cuidado, de las condiciones laborales, del acceso al sistema de cuidados y de la gestión del mismo y edificar un sistema integral de cuidados de carácter público, universal, de calidad y gratuito y reconociendo la fundamental función que realizan las trabajadoras.

Como parte de esa necesaria dinámica de reformulación de los servicios sociales, recogimos más de 14.000 firmas que avalaban la necesidad de una regulación adecuada para el conjunto de los servicios sociales en la que se incluyeran unos ratios de atención suficientes en número, por categorías y de carácter presencial, asegurando una organización de los servicios adecuada a las necesidades de las personas usuarias y a los derechos laborales de las personas trabajadoras, garantizando la promoción de la salud laboral.

En ese sentido, el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco en 2016 a actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales, donde se regulan los ratios y otras cuestiones inherentes al personal. E instó a que en dicha elaboración se contase con la participación técnica de las y los representantes de las personas usuarias y del personal laboral así como a garantizar unos servicios públicos de calidad y unas condiciones de trabajo dignas para las personas trabajadoras.

Sin embargo, el Gobierno Vasco aprobó un decreto para centros residenciales de la tercera edad en agosto del 2019, sin la participación de las personas trabajadoras ni de las personas usuarias. Tampoco tuvo en cuenta las alegaciones que se presentaron. Las ratios de atención fijadas en el decreto no suponen ningún aumento de personal y no establece una ratio de carácter presencial, por categorías y que tenga en cuenta los verdaderos perfiles de las personas usuarias. El propio informe jurídico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales advertía de la falta de justificación y objetivación para el establecimiento de las ratios fijadas.

A finales del 2019, el propio parlamento vasco instaba al Gobierno Vasco a la revisión del Decreto en aquellas cuestiones fundamentales para garantizar una atención de calidad, lo que debería incluir unas adecuadas ratios de atención.

Estas ratios de atención impuestos impiden el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias y de las personas trabajadoras y condenan a estas a estar expuestas a graves riesgos laborales por los altos ritmos y cargas de trabajo.

Desde el Sindicato LAB, instamos al parlamento que saldrá de las elecciones del 12 de julio y al conjunto de fuerzas políticas al cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto en el propio parlamento. Es hora de pasar de los aplausos y las palmaditas en la espalda. Exigimos al Gobierno Vasco que garantice los derechos de las personas usuarias a recibir una intervención centrada en las personas los derechos de las personas trabajadoras en unas óptimas condiciones laborales, exentas de cualquier riesgo laboral y factor de precariedad. Ello como base para garantizar un sistema de cuidados público, universal, gratuito y de calidad.