La apertura de Lurgorri tenía como objetivo cubrir una necesidad urgente, la de dar servicio a personas con Daño Cerebral Adquirido y enfermedades neurológicas de la zona de Busturialdea. La atención que recibían era integral y personalizada, potenciando la autonomía funcional y social que facilitase a la persona usuaria un acceso no discriminado a la comunidad.
Después de más de 12 años de servicio con éxito, y aprovechando la pandemia, la Diputación Foral de Bizkaia decide cerrar el servicio. Sin ninguna explicación, miramiento emocional ni preaviso a las familias ni a la plantilla. Todas las trabajadoras del centro se han visto afectadas por esta decisión, viéndose desplazadas y alterándose sus carteleras.
Las personas usuarias han estado sin atención ni terapias durante más de 7 meses, para después ofrecerles plaza en otros centros con prestaciones inferiores (Gorabide, Bekoetxe…). El motivo del cierre, según Sergio Murillo, en comparecencia el 4 de noviembre, es que la trayectoria que hacen algunas de las personas usuarias para llegar al centro, es muy larga. Además, apuntaban a una necesidad de reorganización para responder a la demanda de nuevos perfiles.
Desde LAB, rechazamos rotundamente el cierre del centro de Lurgorri como centro para personas con Daño Cerebral y que la gestión del centro con el nuevo perfil de usuario esté en manos de una entidad privada.
Pedimos que se siga ofreciendo el servicio con el perfil que se estaba dando en Lurgorri y que se abra otro centro para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), perfil demandado.
Es precisamente en este contexto de crisis sanitaria cuando la apuesta por unos servicios públicos de calidad tiene que ser más contundente. Y la respuesta de la Diputación y de los partidos que la sustentan es la de privatizar un servicio y sacarlo de la red pública. Desde LAB nos reafirmamos en la reclamación de un sistema de cuidados público y de calidad.
Por la defensa del Servicio Público y por un Servicio de Calidad para las personas usuarias, nos hemos movilizado hoy frente al centro Lurgorri.
Los y las trabajadoras de comedores escolares, profesores-educadoras, padres y madres de la comunidad educativa se han movilizado en la plaza de Los Fueros de Gasteiz para mostrar un día normal en un comedor escolar y reivindicar que queremos un comedor seguro y de calidad tanto para los y las trabajadoras como para el alumnado.
Además, hemos pedido al Gobierno Vasco que ponga todos los recursos necesarios para que cualquier alumno o alumna que quiera o necesite hacer uso del servicio de comedor tenga garantizado este derecho.
Hoy por la mañana todos los sindicatos con representación en el Consorcio Haurreskolak hemos llevado a cabo una comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento. En la misma, además de reivindicar el reconocimiento del ciclo educativo entre 0 y 3 años, hemos denunciado que, debido a la decisión adoptadas por el Gobierno Vasco y la Consejería de Educación, el futuro del Consorcio Haurreskolak es incierto, además de poner encima de la mesa nuestra peticiones a día de hoy.
– Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, gratuidad absoluta del servcio y acceso universal.
– Por lo tanto, para garantizar una oferta educativa eficaz por parte del Gobierno Vasco, incluir el Consorcio Haurreskolak en el Departamento de Educación.
– Impulso a la matriculación. Estamos preocupadas por la bajada de matriculación que ha experimentado el Consorcio Haurreskolak en este curso. No se ha realizado ninguna publicidad institucional al respecto.
– Que rectifiquen algunas de las decisiones unilaterales que ha adoptado la gerencia del Consorcio Haurreskolak. Con excusa de la bajada de la matriculación, la gerencia ha adoptado algunas decisiones que ponen en riesgo el proyecto educativo del Consorcio Haurreskolak. Algunas de estas vulneran el convenio laboral y los reglamentos: no contratar personal sustituto, desplazar a las educadoras entre centro o mal uso de las horas extra. Están aprovechando esta situación para destruir empleos y deteriorar las condiciones laborales de las trabajadoras.
– Convocar la mesa de negociación colectiva y que participe la representación que tiene que nombrar el Departamento de Educación. Ni el Consorcio Haurreskolak ni la Consjería de Educación han adoptado medidas para consolidar los puestos de trabajo. Por lo tanto, pedimos que se abra una verdadera negociación.
En consecuencia, lo que hemos querido destacar en la comparecencia realizada en la Comisión de Educación es que está en juego la importancia de las escuelas infantiles y aceptar la aportación que realiza el ciclo 0-3 en el sistema educativo. Aceptar que el Consorcio Haurreskolak, en cuanto servicio público, tiene que ser una primera piedra angular para la igualdad de oportunidades de cara a la educación de las familias vascas.
Esto exige financiación. De hecho, la gerencia del Consorcio Haurreskolak ha dejado claro, con las decisiones adoptadas con la aprobación del consejo de dirección, que no hay inversiones económicas suficientes para las escuelas infantiles, y que medidas así obedecen a objetivos economicistas, en lugar de responder a las necesidades que tiene la sociedad.
Ahí está la clave y eso es lo que decimos LAB, STEILAS y ELA: incrementar la financiación para ofrecer un servicio público de calidad y garantizar los derechos de las y los trabajadores; reconocimiento político para trabajadoras de escuelas infantiles, políticas adecuadas a las necesidades de niñas y niños y gestión directa del Departamento de Educación.
Por lo tanto, y para terminar, queremos dejarlo claro: tenemos que cambiar la realidad de las escuelas infantiles de la actualidad. Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento político que necesita el ciclo 0-3 y para ello no hay alternativas: hay que adaptar la financiación de las escuelas infantiles e invertir más en el Consorcio público Haurreskolak. En definitiva, la inversión realizada en educación es una inversirón en el bienestarde la sociedad.
Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo, secretaria general y secretario general adjunto de LAB, han comparecido para informar sobre nuestra lectura ante la pandemia del Covid-19 y nuestras propuestas respecto a la misma, al hilo de las últimas decisiones que se han adoptado.
En opinión de LAB, el hecho de haberse establecido un nuevo confinamiento en Ipar Euskal Herria, y estar a la puertas de dicho escenario en Hego Euskal Herria, es consecuencia de la mala gestión de las instituciones, de las decisiones que no se han tomado desde la primavera. Es más que irresponsabilidad: existe un clasismo descarado tras esa gestión insensible a las vivencias de los y las trabajadoras. En vez de sostener el modelo socioeconómico actual, lo que urge es cambiar el modelo para hacer frente de raíz a la pandemia y a la crisis social.
Los Gobiernos español y francés han vuelto a establecer el estado de alarma o excepción con el declarado objetivo de hacer frente a la pandemia. En el caso del Estado español, en el marco del estado de alarma, el Gobierno ha delegado la gestión de determinadas medidas en las comunidades autónomas, pero en base a los criterios establecidos por Madrid. Ha quedado patente, nuevamente, hasta donde alcanza el autogobierno del Estatuto y Amejoramiento: no tenemos capacidad para decidir las medidas que sean pertinentes para garantizar la salud de la población. Menos aún en el caso de Ipar Euskal Herria, pues las condiciones del nuevo confinamiento han sido establecidas de cabo a rabo en París.
En ambos casos, la receta principal de los mandatarios consiste en culpabilizar a la población y establecer la disciplina social. Y, si bien las medidas de prevención son necesarias, los Gobiernos no tienen ninguna intención de dar respuesta eficaz a las carencias estructurales que la pandemia ha dejado al descubierto. No tienen ninguna intención de reforzar el sistema público de salud, publificar las residencias de tercera edad para garantizar una atención digna a todos y todas las residentes, estructurar un sistema público de cuidados eficaz o tomar medidas de calado en favor de los sectores más golpeados por la crisis actual.
En vez de hacerlo, y tras vender una imagen de normalidad para atraer el turismo durante el verano, han establecido un nuevo confinamiento en Ipar Euskal Herria y es probable que lo hagan también en Hego Euskal Herria. Nuevamente, al definir las medidas del confinamiento, son los sectores populares los más perjudicados: en el pequeño comercio no se puede comprar ropa o libros, pero sí se puede hacer mediante plataformas como Amazon. Nuevamente, las personas con peores viviendas, las que tienen problemas para pagar la calefacción, o las desahuciadas (como aquellas que lo han sido este mismo fin de semana en Donostia) sufrirán doblemente las consecuencias del confinamiento. Nuevamente, mucha gente trabajadora quedará aislada, entre ellas las mujeres que sufren la violencia machista o las que están en riesgo de exclusión. En definitiva, la gestión institucional de la pandemia está acentuando las brechas estrcuturales, está generando pobreza y precariedad, está empeorando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, expulsando a cada vez más personas a la periferia del sistema, con lo riesgos que ello supone.
Es necesario frenar la expansión del virus, pero limitar la movilidad y las relaciones sociales no puede ser la única fórmula; es necesario otro tipo de medidas.
Otra gestión es necesaria
La dicotomía “salud o economía” es falsa, la dicotomía verdadera consiste en la salud y condiciones de vida de la mayoría trabajadora frente a las intereses de la élite económica. Es momento de dar pasos hacia un nuevo modelo socioeconómico que ponga la vida en el centro. Es momento de tomar decisiones para superar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales.
Así mismo, exigimos un cambio radical en el modelo de gestión practicado por las principales instituciones. Se debe ofrecer información, contrastar y negociar con los agentes implicados las posibilidades existentes en cada momento, analizar las consecuencias de cada decisión, minimizando los daños y protegiendo a las personas y la comunidad. En este sentido, se debe escuchar la voz de las instituciones públicas locales, a los agentes económicos locales, al ámbito sociosindical, al movimiento feminista.
Mientras que eso no suceda, y ante la irresponsabilidad de las instituciones, nos corresponde a la ciudadanía y en concreto a la clase trabajadora seguir actuando con responsabilidad. Nos corresponde seguir movilizarnos por los servicios públicos y poner en práctica la ayuda mutua. Los y las ciudadanas debemos ser agente activo para colaborar en las tareas de prevención y apoyar a nuestros vecinos y vecinas en situación vulnerable.
Propuestas de LAB
He aquí, en cinco apartados principales, las propuestas de LAB para hacer frente tanto a la crisis sanitaria como a las consecuencias económicas y sociales acentuadas con la misma:
1. REFORZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIORITARIAMENTE LA SANIDAD PÚBLICA
SANIDAD • Hay que tomar el control de todos los centros y recursos sanitarios privados, para poder reaccionar con rapidez y eficacia frente al COVID, y asegurar la atención del resto de enfermedades.
• Mejorar los ratios y realizar nuevas contrataciones.
• Contratación de más rastreadores, creación de más camas UCI, reforzamiento de la atención primaria.
EDUCACIÓN • Apostamos por mantener la educación presencial desde un punto de vista pedagógico, para evitar que se ensanchen las brechas lingüística, social y digital.
• Reducir los ratios a 15 alumnas por aula.
• Incrementar la inversión hasta el 6% del PIB.
2. REFORZAR LOS CUIDADOS
CUIDADOS DE MAYORES • Creación de comisiones con la participación de residentes, familiares y trabajadoras, tanto a nivel territorial como en cada residencia, para analizar y acordar medidas que aseguren las medidas de prevención y unas condiciones de vida digna para las personas residentes.
• Puesta en marcha de un plan de publificación
• Mejorar los ratios y realizar nuevas contrataciones.
CUIDADO DE ALLEGADOS Y ALLEGADAS • Licencias pagadas para el cuidado de los y las allegadas enfermas o confinadas, así como flexibilización de horarios por el mismo motivo, tanto en el ámbito público como en el privado.
• Potenciar la corresponsabilidad: los cuidados no pueden recaer nuevamente en los hombros de las mujeres.
CUIDADO DE CONVECINOS Y CONVECINAS • Hacer planificaciones a nivel local, con la participación de instituciones públicas y voluntarios/as, para apoyar a las personas enfermas y confinadas, así como a los colectivos que necesitan especial atención (personas mayores, menores de edad, personas con diversidad funcional, residentes en casas de acogida o pisos tutelados, mujeres que han sufrido violencia machista, migrantes sin papeles, personas sin hogar).
• Prevención e intervención ante las consecuencias que el miedo, el estres y el aislamiento generan en la salud física y mental, tanto desde los centros de atención primaria como desde los servicios sociales.
• Reforzar los servicios para hacer frente a la violencia machista, haciendo más contrataciones e intensificando la atención.
SISTEMA PÚBLICO COMUNITARIO DE CUIDADOS • Paralelamente a las medidas de urgencia señaladas, iniciar el proceso para constituir un sistema público
comunitario de ciudados, en la línea de lo propuesto por el movimiento feminista y el ámbito sociosindical.
3. GARANTIZAR EL EMPLEO Y LA SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
• Instamos a elaborar una nueva política de empleo a los gobiernos de la CAV y Navarra. Así mismo, reiteramos la interpelación realizada en junio a Confebask y la CEN, para realizar acuerdos interprofesionales con los siguientes contenidos: salario mínimo de 1200 euros, jornada semanal máxima de 35horasymínimade20, eliminación de la brecha salarial, subrogación, complemento de los ERTEs hasta el 80% (asegurando el mínimo de 1200 euros).
• Medidas de prevención eficaces para evitar el contagio en el trabajo. Así mismo, establecer planificaciones para hacer frente a los riesgos sicosociales derivados de la actual situación de estrés, miedo y presión.
4. IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL
• Declarar a la hostelería sector especialmente perjudicado y tomar medidas consecuentes con dicha consideración, entre otras, la moratoria de las hipotecas y alquileres, así como exenciones fiscales. Los establecimientos beneficiados por dichas medidas no podrán realizar despidos, deberán complementar los ERTEs y regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras no dados de alta.
• Proponemos un acuerso social a favor del comercio local, limitando las actividades de las plataformas que se basan en la precariedad de los riders.
5. GARANTIZAR LAS NECESIDADES SOCIALES BÁSICAS
• TRANSPORTE: reforzar los servicios para posibilitar el mantenimiento de las distancias, realizando nuevas contrataciones e incrementando frecuencias.
• VIVIENDA: ningún desalojo; eximir o ayudar a aquellas personas que no puedan pagar la hipoteca o el alquiler. Garantizar la vivienda como derecho subjetivo. Ninguna persona sin techo.
• ALIMENTACIÓN: Programa para asegurar la alimentación básica, reforzando las redes para que la atención llegue a todos los hogares que lo necesiten. Apoyar a las productoras locales, manteniendo los mercados abiertos y ofreciendo medios de distribución.
• PRESTACIONES SOCIALES: asignar la renta básica a todas las personas solicitantes, incluido aquellas en situación irregular. Equiparar la RGI/RG al SMI.
• ENERGIA, AGUA: prohibir el corte de suministro en caso de impago.
En primer lugar, lamentamos que después de tantas jornadas de lucha y sacrificio por parte de la clase trabajadora, se haya plasmado un acuerdo trágico que trae consigo el despido de la mitad de la plantilla de momento, más aún cuando la postura por parte de los y las trabajadoras, desde el primer momento, no contemplaba otra opción que no fuese la continuidad de una planta más que viable.
CAF ha incumpido con su palabra de paralizar la negociación del ERE, y ha conseguido un acuerdo que le da un cheque en blanco para cerrar la planta o poder despedir a la mitad de su plantilla según le interese.
Este acuerdo nos entristece, ya que se lleva por delante a más de 50 personas que con dignidad han defendido su puesto de trabajo. Dicho pacto con la empresa no es más que una réplica de lo acontecido en años anteriores, una “limpia” selectiva de la plantilla, y que se guarda el as en la manga de seguir en ERTE e incluso de poder cerrar en un futuro cercano, todo un “chollo”.
Una vez más, hemos comprobado cómo se han vendido los derechos de unos y unas trabajadoras que simplemente quieren trabajar en una fábrica que ellas mismas han levantado, en favor del capital. Creemos con firmeza en que había mimbres para lograr un acuerdo digno, por ello, toda nuestra solidaridad con la plantilla de Trenasa, que una vez más, ha visto ninguneada una lucha de la que puede sentirse orgullosa.
La antigua Lajo y Rodríguez, S.A. (LYRSA), que fue adquirida por la multinacional francesa Derichebourg, continua con la destrucción de empleo planeada. Aun cuando la empresa asegurara que en la operación de compra-venta venía recogida una cláusula por el mantenimiento del empleo durante 2 años, ya ha realizado 8 despidos desde marzo en una plantilla que rondaba las 45 personas a comienzo de año. Y además, parece ser que no serán los últimos.
Cabe destacar que la empresa se ha acogido a las diferentes modalidades de ERTEs covid-19 que han ido entrando en vigor. ERTEs que conllevan un compromiso con el empleo, que una y otra vez se está viendo incumplido. Ello responde a una estrategia de empresa de dejar el centro de Araba como un mero centro logístico en el corredor atlántico. Nos tememos además que la empresa esté valiéndose de la situación de pandemia para llevar a cabo sus planes, a sabiendas de las limitaciones existentes para movilizarnos. Queremos recordar que la empresa se ha repartido más de 8 millones de euros en beneficios entre los años 2016-2017, incluso en años que declaraba pérdidas.
Por ello, desde LAB hemos puesto en marcha una dinámica para socializar el problema y acordar junto con la plantilla los pasos a seguir para lograr paralizar esta sangría. Hoy tendrá lugar en las instalaciones de la empresa la primera asamblea de trabajadores y trabajadoras, mientras que de forma paralela vamos a presentar mociones de apoyo en los ayuntamientos donde se asienta la empresa: Asparrena y San Millán.
Desde LAB no permitiremos que todo el peso de la situación caiga sobre las espaldas de las personas que trabajamos en esta empresa. No es de recibo que mientras algunos se llenan los bolsillos y hacen oro, la empresa se quiera quitar a trabajadores y trabajadores bajo una excusa económica.
En Derichebourg-Lyrsa no sobra nadie. Garantía de empleo ahora.
Una delegación del sindicato LAB se ha reunido esta mañana con responsables de la Función Pública de la CAV. Se trata de la consejera Olatz Garamendi, el viceconsejero José María Armentia y el director de Relaciones Laborales Jon Agirre, responsables de Función Pública que dirigirán la negociación de temas básicos para las y los trabajadores públicos. Tratándose de personas nuevas en sus cargos desde el inicio de la legislatura, además de presentarles nuestras reivindicaciones, hemos visto necesario compartir con ellas nuestro balance de la anterior legislatura.
Con respecto al balance, las actitudes que ha mostrado el Gobierno han sido la imposición y unilateralidad. No ha hecho absolutamente nada por defender nuestros espacios de negociación y se ha limitado a aplicar sin rechistar las medidas adoptadas en Madrid. Ha sido incapaz de hacer ninguna propuesta para revertir los recortes de anteriores legislaturas sino tenían permiso de Madrid. El no posibilitar la recuperación del poder adquisitivo (14% acumulado) o mantener la prohibición de abonar las primas de jubilación anticipada ahondan en el empeoramiento de las condiciones laborales.
Tenemos muy claro que en materia de empleo ha sido una legislatura pérdida. Tenemos una tasa de interinidad inaceptable y el Gobierno ha sido incapaz de presentar a los sindicatos un plan de empleo que aborde esta cuestión. Ha estado utilizando el anuncio de OPE para hacer propaganda, sin tener en cuenta en ningún momento la situación de inestabilidad de miles personas interinas. En LAB hemos tenido muy claro que la solución para la arreglar la situación de esas miles de personas que están sacando adelante los servicios públicos pasa por aprobar una Ley propia que nos dé las herramientas legales que necesitamos. Las normas aprobadas en el estado no son suficientes para acometer la temporalidad en las administraciones vascas. Buena prueba de ello es la propuesta que el Gobierno estatal ha hecho para los presupuestos generales, en donde se mantiene la tasa de reposición y por consiguiente las OPE no podrán incluir todas las plazas que fueran necesarias.
Es necesario ir dando pasas en la estabilidad del empleo público. Nos encontramos en un situación de total excepcionalidad. Ya que miles de personas en situación de interinidad llevan años esperando la posibilidad de estabilizarse en su puesto de trabajo. Es por ello por lo que pensamos que, para estos casos, son necesarios procesos de consolidación que tengan en cuenta esta situación de excepcionalidad actual. Solicitamos que se articulen mecanismos para que cada administración pueda adaptarlos a su situación; nos referimos entre otros a poder valorar el tiempo trabajado en el puesto de trabajo, establecer la posibilidad de que la fase de oposición no sea eliminatoria o poder realizar concursos de méritos.
LAB va a continuar defendiendo los ámbitos propios de negociación. Hemos dejado claro que no vamos a dar por buenas las decisiones que vengan de Madrid, es decir, el incremento salarial y las necesidades de empleo se tienen que negociar aquí. Eso es lo que hoy hemos trasladado al Vice-consejero: si su intención es trasladar las decisiones que se adoptan en Madrid a nuestro ámbito, no va a ser con el apoyo de LAB. Si esto fuera así, no nois quedará más remedio que endurecer la movilizaciones que estamos llevando a cabo en muchos sectores.
Realizaremos una comparecencia el lunes, 9 de noviembre, para informar sobre nuestra lectura ante la pandemia del covid-19 y nuestras propuestas respecto a la misma, al hilo de las últimas decisiones que se han adoptado los últimos días.
Consideramos que los diferentes gobiernos no tienen ninguna intención de responder a los déficit estructurales que la pandemia ha dejado de manifiesto. No tienen ninguna intención para reforzar el sistema público, publificar las residencias de mayores y garantizar a sus residentes una atención adecuada, para crear un sistema de cuidados eficientes o adoptar medidas a favor de las y los trabajadores que han sido golpeados por la crisis que vivimos.
De hecho, esto último ha quedado de manifiesto con las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco en el sector de la hostelería. Reivindicamos planes para salvar la hostelería y el comercio. Necesitamos dinero público para mantener todo el empleo, y también para reconducir las irregularidades que se dan.
Este contexto necesita decisiones políticas para superar la crisis sanitaria y aliviar las consecuencias económicas y sociales de la crisis, poniendo la vida en el centro. Así, en la comparecencia de lunes, daremos a conocer sus propuestas para hacer frente a la extensión de la pandemia y a las consecuencias económicas y sociales que ha agravado la crisis sanitaria. Intervendrán la secretaria general Garbiñe Aranburu y el secretario general adjunto Igor Arroyo.
BM Supermercados, en su proyecto de seguir incrementando cuota de mercado, compra tiendas de otros competidores sin tener en cuenta, que ya tiene tiendas en la misma calle. El año pasado, abrió un supermrecado en la calle Juan de Garay en Barakaldo (en esa misma calle ya tenía otro), para ampliar sus beneficios y al mismo tiempo generar una autocompetencia que ha servido de excusa para aumentar, exponencialmente, la presión y carga de trabajo sobre la plantilla, teniendo como desenlace que el pasado miércoles, 28 de octubre, BM Supermercados cerró una de estas tiendas provocando varios despidos objetivos.
En LAB no entendemos cómo BM Supermercados deja en la calle a trabajadoras y trabajadores con una edad que complica la reinserción laboral, unas trabajadoras con una trayectoria intachable y que ven cómo la empresa a la que han dedicado su vida laboral prescinde de ellas.
Consideramos que BM Supermercados trata a su plantilla como pañuelos de usar y tirar. Es grave que una empresa que se expande por todo el territorio de Bizkaia y ha obtenido más de 2,5 millones de beneficios deje en el paro a sus trabajadoras sin la posibilidad de reincorporación en alguna de las más de 90 tiendas que la empresa tiene en Bizkaia. Por todo ello, nos parece ruín y mezquina la decisión de despedir por cuestiones objetivas.
BM Supermercados ha decidido tirar por el camino del medio, buscando un despido objetivo, que sabe que tiene perdido si se demanda, para luego pagar un despido improcedente y cerrar el asunto como mejor sabe, metiendo el dinero en la boca de sus empleadas para callarlas.
El Director General de Grupo UVESCO, José Ramón Fernández de Barrena, es el máximo responsable de los despidos, de las amenazas y coacciones. Desde LAB denunciamos que las empresas, tambien las vascas, despidan aún ganando ingentes cantidades de euros, pagados con el sudor de los mismos trabajadores y trabajadoras que despide.
