Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo, secretaria general y secretario general adjunto de LAB, han comparecido para informar sobre nuestra lectura ante la pandemia del Covid-19 y nuestras propuestas respecto a la misma, al hilo de las últimas decisiones que se han adoptado.  

En opinión de LAB, el hecho de haberse establecido un nuevo confinamiento en Ipar Euskal Herria, y estar a la puertas de dicho escenario en Hego Euskal Herria, es consecuencia de la mala gestión de las instituciones, de las decisiones que no se han tomado desde la primavera. Es más que irresponsabilidad: existe un clasismo descarado tras esa gestión insensible a las vivencias de los y las trabajadoras. En vez de sostener el modelo socioeconómico actual, lo que urge es cambiar el modelo para hacer frente de raíz a la pandemia y a la crisis social.

Los Gobiernos español y francés han vuelto a establecer el estado de alarma o excepción con el declarado objetivo de hacer frente a la pandemia. En el caso del Estado español, en el marco del estado de alarma, el Gobierno ha delegado la gestión de determinadas medidas en las comunidades autónomas, pero en base a los criterios establecidos por Madrid. Ha quedado patente, nuevamente, hasta donde alcanza el autogobierno del Estatuto y Amejoramiento: no tenemos capacidad para decidir las medidas que sean pertinentes para garantizar la salud de la población. Menos aún en el caso de Ipar Euskal Herria, pues las condiciones del nuevo confinamiento han sido establecidas de cabo a rabo en París.

En ambos casos, la receta principal de los mandatarios consiste en culpabilizar a la población y establecer la disciplina social. Y, si bien las medidas de prevención son necesarias, los Gobiernos no tienen ninguna intención de dar respuesta eficaz a las carencias estructurales que la pandemia ha dejado al descubierto. No tienen ninguna intención de reforzar el sistema público de salud, publificar las residencias de tercera edad para garantizar una atención digna a todos y todas las residentes, estructurar un sistema público de cuidados eficaz o tomar medidas de calado en favor de los sectores más golpeados por la crisis actual.

En vez de hacerlo, y tras vender una imagen de normalidad para atraer el turismo durante el verano, han establecido un nuevo confinamiento en Ipar Euskal Herria y es probable que lo hagan también en Hego Euskal Herria. Nuevamente, al definir las medidas del confinamiento, son los sectores populares los más perjudicados: en el pequeño comercio no se puede comprar ropa o libros, pero sí se puede hacer mediante plataformas como Amazon. Nuevamente, las personas con peores viviendas, las que tienen problemas para pagar la calefacción, o las desahuciadas (como aquellas que lo han sido este mismo fin de semana en Donostia) sufrirán doblemente las consecuencias del confinamiento. Nuevamente, mucha gente trabajadora quedará aislada, entre ellas las mujeres que sufren la violencia machista o las que están en riesgo de exclusión. En definitiva, la gestión institucional de la pandemia está acentuando las brechas estrcuturales, está generando pobreza y precariedad, está empeorando las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, expulsando a cada vez más personas a la periferia del sistema, con lo riesgos que ello supone.

Es necesario frenar la expansión del virus, pero limitar la movilidad y las relaciones sociales no puede ser la única fórmula; es necesario otro tipo de medidas.

Otra gestión es necesaria

La dicotomía “salud o economía” es falsa, la dicotomía verdadera consiste en la salud y condiciones de vida de la mayoría trabajadora frente a las intereses de la élite económica. Es momento de dar pasos hacia un nuevo modelo socioeconómico que ponga la vida en el centro. Es momento de tomar decisiones para superar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales.

Así mismo, exigimos un cambio radical en el modelo de gestión practicado por las principales instituciones. Se debe ofrecer información, contrastar y negociar con los agentes implicados las posibilidades existentes en cada momento, analizar las consecuencias de cada decisión, minimizando los daños y protegiendo a las personas y la comunidad. En este sentido, se debe escuchar la voz de las instituciones públicas locales, a los agentes económicos locales, al ámbito sociosindical, al movimiento feminista.

Mientras que eso no suceda, y ante la irresponsabilidad de las instituciones, nos corresponde a la ciudadanía y en concreto a la clase trabajadora seguir actuando con responsabilidad. Nos corresponde seguir movilizarnos por los servicios públicos y poner en práctica la ayuda mutua. Los y las ciudadanas debemos ser agente activo para colaborar en las tareas de prevención y apoyar a nuestros vecinos y vecinas en situación vulnerable.

Propuestas de LAB

He aquí, en cinco apartados principales, las propuestas de LAB para hacer frente tanto a la crisis sanitaria como a las consecuencias económicas y sociales acentuadas con la misma:

1. REFORZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIORITARIAMENTE LA SANIDAD PÚBLICA

SANIDAD
• Hay que tomar el control de todos los centros y recursos sanitarios privados, para poder reaccionar con rapidez y eficacia frente al COVID, y asegurar la atención del resto de enfermedades.

• Mejorar los ratios y realizar nuevas contrataciones.

• Contratación de más rastreadores, creación de más camas UCI, reforzamiento de la atención primaria.

• Publificar actividades privatizadas: limpieza, transporte sanitario, cocinas.

• Incrementar la inversión hasta el 7% del PIB.

EDUCACIÓN
• Apostamos por mantener la educación presencial desde un punto de vista pedagógico, para evitar que se ensanchen las brechas lingüística, social y digital.

• Reducir los ratios a 15 alumnas por aula.

• Incrementar la inversión hasta el 6% del PIB.

2. REFORZAR LOS CUIDADOS

CUIDADOS DE MAYORES
• Creación de comisiones con la participación de residentes, familiares y trabajadoras, tanto a nivel territorial como en cada residencia, para analizar y acordar medidas que aseguren las medidas de prevención y unas condiciones de vida digna para las personas residentes.

• Puesta en marcha de un plan de publificación

• Mejorar los ratios y realizar nuevas contrataciones.

CUIDADO DE ALLEGADOS Y ALLEGADAS
• Licencias pagadas para el cuidado de los y las allegadas enfermas o confinadas, así como flexibilización de horarios por el mismo motivo, tanto en el ámbito público como en el privado.

• Potenciar la corresponsabilidad: los cuidados no pueden recaer nuevamente en los hombros de las mujeres.

CUIDADO DE CONVECINOS Y CONVECINAS
• Hacer planificaciones a nivel local, con la participación de instituciones públicas y voluntarios/as, para apoyar a las personas enfermas y confinadas, así como a los colectivos que necesitan especial atención (personas mayores, menores de edad, personas con diversidad funcional, residentes en casas de acogida o pisos tutelados, mujeres que han sufrido violencia machista, migrantes sin papeles, personas sin hogar).

• Prevención e intervención ante las consecuencias que el miedo, el estres y el aislamiento generan en la salud física y mental, tanto desde los centros de atención primaria como desde los servicios sociales.

• Reforzar los servicios para hacer frente a la violencia machista, haciendo más contrataciones e intensificando la atención.

SISTEMA PÚBLICO COMUNITARIO DE CUIDADOS
• Paralelamente a las medidas de urgencia señaladas, iniciar el proceso para constituir un sistema público

comunitario de ciudados, en la línea de lo propuesto por el movimiento feminista y el ámbito sociosindical.

3. GARANTIZAR EL EMPLEO Y LA SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

• Instamos a elaborar una nueva política de empleo a los gobiernos de la CAV y Navarra. Así mismo, reiteramos la interpelación realizada en junio a Confebask y la CEN, para realizar acuerdos interprofesionales con los siguientes contenidos: salario mínimo de 1200 euros, jornada semanal máxima de 35horasymínimade20, eliminación de la brecha salarial, subrogación, complemento de los ERTEs hasta el 80% (asegurando el mínimo de 1200 euros).

• Medidas de prevención eficaces para evitar el contagio en el trabajo. Así mismo, establecer planificaciones para hacer frente a los riesgos sicosociales derivados de la actual situación de estrés, miedo y presión.

4. IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL

• Declarar a la hostelería sector especialmente perjudicado y tomar medidas consecuentes con dicha consideración, entre otras, la moratoria de las hipotecas y alquileres, así como exenciones fiscales. Los establecimientos beneficiados por dichas medidas no podrán realizar despidos, deberán complementar los ERTEs y regularizar la situación de los trabajadores y trabajadoras no dados de alta.

• Proponemos un acuerso social a favor del comercio local, limitando las actividades de las plataformas que se basan en la precariedad de los riders.

5. GARANTIZAR LAS NECESIDADES SOCIALES BÁSICAS

• TRANSPORTE: reforzar los servicios para posibilitar el mantenimiento de las distancias, realizando nuevas contrataciones e incrementando frecuencias.

• VIVIENDA: ningún desalojo; eximir o ayudar a aquellas personas que no puedan pagar la hipoteca o el alquiler. Garantizar la vivienda como derecho subjetivo. Ninguna persona sin techo.

• ALIMENTACIÓN: Programa para asegurar la alimentación básica, reforzando las redes para que la atención llegue a todos los hogares que lo necesiten. Apoyar a las productoras locales, manteniendo los mercados abiertos y ofreciendo medios de distribución.

• PRESTACIONES SOCIALES: asignar la renta básica a todas las personas solicitantes, incluido aquellas en situación irregular. Equiparar la RGI/RG al SMI.

• ENERGIA, AGUA: prohibir el corte de suministro en caso de impago.