Tras largas negociaciones y diferentes bloqueos hemos alcanzado la firma del III convenio de intervención social de Gipuzkoa. Ante estos bloqueos el papel en LAB ha sido construir puentes y vamos a seguir haciéndolo.
Hay que tener en cuenta que este convenio se ha conseguido firmar en medio de la pandemia y la crisis del capital. Por otro lado, la patronal no quería negociar sobre temas económicos; y más allá de eso, gracias a las movilizaciones de las personas trabajadoras del sector, conseguimos parar los recortes y los pasos atrás que planteaban.
El acuerdo es un III convenio de intervención social de Gipuzkoa con vigencia desde 2019 a 2022 (4 años), y estos son los puntos en los que se recogen mejoras:
– Salud laboral. – Vacaciones. – Licencias retribuidas. – Licencias no retribuidas. – Conciliación. – Excedencias voluntarias. – Adaptación laboral mayores de 60 años. – Incremento salarial durante los cuatro años del convenio. – Adhesión al decreto de teletrabajo y creación de la comisión. – Obligar a la comisión de normalización lingüística. – Creación de la comisión de clasificación profesional.
La firma del III convenio de intervención social de Gipuzkoa no significa que la lucha de personas trabajadoras del sector haya terminado, sino que supone un punto de inflexión. Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia del cuidado y la necesidad de poner el cuidado en el centro. Que ha llegado la hora de transformarse en el sistema actual, de reflexionar y seguir luchando por un servicio social público y de gestión pública digna, ante los recortes que puedan venir.
¡Organicémonos las trabajadoras para conseguir estos objetivos, impulsando el cuidado mutuo, la reflexión y la lucha!
Con la llegada del Día Internacional de la Salud de las Mujeres*, nos hemos movilizado en Gasteiz, ante la mutua FREMAP, y en Arrasate, ante la empresa Ausolan.
Con estas movilizaciones, hemos denunciado que la mutua FREMAP ha denegado a una trabajadora de comedores escolares la prestación por riesgo en el embarazo, argumentando que en su puesto no hay riesgo. Además, hemos destacado que la empresa Cocina Central Magui, del grupo Ausolan, no refleja en sus evaluaciones de riesgos laborales los auténticos riesgos que sufren las mujeres* trabajadoras.
En este sentido, este es el manifiesto que hemos elaborado con motivo del Día Internacional de la Salud de las Mujeres*:
28 de MAYO, DIA INTERNACIONAL POR LA SALUD DE LAS MUJERES*
El Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres tuvo su origen en una asamblea de mujeres realizada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos llevada cabo el 28 de mayo de 1987 en Costa Rica.
En un principio trataron cuestiones que afectaban a la salud sexual y reproductiva. El primer año que se celebró se puso en marcha una campaña para denunciar la mortalidad entre las embarazadas y exigir medidas de prevención. La decisisión vino dada por los alarmantes datos de los problemas de salud que millones de mujeres enfrentaban en distintos países, debido a la pobreza, la violencia, las guerras, la discriminación y excusión social ya sea por religión, raza o preferencia sexual.
Desde el año 1988 se lanza la campaña llamada Prevención de Morbilidad y Mortalidad Materna,para hacer una llamada de atención por la cantidad de muertes que se registran a nivel planetario por falta de asistencia sanitaria a la mujer embarazada.
Han pasado muchos pero la realidad de fondo sigue siendo la misma: se conoce poco de la salud de las mujeres* y del resto de cuerpos no normativos. Se debate poco de nuestros problemas y las respuestas que se dan desde las políticas públicas son insuficientes y en muchos casos equivocadas.
La centralidad y referencia siguen siendo los cuerpos de los hombres y estos representan el modelo a tener en cuenta. Eso tiene un nombre: androcentrismo y tiene consecuencias: no se tiene en cuenta lo que pasa con el resto de cuerpos. Nuestras necesidades y nuestras demandas ni les ocupan ni les preocupan.
La división sexual del trabajo que atribuye menor valor a los trabajos realizados por las mujeres* sea en los hogares o en el mercado laboral, tiene también reflejo en la desvalorización de nuestra salud y su vigilandia en el ámbito del empleo. Esto conlleva una falsa neutralidad en las evaluaciones de riesgos laborales y prevención en salud laboral no atendiendo a la diversidad de los cuerpos, colocando el “hombre” como centro de todo. Esto condiciona totalmente la vida de las mujeres* en el plano laboral y tiene efectos nocivos en su salud, en muchas ocasiones, los riesgos no son reconocidos, como es el caso que denunciamos hoy.
A las mujeres* nos imponen trabajos precarios, parciales, de corta duracion, con menores sueldos y peores condiciones laborales, y si a todo ello, le sumamos el endurecimiento de los baremos en salud laboral, solo podemos decir que nuestras salud, nuestros cuerpos y nuestras vidas no importan al sistema, únicamente para poder explotarnos. El no reconocimiento de nuestros derechos, la discriminación que enfrentamos y la falta de atención a nuestra salud que el sistema capitalista heteropatriarcal nos impone en el ámbito de la seguridad y salud laboral es inaceptable.
Consideramos necesario e imprescindible proteger y garantizar un entorno laboral saludable durante el embarazo, tanto en los aspectos físicos, como psicológicos y emocionales. Las imposiciones económicas de las mutuas chocan de lleno con nuestro derecho a la salud en el ámbito laboral en todos los ciclos de nuestra vida.
Nuestro cuerpo es nuestro y no podemos seguir a merced de lo que las mutuas decidan sobre ellos en función de criterios economicistas y de productividad.
¡Seguiremos luchando por nuestros derechos y nuestra salud!
Hace una semana salió a la luz la sentencia firme de la Audiencia Provincial de Navarra del juicio contra Juan Carlos Ciprés Aznar, propietario del Hotel Castillo de Javier situado en la calle San Nicolás de Pamplona, tras la denuncia penal interpuesta por una trabajadora migrada de origen búlgaro. Juan Carlos Ciprés ha sido condenado a 9 meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y a indemnizar a la trabajadora con 3.000 euros por los daños morales causados durante los seis años de explotación continuada. LAB valora que la irrisoria indemnización impuesta y el hecho de no haber considerado las agravantes de género y de condición de inmigrante de la víctima no hacen más que confirmar la impunidad con la que actúan este tipo de explotadores sin escrúpulos.
El sindicato LAB cree necesario remarcar que se ha vuelto a constatar que el sistema judicial y los empresarios van de la mano, que tienen una unión estrecha y que lo único que sale del Palacio de (in)Justicia de Navarra son sentencias fieles a este sistema racista, heteropatriarcal y capitalista, ya que niega la triple opresión que sufren muchas trabajadoras en el día a día por los hombres blancos con poder.
La denuncia cuya sentencia se ha conocido ahora no fue la única interpuesta contra el Hotel Castillo de Javier. Fue una compañera de Pepa la primera que interpuso una denuncia en Inspección de Trabajo para denunciar las condiciones en las que se encontraba trabajando, ya que Pepa, en su condición de persona migrada recién llegada, no era capaz de realizar la denuncia en castellano. Fue esa misma compañera la que animó a Pepa a acercarse al sindicato LAB para que le acompañase y asesorase en las siguientes acciones judiciales. Este sindicato interpuso varias denuncias en el Juzgado de lo Social, para reclamar cantidades y una contingencia de origen laboral. Además, le asesoró para que denunciase por la vía penal lo sufrido entre 2008 y 2015. Y por último, el sindicato LAB utilizó también la acción sindical, mediante una acción de protesta del piquete feminista en diciembre del 2017.
Cabe decir que tanto Inspección de Trabajo como el Juzgado de los Social tramitaron las denuncias correspondientes y sancionaron en su día a Juan Carlos Ciprés, aunque las cuantías de las sanciones impuestas no hicieron justicia a los hechos denunciados; por lo que una vez más quedó acreditado que a un explotador como Juan Carlos Ciprés le sale más barato seguir explotando.
En la acción de protesta realizada en 2017, el piquete feminista denunció que Juan Carlos Ciprés Aznar acosaba, explotaba y agredía a las trabajadoras vulnerando sus derechos básicos y así lo hizo con Pepa: obligándola a dormir 6 noches a la semana en un almacén sin ventilación ni aseo para hacer el servicio de recepción nocturno; sin descanso semanal; realizando doble jornada; sin reconocimiento de los accidentes de trabajo producidos…
Para poder explotar a sus anchas, Ciprés contrataba a las trabajadoras según un patrón específico: mujer, con procedencia de origen diverso, que esté sola en su entorno sin nadie a quien poder recurrir y/o con personas a su cargo, y que no domine el idioma del todo (en este caso el castellano), lo que hace aún mas vulnerable a la persona trabajadora, más aún en una empresa pequeña donde es muy fácil establecer relaciones de poder y no tienen el respaldo legal de tener representación sindical.
Todos estos años explotada, acosada y luchando para ver cómo en un juicio hay falsos testimonios, mentiras y una condena que niega el agravante de género y condición de extranjera hacen que Pepa a día de hoy tenga unas secuelas psíquicas y físicas que desde luego no se reconocen por este sistema de (in)justicia.
Afortunadamente, es destacable la solidaridad, empoderamiento y lucha de las que en su día fueron compañeras de trabajo de Pepa -todas ellas mujeres migradas-, ya que sus relatos y apoyo han sido claves para poder destapar a este explotador y romper el aislamiento al que estaba sometida Pepa. También son dignas de destacar las respuestas dadas desde diferentes organizaciones y movimientos vecinales ante esta situación.
Mientras desde los poderes judiciales y administrativos miran para otro lado, LAB seguirá denunciando con las trabajadoras todos estos abusos que por sistema son admitidos y cubiertos, y seguirá siendo herramienta para el empoderamiento de las trabajadoras. Por ello ofrecemos nuestra colaboración a cualquier persona u organismo que quiera denunciar la explotación o abusos contra las personas trabajadoras, especialmente las más vulnerables.No podemos olvidar que en el Bar Hostal Castillo de Javier no es el único sitio donde se explota.
Los comités de empresa de Tubacex, Petronor, UTE Bilboko Argiak y PCB han realizado una movilización en Bilbo con el lema «Cuatro empresas, una lucha». A la movilización contra la precariedad se han sumado también trabajadoras de H&M.
Las y los trabajadores han tomado las calles en contra de los despidos, en nombre de la lucha y la solidaridad obrera.
Nos hemos reunido en Bilbo, en nuestra sede, con una representación de la Central Unitaria de Traballadores y Traballadoras de Galiza. La secretaria general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu, y el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, Koldo Saenz, se han reunido con Ricardo Castro, secretario Genera de la CUT, Manolo Camaño, secretario de Relaciones Internacionales de ese sindicato y Laura Sousa, secretaria adjunta de Relaciones Internacionales.
En la reunión, los dos sindicatos hemos analizado el contexto político, económico y social abierto por la pandemia y las posibilidades de impulsar cambios políticos y sociales desde el sindicalismo soberanista de las naciones sin estado.
Tanto el sindicato LAB como la CUT de Galiza hemos subrayado la necesidad de activar los procesos soberanista en favor de la transformación social, y en ese sentido, vista la necesidad de tejer diferentes alianzas, nos hemos conprometido a construir puentes en el futuro.
Ayer 27 de mayo, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Sopela gracias a las votos del PNV y PSE, la ausencia de una concejal de Elkarrekin Podemos en el momento decisivo de la votación y el voto de calidad del alcalde se aprobaron unos pliegos a 20 años para la gestión del polideportivo.
Unos pliegos a 20 años que imposibilitan la posibilidad de municipalizar un servicio municipal que debería ser gestionado desde el propio Ayuntamiento. PNV, PSE y la concejala ausente de Elkarrekin Podemos vuelven a dejar en manos de una empresa privada la gestión del polideportivo. Y no sólo eso, sino que en los pliegos aprobados no se recoge ni una sola de las reivindicaciones que han planteado las trabajadoras y trabajadores.
Recordar que a día de hoy, y probablemente los próximos 20 años, la empresa que gestiona el plideportivo es BEONE SERVIOCIO. Una empresa que lleva más de 1 año en ERTE, con la mayoría de la plantilla cobrándo el 70% de su base reguladora, una empresa que continúa sin reactivar los cursillos, que intentó inaplicar el convenio sectorial de Bizkaia para dejar de aplicar lo que en el se recoge.
Desde LAB queremos dejar claro que nuestra pelea no acaba aquí, seguiremos exigiendo unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras porque éso repercute en un buen servicio a las vecinas y vecinos de Sopela.
Responsabilizamos directamente al PNV de imposibilitar la apertura de una vía hacia la municipalización del servicio, evitando así poner freno a la precariedad existente entre las trabajadoras del polideportivo.
Hemos realizado una manifestación en Bilbo, desde la Plaza Pío X hasta la sede de la Diputación Foral de Bizkaia, en Gran Vía, 25, para reclamar un convenio provincial para los y las trabajadoras del ámbito de la diversidad funcional. Hemos reivindicado un sector de diversidad funcional de calidad y un sistema de servicios sociales público, universal, de calidad, gratuito, comunitario y de gestión directa.
Los y las trabajadoras que prestan actividad en el ámbito de la diversidad funcional realizan funciones educativas, colaborando, prestando apoyo y asistiendo a personas con diversidad funcional.
Son personas trabajadoras del Sistema Vasco de Servicios Sociales, de responsabilidad y financiación pública. Sin embargo, la institución titular, la Diputación Foral de Bizkaia, ha optado por un modelo de gestión privada, sin regulación y opaco.Un modelo de concertación mediante convenios de colaboración y subvenciones, que no garantiza la estabilidad en el empleo ni las condiciones laborales.
La regulación de las condiciones laborales se recoge en un Convenio Colectivo Sectorial Estatal, en el cual los y las trabajadoras no toman parte y que en ausencia de un Convenio Colectivo Sectorial Provincial, negociado aquí, ha generado una atomización del propio sector en convenios de empresa, pactos de empresa y entidades a las cuales se les aplica el Convenio Marco estatal, suponiendo diferentes condiciones laborales y de compensación por realizar la misma o similar actividad.
Además, no se evalúan adecuadamente los riesgos laborales a los que están expuestas las y los trabajadoras, ni se implantan medidas preventivas eficaces.
Ello ha tenido un efecto totalmente pernicioso en lo que a la calidad del servicio se refiere y en lo que respecta a los derechos y condiciones de los y las trabajadoras.
Es hora de avanzar hacia un modelo de servicios sociales sociales público y de calidad, garante de los derechos de las personas de las personas usuarias y trabajadoras. En esos términos el sindicato LAB, exige a la Diputación Foral de Bizkiaia, que elabore un plan para revertir el conjunto de servicios y subrogue a todas las personas trabajadoras.
Además y con carácter inmediato, LAB reclama la creación de un Convenio Colectivo Sectorial de Bizkaia, que regule el ámbito de la diversidad funcional en Bizkaia, reconociendo adecuadamente las funciones que realizan los y las trabajadoras y equiparando condiciones laborales.
A pesar de que se nos ha preguntado acerca de Corrugados Azpeitia, desde LAB apenas nos hemos manifestado al respecto. Lo cierto es que se nos hace complicado valorar algo que no conocemos. Ahora que tanto patronales como representantes institucionales nos repiten lo importante que es fomentar la participación, en la práctica las palabras se las lleva el viento. Ni quienes trabajaron en Corrugados Azpeitia cuando se cerró, ni los sindicatos hemos tenido ningún tipo de información sobre ese supuesto proyecto de reapertura. Vuelven a hablar sobre la vida trabajadores y trabajadores, pero sin contar con ellos y ellas. Por eso, exigimos transparencia: que se dejen de disputas partidistas y pongan encima de la mesa el proyecto que supuestamente se ha presentado. Hasta que lo veamos, nos mantendremos incrédulas.
La consecuencias de la falta de política industrial son gravísimas, pero si no cambia el rumbo de las políticas lo que vendrá será aun peor. Llevamos años en los que la industria pierde peso paulatinamente. Por ejemplo, en la industria manufacturera se ha cerrado el 20% de los establecimientos en los últimos 12 años. Proyectos nacidos con dinero público están quedando en manos de fondos de inversión extranjeros y el intento de atraer inversiones ha provocado sonoros fracasos, como el último caso a manos de Iberdrola. En propaganda sí, ahí sí que el esfuerzo es encomiable, practican la publicidad 4.0., pero en cuanto a estrategia industrial nada de nada.
En lugar de hacer frente a la grave situación, priman los intereses partidistas sobre la política industrial. Oímos con asombro y vergüenza ajena a Arantxa Tapia, defendiendo el empleo de un proyecto que no sabemos si existe.
No olvidemos que hace 8 años sí existía un proyecto, con empleos dignos en Azpeitia, que fue cerrado de manera injustificada. ¿Qué hizo el Gobierno Vasco ante los despidos? La única queja que manifestó fue porque no le habían comunicado previamente el cierre. En el proceso de cierre dio la espalda a los y las trabajadoras.
8 años más tarde, la reforma laboral es utilizada para abaratar salarios y despedir para ganar más. La reforma laboral es una máquina de destruir tejido industrial. Los ejemplos son múltiples: Tubacex, Aernnova, ITP-Aero, Alestis… ¿Donde queda la defensa del empleo y la industria en esos casos? Parece ser que al contrario: a varias de esas empresas se las quiere premiar por destruir empleo en el reparto de los fondos Europeos. ¿Esos empleos no valen nada?
El sindicato LAB celebra que tras diferentes movilizaciones la plantilla haya conseguido que el Ayuntamiento de Pamplona, en manos de Na+, finalmente dé marcha atrás en su idea de sustituir la práctica totalidad de los baños públicos por aseos automáticos. No obstante, LAB quiere alertar sobre el futuro de los de Paseo Sarasate, ya que los quieren eliminar.
Después de una campaña de denuncia por parte de las trabajadoras, finalmente NA+ reconoció que había un plan para ir cerrando los aseos, recogido en un pacto entre PSN Y UPN en la legislatura 2011-2015. Pese a ello, las trabajadoras, gracias a su determinación, han conseguido que ese plan no siga adelante.
Sin embargo, la victoria no es total ya que ayer se dio a conocer la intención de eliminar los servicios del Paseo Sarasate aprovechando las obras de peatonalización que se llevarán a cabo. En ese sentido, LAB hace un llamamiento a la plantilla y a la ciudadanía para que no acepten este cierre y defiendan tanto los puestos de trabajo como el servicio público insustituible que realizan estas trabajadoras.
