Hemos llevado a cabo la acción en vísperas de la jornada de movilización convocada para el miércoles por los sindicatos, a las 13:00, ante los centros de salud de la CAV.
Hemos exigido en Zumaia medidas para acabar con la sangría de muertes laborales
A convocatoria de la mayoría sindical vasca, nos hemos movilizado en Zumaia, frente a la empresa Egurko, para denunciar la muerte laboral ocurrida el sábado en este centro de trabajo.
Hemos denunciado que los accidentes laborales son el resultado de las condiciones y formas de trabajo que nos imponen a la hora de trabajar en un modelo económico concreto, y hemos interpelado a las instituciones para que tomen medidas para acabar con la sangría. Al menos 62 trabajadoras y trabajadores han muerto en lo que va de año en Euskal Herria.
Denunciamos que el certificado COVID se está utilizando para encubrir la mala gestión de los gobiernos
Ante la nueva ola de contagios de COVID, los gobiernos vasco, navarro y francés están utilizando la implantación del certificado COVID para ocultar las deficiencias de su gestión. LAB exige que se tomen medidas en cinco ejes: abandonar el certificado COVID; establecer un permiso de custodia para todos los padres y madres de niños y niñas confinadas; adoptar medidas preventivas más eficaces; reforzar el sistema público de salud y cuidados; y hacer frente a los efectos de la pandemia en los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, ha hecho un llamamiento a participar este miércoles en las movilizaciones convocadas por los sindicatos de Osakidetza y la ciudadanía.
Dos meses después de anunciar el final oficial de la situación de emergencia sanitaria, se ha acelerado el ritmo de contagios por COVID-19 y se ha incrementado la presión sobre el sistema sanitario público. Es evidente la necesidad de adoptar medidas eficaces para proteger a la población y especialmente a los sectores más vulnerables, como la puesta a disposición de toda la población de vacunas y medicamentos, la implantación de pruebas gratuitas de PCR y antígenos, la eficacia de las medidas de prevención por zonas o el fortalecimiento del sistema sanitario público. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se ha limitado a establecer el certificado COVID.
LAB considera que no hay justificación suficiente para implantar el certificado COVID, ya que alrededor del 90% de la población de Euskal Herria está vacunada. Poner el foco en el certificado COVID tiene el objetivo de cubrir las deficiencias de la gestión institucional, volviendo a poner la responsabilidad en la ciudadanía para ocultar las deficiencias de la gestión de los gobiernos y las previsiones erróneas.
Además de la ausencia de beneficios desde el punto de vista de la salud pública, la implantación del certificado COVID está teniendo consecuencias negativas desde el punto de vista de la convivencia entre ciudadanía, trabajadores y trabajadoras: estigmatiza y discrimina a quienes no han decidido vacunarse y provoca fracturas entre la población cuando para hacer frente a la pandemia necesitamos unidad y solidaridad entre la ciudadanía. Normaliza el control social pero al mismo tiempo, proporciona una falsa sensación de seguridad (ya que quienes tienen certificado COVID pueden transmitir virus). Y desde el punto de vista laboral, obliga a miles de trabajadores y trabajadoras a aplicar una medida de control que no tiene justificación sanitaria suficiente.
Aunque somos críticas con el certificado COVID, no compartimos algunos puntos de vista que se han dado en contra de esta medida. Y es que, ahondando en el individualismo provocado por el neoliberalismo en los últimos años, se han dado reacciones que anteponen la libertad individual al cuidado colectivo; reacciones que la extrema derecha quiere aprovechar.
Mientras tanto, dos años después del inicio de la pandemia, los gobiernos vasco, navarro y español y francés se han negado a adoptar medidas para mejorar la salud de la población, reforzar el sistema público de salud y construir un sistema público comunitario de cuidados.
Es más, se han eliminado muchas de las contrataciones que se hicieron para hacer frente a la pandemia y la red sanitaria de atención primaria está trabajando sin recursos básicos. El sistema sanitario privado sigue haciendo negocio, mientras el sistema público de salud se colapsa. El proceso de producción y distribución de vacunas y medicamentos para hacer frente a la pandemia se ha dejado en manos de las multinacionales. En las residencias de mayores no se ha realizado una inversión adecuada, como lo demuestra el hecho de que en los cuatro convenios de Hego Euskal Herria las y los trabajadores estén en huelga y en lucha. Y a la ciudadanía vacunada con niñas y niños confinados se les deniega el permiso para no ir a trabajar.
Tanto la posibilidad de aumentar el nivel de endeudamiento como los fondos europeos están siendo utilizados para promover proyectos de acuerdo con la lógica neoliberal. Se ha rechazado una reforma fiscal que grave más los beneficios empresariales y las rentas del capital. En consecuencia, se ha renunciado a destinar los recursos existentes al sistema público de salud y cuidados.
Así, negándose a adoptar medidas estructurales y a desarrollar una política coherente, la gestión de las autoridades ha sido radicalmente negativa y errática. Han lanzado mensajes contradictorios, siempre tratando de justificar su responsabilidad. En algunas ocasiones han reivindicado que la pandemia había terminado y que la vida habitual era posible, como hemos visto con la apertura de la frontera cántabra escenificada por Urkullu o la declaración para reivindicar del fin de la Emergencia Sanitaria. En otras ocasiones, han culpabilizado a la ciudadanía y han adoptado medidas autoritarias como la criminalización y represión contra la juventud o la estigmatización contra la cuidadanía no vacunada. LAB considera que ya es hora que los gobiernos vasco y navarro asuman responsabilidades políticas sobre esta errónea gestión.
Medidas inmediatas
Asimismo, hay que corregir de inmediato las políticas públicas con respecto a la pandemia. Solicitamos la adopción inmediata de las siguientes medidas:
1. Abandonar el certificado COVID. Los poderes públicos deberían lanzar un mensaje pedagógico a favor de la vacunación, rechazando toda actitud sancionadora.
2. Establecer un permiso de trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras con hijas e hijos confinados, con el fin de evitar el riesgo de contagio de terceros personas, además de desde el punto de vista de los cuidados.
3. Adoptar medidas preventivas eficaces para reducir la tasa de contagio
• PCRs gratuitos, medidores de CO2, regulación de aforos y/o mejora de protocolos y recursos sanitarios para la detección precoz.
• Adoptar medidas que promuevan la salud de la ciudadanía desde un punto de vista preventivo, como la alimentación, el deporte y el ámbito psicosocial.
• Priorizar la salud laboral en los centros de trabajo. Apartar a las mutuas e implantar un sistema público de prevención. En las actividades laborales que se consideren necesarias, establecer PCRs gratuitas para el personal vacunado como no vacunado, dentro del horario laboral.
• Mejorar e incrementar el transporte público evitando masificaciones.
4. Reforzar el sistema público de salud y cuidados.
• Reducción de ratios en Atención Primaria, aumento de recursos y estabilización del empleo.
• Incrementar los recursos para atender casos graves de COVID (UCIs, urgencias…).
• Publificar los recursos sanitarios privados (incluida la producción y distribución de vacunas) para que estén más orientados a la salud de toda la población que a los beneficios de unos pocos.
• Crear un sistema público comunitario de cuidados. Publificar la residencias de mayores y otros servicios sociales, reducir ratios, mejorar las condiciones de trabajo y construir un modelo que merezca la pena ser vivido.
5. Combatir los efectos económicos de la pandemia en la población trabajadora
• Defensa del empleo, renta básica digna, prohibición de desahucios, abaratamiento de la energía…
• Reconocer la deuda patriarcal que existe con las mujeres ocupadas de base y mejorar sus condiciones laborales.
Ante la nefasta gestión de los gobiernos, es el momento de que los trabajadores y trabajadoras demos un paso al frente. Es el momento de dejar de lado la polarización interesada en torno al certificado COVID y luchar por un sistema público de salud y cuidados.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas para reivindicar medidas que refuercen Osakidetza y Osasunbidea; en el caso de Osakidetza, la cita es este miércoles, 22 de diciembre.
¡Entre todos y todas lo conseguiremos!
«Ayer imprescindibles, hoy invisibles»
Los y las trabajadoras de la Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Araba (APDEMA) se han concentrado frente a las Juntas Generales de Araba, a convocatoria de los sindicatos LAB, ELA y CCOO, para reclamar unos presupuesto forales que garanticen los acuerdos logrados en la negociación colectiva del convenio laboral de APDEMA.»Ayer imprescindibles, hoy invisibles», han denunciado.
Hay que recordar que, siendo de titularidad foral, la responsabilidad corresponde al Instituto Foral de Bienestar Social y, por lo tanto, la responsabilidad de financiar estos servicios es exclusivo de la administración. Sin embargo, el Diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, ha solido declarar que no contemplan incrementos para el personal del sector de diversidad funcional, incrementando de esta manera la brecha salarial del personal subcontratado y no respetando el preacuerdo logrado en la negociación colectiva de APDEMA.
Llamamos a responder ante las condiciones laborales que matan
Tenemos que denunciar la muerte de un trabajador ocurrida el sábado en accidente laboral. En el accidente ocurrido en Zumaia, el trabajador, que realizaba labores de limpieza en un edificio industrial, se precipitó desde el tejado. Con este último, son al menos 62 las y los fallecidos en Euskal Herria mientras estaban trabajando o como consecuencia de ello, 7 de ellos por caídas desde altura, accidentes evitables con medidas de seguridad.
Desde el sindicato LAB queremos, en primer lugar, mostrar nuestra solidaridad a todos los compañeros y compañeras, familiares y personas allegadas del trabajador fallecido.
Esta sangría no cesa. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay que hacer para poner fin a este problema estructural? Cada año nos encontramos ante accidentes de las mismas características. Es un derecho de todos y todas volver del trabajo sanas y vivas, tener un trabajo y una vida digna. Aunque lo reivindicamos, la realidad es cruda y muchos no quieren que esto cambie.
¿Qué cambios y pasos están dispuestos a dar las patronales e instituciones para frenar esta situación y este modelo? Las y los trabajadores trabajamos para poder vivir y no para perder la vida en ese intento. Matar a un trabajador o trabajadora no es una característica del trabajo. Los accidentes de trabajo son el resultado de las condiciones y formas de trabajo que nos impone a la hora de trabajar en un modelo económico concreto. Debemos denunciar la frecuencia de accidentes en el sector de la construcción y la reformas.
Por todo ello, mañana 21 de diciembre, LAB se concentrará junto a la mayoría sindical en Zumaia ante la empresa Egurko, donde se produjo el accidente, a las 12:30 horas. Llamamos a las y los trabajadores a participar en la movilización para poder frenar esta sangría.
¡Ya basta! Vamos a cambiar el modelo económico.
La secretaria general Garbiñe Aranburu ha apoyado la declaración de Arantzazu
La dinámica Gure Esku ha comparecido en Oñati, en Gandiaga Topagunea de Arantzazu, para reclamar que el derecho de decidir se convierta en ley. Ha presentado una declaración en esa dirección y el documento ha contado con la adhesión de representantes de diferentes ámbitos; la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, está entre las personalidades que han mostrado su apoyo. Precisamente, Garbiñe Aranburu ha estado presente en la comparecencia de Oñati para mostrar su respaldo a la iniciativa en favor de la soberanía.

