Ante la nueva ola de contagios de COVID, los gobiernos vasco, navarro y francés están utilizando la implantación del certificado COVID para ocultar las deficiencias de su gestión. LAB exige que se tomen medidas en cinco ejes: abandonar el certificado COVID; establecer un permiso de custodia para todos los padres y madres de niños y niñas confinadas; adoptar medidas preventivas más eficaces; reforzar el sistema público de salud y cuidados; y hacer frente a los efectos de la pandemia en los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, ha hecho un llamamiento a participar este miércoles en las movilizaciones convocadas por los sindicatos de Osakidetza y la ciudadanía.

Dos meses después de anunciar el final oficial de la situación de emergencia sanitaria, se ha acelerado el ritmo de contagios por COVID-19 y se ha incrementado la presión sobre el sistema sanitario público. Es evidente la necesidad de adoptar medidas eficaces para proteger a la población y especialmente a los sectores más vulnerables, como la puesta a disposición de toda la población de vacunas y medicamentos, la implantación de pruebas gratuitas de PCR y antígenos, la eficacia de las medidas de prevención por zonas o el fortalecimiento del sistema sanitario público. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se ha limitado a establecer el certificado COVID.

LAB considera que no hay justificación suficiente para implantar el certificado COVID, ya que alrededor del 90% de la población de Euskal Herria está vacunada. Poner el foco en el certificado COVID tiene el objetivo de cubrir las deficiencias de la gestión institucional, volviendo a poner la responsabilidad en la ciudadanía para ocultar las deficiencias de la gestión de los gobiernos y las previsiones erróneas.

Además de la ausencia de beneficios desde el punto de vista de la salud pública, la implantación del certificado COVID está teniendo consecuencias negativas desde el punto de vista de la convivencia entre ciudadanía, trabajadores y trabajadoras: estigmatiza y discrimina a quienes no han decidido vacunarse y provoca fracturas entre la población cuando para hacer frente a la pandemia necesitamos unidad y solidaridad entre la ciudadanía. Normaliza el control social pero al mismo tiempo, proporciona una falsa sensación de seguridad (ya que quienes tienen certificado COVID pueden transmitir virus). Y desde el punto de vista laboral, obliga a miles de trabajadores y trabajadoras a aplicar una medida de control que no tiene justificación sanitaria suficiente.

Aunque somos críticas con el certificado COVID, no compartimos algunos puntos de vista que se han dado en contra de esta medida. Y es que, ahondando en el individualismo provocado por el neoliberalismo en los últimos años, se han dado reacciones que anteponen la libertad individual al cuidado colectivo; reacciones que la extrema derecha quiere aprovechar.

Mientras tanto, dos años después del inicio de la pandemia, los gobiernos vasco, navarro y español y francés se han negado a adoptar medidas para mejorar la salud de la población, reforzar el sistema público de salud y construir un sistema público comunitario de cuidados.

Es más, se han eliminado muchas de las contrataciones que se hicieron para hacer frente a la pandemia y la red sanitaria de atención primaria está trabajando sin recursos básicos. El sistema sanitario privado sigue haciendo negocio, mientras el sistema público de salud se colapsa. El proceso de producción y distribución de vacunas y medicamentos para hacer frente a la pandemia se ha dejado en manos de las multinacionales. En las residencias de mayores no se ha realizado una inversión adecuada, como lo demuestra el hecho de que en los cuatro convenios de Hego Euskal Herria las y los trabajadores estén en huelga y en lucha. Y a la ciudadanía vacunada con niñas y niños confinados se les deniega el permiso para no ir a trabajar.

Tanto la posibilidad de aumentar el nivel de endeudamiento como los fondos europeos están siendo utilizados para promover proyectos de acuerdo con la lógica neoliberal. Se ha rechazado una reforma fiscal que grave más los beneficios empresariales y las rentas del capital. En consecuencia, se ha renunciado a destinar los recursos existentes al sistema público de salud y cuidados.

Así, negándose a adoptar medidas estructurales y a desarrollar una política coherente, la gestión de las autoridades ha sido radicalmente negativa y errática. Han lanzado mensajes contradictorios, siempre tratando de justificar su responsabilidad. En algunas ocasiones han reivindicado que la pandemia había terminado y que la vida habitual era posible, como hemos visto con la apertura de la frontera cántabra escenificada por Urkullu o la declaración para reivindicar del fin de la Emergencia Sanitaria. En otras ocasiones, han culpabilizado a la ciudadanía y han adoptado medidas autoritarias como la criminalización y represión contra la juventud o la estigmatización contra la cuidadanía no vacunada. LAB considera que ya es hora que los gobiernos vasco y navarro asuman responsabilidades políticas sobre esta errónea gestión.

Medidas inmediatas

Asimismo, hay que corregir de inmediato las políticas públicas con respecto a la pandemia. Solicitamos la adopción inmediata de las siguientes medidas:

1. Abandonar el certificado COVID. Los poderes públicos deberían lanzar un mensaje pedagógico a favor de la vacunación, rechazando toda actitud sancionadora.

2. Establecer un permiso de trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras con hijas e hijos confinados, con el fin de evitar el riesgo de contagio de terceros personas, además de desde el punto de vista de los cuidados.

3. Adoptar medidas preventivas eficaces para reducir la tasa de contagio

• PCRs gratuitos, medidores de CO2, regulación de aforos y/o mejora de protocolos y recursos sanitarios para la detección precoz.

• Adoptar medidas que promuevan la salud de la ciudadanía desde un punto de vista preventivo, como la alimentación, el deporte y el ámbito psicosocial.

• Priorizar la salud laboral en los centros de trabajo. Apartar a las mutuas e implantar un sistema público de prevención. En las actividades laborales que se consideren necesarias, establecer PCRs gratuitas para el personal vacunado como no vacunado, dentro del horario laboral.

• Mejorar e incrementar el transporte público evitando masificaciones.

4. Reforzar el sistema público de salud y cuidados.

• Reducción de ratios en Atención Primaria, aumento de recursos y estabilización del empleo.

• Incrementar los recursos para atender casos graves de COVID (UCIs, urgencias…).

• Publificar los recursos sanitarios privados (incluida la producción y distribución de vacunas) para que estén más orientados a la salud de toda la población que a los beneficios de unos pocos.

• Crear un sistema público comunitario de cuidados. Publificar la residencias de mayores y otros servicios sociales, reducir ratios, mejorar las condiciones de trabajo y construir un modelo que merezca la pena ser vivido.

5. Combatir los efectos económicos de la pandemia en la población trabajadora

• Defensa del empleo, renta básica digna, prohibición de desahucios, abaratamiento de la energía…

• Reconocer la deuda patriarcal que existe con las mujeres ocupadas de base y mejorar sus condiciones laborales.

Ante la nefasta gestión de los gobiernos, es el momento de que los trabajadores y trabajadoras demos un paso al frente. Es el momento de dejar de lado la polarización interesada en torno al certificado COVID y luchar por un sistema público de salud y cuidados.

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas para reivindicar medidas que refuercen Osakidetza y Osasunbidea; en el caso de Osakidetza, la cita es este miércoles, 22 de diciembre.

¡Entre todos y todas lo conseguiremos!