El pasado martes por la mañana alertamos de que la gerencia del Hospital Universitario de Navarra (HUN) dependiente del Departamento de Salud ha avalado en los últimos acuerdos que los ensayos clínicos dejen de ser gestionados por el instrumento público de investigación Navarrabiomed – Fundación Miguel Servet y pasen a IdiSNA, que cuenta con la participación privada del Opus Dei. El mismo martes por la tarde el director general de Salud Carlos Artundo tildó de “incorrecta” la información aportada por el sindicato. En opinión de LAB, Artundo miente. Disponemos del acuerdo entre las instituciones que constituyen IdiSNA, un documento que hace dudar de quién tiene el control real y efectivo de IdiSNA, si la parte pública como oficialmente figura, o la parte privada.
A pesar de desmentir las acusaciones del sindicato LAB, el director general de Salud Carlos Artundo ha reconocido que la gestión que se estaba realizando en Navarrabiomed – Fundación Miguel Servet de los ensayos clínicos y proyectos de investigación se derivará de una fundación pública a una fundación privada. Así, en un ejercicio que supone un insulto a la inteligencia de toda la ciudadanía el alto cargo del Gobierno de Navarra se resiste a denominar dicha operación como “privatización”. Sin embargo, no existe otra fórmula para definir la realidad de pasar de una gestión netamente pública a otra privada.
Dentro del ejercicio de negarlo todo, el responsable de Salud niega la situación en la que se encuentra el instituto IdiSNA, pendiente de reacreditación. Y reacreditar es ‘volver a acreditar’ una institución con muchos cambios, todos ellos recomendados por el Instituto de Salud Carlos III, que parece ser que es el único que advirtió que la balanza está desequilibrada hacia la parte privada.
Artundo sabe que el Instituto de Salud Carlos III de Madrid en ningún caso exige que la parte pública tenga que pasar a IdiSNA todos los ensayos clínicos que gestiona. Esta exigencia es consecuencia de un acuerdo interno entre las instituciones que constituyen IdiSNA y que deben aclarar el propio Artundo pero también Alfredo Larrea Martínez, gerente del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Este acuerdo es claramente asimétrico ya que exime a la parte privada, pero no a la parte pública, de ceder la gestión de sus ensayos clínicos comerciales (los que provienen de laboratorios farmacéuticos). En consecuencia, este documento del que dispone el sindicato LAB, contradice las palabras de Artundo y hace dudar de quién tiene el control real del IdiSNA, si la parte pública como oficialmente figura, o la parte privada.
Configurar una institución público-privada gestionada por una fundación privada cuyo fin principal es poder recaudar fondos públicos para investigación es un modelo que dificulta la transparencia: ¿a dónde y con qué objetivos van realmente los fondos públicos, y quién se está beneficiando realmente de los mismos?.
LAB ha consultado la guía técnica de evaluación de acreditaciones de los institutos de investigación sanitaria que publica el Instituto de Salud Carlos III y ha contrastado que la única exigencia es que, si un instituto se quiere acreditar, tiene que cumplir una serie de indicadores, entre los que se encuentra que al menos un 30% de la financiación que recibe el instituto a acreditar sea privada. Es por ello que existe la necesidad de que, si la parte privada no aporta ningún ensayo de la industria, sea la parte pública la que tenga que poner todo. Carlos Artundo por tanto, está ocultando la verdadera exigencia, que es interna (de IdiSNA) más que externa (del Instituto de Salud Carlos III). Dicho de otra manera, a la parte privada que representa el Opus Dei no le interesa pasar los ensayos por IdiSNA porque éstos son parte importante en su forma de financiarse y hacer negocio, y no quieren perderlos. A la parte pública tampoco le interesa perderlos, pues se descapitalizaría Navarrabiomed, pero eso no parece ser importante para los cargos del Departamento de Salud.
En opinión de Artundo la parte pública “no podría acreditarse porque no es lo suficientemente grande como para acreditarse”. En realidad, el director sabe que quizá Navarrabiomed por sí sola podría tener alguna dificultad para cumplir alguno de los muchísimos indicadores, pero sin embargo, la parte pública al completo (Navarrabiomed – Fundación Miguel Servet, UPNA, HUN e ISPLN) sí los podría cumplir. A pesar de la oportunidad, hasta la fecha a ningún responsable le ha interesado realizar esta valoración.
Al margen de IdiSNA, el Gobierno ha de priorizar esfuerzos en intentar conseguir la acreditación de la parte pública en lugar de perder el tiempo justificando la participación de la parte privada. También ha de invertir tiempo en mejorar la accesibilidad de las instituciones públicas sanitarias a los recursos de investigación. Navarra cuenta con tres hospitales públicos con un enorme potencial investigador si se atiende a sus necesidades para poder investigar ‒intensificación de facultativos para investigación o valoración de la investigación en los concursos públicos, por destacar algunas‒. Además, cuenta con Atención Primaria, con la Universidad Pública de Navarra que incluye la Facultad de Ciencias de la Salud y la reciente incorporación del grado de Medicina, con el centro de investigación Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet y con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
La población navarra merece que sus instituciones públicas sean potenciadas y valoradas en su justa medida, para conseguir una asistencia sanitaria de máxima calidad al servicio de todos y todas. Y esto sólo se consigue si va acompañada de una investigación de vanguardia.
En estas condiciones, la pregunta relevante es en qué medida el sistema de investigación sanitaria público se beneficia si se acredita IdiSNA en las condiciones actuales, cuáles son los riesgos/costes, y si no es mejor valorar otras opciones, más equilibradas, incluida la posibilidad de acreditarse sólo integrando instituciones públicas, sin necesidad de desdibujar la frontera que separa una institución pública de una institución privada.
