Se van a destinar un total de 129 millones de euros de dinero público a financiar la actividad de empresas privadas y se van a destruir puestos de trabajo en Osakidetza. Así, coincidiendo con la convocatoria de reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT y ESK hemos realizado en el día de hoy una concentración frente a las oficinas centrales de Osakidetza para denunciar el proyecto de privatización de los almacenes.
La Consejera Sagardui anunciaba a bombo y platillo en abril del año pasado la construcción de una plataforma logística en la antigua sede de EITB, en Iurreta, que va a absorber gran parte de la actividad que a día de hoy se desarrolla en los almacenes de Osakidetza; almacenes de titularidad pública gestionados por empleadas y empleados públicos.
A pesar de los eufemismos utilizados por el Departamento de Salud, estamos ante una nueva privatización de un servicio público en beneficio de intereses privados que, además de suponer la derivación de millones de euros de dinero público a manos privadas, va a suponer también la destrucción de puestos de trabajo en Osakidetza. Así, el pasado día 23 de enero, el Departamento de Salud oficializaba su proyecto mediante la publicación de la licitación, que asciende a un total de 129 millones de euros de dinero público.
En este sentido, cabe recordar que, en el año 2023, el Departamento de Salud destinó un total de 269 millones de euros a sufragar los diferentes servicios que tiene privatizados, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. La privatización planteada ahora supone dar un paso más en esa apuesta de privatizar lo público y de enriquecer al sector privado a costa del dinero de todos y todas. A nadie se le escapa que, a la vista de la precaria situación que atraviesa Osakidetza, la inversión directa de esas cantidades supondría una mejora sustancial tanto en las condiciones de trabajo de la plantilla, como en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
En los almacenes de Osakidetza trabajan un total de 180 personas. Hoy por hoy, el futuro de estas 180 personas queda en el aire, especialmente el del personal temporal. Hace unos meses la Consejera Sagardui afirmaba que no se iba a destruir ningún puesto de trabajo. Tras esa afirmación pretendía ocultar la verdadera realidad: se decretará la finalización de muchos nombramientos temporales y se recolocará al personal fijo en otros servicios, ya que tienen derecho a ello. En un ámbito en el que más de la mitad de la plantilla es temporal, el riesgo de pérdida de empleo es evidente.
Los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT y ESK exigimos a Osakidetza la paralización del proyecto así como que el servicio siga siendo de gestión pública y con plantilla pública.
Todas las denuncias presentadas por el sindicato LAB ‒11 en total‒, en torno a las malas prácticas de la exclusividad en Osasunbidea, han sido confirmadas y reconocidas por varias resoluciones de Función Publica del Gobierno de Nafarroa y de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Nafarroa. El sindicato LAB, que realizó estas denuncias hace un año, quiere remarcar la ausencia de control y dejadez que evidencian estos casos, y exige al Gobierno que asuma sus responsabilidades y ponga fin al “escándalo de Osasunbidea” del que es responsable directo, tomando todas las medidas necesarias para ello y sin someterse a los intereses corporativos y políticos de algunos que no hacen más que perjudicar la dignidad de la profesión médica.
Ausencia de control y dejadez en Osasunbidea. Así lo determinan las siete resoluciones de la directora general de Función Pública del Gobierno de Nafarroa en las que resuelve sobre los casos denunciados. Para los cuatro casos restantes, si bien no se han iniciado actuaciones por no encontrarse los facultativos en situación de servicio activo en la Administración (Osasunbidea y Anticorrupción deberán encargarse de estos casos), se ha comprobado que no se autorizó a ninguna de las personas señaladas la compatibilidad de sus funciones públicas con actividad privada alguna. Conducta tipificada como falta muy grave que comparten con el resto de casos y que según el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Nafarroa podría conllevar la separación del servicio a estas personas.
Por su parte, la Oficina de Buenas prácticas y Anticorrupción de Nafarroa, vistos los expedientes tramitados, confirma la situación denunciada por LAB. De tal forma que, ampliando el plazo en seis meses, se centrará en investigar en profundidad el alcance y consecuencias que se derivan de los hechos denunciados y que afectan directamente a Osasunbidea. Asimismo, analizará los expedientes de reintegro del complemento de exclusividad indebidamente percibido por quienes, a la vez, han ejercido una actividad privada.
El sindicato LAB cree que la manera de actuar y las exigencias del Sindicato Médico de Navarra (SMN), VOX, UPN y también el Colegio de Médicos (que ha desatendido reunirse con este sindicato) responden exclusivamente a evidentes intereses corporativos y políticos, y perjudican a la dignidad de la profesión médica. De hecho, cuando se cumple exactamente un año de la denuncia y confirmación del primer caso de mala praxis, estos agentes reaccionarios y de extrema derecha vuelven a exigir públicamente la eliminación de la exclusividad aprovechando interesadamente para ello los últimos acontecimientos. Este es y no otro, el proceder inaceptable que LAB pretende corregir. Por eso LAB nunca ha facilitado la identidad de los profesionales implicados y tampoco lo hará en el futuro.
Esos intereses estrictamente corporativos y políticoshan arrastrado al Gobierno de Nafarroa, a muchos profesionales médicos y especialmente a la sanidad pública a un callejón sin salida. Así las cosas, LAB no va a aceptar ninguna situación de privilegio para con el SMN, ni mucho menos que ejerza cierto derecho a veto. Se acabó aquello de tener mesas exclusivas para que algunos se dediquen a satisfacer sus intereses económicos propios y favorecer los negocios sanitarios privados por encima de la necesidad de mejorar la sanidad pública, las condiciones de toda la plantilla, y de los derechos de toda la ciudadanía.
Por tanto, LAB exige al Gobierno de Nafarroa que asuma sus responsabilidades y ponga fin al “escándalo de Osasunbidea” del que es responsable directo, tomando todas las medidas necesarias para ello. Asimismo, que acate las resoluciones de la Dirección de Función Pública, que inspeccione, controle y actúe en consecuencia, siempre en defensa de la profesión médica y de toda la sanidad pública.
También que cumpla con lo firmado con los trabajadores y trabajadoras de Osasunbidea y ponga en marcha un único mecanismo para monitorizar y controlar el cumplimiento de las normas de compatibilidad y exclusividad en relación a la actividad privada. No hay excusas y LAB no va dar por buena, de ninguna de las maneras, una mesa al margen con el SMN, que sería algo así como poner al lobo a cuidar de las ovejas.
Finalmente, que realice las funciones efectivas correspondientes al régimen de incompatibilidades a través de un sistema legal que garantice que toda persona que solicite trabajar en el ámbito privado efectivamente esté posibilitado para ello. Adquiriendo en base a ello y, con posterioridad, el complemento o no de exclusividad.
Hemos comparecido en Sestao para presentar la movilización que llevaremos a cabo el próximo 17 de marzo. El lema de la manifestación será “Langileon Ezkerraldea eta Meatzaldea bizirik! Empleos dignos, vidas dignas” y empezará a las 12:00, desde la plaza de Sestao.
Han tratado sobre la situación de Ezkerraldea y Meatzaldea. La consecuencia directa de la política de desindustrialización es la destrucción de la industria. En contrapartida, traen centros comerciales, logísticos y almacenes del sector servicios. En la comparecencia, han mostrado algunos ejemplos de destrucción del tejido industrial y terciarización de la economía, de la mano de trabajadoras y trabajadores de las empresas afectadas.
En el caso de Tubos Reunidos, de Trapagaran, el día 23 enero se comunicó al comité de empresa la intención de iniciar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas. Este ERTE afectaría a un total de 319 trabajadoras y trabajadores de la planta de Trapagaran y tendría una duración del 26 de febrero al 31 de julio. El porcentaje de aplicación sería del 50 % para un total de 100 días de trabajo.
A toda esta incertidumbre hay que sumarle el traslado en diciembre de 80 de sus compañeros y compañeras de la acería de Trapagaran a la planta de Amurrio que, a pesar de no haber sido despedidos y despedidas, ha supuesto que la plantilla de su fábrica disminuya en gran medida.
También han descrito el caso de la empresa de automoción MFS de Trapagaran, un buen ejemplo de cómo se va desindustrializando la comarca. Han entrado en concurso de acreedores y por ahora lo único que conocen es que un fondo de inversión puede estar interesado en la compra del inmueble. Sobre la continuidad de la actividad industrial, hay muchas incertidumbres. De continuar con la actividad, lo que parece que está claro es que están abocados y abocadas a la pérdida de empleo neto. Están en un lugar estratégico, la recta de Amazon, que en un futuro no muy lejano se puede convertir en espacio para empresas dedicadas a la logística, al comercio o al ocio, con trabajos y salarios más precarios que los de la industria.
El de Amazon ha sido el tercer caso que han presentado, un claro ejemplo de las nuevas relaciones laborales que quieren establecer las grandes multinacionales que se dedican al reparto. Amazon busca implantar un modelo de centros logísticos, “un modelo que si dejamos de presionar querrán copiar el resto de empresas del sector”, han señalado. No es casualidad que no se dignen a negociar un convenio propio que recoja las condiciones reales que tienen las personas que trabajan en el centro logístico, ni tampoco asuma las tareas de reparto, un servicio totalmente subcontratado con empresas que casi exclusivamente trabajan para Amazon.
Han mencionado que a cambio de vender un servicio de y a 24 horas, les obligan a trabajar bajo mucha presión, en turnos de noches, con alta cantidad de contratos parciales, horarios flexibles… “pero no vamos a dar el brazo a torcer. Seguiremos firmes hasta que se sienten a negociar nuestras condiciones laborales”, han señalado las y los trabajadores de la planta.
En Vicinay de Sestao, hace apenas un mes, les anunciaron que les querían aplicar un ERTE por causas productivas. Es la tercera vez en cuatro años que la empresa quiere implantar una medida de este tipo, que los y las trabajadoras consideran una tomadura de pelo: “Ante esta medida no veíamos más opción que organizarnos y hacerle frente de manera colectiva”.
Compañeras y compañeros se unieron y gracias a la activación de la plantilla, consiguieron ejercer tal presión que la empresa no tuvo más remedio que rectificar y echar atrás el ERTE. “Solo la acción sindical, la movilización de la clase trabajadora consigue ponerle fin a los caprichos de las empresas que solo buscan mantener y aumentar sus beneficios económicos a costa de nuestro pan”, han añadido.
“La situación en la que se encuentran estas empresas nos deja a los y las trabajadoras de Ezkerraldea y Meatzaldea un futuro cercano muy incierto”, han señalado, mencionando también de dónde viene la situación, “Son claros ejemplos de la política de desindustrialización del PNV y PSOE. No son conflictos puntuales, sino fruto de una estrategia política concreta”.
Han añadido que en aras de una voluntad política quieren condenarlos y condenarlas a una cruda precariedad: “En comarcas como las nuestras, donde el peso de la industria ha sido considerable, pretenden reducir la oferta de empleo. Les salen baratos los despidos. Cada vez que se pierde un empleo, desaparece un puesto de trabajo futuro”.
Además, han denunciado que la incertidumbre es su pan de cada día; más si les imponen empresas del sector servicios; añadiendo que quiere convertir Ezkerralde y Meatzaldea en tierra de centros comerciales, logísticos y almacenes, política que las y los condena totalmente a la precariedad.
Del mismo modo, han indicado que la reordenación del empleo debe necesariamente situar en el centro a la clase trabajadora y han reivindicado el tripe reparto para trabajar en condiciones laborales dignas, esto es, el reparto del empleo, las tareas del cuidado, y la riqueza. “Vamos a luchar para que las vidas estén en el centro”, han añadido.
Han señalado que es hora de dar una respuesta global a esta intencionalidad política generalizada: “Nos toca actuar con ambición, tenemos la necesidad de estructurar un movimiento sociosindical fuerte. Queremos articular las múltiples iniciativas necesarias a favor de unas condiciones de trabajo y vida dignas, y lanzar un llamamiento a un proceso compartido”.
Por ello, han realizado un llamamiento a la movilización: “apostamos por sacar a las calles lo que pasa en las empresas”, señalando también de dónde tendría que venir la solución: “para generar empleo estable y de calidad necesitamos medidas ordenadas, consensuadas e integrales para las personas de Ezkerraldea y Meatzaldea, al tiempo que pedimos que asuman responsabilidades dentro de las competencias que tienen las instituciones”.
Han finalizado la rueda de prensa con un llamamiento a tomar las calles el 17 de marzo: “diremos alto y claro que necesitamos y queremos un futuro digno. Basta ya de que los empresarios sigan llenándose los bolsillos con nuestro sudor. Hacemos un llamamiento a la comunidad de LAB y a la sociedad en general para que responda y se movilice ante esta situación”.
Hemos realizado una rueda de prensa ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, para denunciar la privatización de los diferentes ámbitos de los cuidados y el papel de la Diputación al respecto. También hemos reivindicado el carácter público de las trabajadoras de cuidados, la ampliación de ratios y garantizar subidas salariales en función del IPC. El 16 de febrero nos movilizaremos por estas reivindicaciones en Donostia: a las 8:00, realizaremos una caravana de coches desde Garbera y las 11:30, una concentración ante la sede de la Diputación, en la Plaza Gipuzkoa.
La ciudadanía de Gipuzkoa conoce bien la situación del personal que trabaja en las residencias, en la intervención social, en el servicio de ayuda a domicilio y en los servicios para personas con diversidad funcional. Desde LAB queremos denunciar, una vez más, la actitud de las autoridades de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que son las responsables directas de la situación que viven las trabajadoras. Hace años que nuestros gobernantes, de la mano de la patronal, emprendieron la privatización de los puestos de trabajo relacionados con las tareas de cuidado. Así, convirtiendo las residencias de mayores, la ayuda a domicilio, los servicios relacionados con la diversidad funcional o los que se engloban en el ámbito de la intervención social en negocios, se priorizan los beneficios de las empresas privadas por encima del derecho a unas condiciones de trabajo dignas y unos servicios públicos de calidad.
La tendencia capitalista está profundizando el proceso de mercantilización de los cuidados y la precarización de las mujeres trabajadoras desde que apostaron por sacar provecho económico de estos servicios verdaderamente esenciales.
Todos los sectores dependientes del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa se encuentran en una situación similar como consecuencia de la privatización:
– No hay garantía del IPC para las trabajadoras de cuidados y servicios sociales. A pesar de que los incrementos salariales deben ser acordados por convenio entre la Representación Legal de las Personas Trabajadoras y la Patronal, la Negociación Colectiva está totalmente condicionada por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), porque siendo la principal titular y financiadora de la mayoría de los servicios, es la que limita la capacidad económica de negociación de la mayoría de las asociaciones empresariales. Por ello, a día de hoy, en los sectores citados no existe ninguna garantía de mantener el poder adquisitivo de las trabajadoras.
– La DFG también es la que establece cargas de trabajo excesivas e insostenibles en todos estos servicios, ratios que en muchos casos ni siquiera se cumplen. La mejora de los ratios es una cuestión de urgencia porque el exceso de carga de trabajo está causando graves daños en la salud fiísica y psicosocial de las trabajadoras. Y cómo no, porque también está teniendo un impacto innegable en la calidad del servicio.
Desde el sindicato LAB tenemos claro que la necesidad de un cambio de modelo es evidente y que debemos seguir avanzando hacia un sistema de cuidados público-comunitario. Aunque en estos momentos estos servicios están privatizados, son trabajadoras que están haciendo un trabajo público y por ello, señalan que son empleadas públicas. Es imprescindible acabar con la privatización y dar pasos en el reconocimiento social, político y económico que se debe a las tareas de cuidado, además de dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras que realizan estas tareas.
LAB adoptará nuevas iniciativas para lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de aquí. Nuestra propuesta es alcanzar un Acuerdo Marco que requiera del acuerdo de sindicatos y patronales para establecer un salario mínimo de 1.400 euros para todas las relaciones laborales. El parlamento de la CAV interpeló al Gobierno Vasco para que diera pasos en favor de este objetivo. En este sentido, solicitaremos al resto de sindicatos, a Confebask y al Gobierno Vasco reuniones para explorar los posibles consensos existentes y dar nuevos pasos.
Acaba de materializarse la subida del 5% del Salario Mínimo Interprofesional a nivel estatal que se anunció en Madrid. Aunque la subida es positiva, este salario mínimo no garantiza una vida digna en la realidad actual, ya que es absolutamente insuficiente. Qué decir si atendemos a la realidad socioeconómica de Hego Euskal Herria, ya que el salario mínimo que hoy nos quieren imponer desde Madrid queda lejos de nuestro día a día, lejos del salario mínimo que reivindica LAB y que según la Carta Social Europea sería de 1.400 euros.
La clase trabajadora de Hego Euskal Herria necesita un SMI propio, es una urgencia. Son miles las y los trabajadores que no llegan a los 1.400 euros mensuales de sueldo, miles quienes no tienen garantizadas sus necesidades básicas. Uno de cada dos trabajadores y trabajadoras de Hego Euskal Herria no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades: porque está en paro, no tiene empleo o tiene salarios inferiores a 1.400 euros.
LAB va a tomar iniciativas que respondan a esta necesidad. El Parlamento de la CAV interpeló en marzo de 2023 al Gobierno Vasco a impulsar un acuerdo sobre salario mínimo a nivel de la CAV. Desde entonces no se han dado pasos para desarrollar este camino ni por parte del Gobierno Vasco ni de la mano de la patronal. Ante esta carencia, será LAB quien tome la iniciativa en la CAV: pediremos reuniones al resto de sindicatos para tratar este tema, así como al Gobierno Vasco y a Confebask. También en Nafarroa seguiremos trabajando para conseguir un salario mínimo mensual de 1.400 euros.
Nuestra propuesta es elaborar un Acuerdo Marco que regule todas las relaciones laborales. Se trataría de un asunto que habría que acordar entre los principales sindicatos y patronales de aquí con el fin de conseguir un salario mínimo propio directamente aplicable a toda relación laboral.
Desde LAB seguiremos trabajando en ese camino, teniendo como objetivo un marco vasco propio de relaciones laborales y protección social, para que demos pasos en la consecución del salario mínimo propio.
Hoy el sindicato LAB se ha movilizado en Bilbo, frente a las patronales CONFEBASK y CEBEK, para denunciar la nula voluntad que tienen de negociar aquí las condiciones laborales de las 20.000 personas trabajadoras del sector químico de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Esta movilización viene tras la negativa de las patronales a acudir a la convocatoria de reunión que realizamos los sindicatos mayoritarios del sector para el 10 de enero. El objetivo de esa reunión era constituir la mesa negociadora del primer convenio autonómico del sector químico.
Para LAB, la defensa y el blindaje de los convenios propios sobre los estatales siempre ha sido una lucha prioritaria. Es decir, el derecho a negociar en nuestro propio ámbito para, de esta manera, poder conseguir mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras.
Esta reivindicación es compartida por las personas trabajadoras del sector químico de la CAV y así lo demuestran las más de 100 mociones que hemos recogido en empresas referentes del sector y la movilización realizada hoy junto con los y las delegadas de Bizkaia.
LAB está dispuesta a llevar hasta el final la lucha por este convenio. Este objetivo vendrá a través de alianzas y de la activación de todas las personas trabajadores del sector. En este sentido, LAB, junto con el resto de la mayoría sindical del sector, se movilizará en las próximas semanas frente a las patronales ADEGI y SEA.
A un mes del inicio del periodo de consultas del ERE estamos en una fase decisiva tanto para el futuro de Mecaner, como para el de la comarca y su tejido industrial. Por ello, las Secciones Sindicales de LAB y ESK (con mayoría en el comité) queremos hacer pública nuestra lectura de la situación.
LAB y ESK lo tenemos claro, estamos decididos y decididas a no rendirnos y a no dar el partido por perdido. Vamos a seguir luchando hasta el final por el futuro de Mecaner y sus puestos de trabajo. Por ello, nuestra estrategia ha sido y es, la de demostrar la viabilidad de Mecaner, buscar alternativas al cierre, y luchar por una solución colectiva que beneficie a toda la plantilla.
En ello hemos avanzado de forma significativa las últimas semanas. Nos hemos movilizado para que Stellantis se siente a negociar con nosotros, hemos realizado huelgas y piquetes, nos hemos reunido con ayuntamientos, Diputación, Gobierno Vasco y partidos políticos, hemos organizado charlas y presentaciones a nivel social y estamos terminando de elaborar un informe elaborado por un experto y con la solvencia suficiente para que sirva de herramienta de cara al periodo de consultas y para la búsqueda de alternativas desde una perspectiva ecosocial. Este informe es una herramienta de trabajo indispensable para demostrar la viabilidad de la planta y exigir al Gobierno Vasco que acompañe y se implique en el proceso, que apueste por la transición y por mantener su tejido industrial y una herramienta para obligar a Stellantis a que mantenga Mecaner abierto.
Las Secciones Sindicales de LAB y de ESK seguimos y seguiremos peleando por evitar el cierre de Mecaner, interpelando a Stellantis, buscando alternativas y exigiendo al Gobierno Vasco y a las instituciones que asuman su responsabilidad. Y esto lo queremos hacer con una plantilla unida y decidida para pelear por su futuro y una comarca dispuesta a defender su tejido industrial.
Por ello, desde ambas secciones sindicales, en la asamblea que se realizará el jueves 8 de febrero, llevaremos la siguiente propuesta:
2 dias de huelga y movilizaciones semanales hasta el periodo de consultas que acompañen el proceso y lucha que dimos inicio el 1 de septiembre.
Organizar una gran manifestación en Urduliz en contra de la deslocalización y cierre de Mecaner. Es el momento de unirnos para evitar el cierre de Mecaner y en la búsqueda de alternativas, buscando el mayor respaldo social político e institucional posible.
Hacemos un llamamiento a las instituciones para que hagan todo lo que esté en sus manos y a la ciudadanía a secundar la lucha contra el cierre y por una alternativa ecosocial para Mecaner.
El preacuerdo para un nuevo convenio laboral recoge las medidas de mantenimiento del empleo que LAB acordó en el acuerdo laboral del 1 de junio, hay avances en la reducción de las cargas de trabajo y en los procesos de recolocación, pero se rechaza la equiparación.
Tras catorce días de huelga en la lucha por la renovación del convenio colectivo de Iniciativa Social, LAB señala que con la fuerza de los y las trabajadoras se ha conseguido movilizar a las patronales y finalmente se han presentado unas medidas que asientan las bases para un nuevo convenio. Entre las medidas recogidas en el preacuerdo está la subida salarial del 16%. Asimismo, LAB no entiende por qué se ha renunciado a la equiparación salarial con las y los empleados públicos que estaba encima de la mesa, con incrementos del 18% y 20%. El resto de sindicatos ha rechazado lo que LAB considera una de las principales victorias de la lucha de las y los trabajadores, aunque las patronales lo habían dado por bueno. Así las cosas, LAB no ha firmado el pre-acuerdo y lo valorará con sus bases para tomar la decisión definitiva.
Además, el preacuerdo contempla:
La reducción de jornada de 25 horas para el personal de Administración y Servicios; la reducción de 20 horas para el personal no docente titulado, el profesorado de primer ciclo de educación infantil y personal de apoyo educativo; y una reducción de 38 horas para los y las educadoras infantiles.
Entre las medidas inmediatas para aliviar las cargas de trabajo está el incremento de una hora complementaria para el trabajo propio a partir del curso 25-26.
El procedimiento de regulación de desdobles y horas de compensación en la Formación Profesional.
Se incluyen cláusulas en el convenio colectivo para que el acuerdo de recolocación sea garantista, igual que en las ikastolas.
Igual que en el acuerdo de las ikastolas, un procedimiento para acordar nuevas medidas de mantenimiento del empleo ante el descenso de la natalidad. Como consecuencia de ello, en los próximos meses se negociarán y acordarán nuevas medidas para la creación de puestos pertenecientes a nuevas categorías que a su vez serán para reforzar la competencia lingüística y el euskera, mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales, profundizar en la innovación educativa, mejorar la gestión y para la reducción de cargas de trabajo. Y junto a ello, un análisis de las medidas concretas para llevar a cabo planes adicionales de renovación juvenil de los y las trabajadoras mayores de 60 años.
Por último, LAB quiere felicitar a los y las trabajadoras que han participado en las huelgas y movilizaciones y manifiesta que participará activamente en el desarrollo del convenio y de las medidas de mantenimiento de empleo. Asimismo, indica a las patronales que prestará especial atención a la ejecución de este acuerdo, luchando para que los y las trabajadoras de Iniciativa Social obtengan lo que les corresponde y haciendo una oferta integral a todo el personal en la creación de una única red pública, propia y descentralizada.
El 1 de febrero el Parlamento Vasco, una vez más, rechazó la posibilidad de complementar de oficio las pensiones más bajas mediante la RGI. Es decir, que aquellas personas pensionistas que cumplan con los requisitos establecidos, perciban la prestación sin tener que tramitar la solicitud. En LAB defendemos que la RGI no es el método adecuado para complementar las pensiones, ya que son las políticas de empleo y de seguridad social las que tienen que asegurar condiciones para una jubilación digna. Sin embargo, mediante los sucesivos recortes previstos por el sistema de pensiones español, entendemos que es urgente que los y las pensionistas vascas salgan de la precariedad que se les impone.
En 2023 el número de personas perceptoras de la RGI ha aumentado resepecto a 2022, siendo que actualmente son más de 55 millas personas que cobran esta prestación. Sin embargo,hace dos años la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN Euskadi) advirtió que podían ser 30 mil los y laspensionistas que, teniendo derecho a la prestación por encontrarse en situación de pobreza o en riesgo de pobreza, no la solicitaban; es decir, más de la mitad de las personas perceptoras de la RGI.
A estos datos hay que sumar que, entre quienes perciben una pensión inferior a 1.080 euros, más del 65% son mujeres. Sin embargo, según los datos de Lanbide, en noviembre de 2023 tan solo 14.179 pensionistas complementan sus pensiones con la RGI (8.628 mujeres y 5.551 hombres).
Son diversas las razones para que muchas personas pensionistas no accedan al complemento de la pensión. Entre ellas está la insuficiente información ofrecida por la administración sobre este derecho, la creciente digitalización y complejidad de su tramitación y los prejuicios aporófobos, xenófobos y racistas construidos en torno al sistema de protección e inclusión social, especialmente hacia la RGI. Prejuicios que son reforzados por la reforma de la ley sobre el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión, aprobada por el PNV y el PSE, y por el último reglamento de la RGI que entró en vigor el pasado enero.
En un contexto de endurecimiento de las condiciones de vida y de trabajo en Euskal Herria, rechazamos la decisión del Parlamento Vasco, contando con el voto del PNV, PSE y EP-IU, de negar la propuesta presentado por EH Bildu referente al pago de ofício de la RGI para los y las pensionistas que poseen este derecho. Decisión que no solo limita la efectividad de la RGI, sino que aumenta la vulnerabilidad impuesta a las personas mayores. Especialmente entre las mujeres que, a raíz de la brecha salarial que también se refleja en las pensiones, serán las más afectadas por esta decisión. Una decisión que prioriza el control del «gasto» sobre la protección de las personas y que repite la histórica intención del Gobierno Vasco de no querer combatir la pobreza, sino ocultarla.
No nos podemos olvidar que la última reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno español y los sindicatos patronales prevé que para 2024 la pensión mínima contributiva de jubilación para las mayores de 65 años será de 825 euros al mes, si no se tiene cóyunge a cargo, y de 1.033 euros si lo tiene. Mientras que la pensión mínima no contributiva, percibida en su mayoría por mujeres, será de escasos 517 euros mensuales. Un sistema de pensiones generador de pobreza y desigualdades, lo que conlleva que, a día de hoy, el Gobierno Vasco complemente las pensiones mediante instrumentos de inclusión social como la RGI.
En LAB entendemos que pensiones y salarios son derechos que no pueden disasociarse. Por ello, llevamos años reivindicando que la cuantía de la pensión mínima debe tener como referencia el SMI. Además, que esta cuantía debería ser de al menos 1.080 euros en 14 pagas, conforme plantea el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, siempre con la vista puesta en el objetivo de los 1.260 euros defendido por la mayoría sindical vasca y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.
La apuesta de LAB es garantizar un sistema público y propio de pensiones que garantice pensiones justas mediante condiciones de trabajo dignas. Uncamino que construímos en el aquí y en el ahora, combinando la construcción de un nuevo estatus político para Euskal Herria con la reivindicación de derechos a partir de las competencias ya existentes. Por todo ello, rechazamos la decisión del Parlamento Vasco que, sistematicamente, viene ignorando las reivindicaciones presentadas por el conjunto de la clase trabajadora vasca y, en especial, del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.
