El informe consiste en un análisis de la recientemente aprobada reforma de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, destacando los principales cambios que enfrentarán las trabajadoras vascas para acceder a la RGI.
En primer lugar, consideramos que el punto de partida de esta nueva ley es erróneo. La ley afirma que el modelo vasco de garantía de ingresos ha sido capaz de prevenir y contener el crecimiento de la pobreza y de la exclusión social, sin comprometer la generación de empleo, pero la realidad enfrentada por las trabajadoras vascas es muy distinta.
Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2020, el 30% de las personas en riesgo de pobreza real quedan fuera del sistema de protección. Por otro lado, este sistema sólo contribuye a la salida de situaciones de pobreza real en el 33% de los casos, mientras que el 37% de las personas perceptoras no salen de la situación de pobreza.
En 2021 eran 54.145 las personas que percibían la RGI, el 57,8% mujeres* y el 42,2% hombres. Del total, el 47,4% recibe complemento a la vivienda, el 23,7% es pensionista y el 16,2% corresponde a unidad de convivencia monomarental. En abril de 2022 eran 51.149 unidades convivenciales las perceptoras de la renta de garantía de ingresos. Datos escalofriantes a los que no se le da ninguna importancia. He aquí el modelo de éxito presentado por el Gobierno Vasco. Un modelo que no solo no hace frente al crecimiento del empobrecimiento y precariedad social, sino que cronifica la situación actual.
Entre los muchos cambios presentados por la nueva normativa, en el informe destacamos el falso incremento de las cuantías presentado por el Gobierno Vasco, que oculta los recortes de las prestaciones con la derogación de la ley de 2008. También remarcamos medidas negativas como la aplicación de un índice reductor del 15% de la prestación correspondiente cuando en un mismo domicilio esté presente más de una unidad de convivencia,sea beneficiaria o no de la RGI, penalizando así las personas que se ven obligadas a compartir pisos, además de diferentes mecanismos de criminalización de la migración y estigmatización de la pobreza.
Esta reforma debería prever mecanismos capaces de afrontar problemáticas como el encarecimiento de la vida, el no acceso al trabajo digno, las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, el racismo estructural, las infraviviendas, la pobreza energética, los abusivos precios de los alquileres y los crecientes desahucios e índices de sinhogarismo. Debería ser una oportunidad para amparar otros modelos relacionales, de familias y de cuidados, orientados por la eco-inter-dependencia que nos caracteriza como sociedad.
Una reforma que debería servir para abrir el debate sobre un modelo de protección social capaz de hacer frente al incremento del empobrecimiento y exclusión, bien como la precarización laboral y las bajas pensiones. Sin embargo, abordarlo desde esta perspectiva supone voluntad política tanto para planificar políticas públicas integrales, como para hacer de la RGI un instrumento real de cohesión social. Voluntad política ausente en la presente reforma.
En LAB entendemos que el empobrecimiento de la vida de las trabajadoras no es algo coyuntural, tampoco un “fallo” del capitalismo. Consiste más bien en una estrategia supremacista y de discriminación entre las vidas que pueden acceder a derechos y aquellas que, en definitiva, no merecen ser vividas.
Por ello, el modelo socioeconómico al que aspiramos en LAB se basa en el triple reparto. Es decir, un reparto justo del empleo, los cuidados y la riqueza. Todas las personas tienen derecho a aportar a la sociedad vía empleo y cuidados, así como de disfrutar de la riqueza generada vía renta-salario con un mínimo de 1400 euros brutos mensuales y servicios públicos gratuitos y de calidad. Para ello, es fundamental que la Administración garantice el derecho al empleo, y si no lo hace, debe asignar a la persona sin empleo una renta, equivalente al salario mínimo y que cotice.
Entendemos que la responsabilidad de la situación de desempleo no es de la persona desempleada, sino de la Administración, por lo tanto la renta que le corresponde no es “una ayuda” para una persona que “ha fracasado”, sino una indemnización para una persona a la que se le ha vulnerado el derecho al empleo. Proponemos un modelo socioeconómico radicalmente transformador respecto a este desigual modelo actual que es reforzado por la nueva Ley que regula la RGI.
Todas y cada una de las reformas impulsadas por el Gobierno Vasco han tenido el mismo denominador común: el discurso y la práctica institucional deslizando hacia la devaluación del derecho subjetivo a la garantía de ingresos. Por lo tanto, nuestro reciente informe tiene como objetivo principal alertar las carencias y los peligros relacionados con la nueva ley aprobada.
Necesitamos un marco de relaciones laborales propio, y un sistema de protección social propio justo y de calidad que posibilite trabajo, pensiones, cuidados y una vida digna. Los pasos que se han dado hasta ahora en este camino solo han sido posibles gracias a la movilización popular y a la dinámica social en Euskal Herria y este es el camino que queremos seguir.
Por lo tanto, os animamos a leer el informe íntegramente y os invitamos a conocer la propuesta de Código Laboral Vasco y de Seguridad Social para Euskal Herria que desde LAB presentamos y registramos en el Parlamento de Gasteiz. En ella presentamos medidas reales y concretas para cambiar las condiciones de trabajo y de vida, factibles desde las competencias actuales y, al mismo tiempo, hacemos propuestas para avanzar en el camino de la soberanía. Seguiremos en las calles reivindicando y defendiendo todos los derechos para todas las trabajadoras.