2026-01-13
Blog Página 156

Apostamos por reconocer y repartir los trabajos de cuidados para terminar con la brecha salarial

Hoy es 22 de febrero, el día contra la brecha salarial, y nos hemos movilizado en Donostia e Iruñea. En Donostia, miembros del sindicato han colgado una pancarta de grandes dimensiones desde el tejado del mercado de la Bretxa y en Iruñea, nos hemos concentrado ante la Delegación del Gobierno Español, en la Plaza de las Merindades.

La brecha salarial se debe a la desigual distribución del empleo y del trabajo en función del sexo. El trabajo que hacemos las mujeres* está devaluado y la brecha salarial es estructural. Los datos generales aportados por fuentes oficiales no nos permiten ver la cruda realidad; hoy en día en Euskal Herria no se percibe el mismo sueldo por trabajos de igual valor, el salario varía en función del sexo.

Los trabajos que realizamos las mujeres* están relacionados mayormente con los cuidados y ahí está la clave: no se da el mismo valor al cuidado de las personas que a la producción de ruedas.

El rol de cuidadoras que nos asignan a las mujeres* va más allá del ámbito del empleo: los puestos de trabajo relacionados con los cuidados están totalmente feminizados y los trabajos de cuidado no reconocidos como empleo también recaen en las mujeres*. Esto genera un impacto directo en la precariedad y en la brecha salarial, nos lleva a aceptar empleos más precarios (jornadas parciales…), por ejemplo en hostelería o comedores; o a solicitar permisos o reducciones de jornada para cuidados, con las consiguientes penalizaciones para las mujeres*.

Los cuidados no tienen ningún reconocimiento económico ni social y no disponemos de un Sistema Público de Cuidados. Se sostienen gracias al trabajo de las mujeres*, mientras que los hombres mantienen el privilegio de no cuidar.


Debemos señalar la responsabilidad que tienen tanto la patronal como las instituciones: las instituciones públicas son responsables directas de la brecha salarial por género; promueven el negocio de los cuidados con la privatización de los servicios públicos. Además, renuncian a impulsar políticas de corresponsabilidad.

Frente a ello, desde LAB reivindicamos:

• Valorar y repartir de manera justa los cuidados. Mientras esto no sea así la brecha salarial se mantendrá.

• Desarrollar el sistema público comunitario de cuidados.

• Acabar con la división sexual del trabajo y realizar una revalorización de todos los trabajos y empleos. Para ello aplicaríamos el factor de sostenibilidad de la vida.

• Incluir en los convenios colectivos valoraciones feministas de los puestos de trabajo.

• Todas las tareas necesarias para el cuidado y el sostenimiento de la vida han sido atribuidas a las mujeres* y son gratuitas; de ello se beneficia el sistema capitalista y la sociedad en general. Proponemos aplicar el factor de corrección que hemos denominado deuda patriarcal.

•Reducción de jornada sin disminución salarial, garantizando tiempo para los cuidados.

• Mejorar las condiciones laborales en el ámbito de los cuidados.

Reclamamos al Gobierno Vasco que afronte su responsabilidad con la universidad pública

La mayoría de los problemas que nos llevaron a hacer huelga y movilizarnos en la UPV/EHU en el primer cuatrimestre de este curso persisten en este segundo cuatrimestre. Así, hoy nos movilizado en Gasteiz, ante el Parlamento.

En las movilizaciones y huelgas del primer cuatrimestre los sindicatos denunciamos que en la universidad tenemos problemas estructurales y que la precarización de las condiciones laborales de algunos colectivos de trabajadores y trabajadoras de la UPV/EHU es cada vez más grave, con la falta de financiación como problema de raíz. Nuestras principales reivindicaciones fueron acabar con la precarización del profesorado sustituto, recuperar el poder adquisitivo perdido, disminuir la carga docente y laboral, y aumentar la financiación de la universidad pública.

Registramos sendas peticiones para reunirnos tanto con el Consejero de Educación como con la Rectora de la UPV/EHU, con el fin de trasladarles nuestras peticiones. En este último caso, casi 3 meses después de la petición, tuvimos una reunión con el Vicerrector del personal docente e investigador (PDI). Sin embargo, con una excusa u otra, las respuestas recibidas no planteaban soluciones a las causas de los problemas, limitándose en la mayoría de los casos a unos mínimos cambios que evitan afrontar las cuestiones clave.

En el caso del Gobierno Vasco, aún no hemos recibido respuesta a la petición de reunión. Parece ser que los sindicatos de la UPV/EHU no somos interlocutores válidos de las y los trabajadores de dicha universidad…

Sin perjuicio de la responsabilidad de la dirección de la UPV/EHU, está en las manos del Gobierno Vasco la adopción de diversas decisiones que inciden directamente en la UPV/EHU y en las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores:

Está en manos del Gobierno Vasco aumentar la financiación de la universidad pública (que en los últimos años ha estado en torno al 0,4% del PIB y que, según la Ley Orgánica del Sistema Universitario, debe alcanzar el 1% del PIB para 2030…) para que ésta pueda disponer de los recursos que necesita, en vez de dedicarse a poner la alfombra roja a las universidades privadas.

Está en manos del Gobierno Vasco recuperar el poder adquisitivo del personal de la UPV/EHU, así como actualizar los complementos adicionales que el PDI tiene congelados desde 2006, y que han supuesto una devaluación superior al 30%.

Está en manos del Gobierno Vasco no recurrir las sentencias judiciales a favor de las y los trabajadores. El último ejemplo lo tenemos en la sentencia que reconocía a todo el personal docente investigador temporal la posibilidad de solicitar sexenios de investigación; sentencia que han recurrido para mantener la discriminación sobre este colectivo.

Está en manos del Gobierno Vasco modificar el Decreto 41/2008. De hecho, es este Decreto el que establece los salarios de miseria del profesorado a tiempo parcial (entre 400 y 800 euros, en función de su dedicación). Con la entrada en vigor de la LOSU, la situación ha empeorado, ya que ahora las bajas, permisos y excedencias del profesorado a tiempo completo se sustituyen únicamente mediante contratos a tiempo parcial. A estas profesoras y profesores solo se les retribuyen las horas de clase y tutorías, y no se les reconocen las horas de preparación de clases, formación, gestión relacionada con la docencia ni la investigación vinculada a la docencia. Utilizan al profesorado sustituto como mano de obra barata para impartir clases. Además de sobre las condiciones laborales de este personal, esta práctica tiene consecuencias negativas en la organización de los departamentos y en la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado. Modificar el Decreto 41/2008, puede poner solución a este y otros problemas. A pesar de ser conscientes de ello, el Gobierno Vasco sigue rechazando esta posibilidad.

Frente a la actitud restrictiva e inmovilista del equipo rectoral y del Gobierno Vasco, el personal docente e investigador de la UPV/EHU seguiremos movilizándonos en defensa de unas condiciones de trabajo dignas y una universidad pública de calidad. Por eso, convocados por los sindicatos LAB, STEILAS y ELA, el 6 de marzo, el personal docente e investigador de la UPV/EHU iremos a la huelga. Por eso, el 12 de marzo, todos y todas las trabajadoras de la UPV/EHU nos sumaremos a la huelga convocada en el sector público.

¡Gobierno Vasco, da la cara y toma las medidas necesarias a favor de la universidad pública!

¡No a la precarización ni a la discriminación!

Hemos denunciado los servicios mínimos impuestos en los comedores escolares de Nafarroa que han llamado a la huelga

Nos hemos concentrado ante el Departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa para denunciar los servicios mínimos impuestos en los diferentes comedores escolares que llamaron a la huelga por el riesgo de empeoramiento del servicio y de las condiciones laborales en un sector con jornadas pequeñas y feminizado.

Han remarcado que la huelga, como en muchas ocasiones, es la última opción que tienen como trabajadores y trabajadoras. En estas últimas horas han recibido mucho apoyo y unas pocas críticas, pero existen. Hoy es el tercer día de huelga en los centros de Zizur y hoy se han sumado los centros de Patxi Larrainzar y Bernart Etxepare.

Con el proceso de la jornada continua, llevan años reivindicando que son son invisibles y están excluidas de un proceso que organiza el Gobierno de Nafarroa, dejando en manos de las familias y el profesorado elegir el futuro del centro y también el suyo.

Han denunciado que las trabajadoras de los comedores están excluidas, sin voz ni voto, e invisibles en este proceso y en tantos. “¿Y ahora somos esenciales”, se preguntan.

Algo histórico y que puede tener consecuencia para el futuro son los servicios mínimos que el  Gobierno, por primera vez, ha impuesto en centros que no gestiona, como en Patxi Larraintzar y Bernart Etxepare, vulnerando el derecho a la huelga de estas trabajadoras.

Han denunciado que, una vez más, son excluidas de la comunidad educativa cuando la jornada continua les afecta directamente a ellas y al servicio.

Señalan que parece mentira que estén pidiendo que las integren dentro de la comunidad educativa siendo como dicen un servicio esencial dentro de la misma. Añaden ue seguirán luchando por una atención adecuada a niñas y niños, unas jornadas laborales dignas y una escuela pública de todos y todas, de calidad e inclusiva.  

La plantilla de CEAR Araba reclama que le apliquen el convenio provincial de intervención social

La plantilla de CEAR Araba ha realizado un paro y una concentración en Gasteiz, ante su centro de trabajo, como consecuencia de las reiteradas negativas de la entidad a dialogar la aplicación del III Convenio Provincial de Intervención Social de Araba aprobado el pasado mes de mayo del 2023.

Mientras durante meses se han negado a sentarse a negociar la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, la entidad comunicó la decisión unilateral de realizar una subida salarial dirigida principalmente a los puestos con responsabilidad de hasta un 23% y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Esta medida ha sido argumentada, entre otras cosas, en base a la necesidad de retener el talento y adecuar los salarios de los puestos de responsabilidad a la del resto de las organizaciones del tercer sector, extrayendo de esta reflexión que dicho talento se encuentra solo en los puestos de responsabilidad.

Esta subida unilateral de los salarios se concentra en las categorías más altas, agudizando la brecha salarial dentro de la organización, mientras que las categorías inferiores se encuentran en una situación de precariedad económica. Consideramos que todo ello atenta contra los principios de igualdad, equidad y justicia social que promueve la entidad.

Las trabajadoras y trabajadores de CEAR en Araba se encuentran en una situación de discriminación en comparación al resto de entidades de intervención social, a las que sí se les aplica dicho convenio provincial. Lo que supone unas peores condiciones de trabajo en general y especialmente en el ámbito económico, con diferencias salariales de hasta 5.000 € anuales.

Esto, sumado a las negativas recibidas continuamente en relación al refuerzo de los equipos de trabajo, a la cobertura de las vacaciones etc. en base a un argumento económico, ha llevado a tensionar a la plantilla, con todos los equipos y servicios sobrecargados, derivando en un empeoramiento en la calidad del servicio que se presta a los y las usuarias de CEAR afectados directamente por el decrecimiento de la calidad de la intervención que reciben, sin olvidarnos que las personas a las que se atienden desde CEAR son personas que ya vienen de una situación de vulnerabilidad que se agrava por las condiciones de trabajo que tienen las trabajadoras de la organización.

Por todo ello, las trabajadoras y trabajadores de los centros de trabajo de Gasteiz y Nanclares han salido a la calle, al igual que el resto de delegaciones del Estado, para reclamar una mejora de las condiciones laborales: en nuestro caso, la aplicación del Convenio Provincial de Intervención Social.

LAB también participará en la campaña de solidaridad activa de la convocatoria ciudadana Gernika Palestina

La convocatoria ciudadana Gernika Palestina ha puesto en marcha una campaña de solidaridad activa ante la grave agresión que vive Palestina por parte de Israel. La campaña tiene un triple objetivo: llevar a Netanyahu ante los jueces internacionales, impulsar proyectos de solidaridad en Gaza y visibilizar a Palestina en todas partes.

Las formas de ayudar también son variadas. Por un lado, la donación económica (en la cuenta ES0530350083240830140015 de Laboral Kutxa). En segundo lugar, aportando en el apartado de donaciones de la ONG Mundubat (vía BIZUM con el código 08736) y en tercer lugar, participando en grupos de solidaridad con Palestina o de forma individual.

También han pedido colocar la bandera palestina en los balcones de las casas. Además de esto, también proponen imprimir personalmente el cartel de la imagen de la campaña y colocarlo en comercios, casas, lugares de trabajo y vehículos. Por último, también han pedido que los iconos de la campaña se coloquen en los perfiles de las redes sociales. Hay diferentes posibilidades de conseguir las banderas, carteles e iconos. Por un lado, en la web www.gernikapalestina.eus y por otro, a través de grupos de pueblos y barrios.

Desde Gernika Palestina también han realizado un llamamiento para trabajar en los pueblos, rellenando un formulario: http://bit.ly/BOL-HERRIAK

El decreto que aprobará el Gobierno Vasco para normalizar el uso del euskera en el sector público de la CAV supone una oportunidad perdida para dar un salto en la euskaldunización de la administración

LAB hace una valoración crítica del Decreto de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público que aprobará el Gobierno Vasco. Aunque supone algunos avances respecto al decreto anterior, es totalmente insuficiente. En definitiva, este proceso de renovación del decreto es una oportunidad realmente perdida para dar el salto en la euskaldunización de la administración vasca. Por un lado, porque el proceso de normalización del euskera no aprovecha las condiciones favorables que tiene en la actualidad; por otro, porque dicho proceso no responde a las necesidades y retos a los que se enfrenta en este momento y en un corto plazo.

Un decreto que no responde a las necesidades y retos actuales de la euskaldunización de la Administración.

Decimos que el nuevo Decreto supone algunos avances respecto al hasta ahora vigente Decreto 86/1997, pero no es un logro significativo, ya que han transcurrido 27 años desde su aprobación. Aunque en estas tres décadas se han dado pasos notables en la euskaldunización de la administración, este decreto no actúa con ambición ni se plantea aprovechar lo avanzado para dar nuevos saltos cuantitativos y cualitativos. Pero, junto a ello, tampoco tiene en cuenta la extensión del conocimiento del euskera en la sociedad, especialmente en las franjas de edad más jóvenes. Esto permite hacer más ambiciosa la demanda de perfiles lingüísticos de la administración, entre otros, lo que no se hace con este decreto.

Además de no aprovechar estas oportunidades, LAB valora con preocupación que el decreto no aborde adecuadamente las necesidades que tiene en estos momentos la euskaldunización de la administración y los retos que deberá abordar en un corto plazo.

De esta forma, el presente Decreto no responde adecuadamente a la necesidad de dar cobertura jurídica a la actuación judicial que en los últimos tiempos se está intensificando contra la euskaldunización de la Administración.

Junto a ello, el decreto tampoco aborda la traducción automática, que será el principal reto de futuro en la dimensión que requiere el mismo.

Un decreto que incrementa los riesgos de profundizar aún más en la falta de tensión que se está produciendo en la euskaldunización de la Administración.

LAB ha denunciado en varias ocasiones que en los últimos años se está perdiendo notablemente la tensión en la euskaldunización de la administración. Pues bien, este decreto no viene a revertir esa alarmante pérdida. Un objetivo que ni siquiera contempla. Es un paso más en la mencionada inercia conformista. Se indica que se quiere extender el euskera como lengua de trabajo, pero a continuación no se recoge para ello un verdadero conjunto de medidas eficaces y potentes, ni se transmite un impulso decidido en esa dirección.

También corren el riesgo de profundizar en esa pérdida de tensión medidas como la flexibilización de la acreditación de los niveles de euskera o la asimetría de los perfiles lingüísticos recogida en el decreto. Igual que bajar el nivel de exigencia o adaptarse tiene sus posibilidades, es una apuesta con riesgos evidentes. Si esta constatación general y casi indefinida no es realmente equivalente al nivel de conocimiento acreditado, será un elemento y que dificulte la atención y el trabajo en euskera. LAB tiene la preocupación de que no se esté abriendo una amplia vía de escape hacia el fraude.

La euskaldunización de la Administración no puede ser un proceso eterno.

Esta secuencia rutinaria de planes de euskera y decretos no puede ser eterna, a pesar de que los responsables políticos de la administración así lo den a entender. El proceso de normalización del euskera tiene un objetivo concreto, que es que la administración trabaje y ofrezca el servicio en euskera de forma normal y completa, objetivo que debería recogerse claramente también en este decreto. No sólo eso, también habría que recoger los plazos y pasos concretos para conseguirlo. Hay condiciones para ello y la mayoría de la ciudadanía vasca lo exige.

Para ello, Euskalgintzaren Kontseilua, LAB y ELA presentamos hace dos años una propuesta realista y alcanzable para euskaldunizar la administración pública vasca en 15 años. Lo que hace falta es una voluntad política sincera para llevarla a cabo.

Nueva ley de euskera y nueva política lingüística para la euskaldunización de la Administración.

El presente Decreto tiene su base en la Ley del Euskera vigente desde 1982. Si el decreto de 1997 que viene a sustituir a este Decreto está obsoleto, ni que decir tiene la ley que es 15 años más antigua. Normativas y políticas lingüísticas obsoletas y que no responden a las necesidades y retos actuales de la euskaldunización. LAB considera que es hora de que las instituciones aprueben una nueva Ley del Euskera adecuada y apliquen una nueva política lingüística eficaz.

La plantilla de SAPA inicia movilizaciones por un pacto que mejore sus condiciones laborales

Desde hoy y hasta que finalice el mes de febrero, realizarán paros de una hora todos los martes y jueves. Seguirán con la dinámica de protestas hasta que no cambie la actitud inmovilista mostrada por la dirección en las negociaciones y hasta que no tengan una propuesta seria encima de la mesa.

Concentraciones y registro de cara a la huelga en los servicios públicos de la CAV del 12 de marzo

LAB, ELA, CCOO, STEILAS y ESK registraremos la huelga el 28 de febrero y el 5 de marzo realizaremos concentraciones en los centros de trabajo. Denunciamos que las instituciones no han dado pasos para mejorar las condiciones laborales y el servicio del sector público, e interpelamo a los partidos políticos para que den pasos en dicho sentido.

Los sindicatos convocantes continuamos con la preparación de la huelga. Por ello, el próximo miércoles, 28 de febrero, se registrará la huelga en la Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco en Bilbo, y se realizará una concentración a las 11:00 horas. El mismo día y a la misma hora, también se concentrarán en Gasteiz ante el Hospital de Santiago, y frente al Palacio de la Diputación Foral de Donostia.

Además, el 5 de marzo habrá más concentraciones por parte de los y las trabajadoras del sector en los centros públicos. Así, además de apoyar la huelga, pedirán a las instituciones que apuesten en su ámbito por los servicios públicos y por el personal que lo posibilita. En concreto, con las siguientes peticiones:

  • No aceptar límites del Estado, sin imposiciones ni vetos de Madrid.
  • 10% de incremento salarial y compromiso de recuperación de la deuda
    anterior.
  • Cerrar la puerta a la privatización y acordar planes de publificación.
  • Creación y consolidación del empleo público, situando la temporalidad por
    debajo del 8%.
  • Aliviar las cargas de trabajo garantizando la salud de las plantillas.
  • Consensuar políticas feministas, con planes reales y eficaces de igualdad.
  • Euskaldunizar a las administraciones y al personal.
  • Situar la reducción de jornada en la dirección de la semana laboral de 32
    horas.

Hemos logrado que se reconozca la incapacidad permanente total a un trabajador de la empresa Autlan EMD de Oñati por trabajar con  productos químicos peligrosos

El juzgado de lo social de Eibar da la razón a LAB y reconoce a un trabajador de la empresa Autlan EMD de Oñati, antigua Cegasa, una incapacidad permanente total como consecuencia de las secuelas que le han dejado en su salud el haber trabajado con productos químicos peligrosos.

La sentencia estima acreditados los daños graves en la salud del trabajador por trabajar con productos químicos altamente peligrosos. La empresa no estableció la utilización de equipos de protección respiratorios específicos hasta el año 2018.

Asimismo, la sentencia estima la denuncia de las y los técnicos de salud laboral del sindicato LAB de que la empresa no ha llevado a cabo pruebas de ajuste de los equipos de protección para determinar la concentración de contaminantes, requisito necesario para el uso de los mismos. Estas y estos mismos técnicos de LAB testificaron en el juicio que siguen faltando por realizar mediciones higiénicas en las tareas más penosas de la empresa.

Este caso demuestra que queda mucho trabajo por delante para que la patronal garantice la seguridad y la salud de las y los trabajadores, y que ésta sigue priorizando sus beneficios económicos sobre la salud de sus trabajadores y trabajadoras. LAB brinda todo su apoyo al trabajador y al resto de compañeras y compañeros de trabajo. Seguiremos defendiendo la salud y seguridad de las y los trabajadores.

La patronal incumple la legislación de prevención porque los gobiernos se lo permiten. No quiere tocar los intereses de la patronal, no pone los medios necesarios para hacer cumplir la normativa de prevención, garantizándoles, en la práctica, su impunidad. Ante esta dura situación, somos las y los trabajadores quienes tenemos que luchar para que se reconozcan nuestros derechos. Por último, queremos denunciar el papel de Mutualia que, una vez más, se ha opuesto a que se le reconociera al trabajador su grave dolencia para no asumir el coste económico del mismo. Las mutuas, lejos de velar por la salud de las y los trabajadores, priman sus intereses económicos. LAB exige, una vez más, la publificación de las mutuas y su integración en el sistema público de salud