El sindicato LAB ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana en Iruñea en la que ha dado a conocer la victoria sindical en los juzgados frente a la empresa de limpiezas FCC que lleva años incumpliendo en Nafarroa el descanso semanal de 48 horas, y que ahora deberá respetar haciendo caso a dos sentencias. Asimismo, LAB ha denunciado firmemente la situación de discriminación que sufre parte de la plantilla ya que la empresa está vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva y a la garantía de indemnidad; además, en el caso de su representación sindical FCC también está vulnerando el derecho a la libertad sindical.
LAB ha denunciado hoy que la empresa FCC Medio Ambiente vulnera sistemáticamente los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras tanto en la limpieza viaria, como en la recogida de basuras de Iruñea y comarca, así como en el resto de contratas que tiene adjudicadas en Nafarroa. LAB tuvo que acudir a los juzgados para que FCC respetase el derecho al descanso semanal de 48 horas de un trabajador. LAB ganó aquel juicio y FCC tuvo que respetar ese descanso, pero para hacerlo cambió las condiciones de trabajo del trabajador. Así que LAB volvió a acudir a los juzgados, y ha vuelto a ganar. Por lo que FCC tiene que respetar ese descanso sin modificar los turnos de ese trabajador.
Para LAB es inaceptable tener que judicializar absolutamente todos los derechos básicos de los y las trabajadoras: derecho al descanso, antigüedad, licencias retribuidas, salud laboral, igualdad… En ese sentido, LAB quiere denunciar también el actuar de los sindicatos ATSU, CCOO y UGT que han abandonado la lucha colectiva y muestran obediencia ciega a los dictados de la dirección de la empresa para incumplir las sentencias. De igual manera, LAB exige al Ayuntamiento de Iruñea y a la Mancomunidad de Iruñerria que hagan cumplir los pliegos de contratación.
Además, LAB ha denunciado firmemente que FCC, al modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de aquellos y aquellas que exigían que se respetasen sus derechos, ha vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva y a la garantía de indemnidad, es decir, a no sufrir represalias por parte de la empresa por el mero hecho de reivindicar sus derechos o solicitar su cumplimiento. Esas represalias se han visto agravadas en el caso de los delegados sindicales de LAB, ya que al perseguirlos por su condición de delegados, ha vulnerado también el derecho fundamental a la libertad sindical.
El varapalo judicial recibido por la empresa FCC es importante, y de manera inequívoca le obliga a respetar el descanso semanal de 48 horas, respetando ese descanso también en domingo y sin modificaciones sustanciales, como pueden ser los cambios de turno. Sin embargo, FCC además de incumplidor es también mal perdedor, y se resiste a cumplir las sentencias y aplicarlas a toda la plantilla de la limpieza viaria. Un actuar empresarial que cuenta con la alianza y complicidad lamentable y antisindical de ATSU, UGT y CCOO que han presionado para que ningún trabajador o trabajadora exija este derecho, y que han firmado acuerdos contrarios a Derecho que están por debajo de lo legalmente establecido. Tal es así, que el propio Departamento de Empleo del Gobierno de Nafarroa ha paralizado el registro del nuevo convenio para que conforme a las sentencias se rectifique y subsane, recogiendo y dando cumplimiento a los descansos semanales mínimos legales respetando los turnos adscritos de cada trabajador o trabajadora.
LAB quiere exigir tanto al Ayuntamiento de Iruñea como a la Mancomunidad de Iruñerria que hagan cumplir los pliegos de contratación, y que hagan respetar a las empresas adjudicatarias los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, LAB ya ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Iruñea los incumplimientos en materia de derechos laborales del contrato que FCC tiene firmado con el propio ayuntamiento, para que inicie los tramites necesarios para sancionar económicamente a la empresa por penalidad muy grave, y para que preste especial atención en la nueva adjudicación para que la empresa a la que se adjudique el contrato respete los derechos ahora vulnerados.
