En los últimos meses, los habitantes de Eibar, municipio con una significativa población e importancia en la comarca, han sido testigos de un acontecimiento alarmante y profundamente preocupante: el cierre del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su localidad. Este organismo, encargado de gestionar las políticas de empleo, ofrecer prestaciones por desempleo y fomentar la formación laboral, ha sido cerrado debido a la falta de recursos humanos, una situación que plantea graves interrogantes sobre el compromiso del sistema público con los derechos sociales de la ciudadanía.
Este cierre no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia que viene gestándose en los últimos años: el desmantelamiento progresivo de lo público a favor de intereses privados. El SEPE en Eibar, que antes de su cierre brindaba apoyo a miles de personas en situación de desempleo, se ha visto incapaz de ofrecer sus servicios por una deficiencia estructural en la dotación de personal, algo que es, cuanto menos, inaceptable para un organismo estatal cuya función es garantizar el bienestar de los ciudadanos en momentos de vulnerabilidad laboral.
Lo que está ocurriendo en Eibar no es un simple “ajuste” administrativo. Es el reflejo de una negligencia institucional grave, en la que el abandono de lo público por parte de las administraciones local, autonómica y estatal ha dejado a los ciudadanos en un estado de indefensión. El SEPE, en su rol de garantizar derechos fundamentales como el acceso a prestaciones por desempleo, debería contar con los recursos humanos y materiales suficientes para atender a todos los ciudadanos, independientemente de la zona en la que residan.
El cierre de este servicio público en una ciudad como Eibar, que además es un núcleo industrial y tiene un alto nivel de desempleo, es una señal clara de que la Administración no está asumiendo su responsabilidad con la ciudadanía. Es especialmente grave que esto ocurra en un contexto en el que las políticas públicas de empleo están cada vez más centradas en la externalización de servicios y la colaboración con empresas privadas.
Mientras el Estado, la Comunidad Autónoma Vasca y los partidos políticos que lo conforman parecen dar la espalda a lo público, las grandes corporaciones del sector privado se benefician de unos recursos que deberían estar destinados a fortalecer lo colectivo y lo social. Este proceso de privatización, en detrimento de lo público y en favor de la precariedad laboral, está llevando a la desprotección de los ciudadanos más vulnerables, aquellos que dependen de los servicios estatales para acceder a derechos fundamentales como el empleo y la seguridad social.
El desmantelamiento de las instituciones públicas no es solo una cuestión económica, sino también ética y política. Al reducir la presencia del Estado en sectores clave como el empleo, la educación o la sanidad, se va creando un caldo de cultivo que favorece a los intereses privados, a la vez que debilita el tejido social y la cohesión de la sociedad. El cierre del SEPE en Eibar no es solo un problema local, sino un síntoma de una tendencia que se extiende por todo nuestro país, Euskal Herria, y por todo el Estado español, y que está debilitando el sistema de bienestar de manera preocupante.
En este contexto, es imprescindible exigir un compromiso real y efectivo de las administraciones con el fortalecimiento de lo público. Las instituciones deben garantizar los derechos de los ciudadanos a través de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo digno y la protección social. Es necesario que tanto el Gobierno Vasco como el Estado español reviertan la decisión de cerrar el SEPE en Eibar y doten a los servicios públicos de los recursos que necesitan para funcionar con eficacia y responsabilidad. El futuro de la democracia y del bienestar social pasa por la defensa y el fortalecimiento de lo público. No podemos permitir que el desmantelamiento de nuestras instituciones termine favoreciendo solo a unos pocos. Es el momento de exigir un cambio en las prioridades del gobierno, para que lo público vuelva a ser lo primero y se deje de lado la tendencia a privatizar lo que debería ser un derecho para todos.