Denunciamos la no aplicación de la orden del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, donde venían recogidas medidas específicas respecto a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
“Los titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por COVID 19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes, trabajadores y sus contactos” o “se realizarán pruebas PCR a los empleados/as que regresen de permisos y vacaciones, y a los nuevos trabajadores/as que se incorporen con 72 horas de antelación como máximo”.
La situación real es que nos encontramos con que la mayoría de centros no tienen esos planes de identificación al carecer de los medios necesarios para ello, al tratarse en su mayoría centros pequeños.
Igualmente, la falta de regulación sobre como se tienen que hacer las PCR nos conduce a una situación donde la falta de información y de organización esta llevando a las plantillas y a las personas residentes a situaciones limites.
Como muestra, la obligatoriedad de hacer la PCR con 72 horas máximas antes de reincorporarse al trabajo. Esta medida obligatoria no puede suponer un perjuicio a las personas trabajadoras y por lo tanto no debe suponer la finalización tres días antes del periodo vacacional, ni la alteración del calendario laboral de manera unilateral por parte de las empresas. Compartimos que las personas trabajadoras deberían realizar dicho test al reincorporarse al puesto de trabajo, pero el tiempo de espera de los resultados debiera ser considerado como trabajo efectivo y por lo tanto, retribuido. No puede ser que sean las plantillas las que carguen con el costo económico de una mala planificación por parte de la administración.
La falta de previsión, ante una situación más que previsible, por parte de la administración, los nulos mecanismos, desde el inicio de la pandemia, de protección a las plantillas y el continuo cambio de criterio están creando unas condiciones laborales que en nada ayudan a mejorar una situación, en la que las plantillas y las personas usuarias pueden verse en situaciones de riesgos constantes.
Emplazamos a la administración y a la patronal del sector a poner la salud, de plantillas y usuarios, por encima de lecturas economicistas que en nada ayudan a solventar una situación en la que, no lo olvidemos, estamos hablando de personas. LAB está dispuesta a colaborar e intentar solventar, de la manera más efectiva y lógica posible, los problemas que vayamos encontrando, pero en ningún caso avalaremos recortes de derechos, sean éstos de las plantillas o de las personas usuarias.
