Estamos en una situación en la que mientras las instituciones hablan de la necesidad de mantener el empleo ante las consecuencias económicas de la pandemia, la realidad es que las medidas que se están adoptando están resultando ineficaces, cortoplacistas y principalmente dirigidas a financiar a las empresas.
En el ámbito industrial, se está dando un proceso de desindustrialización utilizando la pandemia, ya que grandes empresas están aprovechándose de las circunstancias para reducir plantilla y exigir financiación pública con el objetivo de aumentar sus dividendos. Además, persiguen un segundo objetivo: la destrucción de empleo de calidad que pueda ser sustituido por mano de obra más barata y más flexible en el futuro.
Está política está siendo aplicada al pie de la letra por muchas grandes empresas en Euskal Herria como Gestamp, ITP, Alestis, Aernnova, Tubacex…. por poner algunos ejemplos. El proceso de desindustrialización se está dando a marchas forzadas.
Los y las trabajadoras de las plantas de Amurrio y Trápaga sabemos muy bien de lo que estamos hablando. En el año 2018 la Dirección del grupo planteó el despido de 157 trabajadores y trabajadoras en la planta de Trápaga además de una reducción salarial, aumento de jornada y el cierre de la acería de la misma planta. Sólo la lucha y la determinación de la plantilla consiguieron parar las pretensiones de la dirección. Pero la sangría de destrucción de puestos de trabajo y empeoramiento de las condiciones de trabajo no ha parado.
- En la planta de Amurrio, desde 2009, se han destruido 200 puestos de trabajo. Se han aplicado 8 ERTEs de los cuales 4 se han ido encadenando consecutivamente de forma que, desde octubre de 2018 hasta junio de 2021, las y los trabajadores llevaremos 2 años y 10 meses seguidos de ERTE. Además de esto, llevamos con el salario congelado y sin renovar nuestras condiciones laborales desde diciembre del 2016,…
- En la planta de Trápaga se han eliminado los puestos de trabajo de los y las trabajadoras de las subcontratas. De tener una plantilla fija de 424 trabajadores y trabajadoras hemos pasado a tener 409, incluyendo contratos en prácticas y sustituciones. Llevamos desde el 2017 con el salario congelado y sin renovar las condiciones laborales. Desde el año 2009 nos han aplicado 6 ERTEs y un ERE.
Las plantillas de Amurrio y Trápaga llevamos años diciendo y denunciando que los malos números que la dirección se afana en presentar son consecuencia de la situación creada por la dirección, en la que nunca hemos tenido la plantilla ninguna responsabilidad de los errores promovidos por estos cargos de alta dirección.
Prueba de la ineficacia e incompetencia de la Dirección es que el origen de la deuda que arrastra el grupo, en gran parte, no está relacionada ni con una política de inversiones ni con la existencia de pérdidas operativas. En el año 2008 los accionistas se llevaron, gracias a una artimaña financiera, libres de polvo y paja, 170 millones de euros, pasando la deuda de entonces de 35 millones de euros a 200 millones de euros. Esos 170 millones terminaron en el bolsillo de los accionistas. No contentos con ello en el año 2012 se aseguraron a través de otro crédito cobrar dividendos (hubiera ganancias o pérdidas) hasta el año 2019.
Tampoco les ha temblado el pulso para engordarse el sueldo continuamente, mientras los salarios de las y los trabajadores han ido adelgazando año tras año, ni para gastar millones de euros en cambiar 3 veces el Presidente ejecutivo del Grupo TR en los últimos 4 años.
Los trabajadores y trabajadoras llevamos años sufriendo las consecuencias de esta nefasta gestión basada en la avaricia de la dirección y los accionistas.
Hace unas semanas la dirección anunció que pretende conseguir una gran financiación pública de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Parece ser que son 115 millones de euros los que pretende obtener. Ante este anuncio, los sindicatos LAB y ESK queremos manifestar que la financiación pública puede ser necesaria, pero siempre que exista una contraprestación: que se garantice el proyecto industrial de las plantas de TR, los puestos de trabajo con unas condiciones de trabajo dignas y que cumplan con lo dicho por Arantxa Tapia: “Dinero público para empresas en crisis sí, pero también esforzándose los accionistas”.
Por otra parte, queremos denunciar que nos podemos encontrar en una estrategia empresarial para ir allanando el camino de futuros despidos. La empresa anunció en octubre que tenía un plan de viabilidad en el que se mencionaban reestructuraciones, plan que los Comités de Empresa no conocemos. Un plan que, según sus palabras, dependerá de la financiación que sean capaces de lograr. La experiencia nos dice que cuando la dirección habla en estos términos, la consecuencia es la destrucción de empleo utilizando como excusas la situación del mercado, la falta o denegación de la ayuda pública solicitada etc., cuando la realidad es otra bien diferente y es la de una dirección que lleva años socializando pérdidas y privatizando beneficios en sus bolsillos.
Pero la destrucción de empleo no es sólo una amenaza para los y las trabajadoras de Tubos y Productos Tubulares. Las comarcas de Ezkerraldea y Aiaraldea llevan tiempo sufriendo las consecuencias de estas políticas de desindustrialización y empeoramiento de las condiciones laborales (Valvospain, Gestamp, ITP, Tubacex,…).
Por ello exigimos a Tubos Reunidos y a las diferentes instituciones, con el Gobierno Vasco a la cabeza, que garantice el futuro de sus plantillas y el empleo de calidad. Con este objetivo vamos a solicitar reuniones con el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, el Departamento de Trabajo y Empleo, las Diputaciones de Araba y Bizkaia y los ayuntamientos de las comarcas en las que si sitúan la plantas.
Los y las trabajadoras de Trápaga y Amurrio pelearemos por nuestro empleo, por unas condiciones de trabajo dignas y en definitiva, por una vida digna.
