LABLangile Abertzaleen Batzordeak

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, se ha sumado a la reivindicación de unidad y autodeterminación de Chipre en en el congreso de la central sindical afiliada a la Federación Sindical Mundial. Además, ha destacado la necesidad de que los sindicatos se acerquena las y los trabajadores y a los sectores más precarios y de establecer alianzas con los movimientos sociales.

Los días 4 y 5 de diciembre la central sindical PEO ha celebrado su congreso en Nicosia. Fundado en 1941, el PEO es la principal central sindical de Chipre y tiene gran importancia en la Federación Sindical Mundial, FSM, a la que pertenece LAB: el antiguo secretario general del PEO, Pambis Kyritsis, es el actual jefe del FSM y la oficina central de este organismo internacional está ubicada en Nicosia.

El congreso ha contado con la presencia de invitados internacionales de países como China, India, Palestina, Grecia, Italia, Portugal y Galicia. En representación de Euskal Herria, ha participado el coordinador general de LAB, Igor Arroyo. LAB y PEO mantienen una estrecha relación desde hace tiempo y, aunque cada uno tenga su propia realidad, comparten muchos criterios en cuanto a la estrategia sindical.

En el congreso, en el que han participado 500 representantes del PEO, se ha reelegido a Sotiroula Charalambous como secretario general, quien, junto a la lucha de clases por las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, ha reivindicado la unidad y la autodeterminación de Chipre. Desde que Turquía tomó el norte por armas en 1974, la isla está partida por la mitad. El PEO reivindica un Estado confederal soberano que permita la convivencia de las dos principales comunidades de cultura griega y turca presentes en la isla. Muestra del apoyo que la reivindicación de la unidad tiene entre las y lo trabajadores chipriotas es que haya estado presente y haya tomado la palabra en el congreso DEV-IS, que representa a los sindicatos turco-chipriotas.

En la conferencia internacional celebrada en vísperas del congreso, Igor Arroyo ha intervenido en nombre de LAB. Arroyo ha afirmado que LAB siente cerca la reivindicación de unidad y soberanía de Chipre, ya que en Euskal Herria también existe una frontera que no es fruto de la voluntad popular, sino de la decisión de potencias externas. Asimismo, ha destacado dos ideas para reforzar la lucha de clases: por un lado, el intento de acercar los sindicatos a las y los trabajadores, especialmente a los sectores más precarios; por otro, la importancia de colaborar con movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo o el antirracismo, creando amplias alianzas que hagan frente al auge del fascismo. 

En contra de la opinión de la sociedad vasca y de la mayoría de los empleados públicos, la resolución podría prohibir situar el euskera al mismo nivel que el castellano y que el euskera pueda salir de la situación subsidiaria secundaria. LAB llama a la ciudadanía y a las y a los trabajadores a movilizarse en favor del derecho a que el euskera sea lengua de servicio y trabajo, y a participar en las movilizaciones que la mayoría sindical celebrará el 16 de diciembre en Iruñea y el 17 en Gasteiz.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional español la Ley de Empleo Público Vasco, con la excusa del recurso interpuesto por el PP y VOX al decreto de desarrollo de dicha ley.

Es muy sospechosa la casualidad de que el anuncio de llevar esta ley al Tribunal Constitucional se produzca cuando en el Parlamento Vasco se ha abierto un proceso de debate para modificar la citada ley y blindar la euskaldunización de la administración. Precisamente cuando ya haya transcurrido un año y medio desde la aprobación del decreto utilizado como excusa y la introducción de los recursos contra el mismo. Más que por los tiempos ritmos de los juzgados, parecería que los jueces que han tomado esta decisión lo han hecho guiados por una pulsión política; una vez más, la pulsión de hacer política lingüística desde los juzgados. De hecho, en estos cinco años de ofensiva judicial contra el euskera y con cerca de un centenar de sentencias y resoluciones judiciales los jueces han demostrado reiteradamente su pulsión por hacer política lingüística, yendo más allá de sus competencias, por encima y subyugando la legítima representación parlamentaria obtenida en elecciones y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, imponiendo así los jueces su ideología política.

Tampoco es casual que los autores de los recursos que han puesto en marcha este procedimiento sean el PP y Vox, además de resultar muy elocuente. Los promotores y defensores de la ofensiva judicial han insistido en que quienes han interpuesto recursos ante los juzgados eran «humildes trabajadores en situación precaria», que se trataba de recursos incorporados a una convocatoria laboral que afectaba a su situación concreta. Ha habido casos concretos de este tipo, pero solo en una pequeña proporción. En cambio, los autores de muchos otros recursos han sido personas, sindicatos y partidos que no tenían relación directa con el caso. ¿Alguien defenderá que, cuando PP y Vox interponen recursos, lo hacen en defensa de los intereses de las y los humildes trabajadores precarios? Los sindicatos y partidos progresistas que dicen defender los intereses de estas trabajadoras y trabajadores y la euskaldunización de la administración, tienen la oportunidad de denunciar esta iniciativa de PP y Vox y, de una vez por todas, proteger el derecho de los trabajadores a trabajar en la Administración y el derecho de la ciudadanía ser atendida en euskera.

Esta decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco supone elevar a otro nivel la acción político-judicial contra la euskaldunización de la administración. Si el Constitucional dictara una resolución contraria a la imposición de perfiles lingüísticos en euskera a todos los puestos públicos, comprometería la euskaldunización de toda la administración pública vasca. Antes que nada, el Tribunal Constitucional español no resolverá que en todos los puestos públicos, explícita o implícitamente, el conocimiento del castellano deberá ser obligatorio. El castellano ya es obligatorio y el euskera una opción, una imposición que no van a cuestionar. Pero, más allá de eso, la resolución podría limitar totalmente la necesidad de que todo el personal público sea euskaldún y pueda trabajar en euskera en la función pública. Es decir, en contra de la opinión de la sociedad vasca y de la mayoría del personal público, podría prohibir situar el euskera al mismo nivel que el castellano, y prohibir que el euskera pueda salir de la situación subsidiaria y secundaria.

Por eso, sin esperar a la resolución del Constitucional, porque se vulnera el derecho de la ciudadanía a ser atendida en euskera en la administración y el derecho del personal público a poder trabajar en euskera, LAB hace un llamamiento a la ciudadanía y a las y los trabajadores a seguir movilizándose en defensa de sus derechos. En concreto, hace un llamamiento a impulsar las movilizaciones que la mayoría sindical vasca ha convocado en la administración pública para las próximas semanas y meses: el 16 de diciembre en Iruñea y el 17 en Gasteiz.