2026-02-02
Blog Página 364

Por encima de las imposiciones de la LOSU, Euskal Herria necesita una ley universitaria propia y soberana para su ámbito universitario

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se aprobará en los próximos meses en el Congreso del Estado español. Esta ley regulará durante unos años la naturaleza y funcionamiento de las universidades del Estado español, incluidas las universidades de Hego Euskal Herria y, por supuesto, afectará a todas las personas que trabajen o estudien en ellas.

Por ello, LAB quiere hacer pública su lectura de esta ley en base al todavía provisional texto del anteproyecto de ley.

No es nuestra ley. No es la ley que necesitamos

Euskal Herria necesita una universidad propia, desarrollada desde Euskal Herria y orientada a responder a las necesidades de la ciudadanía vasca. Aunque bien es cierto que la Ley Universitaria Vasca (aprobada en la CAV en 2004 tras una larga lucha a favor de un profesorado propio) recoge algunas competencias en esta materia, no cabe olvidar que se trata de una ley totalmente subordinada a la legislación estatal, impidiendo, de esta forma, el desarrollo íntegro del modelo universitario que necesita Euskal Herria. En Nafarroa Garaia la situación es aún peor, ya que sólo disponen de la ley de creación de la UPNA en lo que al ámbito universitario se refiere. La LOSU no traerá ningún cambio en este sentido y, en algunos aspectos, además, supondrá un retroceso. Aunque en la introducción del texto de la ley se pueden observar algunos aspectos progresistas, esta ley seguirá siendo una ley centralista, dejando de lado tanto la identidad y realidad diferenciada de Euskal Herria como las de otras naciones del Estado.

Asimismo, debemos regular en Euskal Herria las condiciones laborales de quienes trabajan en las universidades, reivindicando y construyendo nuestro propio marco laboral.

La LOSU seguirá marginando la vía laboral

Frente al modelo funcionarial centralista impuesto por Madrid, la opción que desde LAB hemos defendido históricamente es la de dotarnos de una normativa propia de relaciones laborales. En este sentido, aunque en las dos últimas décadas se han conseguido desarrollar en la UPV/EHU figuras laborales equiparables en muchos aspectos a las figuras del funcionariado, todavía se mantienen algunas discriminaciones. En la UPNA, a diferencia de la UPV/EHU, aún no se ha desarrollado ninguna figura laboral permanente propia que permita estabilizar la plantilla y, desde LAB, pensamos que es un camino a abordar sin demora. En esta situación, el aumento del porcentaje de personal funcionario que contempla el texto provisional de la LOSU del 51% al 55% perjudicará inevitablemente la vía laboral abierta en la UPV/EHU, ya que aumentará la presión sobre el profesorado para convertirse en personal funcionario del Estado español, mientras que no supondrá ningún avance en la situación de la UPNA. Asimismo, se niega al personal docente e investigador laboral la posibilidad de optar a rector/a, a pesar de contar con los méritos exigidos al personal funcionario para presentarse a ese cargo, manteniendo intacta esta discriminación hacia el profesorado laboral. La LOSU deja en una grave indefinición el futuro de las figuras laborales, manteniendo amplias dudas sobre la trayectoria y las posibilidades de promoción de las y los trabajadoras/es que quiera optar por esta vía.

No democratiza el modelo de gobernanza universitaria y aumenta la subordinación

La LOSU mantendrá la histórica jerarquización en la gobernanza universitaria, otorgando la mayoría de la representación al profesorado permanente y minorizando la representación de otros colectivos. Las atribuciones del claustro seguirán siendo limitadas, la participación restringida y la posibilidad de materializar cambios mínima. Es necesario democratizar el Claustro y el Consejo de Gobierno, convirtiéndolos en espacios de debate y participación. En esta ley no habrá avances en este sentido. La LOSU aumentará la representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. En lugar de buscar una composición más democrática del Consejo Social (la mayoría de los representantes son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y la presencia de la universidad es muy escasa), esta medida servirá para aumentar el control externo de las universidades y no para responder mejor a los intereses de la UPV/EHU, de la UPNA y de la sociedad en general.

Dudas y amenazas en las condiciones del personal docente investigador

La LOSU recoge diferentes medidas para reducir la tasa de personal docente e investigador temporal, pero no queda claro cuáles serán las fuentes de financiación de estas medidas. También hay que señalar que los nueve meses de estancia en el exterior requeridos para acceder a un puesto de trabajo fijo pueden suponer un incremento de la brecha en la carrera profesional de las mujeres.

Sin mejoras para el euskera

Esta nueva ley tampoco servirá para mejorar la situación del euskera en nuestras universidades. No se recogen porcentajes mínimos para los programas de enseñanza, ni niveles mínimos de conocimientos para el personal ni para los tribunales de oposiciones.

Peticiones de LAB a los agentes responsables en esta materia

Las direcciones de la UPV/EHU y de la UPNA tienen una gran responsabilidad en este asunto. Deberían aprovechar sus relaciones con otras instituciones y agentes y su participación en diversas entidades (como la CRUE) para presionar. Desde LAB dirigimos las siguientes peticiones a los equipos directivos de la UPV/EHU y de la UPNA:

• Defender la autonomía universitaria frente al control político externo.
• Defender la vía laboral en la UPV/EHU, rechazando el porcentaje de funcionarios y funcionarias que pretenden implantar y garantizando que el personal laboral no tenga menos derechos que el funcionarial.
• Crear una figura laboral permanente que se gestione en Nafarroa.
• Solicitar y obtener la financiación pública que precisan tanto la UPV/EHU como la UPNA.
• Reivindicar un espacio universitario y de investigación propio que responda a los retos y necesidades de la sociedad vasca.

Asimismo, pedimos a todos los partidos políticos vascos representados en Madrid que presionen en defensa del sistema universitario vasco. Por un lado, les pedimos que luchen para traer a la CAV y a la CFN la transferencia del personal docente e investigador funcionario. Por otro, que defiendan la vía laboral para que no sea perjudicada por la LOSU, es decir, para que, teniendo las mismas obligaciones que el personal funcionario, tengan también los mismos derechos.

Las muertes en el trabajo por caídas en altura están batiendo todos los récords

Tenemos que lamentar y denunciar otro accidente laboral mortal, en este caso en Bilbao, el 9º fallecido del año en accidente laboral. El pasado sábado, el trabajador de la construcción, de 47 años, se ha caído del andamio desde una altura de un 6º piso. La 4ª víctima mortal en lo que va de año tras caer desde una altura. Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestra solidaridad con la familia, personas allegados y compañeros y compañeras de trabajo.

Tenemos dificultades para disponer de información técnica sobre el accidente ya que, a pesar de que ha ocurrido hace dos días, OSALAN no nos ha hecho llegar ningún informe.

No obstante, nos surgen serias dudas, ya que desde que la normativa de andamios requiere que estos cuenten con protección perimetral, las caídas en altura se están dando de forma reiterada. Así, la responsabilidad del recurso preventivo ha quedado totalmente desvirtuada por la patronal gracias a la dejadez de la Inspección de Trabajo y Osalan, y la realidad es que nadie supervisa la correcta ejecución de los trabajos en las obras desde el punto de vista de la seguridad. Esta realidad es la que genera estos escalofriantes resultados, ya que, como se ha dicho, en lo que va de año han muerto 4 trabajadores en caídas de altura.

Otro dato significativo es que el accidente se produjo el sábado. Se sabe que el exceso de horas y la carga de trabajo son también factores de riesgo. ¿Controla la administración el respeto a las horas de trabajo? ¿Están identificados estos riesgos adicionales en el plan de seguridad de la empresa?

Ante esta situación, ¿alguien puede creer que estamos ante la casualidad o la mala suerte? Exigimos a las administraciones explicaciones y medidas inmediatas, mayor control y políticas concretas para combatir esta lacra de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Pedimos explicaciones a las instituciones, especialmente para que aumenten las inspecciones y seguimientos en la construcción, haciendo integrar las normas de seguridad. Para que de esta manera se adopten las medidas necesarias y se realicen políticas preventivas reales. Lamentablemente, en la práctica, ni la Inspección de Trabajo ni Osalan aparecen por ninguna parte. Por otra parte, ni el sector ni las y los trabajadores pueden dar por normal esta situación ni acostumbrarse a ella.

Por último, hacemos un llamamiento a participar este miércoles, 23 de febrero, en la movilización que la mayoría sindical ha organizado en el número 17 de la calle Botica Vieja de Deusto a las 11:30 de la mañana.

La Gerencia de la ANADP está fomentando un modelo de gestión privado en sus residencias públicas

Las únicas residencias públicas de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) son El Vergel (Pamplona), Santo Domingo (Estella) y Centro San José (Pamplona). Hasta hace bien poco eran las referentes en modelos de gestión, ya que tenían los ratios de personal más altos y unas mejores condiciones laborales para la plantilla, lo que suponía ofrecer un servicio de gran calidad.

Pues bien, en vez de mejorar lo mejorable, empeoran lo excelente. No aumentan los ratios de las residencias privadas y concertadas. No han establecido unos ratios acordes al resto de Europa en el nuevo Decreto de Residencias. No están ayudando a negociar un convenio del sector que dignifique el trabajo de las personas que trabajan en las mismas. No tienen como objetivo igualar o incluso mejorar aquellas con las del modelo de gestión público. No quieren crear una Red de Residencias Públicas de Navarra. Están haciendo justo todo lo contrario. Han puesto el punto de mira en lo público y las tres únicas residencias públicas del Gobierno de Navarra están siendo desmanteladas.

Plaza que se jubila, plaza que se amortiza. Comienzan primero no sustituyendo incapacidades temporales, horas sindicales o vacaciones para «demostrar» que son plazas prescindibles.

Es vergonzoso tocar algo que funciona para convertirlo en un modelo que solo busca ahorrar costes a costa de la buena voluntad y de la vocación de las trabajadoras. Un modelo que está aumentando las cargas de trabajo poniendo en riesgo la salud de la plantilla. Están cambiando horarios y jornadas lo que no permite una buena conciliación familiar. Están incluso amenazando con empeorar cada vez más las condiciones de trabajo. Están obligando a las plantillas de niveles bajos a asumir responsabilidades que no corresponden a su nivel. En definitiva, se están cargando lo público.

Exigimos que pare este desmantelamiento. Por un modelo Público de calidad.

Aprovechemos la ocasión para alcanzar un acuerdo educativo centrado en la escuela pública

LAB ha presentado al borrador que establece las bases para el Acuerdo Educativo de la CAV sus aportaciones basadas en el decálogo que hizo público el 24 de enero de 2022.

LAB considera necesario un amplio Acuerdo Educativo en Euskal Herria en general y más concretamente en la CAPV. Creemos que hay una necesidad y una oportunidad de superar los problemas y brechas que se han generado en la educación vasca en las últimas décadas. Y desde esa perspectiva estamos haciendo nuestra aportación.

Aunque requieren un mayor grado de concreción, en el borrador presentado por la Comisión de Educación hay cuestiones que se sitúan en la dirección correcta, como la intención de hacer desaparecer las cuotas, la voluntad de euskaldunización o la creación de comisiones de escolarización y planificación a nivel local.

Sin embargo, creemos que hay que definir más los objetivos principales del acuerdo educativo. Deja abiertas las puertas a diferentes interpretaciones en varios puntos. A falta de una definición más precisa del punto de partida, se pueden adoptar dos vías diferentes que pueden ser contrarias: o se consolida el sistema de concertación o se pone en vías de superación el modelo dual actual. La segunda apuesta de LAB es avanzar en la confluencia de la escuela pública comunitaria vasca.

Por último, consideramos que las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo de las y los trabajadores requieren una mayor concreción. Creemos que también en este ámbito es necesario un cambio profundo, reconocer todas los trabajos del mundo educativo (ver punto 4), dando pasos hacia la confluencia también en el ámbito de las condiciones de trabajo y poniendo los medios necesarios. 

Las principales aportaciones que hemos presentado al borrador de la Comisión de Educación son las siguientes:

1. Hay que tener una posición clara a favor de la escuela pública. El texto debería centrarse en la construcción de un sistema educativo centrado en la escuela pública, como vía de transición hacia una red única que combine la titularidad pública y la participación de la comunidad educativa. Planteamos un camino desde el modelo dual vigente hacia una red única, desde la confluencia y no desde la convivencia y perpetuidad de las redes. Que se basaría en un nuevo carácter público basado en la descentralización.

El primer ciclo de Educación Infantil (0-3) debe integrarse dentro del sistema educativo y en los mapas escolares y garantizar la gratuidad del Consorcio Haurreskolak.

2. Es necesario un compromiso firme para acabar con la concertación universal que sustenta el sistema educativo dual, reforzando el control público. Consideramos oportuno establecer condiciones a los centros que terminan con la concertación universal que está en la base del sistema educativo dual y reciben financiación pública. Por un lado, el centro que recibe financiación pública no puede cobrar cuotas, debería garantizar la gratuidad y cumplir otras obligaciones. Superar toda segregación y ser inclusivo, garantizar el modelo de inmersión lingüística en euskera, ser laico, que la coeducación sea estructural, o fomentar la participación.

Para garantizar ese control público no basta con presentar deseos como la gratuidad real o la euskaldunización para que luego no se desarrollen sus evaluaciones, se necesitan auditorías por parte de las instituciones e inspecciones propias que deben figurar en el texto.

Asimismo, cuando un centro recibe financiación pública, ésta debe tener un cierto reflejo en la titularidad. Así, a modo de transición, se crearía un nuevo sistema de centros con las mismas condiciones y obligaciones, todos ellos integrados en la planificación pública conjunta municipal y comarcal. Para acabar con la competencia existente con las matriculaciones y con cualquier tendencia de segregación, poniendo en marcha un procedimiento de planificación y escolarización unificado a nivel municipal.

3. Sobre el curriculum del sistema lingüístico y educativo. En el borrador se menciona la intención de establecer un modelo lingüístico único centrado en el euskera. LAB cree que hace falta más concreción: hay que definir e implantar el modelo de inmersión y mantenimiento del euskera para toda la comunidad educativa desde los 0 años incluida la Formación Profesional.

Habría que hacer una reflexión más profunda sobre el Curriculum Vasco. La renovación del patrimonio lingüístico, cultural y social de Euskal Herria debería ir acompañada de un diseño para un curriculum feminista, igualitario y antiracista.

En cuanto a los contratos-programa, aunque cada centro puede acordar con el Departamento de Educación los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo, el sistema educativo debe tener un currículo estructural, la coeducación, el tratamiento de la diversidad y la inclusión, la laicidad y el euskera y la cultura vasca deben ser la base del proyecto educativo de todos los centros. La educación debe responder de forma integral y crítica a las opresiones basadas en las clases sociales, el género sexual y/o la racialización, no puede ser optativa. Además, se deberán establecer mecanismos para evitar que los contratos-programa fomenten la competencia entre los centros y se conviertan en una fuente de segregación.

4. Personal educativo y condiciones de trabajo. El borrador se refiere exclusivamente al profesorado y excluye al resto del personal educativo -educadores y educadoras infantiles, profesionales de la educación especial, monitores y monitoras de comedor, personal de cocina, limpieza, administración y portería-. Es imprescindible el reconocimiento de todos los y las trabajadoras, tanto personal público como subcontratado.

Asimismo, el texto debería incluir un descenso de los ratios profesorado-alumnado y personal educador-alumnado como medida para mejorar la atención y la calidad educativa ofrecida a cada alumno o alumna y mantener el empleo ante la caída del número de nacimientos.

Para poder desarrollar eficazmente el trabajo educativo, las instituciones deben garantizar las herramientas necesarias, como la estabilidad y consolidación de las y los trabajadores, acabar con la subcontratación, el descenso de ratios, la formación continua (prioritariamente: estrategias de euskaldunización efectiva, programas de inmersión escolar del alumnado inmigrante, inclusión y tratamiento de la diversidad, coeducación, pedagogía de la innovación) y medidas de conciliación.

Cualquier centro que reciba financiación pública deberá cumplir una serie de cláusulas laborales a cumplir por recibir financiación de la Administración Pública:

  • Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso de las y los trabajadores, con el objetivo de que todo el personal del sistema educativo tenga un único acceso. En este único acceso se debe asegurar la igualdad de oportunidades, la transparencia del proceso y el control público de la contratación (de la comunidad educativa) y la supervisión sindical entre todas y todos los candidatos basados en capacidades y méritos.
  • Homologación y equiparación de las condiciones de trabajo.
  • Que no tengan personal estructural privatizado y subcontratado.

Hemos reclamado que se restablezca el derecho a las comunicaciones de las y los presos para que puedan mantener el vínculo familiar

Los sindicatos LAB, ELA, UGT, ESK, STEILAS, CGT, CNT, EHNE e HIRU hemos llevado a cabo en Bilbo, en la plaza Elíptica, la concentración mensual contra la política penitenciara de excepción, dentro de la dinámica “Izan bidea” de SARE. 

En este caso, hemos puesto el foco en el derecho a la salud de las y los presos, así como en su derecho a poder comunicarse con sus allegadas y allegados. En este sentido, en palabras de los sindicatos, «es hora ya de acabar con la conculcación del derecho a comunicar. Es hora de recuperar este derecho, de mantener el vínculo familiar, actuando de manera humanizada».

Son ya dos años de sucesivas cuarentenas y pérdidas de comunicaciones, en muchos casos con el añadido de los desplazamientos a prisiones de fuera de la CAV y Nafarroa, a lo que hay que sumar el cansancio acumulado por los largos años que llevan viajando a las cárceles más alejadas: «Ha transcurrido tiempo suficiente para aprender de la experiencia y ser capaces de adoptar medidas diferentes, más allá de las más restrictivas. Teniendo en cuenta que en el resto de ámbitos sociales se están dando ya pasos reales para abordar la nueva variante de la pandemia con mayor flexibilidad, se debe actuar con responsabilidad y valentía tb en las cárceles, sin añadir más obstáculos a una situación muy dura».

Proponemos medidas como la recuperación de comunicaciones que ahora se pierden por motivo de COVID19; establecer rastreos masivos de antígenos en periodos de tiempo cortos; adaptar espacios suficientes para cuarentenas en los casos de positivos; posibilitar en estos casos que los presos y presas puedan, al menos, seguir comunicando telefónicamente y evitar la incertidumbre de la incomunicación con nuestro familiar. «Y por supuesto, junto a ello, se deben plantear con valentía alternativas a la prisión en la perspectiva de la  libertad; presos enfermos a la calle, terceros grados, pulsearas telemáticas…», hemos añadido. 

Hemos denunciado el despido de una persona trabajadora por iniciar la transición de sexo-género y hemos reivindicado centros de trabajo libres de transfobia

El pasado noviembre, la empresa Novadeco despidió a una persona trabajadora. La empresa adoptó esta decisión por dos razones; por un lado, porque esta persona había iniciado su transición de sexo-género en primavera y, en segundo lugar, porque se presentó en la lista de LAB a las elecciones sindicales.

En la conciliación celebrada el 22 de diciembre, la empresa reconoció la improcedencia del despido, pero no dio por válidas las razones expuestas por LAB. Ante esto, LAB ha llevado el asunto a los tribunales porque entiende que la empresa ha vulnerado los derechos fundamentales de esta persona trabajadora y para que se reconozca que el despido ha sido nulo.

El juicio se ha celebrado hoy y LAB se ha concentrado ante los juzgados de Gasteiz para mostrar su apoyo a la persona despedida y mostrar su rechazo a la transfobia, tanto en Novadeco como en cualquier otro centro de trabajo.

La secretaria feminista de LAB, Eli Etxeberria, ha señalado la necesidad de protocolos efectivos y eficaces contra cualquier discriminación por cuestión de identidad sexo genérica, orientación sexual o expresión de género: «Las empresas deben garantizar marcos de trabajo saludables y seguros, lo que significa que los centros de trabajo deberían disponer de espacios libres de transfobia, y apoyar y garantizar todos los derechos a las personas trabajadoras que realizan la transición».

Asimismo, ha señalado que LAB no va a aceptar que se vulneren los derechos fundamentales de las personas en el ámbito laboral impidiendo su autodeterminación de género.

En la reunión de conciliación quedó claro que Novadeco no quiere trabajadoras ni trabajadores que luchen por sus derechos.

Finalmente, la secretaria feminista del sindicato ha animado a todas las personas del colectivo LGTBI+ a denunciar y a hacer frente a situaciones similares, recordando que «en este camino tendrán a la militancia de LAB como compañera de viaje». Ha agradecido al Movimiento Feminista de Gasteiz y al movimiento LGTBI+ su apoyo, presencia y respaldo.

Exigimos al Gobierno de Nafarroa la anulación del PSIS que desarrolla el proyecto de Aroztegia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) da la razón a LAB y confirma la reclamación del sindicato que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra resolvió en su día anulando el pliego y declarando la imposibilidad de continuar con el procedimiento de adjudicación.

El pasado mes de mayo de 2021 el sindicato LAB exigió públicamente la paralización de las obras de Aroztegia, puesto que eran ilegales. Entendía que el inicio de unas obras cuyo pliego estaba anulado y su adjudicación paralizada era además de contrario a Derecho, inaceptable. Una vez que se le ha vuelto a dar la razón en su reclamación, el sindicato LAB exige al Gobierno de Navarra la anulación del PSIS que desarrolla el proyecto de Aroztegia, algo para lo que el Gobierno tiene plenas competencias.

La promotora, denominada Junta de Compensación del área turística, hotelera, deportiva y residencial del entorno del Palacio de Aroztegia, y la empresa OBRAS Y SERVICIOS TEX SL encargada de las obras, cometieron una gamberrada dentro de una estrategia de hechos consumados. Así, buscaron, por todos los medios, un inicio de las obras que posibilitará el acceso a posibles indemnizaciones ante el futuro incierto de un proyecto contrario a la voluntad popular de las vecinas de la zona, que de manera mayoritaria se opusieron al proyecto de Aroztegia en referéndum.

Sin embargo, una vez más la realidad es un claro ejemplo de la lógica de las cosas en un mundo en el que manda el capital. Así, quienes han actuado ilegalmente de forma contraria a Derecho con consecuencias irreparables, además de salir impunes tratan de criminalizar a las vecinas y vecinos de Baztan. No se depuran las responsabilidades de los responsables políticos y empresarios involucrados en el inicio de unas obras contrarias a Derecho. Ningún responsable de la promotora ni de la empresa encargada de las obras han acabado en la Audiencia de Navarra.Por el contrario, sí lo han hecho, vecinas y vecinos de Baztan por realizar un trabajo que debiera haber llevado a cabo la Administración.

Por último, LAB quiere subrayar que esta decisión judicial da la razón a la población de Baztan, y quiere poner en valor su activación contra la especulación, su lucha en favor de garantizar un trabajo y vida digna en el valle de Baztan, cuidando el entorno y de acuerdo a las necesidades y realidad socio-económica de la zona.

Ekintza eta medikuntza sozialeko langileek Baionako kaleak hartu dituzte berriro, laugarren greba egunaren harira

Ipar Euskal Herriko ekintza sozialeko eta medikuntza-sozialeko langileek manifestazioa egin dute Baionan, sektorea kinka larrian dagoela ohartarazteko. Laugarren greba eguna izan da ostegun honetakoa. Jantzi beltzekin irten dira kalera.

Egungo egoerak, eta hartutako erabakiek, sektore osoaren krisi sistemikoa eragin dezake. Hain justu, azken hogei urteotan egitura, zerbitzu eta elkarteek helduen, prekaritate handiko pertsonen, ezgaitasun egoeran dauden pertsonen, haurren, nerabeen eta lagundutako adindun gazteen alde eraikitako guztia arriskuan dago. Izan ere, sektorearen krisiak pertsona zaurgarri horiei guztiei kalteak eragingo dizkie.

Salaketa ez ezik, aldarrikapen hauek ere atera ditugu kalera, berriro ere:

-Soldaten igoera, ekintza sozialeko eta medikuntza-sozialeko langile kategoria guztientzat

-Eragile guztien arteko hausnarketa sakona, lan-baldintzak hobetzeko

-Publiko lagunduaren araberako langile kopuruen indartzea, bereziki aterbetze-egituretan

Cada semana ha fallecido al menos una persona trabajadora en lo que va de año

Nos hemos movilizado frente a la sede de Transportes Erdella en Larrabetzu, a convocatoria de la mayoría sindical vasca, para denunciar la última muerte laboral. El transportista fallecido el pasado lunes en la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra era trabajador de la citada empresa.

Con esta muerte en el trabajo, en Euskal Herria han fallecido al menos ocho personas trabajadoras en lo que va de año. Cada semana ha perdido la vida una persona en el trabajo.