La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) da la razón a LAB y confirma la reclamación del sindicato que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra resolvió en su día anulando el pliego y declarando la imposibilidad de continuar con el procedimiento de adjudicación.
El pasado mes de mayo de 2021 el sindicato LAB exigió públicamente la paralización de las obras de Aroztegia, puesto que eran ilegales. Entendía que el inicio de unas obras cuyo pliego estaba anulado y su adjudicación paralizada era además de contrario a Derecho, inaceptable. Una vez que se le ha vuelto a dar la razón en su reclamación, el sindicato LAB exige al Gobierno de Navarra la anulación del PSIS que desarrolla el proyecto de Aroztegia, algo para lo que el Gobierno tiene plenas competencias.
La promotora, denominada Junta de Compensación del área turística, hotelera, deportiva y residencial del entorno del Palacio de Aroztegia, y la empresa OBRAS Y SERVICIOS TEX SL encargada de las obras, cometieron una gamberrada dentro de una estrategia de hechos consumados. Así, buscaron, por todos los medios, un inicio de las obras que posibilitará el acceso a posibles indemnizaciones ante el futuro incierto de un proyecto contrario a la voluntad popular de las vecinas de la zona, que de manera mayoritaria se opusieron al proyecto de Aroztegia en referéndum.
Sin embargo, una vez más la realidad es un claro ejemplo de la lógica de las cosas en un mundo en el que manda el capital. Así, quienes han actuado ilegalmente de forma contraria a Derecho con consecuencias irreparables, además de salir impunes tratan de criminalizar a las vecinas y vecinos de Baztan. No se depuran las responsabilidades de los responsables políticos y empresarios involucrados en el inicio de unas obras contrarias a Derecho. Ningún responsable de la promotora ni de la empresa encargada de las obras han acabado en la Audiencia de Navarra.Por el contrario, sí lo han hecho, vecinas y vecinos de Baztan por realizar un trabajo que debiera haber llevado a cabo la Administración.
Por último, LAB quiere subrayar que esta decisión judicial da la razón a la población de Baztan, y quiere poner en valor su activación contra la especulación, su lucha en favor de garantizar un trabajo y vida digna en el valle de Baztan, cuidando el entorno y de acuerdo a las necesidades y realidad socio-económica de la zona.