La defensa del convenio colectivo nos ha llevado a realizar la movilización y la denuncia de hoy. Teníamos una reunión con la patronal HEDATZEN y hemos llevado a cabo una concentración para denunciar que las trabajadoras de Intervención Social de Gipuzkoa seguimos sin recibir las subidas salariales que nos corresponden.
En el III Convenio Colectivo de Intervención Social de Gipuzkoa se acordó el incremento del IPC del año 2021 para el año 2022 del 6,3% a partir del 1 de enero. Salvo excepciones, estamos a 22 de febrero y la patronal no ha aplicado aún las subidas salariales mientras el tiempo sigue.
Aunque HEDATZEN se reafirma en su compromiso de cumplir el Convenio Colectivo de Trabajo y aplicar incrementos salariales, insiste en que si no recibe dinero de parte de la Administración Pública, la mayoría de las asociaciones no podrán hacer frente a los incrementos salariales. Además, también se atrevió a proponer que no se apliquen subidas salariales hasta finales de año.
La privatización de los Servicios Sociales no sólo precariza la situación de las y los trabajadores (se busca reducir el gasto social, privatizando los beneficios) sino que supone un empeoramiento de la calidad de los servicios en detrimento de la ciudadanía en situación de exclusión.
Es un derecho de todos los gipuzkoanos y gipuzkoanaz contar con Servicios Sociales Públicos de Calidad, por eso es una obligación de todos defender las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que sacan adelante estos Servicios Sociales. Porque esto no es un simple conflicto laboral entre las y los trabajadores y la patronal, sino una cuestión social que afecta directamente a la sociedad guipuzcoana.
Desde LAB y CCOO queremos hacer un llamamiento a los trabajadores del sector y a la ciudadanía gipuzkoana a participar en las movilizaciones que puedan tener lugar a lo largo de los próximos meses.
Por otro lado, exigimos a la Administración Pública que garantice las condiciones laborales y el poder adquisitivo del personal que presta sus servicios en los Servicios Sociales, así como a la Patronal que sus servicios para el cumplimiento del Convenio Colectivo que suscribieron sean abonados a la mayor brevedad posible. Que cumplan el convenio firmado. Que dejen de jugar con nuestro pan.
Los sindicatos LAB, ELA y ESK hemos convocado huelga para los días 22, 23, 24 y 25 de febrero ante el bloqueo en la negociación del convenio. El primer día de huelga ha tenido un seguimiento del 80%.
Desde mayo de 2021 estamos negociando el convenio colectivo para el sector con la empresa EULEN, concesionaria actual del servicio. Tras varias reuniones, la situación de la negociación ha llegado a un bloqueo absoluto. La empresa EULEN ha dejado claro en la mesa negociadora que no tiene ningúna voluntad de asegurar el poder adquisitivo a las trabajadoras. EULEN realiza planteamientos sin ninguna vinculación al IPC y desde los sindicatos nos parece inadmisible.
El Consejo de Gobierno de Gasteiz ha decidido rebajar otro 4,5% el poder adquisitivo del personal público que depende de él. Ante esto LAB quiere trasladar lo siguiente:
-Que la subida salarial del 2% anunciada queda muy lejos del incremento del 6,5% que experimentó el IPC el año pasado. Es decir, al personal público se nos hace otro recorte más del 4,5% al poder adquisitivo que ya venía disminuido.
-Desde el sonado recorte del 5% que Zapatero y López hicieron al personal público en 2010 hasta la actualidad no se ha mostrado por parte del Gobierno Vasco voluntad ninguna de recuperar el poder adquisitivo. Por el contrario, ya ha reconocido explícitamente que lo demos por perdido y que no va a reconocer que tenga tal deuda. La deuda directa que el Gobierno ha acumulado estos años con su personal, excluyendo las aportaciones salariales indirectas a Itzarri EPSV, es ya del 9%.
-La excusa que pone para no trasladar los salarios y la estabilidad de estos empleados públicos a términos de dignidad ha sido siempre el límite de las leyes. En opinión de LAB, PNV y PSE «se esconden detrás de las decisiones que se toman en Madrid para quitarse las responsabilidades de encima». Muestran más firmeza frente a otras estrategias partidistas y empresariales que el fortalecimiento del sector público. Para estos partidos es estratégico debilitar el sector público en el favor del privado.
-Aunque en el debate del decreto de reforma laboral el PNV ha apoyado con vehemencia la negociación colectiva en nuestro ámbito, en las negociaciones de la Mesa General cada año deja claro hasta dónde le llega su coherencia: las tasas de reposición y subidas salariales que mande Madrid y punto. No es en absoluto su prioridad, limitada a ofrecer algunos aplausos y algún vacío «eskerrik asko».
Por tanto, si se va a proteger y reforzar la sanidad, la educación, la vigilancia, las administraciones públicas… de Euskal Herria, tendremos que hacerlo las propias y propios trabajadores, como hemos demostrado durante la pandemia, por encima de la desidia de las autoridades. En este camino LAB llama a la clase trabajadora y a toda la sociedad a participar en las movilizaciones que se están organizando de forma ininterrumpida. Porque en Euskal Herria queremos unos servicios públicos públicos y fuertes.
Evolución del IPC, los incrementos salariales decretados por el Gobierno Vasco y el poder adquisitivo desde el recorte del 5% de 2010. Se indican también los partidos en el gobierno tanto de Madrid como de Gasteiz.
«Dividen la clase trabajadora de varias maneras. La primera gran división es entre trabajos productivos y reproductivos; no todos los trabajos tienen el mismo reconocimiento. En el ámbito del empleo se da una nueva división, con una distribución del trabajo por sexos, que provoca una brecha salarial y unas condiciones laborales más precarias. Se pretende convencernos de que algunos trabajos son más adecuados para las mujeres, naturalizando la existencia de trabajos femeninos y masculinos».
Son palabras de Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, con motivo de las acciones que hemos llevado a cabo en Bilbo e Iruñea en el día contra la brecha salarial. Nos hemos movilizado en las citadas capitales, frente a las patronales CONFEBASK y CEN, donde hemos reivindicado convenios dignos sin brecha salarial. Con ello hemos querido visualizar la relación entre la brecha salarial y la negociación colectivaa.
Garbiñe Aranburu ha participado en la movilización de Bilbo, que ha unido la sede del Gobierno Vasco con la de CONFEBASK. La patronal tiene bloqueados una veintena de convenios de sectores feminizados. En este sentido, mediante la movilización hemos visualizado algunos de esos sectores afectados: residencias de mayores, servicio de ayuda a domicilio, comedores, limpieza, comercio y empleadas de hogar, entre otros.
En palabras de la secretaria general, «en la negociación colectiva también existe una brecha entre los convenios masculinizados y feminizados. Para la patronal y las instituciones, estas mujeres son trabajadoras de segunda. Estos convenios son secundarios para ellos y el sindicato LAB no está dispuesto a dar por buena esta situación».
En los últimos años se han producido múltiples luchas contra la precariedad y la renovación de convenios en situación de bloqueo. La patronal no regala nada y los convenios se han renovado gracias a huelgas y movilizaciones, tras duras luchas, en algunos casos. Así, se ha incrementado el número de trabajadoras y trabajadores con condiciones de trabajo actualizadas. Sin embargo, Garbiñe Aranburu ha advertido de que esta premisa no se cumple de la misma manera en sectores masculinizados y feminizados: «En sectores masculinizados se han actualizado varios convenios, se han alcanzado acuerdos dignos en sectores como el metalúrgico, artes gráficas, sector del papel o la limpieza urbana. ¿Y qué pasa en sectores feminizados? Se están llenado luchas ejemplares, pero los convenios aquí no se actualizan».
Ha explicado en Bilbo, ante CONFEBASK, que toda esta diferenciación no ocurre por casualidad: «Es una decisión política de la patronal. Zubiaurre, al frente de Confebask, sin ningún pudor, suele decir muchas veces que tienen menor valor añadido los trabajos en sectores feminizados, justificando así unos salarios más bajos, una brecha salarial y unas condiciones laborales más precarias».
Pues bien, como ha remarcado la representante de LAB, «las tareas esenciales para sostener la vida son las que llevan a cabo las mujeres y las realizan sin ningún tipo de reconocimiento».
En este sentido, las secretaria general ha asegurado que vamos a seguir luchando por la renovación de los convenios y presionando a la patronal: «No vamos a ceder, vamos a hacer que la patronal se siente en las mesas de negociación y vamos a conseguir convenios dignos».
Asimismo, ha señalado que, además de las luchas que impulsamos sector por sector y empresa por empresa, es necesario llegar a un acuerdo intersectorial: «Hemos propuesto un acuerdo intersectorial para recoger medidas ante temas como el salario mínimo, la brecha salarial, las jornadas parciales impuestas y la reducción de jornada. Las personas beneficiarias serían, principalmente, las trabajadoras de sectores feminizados y precarizados afectados por la división sexual del trabajo, así como las personas jóvenes y trabajadoras migradas y racializadas».
Llamamiento a las instituciones
Respecto a las instituciones, Garbiñe Aranburu también se ha mostrado crítica con éstas: «Miran hacia otro lado o son cómplices directos. Muchas de estas trabajadoras que no tienen actualizadas sus condiciones laborales son trabajadoras de subcontratas que prestan servicio público. Están dando por buena la precariedad y la brecha salarial de las mujeres. Además, frustran el derecho a la huelga de las trabajadoras, se les niega el derecho a la protesta, estableciendo servicios mínimos abusivos en caso de huelga. Son esenciales y no pueden permitir que dejen de trabajar, pero, eso sí, cobrando sueldos de miseria».
Así, pedimos a las instituciones que asuman la responsabilidad que les corresponde, que sitúen en la agenda política cuestiones como la brecha salarial: «¿Bastaría con ello? Claramente no. También hacemos un llamamiento directo a las instituciones y a los agentes políticos. No basta con situar la brecha salarial en la agenda, no necesitamos mesas redondas, necesitamos políticas públicas valientes e interpelar a la patronal. Ante este sistema que pretende hacer ciudadanas de segunda en derechos a las mujeres que formamos la mitad de la sociedad, las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado. Es hora de mojarse».
En la concentración llevada a cabo por trabajadoras de limpieza y miembros del sindicato, hemos señalado que el fraude realizado por las subcontratas alcanza cerca de medio millón de euros. «Cifras escandalosas que demuestran un absoluto descontrol sobre las subcontratas», en palabras de las representantes de LAB.
La polémica en torno al incumplimiento de los pliegos surgió a raíz de una partida aprobada de 82.000€ destinada a limpiezas de cristales y suelos de las escuelas, limpiezas a las que las empresas estaban obligadas por los pliegos pero llevaban años sin realizar. Este hecho trajo que el sindicato LAB interpusiera una denuncia ante el órgano de contratación; posteriormente fue la oposición del Ayuntamiento de Pamplona quien denuncio el caso en Comisión.
Así, hoy, LAB y las trabajadoras han denunciado que «es indecente que el Ayuntamiento pague el doble a estas empresas mientras mantiene a las trabajadoras con las jornadas recortadas». Las participantes han lanzado billetes, representando el fraude que los técnicos y el equipo de Gobierno han sido incapaces de detectar.
Por último, han reclamado que, mientras no se publifiquen los servicios, se vuelvan a abrir a los sindicatos el foro de seguimiento a la subcontratación puesto en marcha en la anterior legislatura para tratar de atajar el fraude.
Trabajadores y trabajadoras de la sección de LAB en ISN de Volkswagen se han concentrado hoy en Landaben, en la puerta de la fábrica de Pamplona, para exigir a la empresa ISN que les pague la subida del IPC acordado en el pacto de empresa firmado en 2019.
El sindicato LAB ostenta la mayoría en el Comité de Empresa de ISN-VW y lleva reuniéndose con la empresa desde el 1 de febrero a fin de encontrar un acuerdo sobre la forma de pago de esta subida, a la que la empresa se opone a realizar aunque se encuentra recogida en el pacto de empresa.
Después de varias propuestas por parte de la sección sindical de LAB, ayer se levantó de la mesa de negociación ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo y por eso han realizado la concentración de hoy. LAB espera una respuesta por parte de la empresa a la mayor brevedad posible. En caso contrario, los trabajadores y trabajadoras se verán en la obligación de seguir con la lucha y, probablemente, convocar una huelga, ya que no aceptan el bloqueo y falta de compromiso hacia la plantilla.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se aprobará en los próximos meses en el Congreso del Estado español. Esta ley regulará durante unos años la naturaleza y funcionamiento de las universidades del Estado español, incluidas las universidades de Hego Euskal Herria y, por supuesto, afectará a todas las personas que trabajen o estudien en ellas.
Por ello, LAB quiere hacer pública su lectura de esta ley en base al todavía provisional texto del anteproyecto de ley.
No es nuestra ley. No es la ley que necesitamos
Euskal Herria necesita una universidad propia, desarrollada desde Euskal Herria y orientada a responder a las necesidades de la ciudadanía vasca. Aunque bien es cierto que la Ley Universitaria Vasca (aprobada en la CAV en 2004 tras una larga lucha a favor de un profesorado propio) recoge algunas competencias en esta materia, no cabe olvidar que se trata de una ley totalmente subordinada a la legislación estatal, impidiendo, de esta forma, el desarrollo íntegro del modelo universitario que necesita Euskal Herria. En Nafarroa Garaia la situación es aún peor, ya que sólo disponen de la ley de creación de la UPNA en lo que al ámbito universitario se refiere. La LOSU no traerá ningún cambio en este sentido y, en algunos aspectos, además, supondrá un retroceso. Aunque en la introducción del texto de la ley se pueden observar algunos aspectos progresistas, esta ley seguirá siendo una ley centralista, dejando de lado tanto la identidad y realidad diferenciada de Euskal Herria como las de otras naciones del Estado.
Asimismo, debemos regular en Euskal Herria las condiciones laborales de quienes trabajan en las universidades, reivindicando y construyendo nuestro propio marco laboral.
La LOSU seguirá marginando la vía laboral
Frente al modelo funcionarial centralista impuesto por Madrid, la opción que desde LAB hemos defendido históricamente es la de dotarnos de una normativa propia de relaciones laborales. En este sentido, aunque en las dos últimas décadas se han conseguido desarrollar en la UPV/EHU figuras laborales equiparables en muchos aspectos a las figuras del funcionariado, todavía se mantienen algunas discriminaciones. En la UPNA, a diferencia de la UPV/EHU, aún no se ha desarrollado ninguna figura laboral permanente propia que permita estabilizar la plantilla y, desde LAB, pensamos que es un camino a abordar sin demora. En esta situación, el aumento del porcentaje de personal funcionario que contempla el texto provisional de la LOSU del 51% al 55% perjudicará inevitablemente la vía laboral abierta en la UPV/EHU, ya que aumentará la presión sobre el profesorado para convertirse en personal funcionario del Estado español, mientras que no supondrá ningún avance en la situación de la UPNA. Asimismo, se niega al personal docente e investigador laboral la posibilidad de optar a rector/a, a pesar de contar con los méritos exigidos al personal funcionario para presentarse a ese cargo, manteniendo intacta esta discriminación hacia el profesorado laboral. La LOSU deja en una grave indefinición el futuro de las figuras laborales, manteniendo amplias dudas sobre la trayectoria y las posibilidades de promoción de las y los trabajadoras/es que quiera optar por esta vía.
No democratiza el modelo de gobernanza universitaria y aumenta la subordinación
La LOSU mantendrá la histórica jerarquización en la gobernanza universitaria, otorgando la mayoría de la representación al profesorado permanente y minorizando la representación de otros colectivos. Las atribuciones del claustro seguirán siendo limitadas, la participación restringida y la posibilidad de materializar cambios mínima. Es necesario democratizar el Claustro y el Consejo de Gobierno, convirtiéndolos en espacios de debate y participación. En esta ley no habrá avances en este sentido. La LOSU aumentará la representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno. En lugar de buscar una composición más democrática del Consejo Social (la mayoría de los representantes son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y la presencia de la universidad es muy escasa), esta medida servirá para aumentar el control externo de las universidades y no para responder mejor a los intereses de la UPV/EHU, de la UPNA y de la sociedad en general.
Dudas y amenazas en las condiciones del personal docente investigador
La LOSU recoge diferentes medidas para reducir la tasa de personal docente e investigador temporal, pero no queda claro cuáles serán las fuentes de financiación de estas medidas. También hay que señalar que los nueve meses de estancia en el exterior requeridos para acceder a un puesto de trabajo fijo pueden suponer un incremento de la brecha en la carrera profesional de las mujeres.
Sin mejoras para el euskera
Esta nueva ley tampoco servirá para mejorar la situación del euskera en nuestras universidades. No se recogen porcentajes mínimos para los programas de enseñanza, ni niveles mínimos de conocimientos para el personal ni para los tribunales de oposiciones.
Peticiones de LAB a los agentes responsables en esta materia
Las direcciones de la UPV/EHU y de la UPNA tienen una gran responsabilidad en este asunto. Deberían aprovechar sus relaciones con otras instituciones y agentes y su participación en diversas entidades (como la CRUE) para presionar. Desde LAB dirigimos las siguientes peticiones a los equipos directivos de la UPV/EHU y de la UPNA:
• Defender la autonomía universitaria frente al control político externo. • Defender la vía laboral en la UPV/EHU, rechazando el porcentaje de funcionarios y funcionarias que pretenden implantar y garantizando que el personal laboral no tenga menos derechos que el funcionarial. • Crear una figura laboral permanente que se gestione en Nafarroa. • Solicitar y obtener la financiación pública que precisan tanto la UPV/EHU como la UPNA. • Reivindicar un espacio universitario y de investigación propio que responda a los retos y necesidades de la sociedad vasca.
Asimismo, pedimos a todos los partidos políticos vascos representados en Madrid que presionen en defensa del sistema universitario vasco. Por un lado, les pedimos que luchen para traer a la CAV y a la CFN la transferencia del personal docente e investigador funcionario. Por otro, que defiendan la vía laboral para que no sea perjudicada por la LOSU, es decir, para que, teniendo las mismas obligaciones que el personal funcionario, tengan también los mismos derechos.
Tenemos que lamentar y denunciar otro accidente laboral mortal, en este caso en Bilbao, el 9º fallecido del año en accidente laboral. El pasado sábado, el trabajador de la construcción, de 47 años, se ha caído del andamio desde una altura de un 6º piso. La 4ª víctima mortal en lo que va de año tras caer desde una altura. Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestra solidaridad con la familia, personas allegados y compañeros y compañeras de trabajo.
Tenemos dificultades para disponer de información técnica sobre el accidente ya que, a pesar de que ha ocurrido hace dos días, OSALAN no nos ha hecho llegar ningún informe.
No obstante, nos surgen serias dudas, ya que desde que la normativa de andamios requiere que estos cuenten con protección perimetral, las caídas en altura se están dando de forma reiterada. Así, la responsabilidad del recurso preventivo ha quedado totalmente desvirtuada por la patronal gracias a la dejadez de la Inspección de Trabajo y Osalan, y la realidad es que nadie supervisa la correcta ejecución de los trabajos en las obras desde el punto de vista de la seguridad. Esta realidad es la que genera estos escalofriantes resultados, ya que, como se ha dicho, en lo que va de año han muerto 4 trabajadores en caídas de altura.
Otro dato significativo es que el accidente se produjo el sábado. Se sabe que el exceso de horas y la carga de trabajo son también factores de riesgo. ¿Controla la administración el respeto a las horas de trabajo? ¿Están identificados estos riesgos adicionales en el plan de seguridad de la empresa?
Ante esta situación, ¿alguien puede creer que estamos ante la casualidad o la mala suerte? Exigimos a las administraciones explicaciones y medidas inmediatas, mayor control y políticas concretas para combatir esta lacra de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Pedimos explicaciones a las instituciones, especialmente para que aumenten las inspecciones y seguimientos en la construcción, haciendo integrar las normas de seguridad. Para que de esta manera se adopten las medidas necesarias y se realicen políticas preventivas reales. Lamentablemente, en la práctica, ni la Inspección de Trabajo ni Osalan aparecen por ninguna parte. Por otra parte, ni el sector ni las y los trabajadores pueden dar por normal esta situación ni acostumbrarse a ella.
Por último, hacemos un llamamiento a participar este miércoles, 23 de febrero, en la movilización que la mayoría sindical ha organizado en el número 17 de la calle Botica Vieja de Deusto a las 11:30 de la mañana.
Las únicas residencias públicas de la AgenciaNavarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) son El Vergel (Pamplona), Santo Domingo (Estella) y Centro San José (Pamplona). Hasta hace bien poco eran las referentes en modelos de gestión, ya que tenían los ratios de personal más altos y unas mejores condiciones laborales para la plantilla, lo que suponía ofrecer un servicio de gran calidad.
Pues bien, en vez de mejorar lo mejorable, empeoran lo excelente. No aumentan los ratios de las residencias privadas y concertadas. No han establecido unos ratios acordes al resto de Europa en el nuevo Decreto de Residencias. No están ayudando a negociar un convenio del sector que dignifique el trabajo de las personas que trabajan en las mismas. No tienen como objetivo igualar o incluso mejorar aquellas con las del modelo de gestión público. No quieren crear una Red de Residencias Públicas de Navarra. Están haciendo justo todo lo contrario. Han puesto el punto de mira en lo público y las tres únicas residencias públicas del Gobierno de Navarra están siendo desmanteladas.
Plaza que se jubila, plaza que se amortiza. Comienzan primero no sustituyendo incapacidades temporales, horas sindicales o vacaciones para «demostrar» que son plazas prescindibles.
Es vergonzoso tocar algo que funciona para convertirlo en un modelo que solo busca ahorrar costes a costa de la buena voluntad y de la vocación de las trabajadoras. Un modelo que está aumentando las cargas de trabajo poniendo en riesgo la salud de la plantilla. Están cambiando horarios y jornadas lo que no permite una buena conciliación familiar. Están incluso amenazando con empeorar cada vez más las condiciones de trabajo. Están obligando a las plantillas de niveles bajos a asumir responsabilidades que no corresponden a su nivel. En definitiva, se están cargando lo público.
Exigimos que pare este desmantelamiento. Por un modelo Público de calidad.
