Se ha fraguado una estafa más a las mujeres trabajadoras. Nada nuevo. Esta ley vuelve a carecer de propuestas para abordar los cambios estructurales que necesitamos y demandamos. Desde LAB analizamos el proyecto de ley con la mirada puesta en las trabajadoras y no podemos más que señalar deficiencias.
El 8 de marzo pasado señalábamos que el 8,3% de los y las trabajadoras de la CAV no han visto regulados sus condiciones laborales nunca mediante convenio laboral; el 75% de este conjunto son mujeres. La falta de regulación es sinónimo de precariedad, es innegable. Debemos añadir que la mayoría de estas trabajadoras son empleadas de hogar, sometidas al régimen especial que degrada más si cabe sus condiciones. Si situación es más precaria, más vulnerable.
Esta ley no cuestiona la dicotomía entre trabajo y empleo, al contrario, perpetúa esa visión del mundo laboral. Obvia que todo lo que se decide en el ámbito productivo, público, remunerado y bien valorado; condiciona lo que ocurre en el ámbito reproductivo, privado, no remunerado y no valorado. La igualdad es imposible si no se reconoce esto, si se mira a otro lado ante esta realidad estructural. Lo denunciamos en la anterior ley, y lo repetimos esta vez.
La sostenibilidad de la vida y de los trabajos de cuidados no tienen la centralidad que merecen en el proyecto de ley, no hay voluntad de transformar la sociedad en esta ley. Se menciona la situación de las empleadas del hogar, pero ni se cuestiona esta figura, ni se pone en duda el modelo. Parece ser que para los que promueven la ley es valido el régimen de semiesclavitud en el que se resuelven los cuidados en el ámbito privado.
Las instituciones públicas están privatizando y subcontratando muchas de las tareas que realizamos mayoritariamente las mujeres: residencias, comedores, limpieza, ayuda a domicilio, etc. Es en esto donde hay que poner la atención si de verdad se quiere terminar con la brecha salarial. Pero nada de eso, ni análisis críticos, ni mecanismos reales para solucionar la cuestión. La intervención desde el ámbito institucional ante los conflictos laborales en estos sectores es nula, y cuando pueden atender realmente a las demandas de estas trabajadoras (cuidados de calidad, ratios, tiempos de atención y cargas de trabajo adecuadas a través del empleo de calidad) mediante una ley de igualdad, la respuesta es nula.
No hay apuesta alguna por un sistema público comunitario de cuidados en esta ley. Por contra, apuesta por seguir alimentando el mercado-negocio de los cuidados sustentado en el actual sistema de atención a personas mayores y dependientes: prevalecer las prestaciones económicas, desviar cada vez más personas al sector privado, no desarrollar la red de servicios sociales para atender a todas y cada una de las personas que necesiten acceder a los mismos. Conclusión, se sigue apostando por mercantilizar y privatizar los cuidados. Y así, la igualdad, es pura quimera.
La violencia machista se ha abordado en la ley, pero quedando al margen el mundo laboral. ¿Qué pasa con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los centros de trabajo? ¿Por qué no se adoptan medidas reales en el ámbito del trabajo? No se establece ningún mecanismo para poner en marcha protocoles que hagan de los centros de trabajo espacios libres de violencias machistas.
Para finalizar, volvemos a denunciar lo que en su día fue nuestra denuncia central ante la primera ley de igualdad de la CAV: esta ley no obliga a nada, no establece mecanismo coercitivo alguno. Y así no se transforma la realidad. No hay cambios reales cuando estos quedan en manos de la voluntad de quienes se están beneficiando de la desigualdad.
¿Qué cambios va a promover esta ley si nada es obligatorio y si no aborda las cuestiones fundamentales para superar la realidad de desigualdad que vivimos las mujeres? Ni brecha salarial, ni feminización de la precariedad y de la pobreza, ni privatización de los cuidados; no hay ley de igualdad real si no se asumen responsabilidades reales ante estas cuestiones. No hay avances hacia la igualdad sin diagnósticos serios, propuestas concretas y medidas eficaces.
No vamos a apoyar una ley basada en generalidades y políticas de igualdad voluntarista. No podemos aceptar una ley que no garantiza los recursos, tanto humanos como económicos, para desarrollas políticas de igualdad. Esto no es coherente, es hora de asumir compromisos reales. Es hora de hacer políticas efectivas y eficaces. Es hora de apostar por las políticas feministas.
