2026-01-14
Blog Página 243

Los y las trabajadoras de comedores escolares reiteran frente al Departamento de Educación la necesidad de un proceso de negociación

Andoni Alonso, responsable de colectividades del sindicato LAB, ha tomado parte hoy en la comisón de Educación del Parlamento de Gasteiz, y ha expresado que los y las trabajadoras subcontratadas también deben tener derecho a participar en los foros de decisión de los centros educativos.

El pasado mes de enero el sindicato realizó una petición al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y al viceconsejero, Xabier Aizpurua, para que iniciaran un proceso de negociación sobre algunas cuestiones. Pues bien, se niegan porque las y los trabajadores de los comedores escolares son operarios subcontratados que, según el departamento, deberían negociar con las empresas que gestionan el servicio de comedor. Frente a ello, LAB dice que “vamos a negociar el convenio colectivo con las empresas concesionarias del Servicio, pero no los reglamentos de funcionamiento de los comedores, que son competencia exclusiva del Departamento de Educación”. Además, el sindicato ha querido destacar que el hecho de que los trabajadores sean subcontratados se debe a que así lo desea el Departamento de Educación.

Algunas de las cuestiones sobre las que quiere negociar LAB son las siguientes:

  • Orden de 22 de marzo de 2000, por la que se regulan los comedores de educación obligatoria y de educación infantil en centros públicos.
  • Circular sobre funcionamiento de comedores de gestión directa
  • Decreto sobre transporte escolar del alumnado de los centros públicos.

Cabe destacar que en las normativas se recogen aspectos que afectan directamente a este personal de los comedores escolares o colectividades, como ratios, funciones, jornadas, horario de comedor…

Así, destacan que los y las trabajadoras de las colectividades se ven obligadas a asumir cada vez más funciones que no les corresponden: «Las trabajadoras hacen todo lo posible para poder dar un servicio de calidad y seguro, pero cada vez es más difícil porque las condiciones laborales se están deteriorando».

El sindicato ha querido subrayar que lo que se presta en los comedores va más allá de ser un servicio complementario: «Ya es hora de que tanto el Departamento de Educación como el resto de la comunidad educativa reconozca que el personal del comedor también somos educadores y educadoras”. Así, añade que en la nueva Ley de Educación han vuelto a dejar olvidado a este colectivo.

Actualmente el personal de comedores y transporte escolar no puede participar en los espacios de toma de decisiones, como hacen el resto de profesionales de la educación (y las familias): “Por ejemplo, si en un centro se propone cambiar el horario escolar, las familias, el profesorado y el resto de profesionales pueden participar en esta decisión; nosotros y nosotras no”.

Por tanto, LAB ha presentado al Departamento de Educación una propuesta de base para el inicio del proceso de negociación en la que se reafirma que este personal también debe tener derecho a participar en los espacios de debate y decisión.

Dicho esto, LAB exige al Departamento de Educación de Jokin Bildarratz que trabaje la apuesta real por los comedores y convoque cuanto antes a los representantes de los trabajadores a una mesa de diálogo para negociar la orden de 22 de marzo de 2000 y la circular de comedores.

Consideramos insuficiente la nueva ley de bomberos y bomberas

El sindicato ha comparecido en la comisióndel Parlamento de Gasteiz para denunciar que las medidas recogidas en el nuevo texto carecen de la concreción suficiente.

Las críticas realizadas por LAB se refieren, entre otras cuestiones, a la definición de funciones de bomberos y bomberas, la necesidad de una formación más específica, la publicidad del servicio, la igualdad de género y a los procesos de selección. Criticamos que la ley deja muchos flecos y subrayan la necesidad de concretar varias cuestiones, todo ello contando con la representación de las y los trabajadores.

Necesidad de concreción

La ley no tiene en cuenta las funciones en su totalidad; ejemplo de ello es que no se recoge ninguna correspondiente al salvamento. En la misma línea, seguimos echando en falta la definición de perfil de bombero o bombera, la cual condiciona aspectos como la valoración de méritos o las pruebas a superar. Por otra parte, las funciones recogidas se reparten según las previsiones y tácticas operativas de los planes de protección civil, lo que provoca que los y las profesionales dependan de posibles cambios futuros.

La ley recoge el paso al nivel C1, una demanda histórica que hará que en las pruebas de acceso se solicite Bachiller o Ciclo medio de Formación Profesional. Sin embargo, nos surgen varias dudas respecto al sueldo, trienios, etc. Asimismo, consideraríamos interesante la creación de un ciclo medio vinculado al trabajo real de las y los bomberos.

En cuanto a los procesos de selección y formación como personal funcionario de carrera como bombero/a, consideramos que se deben definir claramente las competencias, el diseño y la ejecución de acuerdo con las y los responsables técnicos de los servicios y la representación del personal. Además, el peso de las pruebas psicotécnicas y de las entrevistas es excesivo.

Por otra parte, sostenemos que debería definirse más lo recogido en la ley respecto a la segunda actividad, es decir, respecto a las situaciones en las que, por razón de edad, aptitudes físicas, incapacidad etcétera, las funciones del puesto de trabajo se modifiquen. Debería reconocerse ese derecho sin que suponga una merma en las retribuciones del trabajador o de la trabajadora.

En las guardias debe garantizarse el personal mínimo establecido para cada parque, teniendo en cuenta que el cupo máximo de funcionarios interinos nunca debe superar el 6%. La obligación de cubrir las plazas es evidente.

Además de todo ello, recalcamos que la participación de sindicatos y otras organizaciones sociales es muy escasa, frente a lo que reivindicamos la necesidad de una representación sindical real.

Críticas al papel de Arkaute

En cuanto al modelo de gestión de los servicios, la única gestón aceptable es la de la propia Entidad Local, lo cual aseguraría un servicio público.

LAB incide en su rechazo a la excesiva capacidad de decisión que otorga la ley a la Academia de Arkaute, tal y como criticamos con ocasión de la OPE unificada gestionada por dicho organismo, que generó enfado, entre otras cuestiones, por no haberse adecuado el proceso estrictamente a lo recogido en las bases. Visto lo sucedido, nos parece extraño y peligroso el poder que se otorga a la Academia. A pesar de que esta se presente como academia de Emergencias, sigue el modelo policial, y en la actualidad Arkaute no tiene capacidad ni medios para realizar correctamete el proceso de selección de bomberos/as, entre otras cosas porque legalmente no es su competencia. Cabe matizar, además, que aunque dicha academia ostente la competencia de formación, también carece de medios para llevarla a cabo.

En cuanto a las denominaciones de los puestos, creemos necesario prescindir de la denominación militar y recoger términos coincidentes con las administraciones públicas (jefe de parque, etc). Asimismo, los servicios deberían poder adscribir otros puestos técnicos, personal administrativo u oficios que consideren necesarios.

Igualdad

Otro aspecto a tener en cuenta es que el de los bomberos y bomberas es un sector muy masculinizado. Las medidas de igualdad implantadas en los últimos años en el colectivo no han dado sus frutos, y es de subrayar que la presencia de mujeres no ha aumentado. Por ello, exigimos medidas integrales y efectivas que hagan frente a las discriminaciones directas o indirectas, previa identificación de las casuísticas que impiden el acceso de las mujeres a la profesión. El imaginario de la figura de bombero no puede construirse en torno a la masculinidad hegemónica”. Por todo ello, creemos que es imprescindible diseñar un buen trabajo comunicativo-pedagógico. La reserva de puestos de trabajo a mujeres puede ser útil, pero siempre que vaya acompañada de otras medidas.

A propósito del conductor de camiones fallecido en Zambrana, exigimos de nuevo terminar de una vez con todas con la precariedad del sector

Hoy, 17 de abril, hemos conocido la muerte en accidente laboral de un transportista de 39 años en Zambrana (Araba). Con esta muerte, ya son 16 trabajadores los que han fallecido en accidente laboral en 2023.

Apenas unas semanas antes, denunciábamos la muerte de otro transportista en accidente laboral, mientras transportaba carga para la empresa Arcelor.

El sector del transporte es uno de los que más sufren la lacra de la siniestrabilidad laboral. El año pasado 11 transportistas fallecieron en accidente laboral. No nos cansaremos de denunciar que los accidentes laborales son consecuencia de las malas condiciones laborales y la falta de medidas de prevención y seguridad.

Las condiciones laborales en el sector del transporte son muy precarias debido a las largas jornadas laborales, el estrés, las presiones, el bajo precio que pagan por el transporte, la mala alimentación que acarrea consigo esta manera de trabajar, etc. Por eso decimos que la mayoria de los accidentes laborales que ocurren en el sector del transporte son perfectamente evitables, y que para ello sólo es necesario voluntad política para poner medidas encaminadas a garantizar y respetar los derechos laborales de los y las transportistas, así como la implicación de todas las instituciones públicas y empresas.

Hay que terminar con la precariedad. Hay que terminar con la impunidad de la patronal. Las instituciones no pueden seguir mirando para otro lado, de lo contrario, serán cómplices de lo que sucede.

Tras doce años de espera, equiparación ya en la administración de justicia de la CAPV

Los Sindicatos LAB y ELA convocamos paros de tres horas a partir del 17 de abril y huelga de jornada completa el día 19 de abril del presente año, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia transferido a la CAPV, mediante el desarrollo completo del IV Acuerdo de Condiciones Laborales.

Las reivindicaciones que exigimos son las siguientes:

•   Conseguir la equiparación retributiva y en materia de jubilaciones con el personal funcionario de la Administración General Vasca. 
•   Ejecución del proceso de valoración de puestos de trabajo, incluyendo en la el mismo la afectación por la adaptación de las reformas organizativas y de transformación digital ya en marca, tanto por la implantación del gestor procesal informático Avantius, como por los requerimientos del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.  

En esta la misma se han de tomar en cuenta todas las funciones realizadas y hacerse mediante unos manuales nuevos al efecto.

•   Aplicar un complemento salarial para el personal de Juzgados de Violencia de Género, bien sean únicos como mixtos, a consolidar tras la valoración de puestos de trabajo. 

Si bien ha habido numerosas reuniones en las cuales se ha trasladado a la Administración dichas reivindicaciones en los últimos 12 años, el Gobierno Vasco sigue sin dar una respuesta positiva a las mismas, todo ello después de la última reunión de 31 de marzo.,

Por todo ello, tras el camino recorrido y con el ánimo de confluir con otras Organizaciones Sindicales, que han convocado huelga en la Administración de Justicia en el estado apelando a la unidad de todo el colectivo en todas las reivindicaciones, para sumar fuerzas que nos permitan alcanzar los objetivos propuestos ELA y LAB, confrontando con el Gobierno Vasco, convocamos las siguientes acciones:
• Paros de tres horas, revisable cada quince días, a partir del 17/04/2023 todos los días de lunes a viernes, durante la franja comprendida entre las 10:00 y las 13:00 horas.
• Huelga de jornada completa el 19/04/2023.

Así mismo se procederá a convocar más movilizaciones que se anunciarán oportunamente.

Es hora de que el Gobierno Vasco equipare a sus trabajadores: es de justicia.

Solicitamos al Departamento de Educación la constitución de una mesa sindical para elaborar la Ley de Educación con las y los trabajadores

Cuando se puso en marcha el proceso de elaboración de la nueva Ley de Educación en la CAV, LAB apostó por incidir tanto en el proceso como en la propia ley con el fin de aprovechar la oportunidad para transformar el sistema educativo. Éramos conscientes de que la lucha y la presión serían imprescindibles si se quería avanzar hacia la Escuela Pública Comunitaria Vasca, es decir, en la transformación que necesita el sistema educativo organizado en una red pública única descentralizada y soberana.

LAB viene diciendo desde el principio que una Ley de Educación exige necesariamente, además de acuerdos en el ámbito político, consensos tambíen con el ámbito sindical y social. Por ello, desde la firma del acuerdo educativo por parte de los partidos políticos, hemosabogado por la constitución de una hoja de ruta y una mesa sindical para desarrollar la ley. Así mismo, hemos reivindicado, con huelgas y movilizaciones, la participación de las y los trabajadores en las elaboración de la Ley de Educación para la construccion de un sistema educativo “público, propio y euskaldun”.

Son dos los nudos a desatar: por un lado, la nueva ley de educacion; por otro, las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sistema educativo. En Euskal Herria los sistemas educativos necesitan una profunda transformación y para ello es imprescindible abordar las condiciones laborales.

LAB ha aportado en ambos ámbitos: por un lado, han realizado aportaciones al Borrador del Anteproyecto de la Ley de Educación. Todo parece indicar que la el Anteproyecto de Ley definitivo será presentado a finales de este mes. Entonces volveremos a analizarlo detenidamente y daremos a conocer nuestra opinión y posición. Seguiremos incidiendo para conseguir una buena Ley de Educación”. La ley debe incluir medidas para combatir la segregación, situar la escuela pública en el centro, acabar con la concertación universal, promover la transción hacia una única red pública descentralizada y soberana, y garantizar el currículo vasco, la laicidad y las competencias.

Por otro lado, y a la vista de que tanto el acuerdo educativo como el Anteproyecto de la Ley de Educación no hacían referencia a las condiciones laborales, realizamos propuestas y aportaciones al respecto. La transformación que requiere el sistema educativo implica una mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en la educación.

En cuanto a las aportaciones sobre las condiciones laborales, hemos realizado varias huelgas y movilizaciones en diferentes ámbitos educativos. Con una correlación de fuerzas favorable gracias a la respuesta de las y los trabajadores, en las últimas semanas LAB ha mantenido conversaciones con el Departamento de Educación y se han abordado las aportaciones realizadas por el sindicato sobre las condiciones laborales. De estas conversaciones podemos deducir que hemos conseguido poner la base para un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los y las trabajadoras y que hay posibilidades de alcanzar consensos amplios para mejorar las condiciones laborales de todo el personal educativo.

Hay que mejorar las condiciones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores, tanto del personal público (haurreskolak, educación especial, personal de cocinas y limpieza, profesorado), de las ikastolas y centros de iniciativa social que trabajan en el ámbito concertado, como del personal subcontratado.

En opinión de LAB, en cuanto a la condiciones laborales se refiere, algunas de las cuestiones a acordar son:


En el ámbito público:

– Mantenimiento de los puestos de trabajo de todos los colectivos de trabajadoras y trabajadores. Ante la caída de la natalidad es importante mantener los recursos humanos.

-Equiparación salarial de los colectivos de trabajadores y trabajadoras que realizan la misma función. Priorizar la equiparación salarial del personal de apoyo educativo con el salario de los y las educadoras infantiles (incremento del 10%).

-Medidas para el reconocimiento de los colectivos feminizados y precarios (personal de cocinas y limpieza). Reconocimiento del valor político, social y económico del trabajo de dichas trabajadoras.

-Medidas para la euskaldunización de todo el personal, en especial los colectivos no euskaldunizados, personal de Cocinas y Limpieza y la Formación Profesional.

-Análisis de la gestión pública de comedores.

-Establecer medidas para reducir la tasa de temporalidad.

En el ámbito concertado:

-Equiparación de las condiciones laborales de las y los trabajadores de diferentes redes. Equiparar el salario del personal que trabaja en la red concertada (ikastolas y centros de iniciativa social) con el que trabaja en la red pública; estudiar los pasos para homologar otras condiciones laborales.

-Garantizar el acceso transparente del personal a la red concertada (ikastolas y centros de iniciativa social) en base a los principios de igualdad, capacidad y mérito.

-Garantizar en derecho de subrogación en los procesos de publificación que puedan existir en la red concertada (ikastolas y centros de iniciativa social).

En el ámbito subcontratado:

-Analizar la situación de los servicios subcontratados, abriendo un debate sobre el modelo de futuro de estos servicios. Teniendo prioridad las revisiones de personal de limpieza, monitorado de comedor y de transporte.

Por tanto, pedimos al Departamento de Educación que convoque una mesa sindical, para que la Ley de Educación se construya con los y las trabajadoras, se acuerden las condiciones laborales del personal educativo y se traten temas para la mejora del modelo educativo.

Fin a la huelga en Vicarli Handling al conseguir un convenio con subidas salariales del 20% y readmitir a 5 despedidos #LortuDugu

La plantilla ha apoyado con un 95% de votos a favor el acuerdo que garantiza el IPC en los próximos 5 años y mejorar sustancialemente las condiciones labores después de 9 días de huelga.

Vicarli Handling, donde trabajan actualmente de manera directa unas 130 personas, realiza la labor de logística en aproximadamente 12 centros de trabajo, entre los que se encuentra Acciona-Nordex, Gamesa, Viscofan, Liebherr, Solidus San Andres, Timac Agro y Caja Rural. Después de meses negociando la renovación del Convenio Colectivo de Empresa, el Comité formado por 5 representantes de ELA, 2 de LAB, 1 de CCOO y 1 de UGT decidió el pasado 30 de marzo iniciar una serie de días de huelga.

El pasado viernes, 14 de abril, por la tarde, la plantilla de Vicarli Handling pusó fin a la huelga previstas para los próximos días al llegar a un acuerdo de readmisión de 5 compañeros despedidos y a la firma de un preacuerdo de convenio propio de empresa. El contenido del acuerdo obtuvo más del 95% de apoyo de los compañeros y compañeras huelguistas ya que logran:
• Mantener su ámbito de negociación en la empresa con convenio propio mejorando el sectorial sustancialmente.
• Incrementos salariales lineales para toda la plantilla independientemente del salario que tengan o la categoría que ostenten. Esto supone unos incrementos salariales entorno a un 20% del salario actual en 5 años de vigencia del convenio. Además, se garantiza que la subida salarial se como mínimo conforme al IPC durante estos 5 años.
• Se logra complementar hasta el 100% del salario fijo en caso de bajas laborales derivadas de Accidentes Laborales, y del 95% en caso de Enfermedad Común.
• Mejoras en Licencias: derecho al disfrute de ellas durante el ingreso, derecho a acompañamiento de menores de 14 años y familiares dependientes al médico especialista, equiparación de matrimonio a parejas de hecho en alguna licencia.
• Derecho a acumular el permiso por lactancia.
La lucha y la unidad de la plantilla reafirma que este es el camino para mejorar las condiciones laborales.

LAB, SATSE, SME, ESK, UGT, CCOO y SAE convocamos huelga en Atención Primaria de la zona rural de Araba el próximo 27 de abril

Ante la imposición por parte de Osakidetza, las trabajadoras y trabajadores de la Zona Rural de Araba irán a la huelga el próximo 27 de abril de 2023.

La Dirección de la OSI Araba impone sus condiciones draconianas con el pretexto de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la llamada Ley Iceta, sin contar con la plantilla ni negociar con la Junta de Personal de Atención Primaria, órgano unitario de representación de los y las trabajadoras.

Es por ello que iniciaron un proceso movilizador que contó con el apoyo de todos los sindicatos con representación en la Junta, diversas plataformas ciudadanas y diversos Ayuntamientos de la zona; movilizaciones que han sido desoídas por una Dirección prepotente que sólo entiende el lenguaje de la confrontación.

Las y los trabajadores han decidido dar un paso más en este proceso movilizador e ir de manera unitaria a la huelga el día 27; unidad que ha decidido romper ELA de manera unilateral, convocando por separado la misma. Los sindicatos LAB, SATSE, SME, ESK, UGT, CCOO y SAE consideramos que la decisión de ELA rompe deslealmente la unión y se apropia de la lucha unitaria. Creemos que el interés es la defensa del colectivo trabajador de la zona rural y de la atención que se presta a la ciudadanía, más que en el de obtener un rédito particular.

Una defensa de unas condiciones de trabajo apropiadas que puedan garantizar unos servicios públicos sanitarios de calidad para la población. Osakidetza, sin embargo, ha decidido ignorar por completo al personal. Ha dejado de lado las propuestas de las trabajadoras, siguiendo con su hoja de ruta hacia la desolación de la atención en las poblaciones rurales.

Ante esta actitud las trabajadoras y trabajadores saldrán a la huelga el próximo 27 de abril. Denunciando la precarización que está sufriendo la atención primaria del ámbito rural y en defensa de unos servicios públicos de calidad.

LAB denuncia el acuerdo de ERTE alcanzado por UGT y CCOO con Arcelor

Una vez más Arcelor vuelve a hacer un uso interesado del ERTE para su propio beneficio.

LAB denuncia de manera contundente el ERTE acordado para el clúster de Asturias. Por un lado, el problema surgido en el horno de Asturias no hace más que demostrar que lo que hace falta en Arcelor no es aumentar la precariedad sino la inversión, por otro lado, en los últimos años, Arcelor está obteniendo beneficios récord y por ello tiene capacidad más que suficiente para hacer frente a esta situación coyuntural sin necesidad de utilizar el ERTE. Y por último, la vigencia de seis mese del ERTE supera de manera significativa el tiempo de reparación del horno que la misma Arcelor ha transmitido, por lo tanto Arcelor continua haciendo un uso especulativo de los ERTEs.

Teniendo en cuenta todo esto, no entendemos que UGT y CCOO firmasen ese acuerdo, están en un clara estrategia de defensa de los intereses de la empresa en lugar de en defensa de los de la clase trabajadora.

El informe Ikusmiran concluye que, lejos de buscar soluciones a los problemas estructurales, existe una continuación del modelo que conlleva encadenar crisis

Ipar Hegoa, la fundación de estudios sindicales del sindicato LAB, ha presentado la edición número 13 del informe que recoge un análisis de la situación socioeconómica de Hego Euskal Herria. Deja cuatro conclusiones fundamentales, las cuales engloban la siguiente idea principal: “Encadenamos una crisis tras otra y la situación no se restituye. Las decisiones políticas que se toman no responden a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras ni corrigen los problemas estructurales del mercado laboral, porque tienen como prioridad y objetivo los beneficios de las empresas. Lejos de dar respuestas eficaces a la crisis ecosocial que vivimos, se sigue fomentando un modelo de consumo y producción que genera efectos insostenibles”.

El informe completo se puede consultar en el siguiente enlace:

  • Se mantiene la tendencia al debilitamiento del tejido económico, con el declive continuado del sector industrial y el aumento de la economía basada en los servicios

Se mantiene la tendencia de debilitamiento del tejido económico de Hego Euskal Herria. La evolución negativa de la industria es una constante. Los indicadores y tendencias analizados nos confirman que, además de dominar un modelo económico basado en los servicios, se ha optado por profundizar en él y hacerlo estructural.

  • Estamos lejos de recuperar los 12.700 empleos que se perdieron entre 2021 y 2022 como consecuencia de la deslocalización de la industria manufacturera.
  • La afiliación está en declive en el sector industrial, con un descenso del 11,30% desde 2009, mientras que en los servicios la tendencia al alza es persistente, con un aumento del 16,35% en la afiliación.
  • Aunque el peso de la industria en el Producto Interior Bruto (PIB) ha aumentado considerablemente (en 2019 la industria registró un crecimiento nominal del 2,47% del PIB, en 2022 ha pasado a un crecimiento del 15,75%), los beneficios de las grandes empresas energéticas han contribuido al incremento del sector en el PIB. Esas ganancias no tienen retorno alguno en los servicios públicos.
  • El peso del sector servicios en el PIB va en aumento (si en 2008 representó el 54,89% del PIB, en 2022 ha pasado al 60,19%).

Zoritxarrez, ez dago horri aurre egiteko inolako politika publikorik Euskal Herrian. Instituzio nagusien aldetik (Estatuetako Gobernuek, administrazio autonomikoek, Aldundiek… ) ehun industrialaren desegitearen aurrean arduragabe jokatzen dute eta zerbitzu ekonomiaren aldeko apustu ekonomiko zein politikoa egiten dute. Desgraciadamente, no existe ninguna política pública en el País Vasco para combatir dicha situación. Las principales instituciones (Gobiernos Estatales, Administraciones Autonómicas, Diputaciones…) actúan de forma irresponsable ante el desmantelamiento del tejido industrial y hacen una apuesta económica y política por la economía de servicios.

  • Las decisiones políticas no corrigen el problema estructural en el mercado laboral

Las medidas económicas no han corregido los problemas estructurales de la contratación o del mercado laboral. En concreto, la reforma laboral del Estado español no garantiza la creación de empleo de calidad. Los empresarios (y la patronal) han aprovechado los visibles resquicios de la ley para reforzar la precarización de los trabajadores.

  • Aunque el número de contratos indefinidos ha aumentado, la casi duplicación de la contratación de fijos discontinuos es fuente de preocupación. Mientras que del total de contratos indefinidos en 2019 el 2,54% eran fijos discontinuos, en el 2º mes de 2023 han llegado a ser el 5,01%). Se ha producido la proliferación de esta nueva forma de precariedad en la que en factor principal es la inestabilidad.
  • El desempleo ha tomado una dirección ascendente, siendo las mujeres, la juventud y las personas inmigrantes las más perjudicadas.
  • Las políticas fiscales vigentes buscan proteger los beneficios empresariales

La política fiscal existente en Hego Euskal Herria puede reforzar la implantación de una nueva cultura de recorte de los servicios públicos. Se crea riqueza por encima de la UE pero la realidad de la presión fiscal y lo que supone en la práctica la inexistencia de impuestos de sociedades hace que no haya una política de redistribución de esa riqueza y se protejan los beneficios del empresariado. Por tanto, unos pocos siguen acumulando capital, agrandando la brecha entre las rentas de capital y de trabajo. Estamos, pues, ante un problema estructural.

  • Si se analiza el PIB per cápita, existe una riqueza que debería ser distribuida en Hego Euskal Herria. Por lo tanto, a la hora de hacer la comparativa, podríamos decir que se genera más riqueza que en nuestro entorno inmediato y por encima de la media de nuestro ámbito geopolítico.
  • A pesar de recaudar más dinero de impuestos y cotizaciones sociales en 2021, la tasa en función del PIB ha descendido (del 32,7% al 30,6% en la CAV y del 30,9% al 28,8% en Navarra). La presión fiscal en Hego Euskal Herria baja un 30,2%, muy por debajo de la media europea (40,6%)
  • Si analizamos de dónde se obtienen los ingresos fiscales, se observa que la política fiscal que protege los beneficios de las empresas no es progresiva:
    • La presión fiscal por beneficios empresariales en Hego Euskal Herria es del 1,2%, por debajo de la media de la UE (2,9%)
    • Si analizamos la evolución del IRPF, la diferencia con Europa es muy grande (en 2021 el de Hego Euskal Herria era del 7,3% frente al 9,8% de la UE27).
  • El modelo productivo y de consumo genera múltiples e insostenibles efectos negativos

Al igual que en anteriores ediciones de Ikusmiran, hemos dedicado un espacio a los indicadores ambientales.

  • Según los inventarios de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) completados por las instituciones, los sectores con mayores emisiones son la industria, la energía y el transporte. Según la evolución de los últimos 30 años, las emisiones de GEI no han sufrido reducciones significativas.
    • En la CAPV han disminuido un 0,81% y en Nafarroa Garaia un 1,97%
  • La calidad del aire es menor en las zonas con mayor presencia de los 3 sectores mencionados.

Encendidas todas las alarmas de emergencia climática, la situación preocupa y consideramos prioritario desarrollar políticas públicas que permitan la reducción de emisiones de GEI.