LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Los partidos políticos, los sindicatos y los medios de comunicación euskarafobos están ejerciendo una presión organizada para impedir la euskaldunización de las administraciones; frente a la criminalización y las presiones, los sindicatos han llamado a movilizarse el 9 de mayo.

En los últimos meses el PSE-EE y otros agentes euskarafobos están haciendo campaña contra los agentes y sindicatos euskaltzales. Estos agentes han retrocedido en posiciones pasadas: se han negado a equiparar progresivamente los derechos lingüísticos en las administraciones y en el conjunto de la sociedad y quieren perpetuar el euskera como una lengua subordinada al castellano.

Hace 40 años el PSE-EE y el resto de agentes coincidieron en la necesidad de una progresiva euskaldunización de la sociedad, y ahora cuando se acuerdan las medidas para llevarla a cabo, pretenden utilizar el derecho a veto para obstaculizarlas. Así lo hicieron en la Ley de Educación cuando impusieron los modelos A y B que no permiten la euskaldunización y ahora lo están haciendo en las administraciones impidiendo una equiparación progresiva de la exigencia del euskera y del castellano. Todos estos agentes se manifiestan a favor del euskera, siempre y cuando esté subordinado al castellano.

En esa campaña de criminalización hay que situar: la campaña organizada para la eliminación de perfiles lingüísticos en las administraciones, los cambios regresivos de doctrina judicial, la campaña de comunicación contra la Korrika, la expulsión de LAB y ELA de la comisión de debate del ámbito socioeconómico o, como sucedió ayer, la campaña de manipulación por parte del PSE-EE para evitar acuerdos con EH Bildu.

LAB, ELA y Steilas consideran que esta campaña evita el debate en profundidad y que, en lugar de debatir sobre los contenidos, tratan de situar a los agentes euskaltzales en posiciones supuestamente extremistas, para que posteriormente el PSE-EE y la minoría sindical tengan derecho a veto. El PSE-EE quiere ejercer ese derecho de veto para perpetuar la imposición del castellano.

LAB, ELA y Steilas consideran que la Ley de Empleo Público debe contemplar tres principios:

• Equiparar la exigencia del euskera y del castellano.
• Determinar la fecha límite y los objetivos para esta equiparación.
• Ofrecer oportunidades, tiempo y recursos para euskaldunizar a todos y todas las empleadas públicos que no saben euskera en el periodo que se acuerde y que resulte razonable.

Esta propuesta posibilita la equiparación progresiva de los derechos lingüísticos, dando opciones de euskaldunización a todas aquellas personas trabajadoras que no saben euskera. Solo una propuesta de este tipo permite respetar todos los derechos laborales, es decir, no poner en peligro el trabajo de nadie ofreciendo posibilidades reales de euskaldunización y que los trabajadores y las trabajadoras tengan derecho a trabajar también en euskera.

La semana pasada Eneko Andueza, el fin de semana Mikel Torres, y la posición general del PSE-EE dejan claro que quieren manipular las posiciones políticas euskaltzales. LAB, ELA y Steilas llaman a los partidos políticos y, en especial, al PNV a no basar las relaciones con el PSE-EE en la conculcación sistemática de los derechos lingüísticos.

Por último, LAB, ELA y Steilas llaman a organizar la respuesta euskaltzale frente a esta campaña de criminalización y manipulación, primero el 9 de mayo en las calles de Bilbo y, posteriormente, el 13 de junio en Iruñea.

Los sindicatos con representación en la mesa negociadora —LAB, ELA, CCOO y UGT— han firmado este 21 de abril un preacuerdo que establece, entre otras medidas, un salario mínimo sectorial de 1.500 euros.

El preacuerdo llega tras meses de bloqueo en la negociación y después de la Huelga General del pasado 17 de marzo para reivindicar un SMI propio en Navarra. El sindicato considera “motivo de celebración haber conseguido los 1.500 euros de salario mínimo del sector”, logro que atribuye a “todas las personas que salieron a la calle el 17M.”

El sindicato considera que el nuevo preacuerdo supone un avance significativo respecto al anterior convenio de eficacia limitada, firmado por CCOO y UGT en 2022, que, según recuerda, “desfiguró el sector” al no respetar las mayorías sindicales y “pasar por encima de las personas trabajadoras del sector que habían estado luchando por sus derechos.”

En este contexto, LAB ha querido reivindicar su papel a la hora de “mover a CCOO y UGT de su sitio y de condicionar la negociación, garantizando mejoras que no se habían conseguido en las negociaciones anteriores y haciendo sentir incómoda a la patronal.”

El nuevo convenio garantiza el poder adquisitivo y eleva el salario del personal monitor al aplicar las subidas sobre el salario real en el primer año. Además, a diferencia de negociaciones anteriores, se reduce la jornada anual. También se equipara el salario de la última categoría con el de la penúltima, asegurando un salario mínimo del sector superior a los 1.500 euros. Con estas medidas, el acuerdo mejora las condiciones laborales en todo el sector, superando el convenio de eficacia limitada de 2022.

Sin embargo, LAB señala que aún quedan puntos pendientes, como el complemento por IT o el plus de vinculación. Por ello, el sindicato se compromete a seguir luchando para mejorar las condiciones de la clase trabajadora.

Ibernova, empresa surgida en 2023 tras la adquisición de la unidad de Smart Factory de Ayesa por parte del fondo de inversión británico GTO —junto con el consorcio inversor KARTESIA—, afronta su primer conflicto laboral de alcance tras varios meses de desacuerdo en materia de condiciones salariales.

La actual Ibernova tiene su origen en la antigua unidad de Smart Factory de Ibermática, especializada en soluciones para pymes industriales. Tras la compra de Ibermática por parte de Ayesa en 2022, esta división fue segregada y vendida a capital inversor extranjero, dando lugar a la nueva estructura empresarial.

Desde entonces, la plantilla arrastra una situación de creciente incertidumbre. Mientras que el personal subrogado mantiene, en teoría, las condiciones de su convenio anterior, las nuevas incorporaciones se están realizando bajo el convenio estatal de consultorías, con condiciones laborales inferiores. Esta imposición está generando una gran brecha salarial y de derechos laborales entre las personas trabajadoras de la misma empresa.

Se han celebrado varias reuniones entre la representación de la plantilla y la dirección de Ibernova, con la intención de redactar un nuevo convenio de empresa que pueda garantizar la igualdad de derechos de todas las personas trabajadoras, habiendo la empresa comunicado que no tiene intención de aplicar el convenio de Ibermática a las nuevas contrataciones. La RLPT ha presentado un documento con varias propuestas incluyendo un plan de actualización salarial a 4 años. La dirección se ha negado a entrar a hablar de estas propuestas hasta nuevo aviso.

En este contexto, a comienzos de 2026 la dirección planteó una subida salarial del 1,25%, claramente insuficiente frente al 2,90% del IPC registrado en 2025 y que no tiene en cuenta los buenos resultados de la empresa ni la pérdida de poder adquisitivo que la plantilla lleva arrastrando en los últimos años. A pesar de varias reuniones mantenidas entre ambas partes, las propuestas empresariales no se han acercado ni un ápice a las reivindicaciones de la plantilla, volviendo a disfrazar la imposición con una supuesta negociación.

Ante la falta de avances en la negociación, las personas trabajadoras han decidido convocar una jornada de huelga el próximo 29 de abril de 2026, acompañada de distintas movilizaciones, con el objetivo de reclamar unas condiciones salariales justas y acordes a la evolución del coste de la vida.

La convocatoria supone la primera movilización colectiva de este tipo en la empresa y busca trasladar a la dirección la necesidad de abrir un proceso de negociación real que dé respuesta a las demandas de la plantilla. 

La Encuesta de Población Activa nos muestra que el desempleo ha aumentado, dejando el mercado laboral en una situación crítica. La tasa de paro en Hego Euskal Herria se sitúa en el 8,4% en el primer trimestre del año, 12.500 parados más que en el último año. Si bien hay algunas mejoras puntuales –6.500 trabajadores más en activo, 19.000 activos más– los problemas estructurales se han intensificado, indicando los datos más lamentables del último año.

La precariedad tiene nombres y apellidos concretos: el desempleo se distribuye en función de la edad, el origen y el género es una premisa de sobra conocida. Y llevamos años denunciando que el problema es estructural. Las brechas estructurales están sobre la mesa.

Como decimos, la precariedad no nos afecta a todos de la misma manera. Las mujeres somos uno de los grupos vulnerables. En el último año, hay 16.400 mujeres menos trabajando y 15.200 mujeres en busca de trabajo. Entre los hombres, el número de ocupados ha aumentado en 22.900 personas y el número de parados ha disminuido en 2.600. La tasa de paro femenina ha subido del 7,3% al 9,5% y la de actividad se ha quedado en el 52,45% (60,88% para los hombres). Esto significa que casi la mitad de las mujeres no están incluidas en el mercado laboral, una de cada dos mujeres.

Además de las mujeres, los más afectados son los jóvenes y los migrantes. A pesar del descenso de la tasa de paro juvenil, el número de parados ha aumentado en 12.500 personas (debido al aumento del número de activos). La situación de los migrantes es aún más vulnerable. Estamos en plena brecha racista: la tasa de desempleo de los migrantes se ha elevado al 28,3%. Entre ellos, los hombres representan el 21% y las mujeres el 35,8%. Si se combinan los tres indicadores, las mujeres racializadas jóvenes son el grupo más vulnerable, evidenciando las problemáticas del sistema.

En cuanto a la evolución del desempleo en cada sector, en el último año ha aumentado en servicios (con un 16,91% de paro), y especialmente en la industria, donde el paro ha crecido un 31,53%. En el caso de la industria, hace tiempo que venimos viendo su declive. Y es especialmente preocupante por su impacto futuro. En nuestra sociedad hemos empezado a ver las consecuencias, con Maderas Llodio y Tubos Reunidos, que están en la defensa del empleo.

Estamos en un contexto cada vez más inestable, obligando a la clase trabajadora a permanecer en un espacio hostil. Ante esto, la lucha sindical debe ser la herramienta de respuesta. En un momento en el que el capitalismo se manifiesta sin máscaras, la patronal aparece en contra de la negociación del salario mínimo y los partidos que gestionan las instituciones también han mostrado su rechazo. Los datos muestran que la clase trabajadora es la más perjudicada en este encarecimiento constante de la vida. Hemos insistido en que solo los datos de desempleo no nos trasladan la fotografía del ámbito del empleo. Ya que los empleos precarios los encontramos en el día a día, y tener un empleo así no garantiza salir de la línea de pobreza.

Por todo ello, desde la convicción de la necesidad de la lucha sindical, vamos a llevar nuestras reivindicaciones principales a las calles. En el fondo, para hacer frente a este sistema capitalista heteropatriarcal y colonial exigimos, en primer lugar, un salario mínimo y una pensión para responder al encarecimiento de la vida. Fortalecer los servicios públicos para garantizar el derecho a la educación, a la salud o a los cuidados. Junto a ello, acabar con la especulación sobre la vivienda y defender la transición ecosocial y el empleo. Estamos en un camino que mejorará las condiciones de vida y de trabajo de toda la clase trabajadora.