El transportista J.R.M.M., trabajador de Transportes Etxetrans 2000, de 56 años y vecino de Lesaka, falleció ayer en Irun mientras cargaba su camión. En lo que llevamos de año ya han muerto 11 transportistas, muchos de ellos, al igual que este último, de un infarto. Con la de ayer, ya son 54 las muertes en el trabajo ocurridas en Euskal Herria desde inicio de año.
En el informe de siniestralidad de 2023 denunciábamos que, en general, el 33% de las muertes por accidente laboral son tipificados como no traumáticas. Entre las y los transportistas, las no traumáticas fueron el 75%. Los datos de los últimos años muestran esta tendencia, la incidencia de los accidentes no traumáticos en el transporte es mayor. Esto indica la incidencia directa de las condiciones de trabajo de las y los transportistas en los accidentes cardiovasculares, debido a la creciente precarización del sector.
El sector del transporte es uno de los que más sufre la lacra de la siniestralidad laboral. El año pasado fallecieron 10 transportistas por accidente laboral, y en lo que va de año ya se ha superado esa cifra. No nos cansaremos de denunciar que los accidentes laborales son consecuencia de las malas condiciones laborales y de la falta de prevención y medidas de seguridad.
Las condiciones de trabajo en el sector del transporte son muy precarias. Las largas jornadas laborales, el estrés, la presión, el bajo precio que paga por el transporte, las dificultades para alimentarse de forma sana debido a las condiciones de trabajo, el impacto de la edad, etc. Por eso decimos que la mayor parte de los accidentes laborales que se producen en el sector del transporte son perfectamente evitables, y que para ello sólo hace falta voluntad política para poner medidas que garanticen y respeten los derechos laborales de las y los transportistas, así como la implicación de todas las instituciones públicas y empresas.
Debemos acabar con la precariedad. Debemos acabar con la impunidad de la patronal. Las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado, de lo contrario serán cómplices de lo ocurrido.
¡No más accidentes laborales, ni en el sector del transporte ni en ningún otro!
Desde el sindicato LAB hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones que se vayan a convocar para denunciar esta última muerte en el trabajo.
La acampada de 24 horas iniciada ayer en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz por la publificación del servicio de ambulancias de la CAV ha terminado con una concentración. Aunque la tarde de ayer la Policía Municipal de Gasteiz nos ha obligado a suspender la acampada, la mañana de hoy se ha realizado el taller que estaba programado.
Comunicado que se ha leído en la movilización:
Para empezar queremos agradecer a todas y todos los que os habéis acercado a colaborar en esta lucha, tanto hoy como a las convocatorias de ayer, hasta que, bajo el mandato del PNV, la policía nos obligó a recogerlo todo.
Desde LAB nos hemos visto obligadas a hacer esta acampada para denunciar la insostenible situación del sector de las ambulancias en la CAV que entendemos que es crítica. La gestión privada nos ha llevado a ello y exigimos que este servicio esencial se haga público. No sólo tenemos la falta de material, las bajas sin cubrir y el impago o retraso de nóminas constantemente, sino también unas condiciones laborales que no respetan los derechos fundamentales de las y los trabajadores, como no respetar los descansos reglamentarios en los calendarios laborales, no tener uniformes, contratos fraudulentos, etc. Esta precarización, además de afectar a quienes trabajamos aquí, incide directamente en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
El resultado es un servicio lleno de lagunas: retrasos, descoordinación y en los casos más graves, pacientes que no pueden acudir a los tratamientos o urgencias que no reciben atención lo suficientemente rápido. Esto es inaceptable para un servicio que debe garantizar la salud y la seguridad de las personas.
El ejemplo más reciente lo tenemos en el caso de Araba y Bizkaia, gestionado por Grup La Pau: una empresa con deudas con sus trabajadores y trabajadoras, que no reúne los requisitos mínimos para ofrecer un servicio de calidad y que ofrece un servicio deficiente tanto a trabajadoras y trabajadores como a la ciudadanía. Sabemos que el Gobierno Vasco le va a quitar la concesión, pero las noticias nos llegan a través de la prensa. Mientras tanto, el personal sigue en la incertidumbre y sin una respuesta clara por parte de las autoridades.
Ayer iniciamos la acampada con diversas movilizaciones y acciones solidarias con total normalidad y alta participación, pero sobre las seis de la tarde, el PNV mandó a la policía a sacarnos de allí. Entonces, nos obligaron a levantar la acampada mientras hacíamos la chocolatada solidaria. En lugar de atender nuestras peticiones de reunión y buscar soluciones, prefieren mandar a la policía y callar nuestras reivindicaciones.
Pero que quede claro: ¡no nos callarán! Esta lucha continúa, y nuestras exigencias son firmes. El Gobierno Vasco debe asumir la responsabilidad que tiene, pagar sus deudas con los y las trabajadoras y poner fin a la privatización de un servicio esencial. Hoy más que nunca reclamamos un servicio público y digno para todos.
En opinión de LAB, las medidas propuestas por las Diputaciones no responden a la reforma fiscal que necesita Euskal Herria.
La fiscalidad es una herramienta fundamental para un reparto justo de la riqueza, pero para eso hay que gravar a los ricos y a las rentas del capital. Hoy, somos la clase trabajadora quienes vía rentas del trabajo realizamos la mayor aportación a la recaudación fiscal.
La necesidad de una reforma de calado en la política fiscal es una demanda apoyada de manera mayoritaria puesto que el modelo actual es profundamente injusto. Tras declaraciones políticas que han ido perdiendo fuelle, el acuerdo entre PNV y PSE que se trasladó en forma de propuesta ayer a las diputaciones no contiene más que pequeños fuegos de artificio. Esta no es la reforma fiscal que pide y necesita la clase trabajadora vasca.
Como desde el sindicato analizamos en la publicación Ikusmiran 15, la fiscalidad actual está hecha a medida de la patronal. Y para poder impulsar los servicios públicos –en ámbitos como sanidad, educación, cuidados o vivienda– y garantizar el liderazgo público necesario para afrontar la transición ecosocial, necesitamos que se graven los beneficios empresariales y las rentas del capital, incrementando la progresividad.
El debate de la fiscalidad no puede quedarse en el ámbito institucional y el acuerdo entre partidos. El CEO de Repsol Josu Jon Imaz es consciente de ello, igual que Lopez Atxurra o Garamendi, que ejercen su presión, chantaje y amenazas para evitar una fiscalidad que les haga aportar a las arcas públicas una parte mayor de sus vergonzosos beneficios. Es imprescindible el debate y la presión social para evitar que, una vez más, el Gobierno de Gasteiz y las diputaciones cierren en falso el debate y mantengan los privilegiosde la patronal.
Para LAB, son fundamentales tres medidas:
– En el IRPF, un tipo único para las rentas de capital y trabajo y la elevación del tipo máximo al 60%. No puede ser que las y los trabajadores declaremos más que las empresas.
– En el Impuesto de Sociedades, supresión de todas las deducciones e incentivos fiscales y establecimiento de un tipo nominal del 35% para que los beneficios empresariales aporten a la sociedad.
– Un recargo a las rentas de capital de entre el 1 y el 10%.
El fallecido era autónomo y trabajador subcontratado, un patrón que se repite una y otra vez. Con el de hoy, son al menos 53 las y los trabajadores muertos en Euskal Herria desde inicio de año, y 10 de estas muertes se deben a caídas desde altura.
Hoy, a las 9:30 de la mañana, en el Café Bar La Parada de Bilbao, situado en la Plaza Circular, el trabajador G.V.M., de 55 años y que se encontraba limpiando cristales, ha caído desde una altura de 3 metros y ha fallecido en el acto. Antes que nada, el sindicato LAB quiere mostrar toda su solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador fallecido.
Un nuevo drama. Otro trabajador ha fallecido en un accidente laboral evitable. Con esta muerte, ya son 53 las y los trabajadores fallecidos por accidente laboral en lo que va de año en Euskal Herria. En más de una ocasión hemos reivindicado que la normativa de salud laboral de las y los trabajadores autónomos garantice su protección, y en este caso, además, es así, ya que la contrata debe hacer cumplir las medidas preventivas para que se pueda trabajar en su centro de trabajo. Pero la falta de control de los gobiernos, la dejadez criminal de la patronal y la falta de garantías que provoca la precariedad crean una situación perfecta para que una y otra vez se produzcan accidentes mortales como éste. Este accidente no es casual, sino producto de causas concretas.
En los últimos 10 años, en Euskal Herria, al menos 81 trabajadoras y trabajadores han muerto por caídas de altura, la mayoría en el sector de la construcción. Representan más del 12,5% de las muertes laborales y la principal causa de muerte laboral en el sector de la construcción. Con la de hoy, son 10 las muertes en el trabajo que en lo que va de año debido a caídas de altura. Hay que destacar que la precariedad que se da en el sector de la limpieza es un obstáculo importante para la adopción de medidas de seguridad en el trabajo, a veces hasta causar la muerte.
Hay que acabar con la impunidad de la patronal. Hay que acabar con el debate interesado y falso sobre el absentismo laboral. ¿Cómo es posible que, casi 30 años después de la entrada en vigor de la normativa de salud laboral, continuemos con estas tasas de mortalidad por caídas de altura? La falta de prevención que corresponde a las empresas es la verdadera lacra del absentismo, la patronal y las instituciones que nos enferman y nos matan, para luego criminalizarnos.
El sindicato LAB llama a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo para denunciar este accidente laboral.
Ha pasado cerca de un año desde que la negociación del convenio de hostelería de Araba se bloqueó por la última propuesta de la patronal definida como “propuesta final”. En LAB consideramos que esta era insuficiente, ya que empeoraba muy notablemente las condiciones laborales de los y las trabajadoras del sector.
Tras este parón, hace unas semanas los sindicatos con representación en la mesa de negociación nos reunimos para intentar dar una salida a este convenio y obligar a la patronal a que se sentase a negociar. LAB propuso acordar un calendario conjunto de movilizaciones sin modificar las plataformas de los diferentes sindicatos. Después de que LAB planteara varias veces la opción de movilizaciones conjuntas, ELA, CCOO y UGT presentaron una plataforma conjunta en la que únicamente recogían tres puntos: Salario (IPC), inclusión de camareras de piso y riders y una reducción de jornada anual a 37,5 horas.
LAB rechaza firmemente la propuesta del resto de sindicatos porque deja por el camino puntos muy importantes como las jornadas mínimas, la aplicación de un futuro convenio para colectividades y la inclusión en la funcionalidad del convenio las grandes cadenas y marcas. Además, LAB no entiende por qué se han propuesto contenidos mínimos en la nueva plataforma sin haber realizar antes un ciclo de movilizaciones.
En este contexto, el pasado 25 de octubre se celebró una nueva reunión de la mesa negociadora en la cual, la patronal presentó una nueva plataforma de la cual se desprende lo siguiente:
• Pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadoras al no garantizar el IPC.
• Modificar el complemento de la Incapacidad Temporal: Pasar a cobrar el 100% desde el día número 31 en vez desde el primer día, tal y como está recogido actualmente en el convenio.
• Disminución de dos horas de la jornada anual.
Además, en la propuesta no se recoge nada referido a colectividades, jornadas mínimas y grandes cadenas y marcas. Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT son precisamente los que crearon el convenio estatal de grandes cadenas y marcas para excluir a estas personas trabajadoras, aplicándoles condiciones muchos peores, tal y como hicieron en su día con las colectividades. La plataforma planteada por ELA, CCOO y UGT garantiza la estatalización.
El sindicato LAB tiene claro que las condiciones laborales se negocian aquí y que no va a aceptar de ninguna de las maneras que se empeoren las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la hostelería de Araba. Por eso, se movilizará el próximo día 13 de noviembre a las 10:00 frente a la sede de la patronal alavesa SEA.
Nos hemos movilizado en Gasteiz, ante la sede del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), unificando las reivindicaciones de los y las trabajadoras de los sectores de cuidados privatizados y de las del ente foral.
En su lucha por un sistema público y comunitario de cuidados y para profundizar en la lucha por la publificación de los sectores de cuidado que están privatizados, el sindicato LAB empleará las negociaciones colectivas de estos sectores privatizados para promover procesos de equiparación.
A finales de este año se iniciarán las negociaciones del IV Convenio de Intervención Social de Araba y del II Convenio Sectorial de centros de atención a personas con discapacidad, y LAB reivindicará, en ambas mesas negociadoras, la equiparación de estos sectores con las condiciones del IFBS de Araba.
Para hacer frente a la precarización en los sectores de cuidados que están privatizados, vemos inevitable poner sobre la mesa la propuesta sindical y política de equiparación. LAB reivindica que las trabajadoras de cuidados privatizados son empleadas públicas y apuesta, inevitablemente, por superar las profundas brechas entre lo público y lo privado. Estamos en la lucha por fortalecer el sistema público, y LAB exige la publificación de estos sectores privatizados para fortalecer el sistema público.
En los procesos de negociación de estos sectores de cuidados privatizados que se abren en Araba, la propuesta de LAB se basará en la equiparación del salario y de la jornada laboral. Por lo tanto, estos dos aspectos serán la base de la lucha que vamos a llevar a cabo. Durante las negociaciones de los convenios, la intención de LAB será, además de garantizar la capacidad adquisitiva de las trabajadoras del sector, dar pasos importantes en la equiparación con las condiciones de la plantilla del IFBS.
En cuanto a las actuales diferencias, queremos compartir los siguientes datos:
• El personal que trabaja en la categoría superior de los sectores privados cobra 35.429 euros anuales. En cambio, el personal de categorías similares de administración pública cobra 67.213,10 euros anuales. La diferencia es del 89,7%, 31.783 euros anuales.
• En cuanto a las categorías inferiores, en los sectores privados cobran 22.329 euros anuales. Por el contrario, el personal de categorías similares de administración pública cobra 28.208 euros anuales. La diferencia es del 26,6%, 5.880 euros anuales.
• Podemos señalar que, entre los sectores público y privado, la diferencia salarial media es del 51%. Por tanto, las trabajadoras de los sectores privados cobran una media de 15.534 euros menos al año.
• Además de la diferencia salarial, los sectores privados regulan alrededor de 100 horas más de jornada anual en comparación con el IFBS, aunque en ambas áreas, pública y privada, se realice el mismo trabajo.
La existencia de condiciones laborales diferentes por el mismo trabajo es culpa de las administraciones públicas. Diputaciones, ayuntamientos y Gobierno Vasco llevan a cabo políticas privatizadoras. El modelo neoliberal del PNV-PSE es, por tanto, responsable de la miseria de las trabajadoras del sector de cuidados. Por eso interpelamos a la Diputación de Araba para que reduzca la brecha en las condiciones laborales e iguale las condiciones laborales.
Si no hay cambios en la gestión de los servicios sociales en Araba, tanto en el sector público como en el privado, se mantendrá el declive de los servicios públicos. El PNV está empeñado en el viejo modelo mercantilista de privatizar los cuidados al que nos tiene acostumbradas, impulsando un modelo precarizador de los cuidados y apostando claramente por la privatización.
Con la intención de convertir al Ente Foral en un mero aparato burocrático-administrativo, o en un mero contratista de servicios privados, por un lado, aunque se generen más plazas y servicios de cuidados, la gestión de los mismos se cede a terceros, a empresas cuyo objetivo es aumentar los beneficios económicos, al margen de la responsabilidad de las administraciones con el cuidado de las personas. Por otro lado, no se tienen en cuenta los servicios forales de atención residencial y de día, se olvidan de las profesionales de atención directa y de la sobrecarga de trabajo que sufrimos.
Para hacer frente a este declive de los servicios públicos son imprescindibles, entre otros, el aumento y estabilización de la plantilla del IFBS y la actualización de la negociación del acuerdo regulador de sus condiciones de trabajo.
Las representantes de LAB del IFBS, del sector de Intervención Social y del sector de centros de atención a personas con diversidad funcional se hemos unido para terminar con el negocio de cuidados y exigir que la Diputación de Araba asuma su responsabilidad en esta situación.
Que den los pasos necesarios y asuman los compromisos que se deben adquirir para reforzar el sistema público de cuidados, cuidando y reforzando lo público y comprometiéndose con las trabajadoras privatizadas a la equiparación. Porque el cuidado no es un negocio, es un derecho.
Desde el mediodía de hoy y hasta el martes, estamos realizando una acampada 24 horas en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz. Con esta iniciativa, queremos hacer un llamamiento al Gobierno Vasco para que dé marcha atrás en el camino de la privatización hasta ahora y emprenda la publificación del servicio de ambulancias sin esquivar su responsabilidad. La acampada finalizará mañana martes con una movilización a las 12:30 horas.
El sindicato LAB reitera su compromiso de lucha y movilización para hacer público el servicio de ambulancias en la CAV, un servicio esencial gravemente afectado por la gestión privada y la subcontratación. Aunque ayer, las empresas que al parecer van a asumir el servicio pagaron las nóminas de octubre, lo hicieron tarde y sin pagar el resto de deudas con las y los trabajadores. Esta situación refuerza la convicción de LAB de que el cambio de empresa no solucionará el problema estructural.
Tras meses de impagos y empeoramiento de las condiciones laborales, LAB ve más necesario que nunca salir a la calle y la necesidad de mantener la lucha. La situación exige soluciones reales y urgentes y tenemos el convencimiento de que el actual modelo de gestión privada es insostenible. El Gobierno Vasco sigue apostando por un modelo que solo ha supuesto precariedad para las y los trabajadores y un mal servicio a la ciudadanía.
Ahora, más que nunca, es el momento de decir basta al fallido modelo de subcontratación y garantizar un servicio esencial y digno y unas condiciones laborales adecuadas. Desde LAB pedimos al Gobierno Vasco que actúe con responsabilidad, pague todas las deudas que tengan con las y los trabajadores y acabe con la privatización del servicio de ambulancias.
Un programa lleno de actividades
La acampada ha comenzado con una concentración y una presentación. Además, se realizarán 3 talleres a las 16:00 horas (Reanimación cardio pulmonar, dibujo y elaboración de pancartas), chocolatada y reparto de propaganda a las 19:00 horas y música en directo a las 22:00 horas.
También habrá actividades el 12 de noviembre. Así, a las 9:00 horas, habrá un desayuno solidario con Valencia y a las 10:00 horas realizarán un taller de reanimación cardiopulmonar.
LAB anima a toda la ciudadanía a participar en la iniciativa y mostrar su apoyo a las y los trabajadores de ambulancias y a las reivindicaciones a favor de la publificación del servicio.
Fijar un salario mínimo de 1.600 euros garantizaría una vida digna a 210.000 trabajadoras y trabajadores de la CAV.
La normativa sobre relaciones laborales de las personas trabajadoras de Hego Euskal Herria se decide en Madri. Es allí donde se determinan las condiciones de la negociación colectiva, así como los derechos mínimos de todos y todas las trabajadoras, entre ellos el Salario Mínimo Interprofesional. Para las personas trabajadoras de Euskal Herria es urgente dar pasos en la construcción de un marco propio de relaciones laborales y protección social, consiguiendo nuevas competencias, pero también derechos y mejoras que se puedan adquirir en el marco de las actualmente existentes. La clase trabajadora vasca necesita urgentemente un Salario Mínimo Interprofesional propio y hoy en día, con las competencias actuales, existen fórmulas jurídicas para conseguirlo.
Trasladando la necesidad de un salario mínimo propio al ámbito de la CAV, queremos destacar la responsabilidad de Confebask, ya que es a a ésta a quien le corresponde acordar un salario mínimo que mejore la calidad de trabajo y vida de miles de trabajadoras y trabajadores en la CAV.
Por otro lado, también queremos interpelar al Gobierno Vasco. El consejero de Economía, Trabajo y Empleo ha reconocido que necesitamos un salario mínimo propio en la CAV, lo que es una noticia positiva para la clase trabajadora de la CAV. Pero además de dicho reconocimiento, necesitamos pasos concretos en la misma dirección. Le corresponde al Gobierno Vasco reclamar a la patronal que suscriba un acuerdo así. Asimismo, a medio plazo, seguiremos apostando por un nuevo marco jurídico que nos permita decidir en materia de salario mínimo, empleo y protección social.
Los y las trabajadoras necesitamos un salario mínimo de 1.600 euros
Actualmente, el salario mínimo establecido en Hego Euskal Herria es totalmente insuficiente para hacer frente al coste de la vida. Necesitamos un salario mínimo propio. Si se atiende a la recomendación de la Carta Social Europea, debería ser al menos el 60% del salario medio, es decir, 1.600 euros brutos en 14 pagas.
En la actualidad, en la CAV hay al menos 210.000 personas trabajadoras, un cuarto de la población asalariada, que reciben salarios inferiores a los 1.600 euros, y 6 de cada 10 de éstas son mujeres*. Es decir, un cuarto del total de las personas asalariadas no tiene un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y entre éstas la mayoría son mujeres. Según vayamos bajando en los deciles de salario, la presencia de las mujeres* va en aumento.
Un acuerdo de estas características supondría, por tanto, una mejora salarial para muchas personas trabajadoras de la CAV, lo que permitiría reducir las brechas salariales (por sexo-genero, edad u origen y racialización). ¿A quién mejoraría el sueldo un acuerdo de dichas características?
– Al 28% de las mujeres*.
– En lo que respecta a las personas migradas y racializadas, no se puede calcular la cantidad exacto, pero afectaría a un porcentaje altísimo. Como dato, la media de salarios de los y las trabajadoras con nacionalidad de fuera del Estado español stá por debajo de los 1.600 euros (el salario medio anual es de 21.700, mientras que si tuvieran un salario mensual de 1.600 euros su salario anual sería de 22.400 euros).
– El acuerdo afectaría al 42% de la juventud.
Principalmente afectaría a los y las trabajadoras de los sectores de servicios y, de forma muy significativa, a las personas trabajadoras del sector agropecuario. Sin embargo, hoy nos gustaría subrayar que una medida de este tipo afectaría a diferentes categorías de todos los sectores, ya que sería una medida muy transversal.
Un acuerdo así es posible, jurídica y económicamente, si hay voluntad
Jurídicamente es posible. Se aplicaría a todas las personas trabajadoras que desarrollen sus relaciones laborales en la CAV, a través de un acuerdo en materia concreta según el artículo 83.3 del Estatuto de los trabajadores.
Por otro, las empresas tienen medios suficientes para elevar los salarios de las y los trabajadores más precarizados. Hay suficiente riqueza y ésta se reparte de forma cada vez más desigual. La dignificación de los salarios, junto con la política fiscal, es una clave principal para el reparto de la riqueza. Confebask no puede renunciar a mejorar los salarios, es una cuestión de justicia social.
Hoy estamos compareciendo con trabajadoras de sectores a los que les afectará de forma importante un acuerdo para establecer un salario mínimo de 1.600 euros. Sectores feminizados en su mayoría, muchos necesarios para sostener la vida: hostelería, grandes almacenes, trabajadoras de hogar, de telemárketing, limpieza, comercio de alimentos, residencias de personas mayores, peluquerías, ayuda a domicilio, centros especiales de empleo y metalurgia.
Hoy queremos reivindicar la legitimidad y la necesidad de establecer un salario mínimo en la CAV. No es legítimo que haya sueldos por debajo de los 1.600 euros, ya que no garantizan una vida digna. LAB pondrá todo su empeño en que ese acuerdo se materialice. Movilizando a los y las trabajadoras, trabajando para que el resto de fuerzas sindicales se sumen a esta lucha, y también buscando marcos de negociación para que el acuerdo de materia concreta se materialice.
Esta mañana, A.S.O., de 57 años, ha fallecido en un accidente no traumático en la empresa Aceralava de Amurrio, perteneciente al grupo Tubacex. El fallecido era trabajador de la empresa Construcciones Jagoba Zamalloa S.L. Con la de hoy, son al menos 52 las muertes en el trabajo ocurridas en Euskal Herria desde principios de año. LAB quiere mostrar su solidaridad con familiares, personas allegadas y compañeros y compañeras del fallecido.
En esta última muerte laboral han coincidido dos características que podemos encontrar en muchas muertes laborales. Por un lado, se trataba de un trabajador de una subcontrata y, por otro, ha sufrido un accidente no traumático.
Además, esta muerte se ha producido al día siguiente de las jornadas sobre absentismo organizadas por la patronal Confebask, lo que no hace más que ratificarnos cuando denunciamos que para la patronal, la salud y la seguridad en el trabajo no son prioritaras, no da importancia a la prevención y le sale gratis incumplir la normativa.
Por último, seguiremos trabajando para esclarecer los hechos ocurridos en este accidente no traumático.
