Al hilo de los hechos de Marcilla, donde ha habido graves problemas de convivencia en torno a algunas y algunos menores del Centro de Observación y Acogida (COA) de la localidad, cuya titularidad es del Gobierno de Nafarroa, el sindicato LAB responsabiliza a este mismo por la situación en que tiene el sector de la Intervención Social en Navarra. LAB opina que lo ocurrido en Marcilla es un ejemplo del colapso del sistema de Intervención Social puesto que en ese centro se hacinaban más de cien menores aunque estaba diseñado para cuarenta.
Con respecto al caso de Marcilla, LAB quiere pedir a la sociedad en general que no se criminalice a las personas usuarias que atiende el sector de la Intervención Social, cuyas circunstancias personales ya son lo suficientemente complicadas; y exige a las administraciones públicas en particular que asuman su responsabilidad en la gestión y seguimiento de los servicios públicos que subcontratan.
Además, LAB quiere dejar claro que este tipo de situaciones no hacen más que aumentar el racismo en toda la sociedad y que la mejor receta para que la extrema derecha no siga creciendo y captando adeptos es el fortalecimiento de los servicios públicos, tanto los que ya están en la administración como los que actualmente están privatizados, los cuales deberían ser de gestión directa.
A raíz del asesinato de una trabajadora del sector que ocurrió en marzo en Badajoz (España), LAB ha detectado una mayor sensibilidad e interés por la labor de los trabajadores y trabajadoras de Intervención Social, pero situaciones de agresiones de todo tipo ocurren diariamente y a ellas se exponen las trabajadoras del sector cada vez que acuden a su puesto de trabajo también en Euskal Herria.
En primer lugar, hay que remarcar que no se trata de un problema que afecte exclusivamente al sistema de protección de menores, sino al ámbito de la Intervención Social en su conjunto. Y esto es algo que LAB quiere dejar claro.
El sistema está colapsado y obsoleto
En el sector se atiende a personas adultas en situación de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género (física, psicológica o sexual), personas perceptoras de Ingreso Mínimo Vital y Renta Garantizada, personas con enfermedades mentales y/o discapacidades, personas con adicciones de todo tipo, cumplimiento de medidas judiciales y cualquier otro colectivo en situación de vulnerabilidad –de la que, no olvidemos, nadie está a salvo, ya que cualquier persona puede verse en alguna de estas situaciones en un momento de su vida– y, desde luego, el colectivo más desprotegido y vulnerable que es el de las y los menores.
El sistema público tiene la obligación de proteger a estas personas y a las trabajadoras que las atienden, pero este se encuentra absolutamente colapsado y obsoleto, por lo que es imposible que el sistema ofrezca respuestas adecuadas a las necesidades de unas y otras. Las trabajadoras de este sector se enfrentan a riesgos laborales que las empresas privadas y las instituciones públicas dan por hecho que forman parte del desarrollo de su labor profesional, y con esta percepción por parte de las empresas no se tiene en cuenta ni se valora su integridad física, psicológica y, lo que es más grave, su profesionalidad y dedicación a los colectivos con los que trabajan.
El Gobierno de Nafarroa debiera proporcionar el reconocimiento que merecen con hechos cuantitativos y cualitativos, como, por ejemplo, el desbloqueo definitivo de los convenios tanto de Acción e Intervención Social de Navarra como el de la Fundación Gizain, y trabajar de manera conjunta con las profesionales del sector para llegar a la dignificación definitiva de sus condiciones laborales y la publificación de los servicios. Esta publificación y, por tanto, el control institucional de estos servicios regulados en cartera de Derechos Sociales, ayudaría a que en todos los recursos de atención a los diferentes colectivos se pudiera llevar a cabo la misma línea de trabajo, que concluiría en una intervención de mucha más calidad. Es decir, habría un fortalecimiento y mejora de los servicios públicos de atención directa.
De igual manera, tanto para la dignificación de la profesión como para una correcta atención de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, LAB exige al Gobierno de Nafarroa que revise y adapte los perfiles actuales de las personas usuarias en los pliegos establecidos en aspectos como espacios de trabajo de los diferentes recursos, ratios (los cuales actualmente son irrisorios y requiere de un mayor número de personas trabajadoras) y creación de nuevos recursos y centros, adaptados a los perfiles en cada momento de las personas usuarias a las que atendemos y a sus necesidades. Para eso, es necesario un constante seguimiento por parte del Departamento de Derechos Sociales y una verdadera intencionalidad por parte de las instituciones públicas para incrementar las partidas presupuestarias cuando se requiera y sea necesario de forma extraordinaria como se ha realizado en otros ámbitos profesionales.
En cuanto a la formación de las y los profesionales, es de vital importancia la implantación del grado de Educación Social en la Universidad Pública de Navarra de forma presencial. Ya que resulta cuanto menos llamativo que se les exija a las trabajadoras una formación continua especializada, pero que al mismo tiempo no haya voluntad por parte del Gobierno de Nafarroa de instaurar un grado académico universitario específico que forme profesionales de la Educación Social.
A largo plazo, los trabajadores y trabajadoras de Intervención Social demandan ser parte activa en reformular el modelo de gestión de este sector, porque son las plantillas las que más información tienen al respecto y las que están más cualificadas. En ese sentido, es un error por parte de la administración, responsable de todo el sector, que no las tenga en cuenta y que no utilice su experiencia para buscar soluciones que beneficien a las personas usuarias y a las personas trabajadoras.
