No hace ni un año desde que el Diputado Foral de Políticas Sociales anunciase, dentro de un proceso de modernización de la estructura organizativa de los servicios sociales forales, la creación de una Área específica de atención a las víctimas de violencia machista.
No hace ni seis meses desde que la persona encargada de dirigir esta nueva Área tomase posesión de su cargo. Y ya empiezan a ver los resultados, aunque no son los deseados.
LAB denuncia que una de las primeras decisiones de esta nueva Subdirección Técnica del Área de Inclusión Social y Violencia Machista ha sido recortar un 30% el presupuesto para uno de los servicios que gestiona su área, el CARME, servicio de alojamiento temporal que atiende a mujeres* víctimas de violencia machista en situación de desprotección, recorte que puede poner en riesgo tanto la atención prestada en el servicio, así como al equipo educativo que lo atiende.
Esta decisión ahonda en y consolida un modelo de gestión de los servicios sociales, en concreto de los servicios de atención a mujeres* que han sufrido violencia machista, absolutamente insuficiente y que excede de la situación que se está presentando en el servicio mencionado.
Ejemplo de esta insuficiencia es que el equipo de gobierno formado por PNV y PSE prefiere abonar estancias en hoteles antes que aumentar los servicios de alojamiento forales destinados atender a mujeres* que sufren violencia machista.
Por ello, LAB denuncia la negligencia de este modelo, que perpetúa la violencia hacia las mujeres*, no dotando los servicios de recursos suficientes y, por lo tanto, impidiendo que las necesidades de éstas sean atendidas. El modelo de cuidados del PNV y el PSE pasa por atender de forma negligente las necesidades de las mujeres* que sufren violencia machista en Araba.
LAB denuncia y se opone también a este modelo, basado en la privatización y con ello en la precarización de las trabajadoras que atienden estos servicios. Las trabajadoras de intervención social son trabajadoras publicas.
En este sentido, LAB exige una explicación sobre este recorte, por qué se ha realizado, a dónde irá ese dinero que entiende que estaba presupuestado de antemano, en qué sentido afectará al servicio y las mujeres* que lo vayan a necesitar y cuáles son las consecuencias sobre el personal contratado para su prestación.
LAB exige, una vez más, un sistema público de cuidados que ponga las vidas en el centro, en este caso, las vidas de las mujeres* que han sufrido violencia machista y de las trabajadoras que las atienden. Por tanto, exige a la Diputación Foral de Araba compromiso y políticas feministas, para que el territorio histórico de Araba cuente con recursos públicos suficientes para combatir la estructural violencia hacia las mujeres*.