El miércoles 28 de octubre se cerró sin acuerdo el periodo de negociación sobre el ERTE que Tubos Reunidos Industrial quiere aplicar a 686 trabajadores y trabajadoras por un periodo de 8 meses, empezando el 1 de noviembre. La aplicación es de un 66% de las jornadas en la mayoría de departamentos y un 39% en uno en concreto. Casualmente la dirección, una vez más, se queda fuera de la aplicación.
En la memoria explicativa que la dirección nos ha entregado como documentación necesaria, habla de un plan de viabilidad en el que se mencionan reestructuraciones, entre otras medidas. Este plan dicen que lo van a terminar para final de año, a pesar de que el nuevo presidente del grupo lleva ya unos cuantos meses al mando de la empresa. Desde LAB no entendemos cómo la dirección puede tomar medidas tan severas como un ERTE con esa incidencia tan alta, cuando no tiene elaborado el plan de viabilidad.
En 2008, los accionistas, en una maniobra de ingeniería financiera, endeudaron a la empresa para repartirse 170 millones de euros, aumentando la deuda de 35 a 200 millones de euros. Desde entonces, este ERTE es el octavo que se nos aplica a la plantilla y a esto habría que sumarle que tenemos el convenio caducado desde diciembre del 2016, a pesar de que el presidente del Grupo Tubos Reunidos hable de descartar medidas traumáticas, como si hasta la fecha no las hubiéramos conocido. Más si cabe cuando sus variables de retribución están ligadas a reducir costes.
Curiosamente, cuando nos llevan diciendo cuatro años que no tienen posibilidades de negociar nada que aumente los costes, nos presentan una propuesta de acuerdo para este último ERTE que asciende a más de 3 millones de euros y sin ningún tipo de garantía de empleo.
A esta propuesta le vemos una clara intencionalidad de comprarnos la firma del acuerdo para avalar las razones y las posibles reestructuraciones de las que habla la documentación presentada.
