A convocatoria del sindicato LAB, trabajadores y trabajadoras de Intervención Social de Navarra han realizado una serie de paros y movilizaciones para que la patronal del sector y el Gobierno de Navarra cambien sus posiciones y, por tanto, desbloqueen las negociaciones del primer convenio de Navarra. Las alumnas de la Escuela de Educadoras de Pamplona también han llevado a cabo una huelga en solidaridad con el personal de Intervención Social.

En Intervención Social se atienden los distintos centros y servicios públicos de atención a menores, familia, mujeres víctimas de violencia machista, personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, personas migrantes, personas en situación de desempleo, etc. Pero la situación de los trabajadores y trabajadoras de esos servicios es muy precaria. En ese sentido, cabe señalar, por ejemplo, que las 2.000 trabajadoras de los servicios de Intervención Social en Navarra llevan más de 10 años sin ver actualizados sus sueldos. La subida del 12% del IPC durante estos años y la congelación salarial padecida, han hecho perder a cada trabajadora más de 15.000€ en poder adquisitivo.

Con el objetivo de hacer frente a esta sangría económica y de dotar de una regulación laboral al sector de Intervención Social, se iniciaron las negociaciones con la patronal ANEIS en abril de 2019, donde el Gobierno de Navarra está presente como observador. Pero el papel que está jugando el Ejecutivo en esta negociación está resultando nefasto. Aunque en la anterior legislatura adoptaron el compromiso de financiar el convenio, el Gobierno liderado por María Chivite se está negando por activa y por pasiva a hacerlo. Con lo fácil que lo tiene un partido llamado socialista, han decidido pasar a la historia como quienes intentaron frustrar la negociación.

La patronal tampoco se ha quedado corta y se ha parapetado tras el Gobierno para no asumir su responsabilidad, poniendo encima de la mesa exigencias que no existen en ningún otro convenio sectorial del sector, ni provincial ni estatal. Las mismas empresas que durante años han privatizado dinero público en formato de beneficios multimillonarios, que han permitido a sus directores subirse el sueldo sin ningún escrúpulo, dotarse de patrimonio y fondos propios, mientras tienen a sus plantillas en una situación insostenible.

El sindicato LAB ha constatado que existe un bloqueo absoluto en la negociación del primer convenio y lo achaca a la actitud irresponsable del tándem formado por Gobierno y patronal. Por ello, hemos dado un paso al frente en los centros de trabajo y en las calles, para que se garantice nuestro futuro, se atiendan nuestras demandas y se dignifique el sector de una vez por todas. Tenemos mucho que reclamar y, sobre todo, mucho por mejorar. Con unidad, optimismo, organización y lucha, no tenemos ninguna duda de que lo conseguiremos.

Cualquiera de nosotras, en algún momento de su vida puede ser una persona usuaria de estos servicios sociales, y a todo el mundo en esa situación nos gustaría estar bien atendidos y que quienes nos cuidasen también lo estuvieran. Por desgracia, la privatización, no solo ha transformado el dinero público en beneficios privados, sino que además, atenta directamente contra la calidad de los servicios, las condiciones laborales y la dignidad de las personas usuarias y trabajadoras.