2026-05-13
Blog Página 521

Hemos reivindicado un convenio digno para el sector vinícola de Araba

Este es el comunicado de los sindicatos LAB, UGT, CCOO y ELA con motivo de la movilización realizada hoy en Gasteiz:

Alrededor del mundo del vino se ha proyectado una imagen idílica basada en varios aspectos: Una localización privilegiada (Rioja Alavesa), su propio paisaje (patrimonio de la humanidad UNESCO), reconocimiento de sus caldos tanto a nivel nacional e internacional, proyectos fastuosos y multimillonarios de la mano de arquitectos de fama mundial (Frank Gehry, Santiago Calatrava…).

Esta imagen de riqueza y fastuosidad se contradice con la realidad que sufren y padecen los trabajadores y trabajadoras del sector.

Desde diciembre de 2018 la Mesa Negociadora del Convenio Vinícola de Araba veníamos trabajando para un Convenio de tres años, 2019-2020-2021. En marzo de este año, lógicamente, la negociación se paró y la retomamos en julio. La parte social, como corresponde, volvimos a relizar una propuesta: Cerrar la negociación con los temas sociales que teníamos acordados hasta el momento, subida salarial para el 2019 de un 2% y acordar las subidas del 2020 y 2021 después de vendimias.

La respuesta del SEA fue que no podía asumir esa propuesta aludiendo en todo momento a la incertidumbre que supuestamente está azotando el sector y nos emplazaba a seguir con la negociación en septiembre.

Desde la parte social estamos viendo día tras día en los centros de trabajo, no sólo que no haya disminuido el trabajo, sino que ha aumentado (sobre todo en las grandes bodegas) teniendo cada vez más presión cada trabajador o trabajadora por este motivo.

Por eso hoy y aquí, con esta concentración, queremos reivindicar nuestro derecho a un Convenio digno para el Sector de Vinícolas de Alava.

El pasado lunes, 26 de octubre, el SEA nos convocó a la Mesa de Negociación para la próxima semana, no sabemos con qué intención.

Dependiendo de cómo transcurra dicha reunión, las movilizaciones se irán incrementando.

Seguimos sin convocatoria de mesa negociadora en Haurreskolak

Los sindicatos LAB, STEILAS y ELA queremos denunciar que todavía no se ha llevado a cabo la mesa negociadora del Consorcio Haurreskolak que llevamos solicitando desde el principio de curso.

De hecho, tras la rueda de prensa celebrada la semana pasada en la que anunciábamos movilizaciones, la gerente del Consorcio Haurreskolak, Zorione Etxezarraga, con el objeti- vo de evitar las protestas de las trabajadoras, nos convocó ayer a una reunión, como si fuera una mesa negociadora, en la que una vez más no ha comparecido nadie en repre- sentación del Departamento de Educación.

Ante esta actuación, ayer le dejamos claro a la gerente del Consorcio Haurreskolak, que los sindicatos LAB, STEILAS y ELA exigimos que ponga en marcha una negociación real y que, para ello, es requisito indispensable la presencia del Departamento de Educación. No existe ninguna excusa para seguir perdiendo tiempo. Las decisiones unilaterales adop- tadas en este curso por la Gerente ponen en riesgo los derechos de las trabajadoras y el propio proyecto educativo de las Haurreskolak y, por ese motivo, es urgente poner en marcha una negociación sobre los temas que realmente afectan al futuro laboral y profe- sional de las compañeras.

Mientras tanto, desde el 8 de septiembre, día en el que Jokin Bildarratz se hizo cargo de la Consejera de Educación, todavía no se nos ha comunicado quién representará al De- partamento de Educación en nuestras mesas negociadoras. Nos parece vergonzosa la irresponsabilidad que muestra el Gobierno Vasco respecto al Consorcio Haurreskolak.

Por todo ello, hoy, día en el que se celebra la Junta Directiva del Consorcio Haurreskolak, les exigimos a ZORIONE Etxezarraga y a Jokin Bildarratz, gerenta y presidente del Con- sorcio Haurreskolak:

– El inicio de una verdadera negociación.
– La inmediata derogación de las medidas unilaterales que afectan tanto al personal de las Haurreskolak como la evolución del proyecto educativo, tales como los desplazamientos de personal de un centro a otro y la realización de horas extraordinarias para cubrir las sustituciones.
– Participación de una persona en representación del Departamento de Educación en las mesas negociadoras de las Haurreskolak.
– Cumplimiento del convenio laboral y otras normativas del Consorcio Haurreskolak.

De no ser así, sólo nos quedará mantener las movilizaciones que tenemos previstas en las tres capitales de la CAV los sindicatos LAB, Steilas y ELA para la próxima semana, y reforzar la dinámica de movilizaciones.

Garbiñe Aranburu remarca la necesidad de construir un sistema propio de pensiones

Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, ha comparecido en Bilbo, junto a un miembro del Área de Mayores y Pensionistas del sindicato y coordinador de LAB Helduak en Bizkaia, para valorar las últimas decisiones del Pacto de Toledo y hacer un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas para el 31 de octubre por el movimiento de pensionistas y por el movimiento de usuarias y usuarios de las residencias.

En palabras de Garbiñe Aranburu, «el pacto de Toledo ha elaborado una serie de recomendaciones y ya podemos visualizar cuales van a ser las cuestiones principales de la nueva reforma de pensiones. Hemos analizado las propuestas que se plantean y tenemos que decir que esas recomendaciones no garantizan ni la suficiencia, ni la sostenibilidad del sistema público de pensiones».

Para empezar, no se derogan las reformas de pensiones de 2011 y de 2013. Esas reformas endurecieron las condiciones para acceder a una prestación de jubilación; entre otras medidas, aumentando los años de cotización para el cálculo y retrasando la edad de jubilación. Las dos reformas conllevan un recorte claro de las pensiones y una disminución de la tasa de cobertura, es decir, que cada vez hay una mayor brecha entre el último salario percibido y la pensión de jubilación.

Tampoco se garantiza la pensión mínima de 1080 euros. El 31% de los hombres de la CAV y el 38% de Nafarroa cobra menos que esa cantidad. En el caso de las mujeres, las cifras son aún peores: el 70% de las mujeres de la CAV y el 75% en Nafarroa. «Ni se garantiza la pensión mínima ni se adopta ninguna ninguna medida para reducir la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres. Tampoco hay ningún reconocimiento ni compensación económica alguna para el trabajo de cuidados realizado gratuitamente por las mujeres», ha concretado la secretaria general.

Asimismo, no se garantiza la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Para garantizar la financiación del sistema se deben de adoptar medidas más estructurales para redistribuir mejor la riqueza que se genera. No es suficiente con sacar los gastos impropios del sistema. Desde LAB, planteamos medidas como: aumentar las cotizaciones estableciendo el salario mínimo en 1200 euros y mejorando los salarios más bajos; aumentar las cotizaciones suprimiendo los topes de cotización a los salarios más altos; y renovar la política fiscal para recaudar más dinero y hacerlo de manera más progresiva.

Por otro lado, con las recomendaciones del Pacto de Toledo se abre la puerta a potenciar los planes privados de pensiones de empleo. No compartimos esta visión.

También se potencia el retraso de la edad de jubilación. LAB está totalmente en contra de esta medida. Hay que adelantar la edad de jubilación a 60 años.

En cuanto a la revalorización de las pensiones tomando como referencia el IPC, nos parece un aspecto positivo, siempre y cuando quede claro que se va a garantizar legalmente.

Estas recomendaciones del Pacto de Toledo en unos meses se concretarán en una nueva reforma de pensiones. Según Garbiñe Aranburu, «no podemos seguir mirando a Madrid y limitarnos a valorar las medidas que se nos imponen desde el Estado. Para garantizar un sistema público de pensiones, hay que transformar el modelo y eso nos lleva a volver a hablar de la necesidad de un sistema propio».

Desde LAB, estamos elaborando una propuesta para una nueva Ley de Seguridad Social. Esa ley debe contar con capacidad legislativa en todas las cuestiones relacionadas con las pensiones y con la protección social. «No queremos limitarnos a gestionar lo que decida Madrid. No basta con cumplir el Estatuto de Autonomía y el Amejoramiento, que se limitan a recoger la gestión. Hay que superar el actual marco jurídico y político», señala la secretaria general.

En la elaboración de la propuesta para una nueva Ley de Seguridad Social, LAB quiere contar con la opinión y con las propuestas del movimiento de pensionistas y de movimientos sociales que trabajan en el ámbito de la protección social.

Denunciamos el boicot a la huelga de las y los trabajadores de la estiba del Puerto de Bilbao

El pasado domingo 25 a la mañana, se impidió el acceso a las y los trabajadores que iban a su puesto de trabajo dentro de las instalaciones del puerto.

Tanto la Autoridad Portuaria y la Guardia Civil como la Ertzaintza realizaron un perímetro de control para el acceso de trabajadores que no son del puerto de Bilbao ni de la estiba, con el objetivo de sustituir a los trabajadores en huelga para sacar mercancías del puerto, participando de forma activa en colaboración con las empresas estibadoras usurpando un derecho fundamental como es el derecho a la huelga.

Desde este sindicato consideramos que estos hechos son intolerables y hacemos directamente responsable de los mismos a Ricardo Barkala, nombrado por el PNV, a CEBEK y a las empresas estibadoras.

De la misma manera, denunciamos los servicios mínimos abusvios que condenan a las y los trabajadores a garantizar un 100% en la mayoría de los casos, haciendo muy difícil el normal desarrollo de una legítima herramienta obrera, como es la huelga.

Señalamos como parte de la resolución de este conflicto la inmediata readmisión de los 100 trabajadores despedidos y su incorporación a la plantilla indefinida.

A pesar de ser un mejor trimestre, aún estamos lejos del nivel de empleo anterior a la crisis

Según la EPA, en el tercer trimestre de este año la población ocupada de Hego Euskal Herria aumentó en 28.800 personas, la gran mayoría mujeres. Esta evolución recoge el efecto rebote producido tras el final del confinamiento y el duro golpe soportado en el trimestre anterior, cuando la paralización económica provocó la destrucción de 43.200 puestos de trabajo.

Por tanto, entre julio y septiembre se han recuperado dos tercios del empleo perdido en los tres meses previos. Sin embargo, todavía hay 20.500 personas menos ocupadas (-1,7%) que hace un año.

El sector de la sociedad que sufre las consecuencias laborales de la actual crisis con mayor crudeza es la juventud sin lugar a dudas. En el último año se ha destruido más del 20% del empleo juvenil y la tasa de paro se ha elevado por encima del 39%.

Por otro lado, debemos tener en cuenta las limitaciones de la EPA para recoger todo lo que está sucediendo en el mercado laboral durante estos meses, ya que la metodología de la encuesta considera ocupadas a aquellas personas que están sometidas a suspensión temporal de empleo a través de un ERTE.

Concretamente, en Hego Euskal Herria una media de 44.280 personas han estado afectadas por un ERTE en algún momento a lo largo del tercer trimestre del año. Aunque para finales de septiembre esta cifra ya había descendido por debajo de las 30.480 personas.

La utilización masiva de ERTEs ha permitido contener el número de despidos en la primera oleada; pero esto no impide constatar que el impacto del Covid-19 sobre la actividad laboral han sido mayor del que cabría deducir por los datos de la encuesta.

De hecho, el empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha sufrido una caída interanual del 6,5% en la CAV. Este dato nos proporciona una idea más aproximada de los efectos de la pandemia en el empleo, al menos desde el punto de vista de las horas efectivamente trabajadas. El Nastat todavía no ha avanzado ninguna información a este respecto sobre Nafarroa Garaia.

En todo caso, es conveniente ser conscientes de que todavía estamos en fase de resistencia frente al virus; de manera que la prioridad ahora es evitar su propagación, salvar vidas e impedir una mayor destrucción del tejido productivo.

En este complicado contexto debemos desarrollar nuestra labor sindical frente a otras tres epidemias que también se agravan: el desempleo, la precariedad y las reducciones salariales.

Desconvocada la huelga indefinida en Tecnichapa

La plantilla de Tecnichapa, empresa del Grupo Ormazabal-Velatia localizada en Igorre, ha logrado forzar a la dirección de Velatia a acordar el convenio colectivo con el comité de empresa.

El pasado 20 de octubre, el comité de empresa de Tecnichapa compuesto por 8 representantes de LAB convocaba una huelga indefinida, ante la negativa de la empresa de negociar un acuerdo que recogiera las reivindicaciones de la plantilla, compuesta por 160 trabajadores y trabajadoras.

La empresa se negaba a negociar los contenidos de la plataforma de los y las trabajadoras, utilizando el miedo escénico del Covid, intentaba imponer un acuerdo que ya había logrado en otra planta del grupo. La imposición suponía recortes en los derechos de las y las trabajadoras, aumentando la flexibilidad y institucionalizando las horas extras.

La determinación de la plantilla a no aceptar chantajes y su disposición a ir a la huelga ha obligado a la dirección de Velatia a moverse de sus posiciones y a llegar a un acuerdo para el Convenio de Tecnichapa. El día que iba a dar inicio la huelga indefinida, el día 26 a la noche, se alcanzó el acuerdo.

El acuerdo recoge las reivindicaciones de la plantilla en cuanto a la subida salarial y sobre todo consigue una nueva forma de regularizar las categorías, medida que la empresa se negaba en redondo a aceptar al comienzo de la negociación, aun siendo esta, una reivindicación histórica de la plantilla de Tecnichapa. Ante la propuesta de la dirección de la empresa la plantilla ha decidido desconvocar la huelga indefinida, aunque advierte a la empresa que en el futuro no permitirá imposiciones y negativas a negociar sus reivindicaciones.

LAB felicita a la plantilla de Tecnichapa que ha sabido superar el miedo creado por la pandemia, miedo que Velatia, como otras muchas empresas, utiliza para seguir agrandando sus beneficios a costa de los y las trabajadoras

El sindicato LAB da por bueno el acuerdo logrado por sus contenidos. Este acuerdo, por una parte consigue mover a la empresa de posturas inmovilistas y evita los retrocesos planteados. Para LAB, la lucha de Tecnichapa demuestra que la lucha merece la pena y que es posible conseguir mejoras las condiciones laborales a pesar del miedo que la patronal quiere extender aprovechándose de la situación de shock colectivo que ha creado la pandemia.

Desde la Carta de Derechos Sociales pondremos en marcha una dinámica movilizadora para que los presupuestos atiendan las necesidades de la ciudadanía

Este es el comunicado difundido por los agentes que conformamos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria con motivo de la comparecencia de hoy:

La situación creada por Covid-19 ha hecho aún más visible la crisis estructural (económica, social, ecológica, de cuidados) y la transformación social necesaria para mejorar la situación que hemos denunciado continuamente los agentes que conformamos la Carta Social de Euskal Herria.

Con estas palabras terminamos el curso haciendo un llamamiento a movilizarnos el 19 de junio. Desgraciadamente, la crisis sanitaria que ha creado el estado de excepción continúa, apareciendo de forma cada vez más profunda las carencias que tiene este sistema y precarizando las vidas de amplios sectores de la ciudadanía y la clase trabajadora. Por ello, iniciaremos el curso presentando una dinámica de movilizaciones. Por lo tanto, aprovecharemos la comparecencia de hoy para presentar la campaña bajo el lema: “¡Repartir la riqueza, garantizar derechos, desarrollar servicios públicos!  ¡Primero la vida!”.

Los agentes, sindicatos y colectivos de economía social transformadora que formamos parte de la Carta Social cuestionamos el sistema actual: el que teníamos antes no garantizaba los derechos de todas las personas, y la nueva normalidad de ahora, aún menos.

Reparto de la riqueza

Nos quieren hacer creer que la fiscalidad es un ejercicio abstracto alejado del entendimiento de la ciudadanía. La realidad es muy distinta, ya que está perfectamente interiorizada en nuestra vida cotidiana. La clave está en cómo se crea y se distribuye la riqueza. Si hay riqueza, el problema es que se reparte en beneficio del capital o de las rentas más altas y no hay medidas fiscales para repartirlas de forma equilibrada.

Por ello, reivindicamos prioritariamente:

• Que todo el incremento de gasto imprescindible para hacer frente a esta situación y la deuda pública que se generará en este contexto sea a cargo de las rentas altas, las rentas de capital, el patrimonio y los impuestos sobre los beneficios empresariales.

• Presupuestos sociales, participativos y soberanos. Necesitamos unos presupuestos que garanticen unos servicios públicos de calidad y una protección social.

En este contexto, con la aportación de la Carta Social y en un esfuerzo por acercar el modelo de fiscalidad a la ciudadanía, el 5 de noviembre organizaremos una mesa redonda (los detalles se darán a conocer más adelante). Asimismo, acordaremos las bases para un nuevo modelo de fiscalidad y las presentaremos en torno a la mesa.

Garantizar derechos

Sin duda, la crisis sanitaria ha golpeado de forma cruenta a los ciudadanos que viven en una situación precaria, evidenciando vulneraciones de derechos que ya existían. Sin embargo, si no se transforma el modelo socioeconómico, estarán en peligro los derechos sociales básicos de la ciudadanía (vivienda, sanidad, educación, alimentación saludable, energía…). Asimismo, reivindicamos un empleo digno y de calidad y denunciamos cualquier intento de destrucción y precarización del empleo. Cada vez serán más las personas trabajadoras y/o pensionistas que no pueden garantizar una vida digna, con las mujeres y las personas jóvenes en una situación todavía peor.

Por ello, reivindicamos prioritariamente:

• Medidas planteadas en la ILP contra la pobreza y la exclusión social: la RGI y la UE al 100% del salario mínimo y el derecho a la vivienda.

• Un ingreso mínimo de 1.080 euros para las personas jubiladas.

• Salario mínimo 1.200 euros/jornada máxima de 35 horas.

• Regularización de todas las personas que trabajan en situación administrativa irregular y economía sumergida.

Defendemos todos los derechos para todas las personas y nos movilizaremos ante propuestas que no se enmarcan en esta dirección.

Desarrollo de servicios públicos

Las plantillas de Educación, Sanidad, Residencia/Residencia de Ancianos, Servicios Subcontratados y Servicios Sociales está luchando desde el inicio de curso por poner encima de la mesa una serie de propuestas para resolver la situación. En la medida en que mejoren las condiciones laborales de estos trabajadores, habrá condiciones para ofrecer un mejor servicio y que lo que está en juego es el propio modelo de servicio, vida vs capital.

En este contexto es imprescindible el fortalecimiento y desarrollo de los servicios públicos como vía para garantizar los derechos a toda la ciudadanía. Sin embargo, para ello hay que cambiar radicalmente el rumbo de las políticas públicas actuales, situando a las personas en el centro y abriendo las puertas al camino para cambiar estructuralmente el modelo socio-productivo.

Por ello, reivindicamos prioritariamente:

• Desarrollo de servicios públicos. Garantizando la publificación inmediata de las tareas de cuidado (residencia de ancianos, centros de día, asociaciones residenciales para personas con diversidad funcional, residencia de menores y servicios a domicilio), servicios que trabajan para la sanidad pública, servicios subcontratados por las administraciones públicas (educación pública, sanidad) (monitores de limpieza, educación, educadores de comedores…) y servicios de ambulancias, subrogación de todo el personal y un procedimiento excepcional de consolidación. Equiparar las condiciones laborales de estos ámbitos a las del empleo público.

• Creación de 10.000 puestos de trabajo por parte de las administraciones para garantizar un sistema de cuidados de calidad, público, universal y gratuito, que modifique el modelo de cuidados y garantice la custodia desde el nacimiento hasta el final de la vida.

En la medida en que los presupuestos son una herramienta imprescindible para incidir en todo esto, vamos a poner en marcha desde hoy una campaña de movilización.

• Interpelación institucional. Pediremos reuniones a los Gobiernos de Navarra y la CAV para hacer propuestas concretas sobre los presupuestos

• El 28 de noviembre nos manifestaremos en Iruña.

• El 13 de diciembre realizaremos sendas manifestaciones en Bilbao, Donostia y Gasteiz.

–  Iniciativas 19/26 noviembre: movilizaciones en la primera quincena de diciembre en cada territorio.

Asimismo, hacemos un llamamiento a la participación en las manifestaciones de este 31 de octubre en Bilbao, Donostia, Gasteiz y Pamplona, en colaboración con el movimiento de pensionistas. La situación que se vive en las residencias deja claro que este modelo no funciona y que el cambio es imprescindible. Estaremos presentes para reivindicar un sistema de vigilancia público, universal y gratuito.

Pedimos al Gobierno Vasco que, entre las excepciones, se garantice la movilidad de las y los trabajadores para llevar a cabo la acción sindical

El sindicato LAB ha registrado un escrito en el Gobierno Vasco. En concreto, entre las excepciones recogidas por las medidas adoptadas como consecuencia del estado de alarma, no se hace referencia a reuniones públicas y manifestaciones ligadas a los derechos civiles y políticos. Así, hemos pedido que entre las excepciones se garantice la movilidad de las y los trabajadores también para llevar a cabo la acción sindical. De hecho, estamos viviendo una situación muy difícil en el ámbito laboral y social; EREs, ERTEs, servicios básicos insuficientes, despidos, precarización de las condiciones laborales, falta de contratación… por lo que las y los trabajadores no tienen otra vía para defender sus derechos que la acción sindical, y para poder llevar a cabo las actividades correspondientes es imprescindible garantizar la movilidad de las y los trabajadores afectados.

Así las cosas, si la movilidad no está exenta para estos casos, se rompería el equilibrio entre la patronal-administración y las y los trabajadores, en el sentido de garantizar las condiciones laborales legales y justas. El decreto ofrece la posibilidad de acudir al centro de trabajo, por lo que deberían tener el mismo amparo las y los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales y sociales, sin limitaciones de movilidad, teniendo en cuenta las mismas medidas de prevención y seguridad que se aplican en los centros de trabajo (1,5 metros de distancia, medios de higiene y protección…).

Necesidad de decisiones políticas valientes

Ante las vulneraciones de derechos fundamentales de la ciudadanía, el sindicato LAB quiere destacar que la gravedad de la situación exige decisiones políticas audaces más allá del toque de queda o los confinamientos perimetrales:

– Hay que acabar con la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos. Hay que destinar más inversiones a educación, sanidad y servicios sociales, reducir ratios y contratar más personal. Esto está quedando muy patente en la sanidad; siendo imprescindible un sistema público de salud fortalecido para hacer frente a una pandemia. Pues bien, no se ha tomado ninguna decisión en esa dirección.

– Es necesario un sistema público de cuidados. El cuidado de adultos requiere un cambio profundo de modelo; es inaceptable hacer negocio con el cuidado de las personas. Para poder prestar un servicio de calidad hay que mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, impulsando procesos de publificación o elaborando una nueva ley de ratios. En cuanto al cuidado de niñas y niños, al tratarse de un curso no ordinario, solicitamos que se concedan permisos de cuidados para los casos en los que las y los niños estén confinados en casa.

– Se ha destruido mucho empleo y los más perjudicados son las y los jóvenes y las mujeres. Hay miles de puestos de trabajo que se tambalean porque al finalizar los ERTE muchas y muchos trabajadores no tienen garantizado el empleo. Hace falta una nueva política de empleo.

– La pobreza y las necesidades sociales han aumentado y no conocemos ni una sola medida para mejorar el sistema de protección social.

Las y los trabajadores seguiremos organizándonos y movilizándonos en defensa de los servicios públicos, en defensa del empleo y para garantizar unas pensiones dignas y unas necesidades sociales básicas a toda la ciudadanía.

Hemos hecho varias aportaciones en Nafarroa a la proposición de ley contra la deslocalización para reforzar su espíritu y para que tenga en cuenta a trabajadores y trabajadoras subcontratadas

El sindicato LAB, a través de su portavoz Imanol Karrera, ha enviado una carta a todos los grupos parlamentarios de Navarra para enriquecer la proposición de ley contra la deslocalización. Como es sabido, esta proposición de ley fue elaborada por EH Bildu, fue aprobada a trámite por la mayoría del Parlamento y mañana, 27 de octubre, finaliza el plazo de enmiendas.

LAB valoró positivamente que el Parlamento de Navarra aceptara a trámite la proposición de ley sobre medidas contra la deslocalización de empresas. Pero también consideró muy importante no vaciar de contenido esta propuesta. En este sentido, el conjunto de propuestas de LAB dirigidas a los grupos parlamentarios pretende profundizar en el espíritu de la ley, entre otras cosas, para que tenga en cuenta a los trabajadores subcontratados (especialmente a las mujeres que ven destruido el empleo como consecuencia de la deslocalización de la empresa matriz) y establezca mecanismos rigurosos de control, seguimiento y evaluación para el cumplimiento real y efectivo del trabajo.