El sindicato LAB ha registrado un escrito en el Gobierno Vasco. En concreto, entre las excepciones recogidas por las medidas adoptadas como consecuencia del estado de alarma, no se hace referencia a reuniones públicas y manifestaciones ligadas a los derechos civiles y políticos. Así, hemos pedido que entre las excepciones se garantice la movilidad de las y los trabajadores también para llevar a cabo la acción sindical. De hecho, estamos viviendo una situación muy difícil en el ámbito laboral y social; EREs, ERTEs, servicios básicos insuficientes, despidos, precarización de las condiciones laborales, falta de contratación… por lo que las y los trabajadores no tienen otra vía para defender sus derechos que la acción sindical, y para poder llevar a cabo las actividades correspondientes es imprescindible garantizar la movilidad de las y los trabajadores afectados.
Así las cosas, si la movilidad no está exenta para estos casos, se rompería el equilibrio entre la patronal-administración y las y los trabajadores, en el sentido de garantizar las condiciones laborales legales y justas. El decreto ofrece la posibilidad de acudir al centro de trabajo, por lo que deberían tener el mismo amparo las y los trabajadores a la hora de defender sus derechos laborales y sociales, sin limitaciones de movilidad, teniendo en cuenta las mismas medidas de prevención y seguridad que se aplican en los centros de trabajo (1,5 metros de distancia, medios de higiene y protección…).
Necesidad de decisiones políticas valientes
Ante las vulneraciones de derechos fundamentales de la ciudadanía, el sindicato LAB quiere destacar que la gravedad de la situación exige decisiones políticas audaces más allá del toque de queda o los confinamientos perimetrales:
– Hay que acabar con la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos. Hay que destinar más inversiones a educación, sanidad y servicios sociales, reducir ratios y contratar más personal. Esto está quedando muy patente en la sanidad; siendo imprescindible un sistema público de salud fortalecido para hacer frente a una pandemia. Pues bien, no se ha tomado ninguna decisión en esa dirección.
– Es necesario un sistema público de cuidados. El cuidado de adultos requiere un cambio profundo de modelo; es inaceptable hacer negocio con el cuidado de las personas. Para poder prestar un servicio de calidad hay que mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, impulsando procesos de publificación o elaborando una nueva ley de ratios. En cuanto al cuidado de niñas y niños, al tratarse de un curso no ordinario, solicitamos que se concedan permisos de cuidados para los casos en los que las y los niños estén confinados en casa.
– Se ha destruido mucho empleo y los más perjudicados son las y los jóvenes y las mujeres. Hay miles de puestos de trabajo que se tambalean porque al finalizar los ERTE muchas y muchos trabajadores no tienen garantizado el empleo. Hace falta una nueva política de empleo.
– La pobreza y las necesidades sociales han aumentado y no conocemos ni una sola medida para mejorar el sistema de protección social.
Las y los trabajadores seguiremos organizándonos y movilizándonos en defensa de los servicios públicos, en defensa del empleo y para garantizar unas pensiones dignas y unas necesidades sociales básicas a toda la ciudadanía.